Miguel Toro
27 de septiembre de 2022
¿Necesitamos
más o menos estado? ¿Necesitamos un estado que intervenga en la economía u otro
que simplemente deje funcionar las reglas del mercado? ¿Necesitamos más o menos
impuestos a los que más tienen? Las respuestas a estas preguntas dependen de
los intereses que se pretenda defender. Las respuestas dependen de la ideología
con la que queramos ver la realidad que nos rodea. Porque lo que está claro es
que no hay una respuesta “objetiva”, es decir satisfactoria para todos.
Desde
los años 80 del siglo XX se ha impuesto una visión de la realidad, una
ideología, que pretendía convencernos de que la ciencia económica indicaba que
hacía falta menos estado. Que era suficiente con dejar funcionar los mecanismos
del mercado y el papel del estado era solamente garantizar la propiedad
privada. El resto de las cosas no deberían preocupar al estado. En esa visión se
debería rebajar el tamaño del estado, rebajar los impuestos que mantienen los servicios
públicos correspondientes y dejar, por consiguiente, ese dinero en los
bolsillos de los ciudadanos.
Pero
la experiencia de las últimas décadas, y en particular de las dos últimas
crisis, indica que rebajar el tamaño del estado, rebajar los servicios
públicos, rebajar los impuestos recaudados beneficia fuertemente a los grupos
con más recursos económicos y aumenta la desigualdad. Además, hay determinados
servicios públicos completamente necesarios porque el mercado no es capaz de
proporcionarlos. La atención a los ciudadanos en la crisis del COVID 19 del
sistema público de salud ha sido buena muestra de ello. El sistema privado se
declaró ausente porque no lo consideraba rentable. Llegando, incluso, a cerrar
hospitales en medio de la pandemia.
La discusión sobre más o menos estado, más o menos impuestos a los que más tienen está totalmente vigente.
El
Partido Popular Español ha reducido aún más el IRPF en la
comunidad de Madrid
convirtiéndola en un paraíso fiscal dentro de España para hacer dumping fiscal
al resto de las autonomías y atraer a las grandes fortunas. En Andalucía el PP
sigue la senda del de Madrid y elimina el impuesto al patrimonio que
pagaban los 20000 contribuyentes
más ricos. Nos llevan a una espiral de bajada de impuestos para que los más
ricos “no se vayan”. El actual presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ve bien el impuesto a las eléctricas o a la banca por los beneficios
caídos del cielo. Tampoco ve bien que se intervenga el mercado eléctrico con el
tope al gas.
El
PP quiere rebajar impuestos de todos los tipos sobre todo a las grandes
fortunas. Pero entonces, ¿cómo pagamos los servicios públicos?. La respuesta
implícita es: que los pague el que pueda, el que tenga los recursos económicos
para ello. Esta política producirá claramente un aumento aún mayor de la
desigualdad. En particular quieren eliminar el Impuesto al Patrimonio con el
argumento que es una doble imposición. Que ya con el IRPF, que también quieren
bajar y lo han bajado en Madrid, es suficiente. Pero el Impuesto al Patrimonio,
como el de Sucesiones o Donaciones, tiene otros fines. Busca la redistribución
de la riqueza. El impuesto se paga porque se tiene patrimonio no por los
ingresos anuales que se puedan tener. Desde mi punto de vista este impuesto
debería subir, en vez de bajar o desaparecer, para poder proporcionar
oportunidades a los que no tienen nada en la línea propuesta por Piketty.
Pero
no todos los miembros del Partido Popular europeo piensan lo mismo. La
dirigente del Partido Popular Europeo, y presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen defiende
“equilibrio” entre economía de mercado y la responsabilidad con los ciudadanos mandando un mensaje de la necesidad
que las eléctricas y los bancos arrimen el hombro. Los populares españoles son
los que defienden con más ardor los intereses de las grandes fortunas, los
intereses de los bancos y de las grandes eléctricas.
Por
suerte el gobierno de España tiene una visión más cercana a los intereses de la
mayoría: ha propuesto un tope al precio del gas que está bajando las facturas
de la mayoría, está proponiendo la reforma del mercado eléctrico europeo e
impuestos para las eléctricas y los bancos. Estas ideas del gobierno español
están siendo apoyadas por una amplia corriente en Europa.
Pero
el gobierno debe hacer más en esta competencia autonómica por bajar impuestos.
El gobierno no está haciendo lo suficiente. El gobierno debe abordar de una vez
por todas la armonización fiscal de las comunidades autónomas. Es decir, debe
fijar unos mínimos a los impuestos, como el del Patrimonio, Sucesiones,
Donaciones y otros, cedidos a las comunidades autónomas. Y debe abordar una
reforma fiscal, como prometió, a principio de la legislatura que aumente el
IRPF a las rentas alta. Si no lo hace está colaborando, implícitamente, en esta
batalla por bajar impuestos que llevará al deterioro de los servicios públicos.
Pero
debemos ser más ambiciosos. Debemos hacer que el estado lleve a cabo más
medidas en defensa de los intereses de la mayoría. Hay tareas que nunca podrá
abordar el sector privado. No las podrá abordar porque el sector privado solo
piensa en la rentabilidad a corto plazo y nunca en una rentabilidad para todos
y a largo plazo. Veamos algunas de esas posibilidades.
Ya
se ha comentado, y no lo voy a repetir, que se necesitan más impuestos para
reforzar la atención primaria de la sanidad pública, para garantizar la calidad
de la educación primaria y secundaria obligatoria, para impulsar la
investigación nacional, para atender a nuestros mayores, etc.
Pero
no es suficiente con aportar recursos públicos y esperar que el sector privado
los gestione. Hay que pedir al Estado que se convierta en emprendedor en la
línea propugnada por Mariana Mazzucato, hay que pedir que cree las empresas públicas necesarias
para poder satisfacer las necesidades de la mayoría. Solo el Estado puede
hacerlo desde una perspectiva a largo plazo.
Actualmente
estamos viviendo los problemas derivados del incremento de los precios de la
electricidad y del gas y los problemas asociados al cambio climático. Estamos
viendo cómo las grandes compañías eléctricas, petroleras y de gas están
obteniendo beneficios caídos del cielo y sin embargo dejamos en sus manos los
saltos hidráulicos, las centrales nucleares y la red de distribución eléctrica
de baja tensión. Necesitamos una empresa pública que vaya tomando en sus manos
la gestión de las centrales hidráulicas y las nucleares a medida que venza el
plazo en el que están cedida su gestión a empresas privadas. Es necesario hacer
que la red de baja y media tensión vuelvan a ser públicas y esto facilite e
incentive la evacuación de las instalaciones privadas de paneles solares. Posiblemente
no hay que crear una nueva empresa pública sólo reorientar alguna de las
existentes.
El
sector bancario se está concentrando. Está reduciendo oficinas y sobre todo las
está reduciendo en la España vacía. El sector bancario está aumentando las
comisiones y disminuyendo las oficinas y dentro de ellas las horas de atención
al público. Es necesario una banca pública donde la mayoría pueda tener su
nómina o sus pequeños ingresos, que pueda proporcionar tarjetas de crédito y
medios de pago a la mayoría de la población y que tenga oficinas y personal
para atender presencialmente u online a los ciudadanos que actualmente ven como
van cerrando las que tenían los grandes bancos privados. La banca pública poder
dar muchos más servicios en los que no entramos aquí.
Si
definitivamente queremos tener un estado para la mayoría, éste debe empezar a
abordar también algunos de los grandes problemas acuciantes. Se reconoce que no
hay viviendas a las que puedan acceder las nuevas generaciones y los alquileres
están subiendo de forma desproporcionada. Cada vez está más claro que el sector
privado no puede resolver este problema. El estado debe poner en marcha una
línea de viviendas públicas, para adquirir o alquilar, que hagan posible el
acceso a la vivienda a las generaciones jóvenes. Pero no puede contentarse con
diseñar una línea de ayudas al sector privado. Tiene que encargar a una empresa
pública que avance con pasos concretos en esta dirección. Para ello debe
dedicar una partida clara en los presupuestos.
Para
todas estas cosas hacen falta recursos. Por eso hacen falta los impuestos.
Pero
además de recursos hacen falta servidores públicos, funcionarios o no,
concienciados de la tarea. Actualmente el sector funcionarial, y
particularmente los altos funcionarios, es un sector privilegiado de la
sociedad por la estabilidad en el empleo, porque sus salarios son superiores a
la media, etc. Debemos convencer a los ciudadanos que son necesarios esos
servidores públicos. Pero para ello es necesario abordar una reforma del
estatus de los funcionarios que permitan ser evaluados según su desempeño y en
esta evaluación participen los ciudadanos a los que atienden. Una evaluación
que tenga repercusión en su salario y, en su caso, la posibilidad de despido si
su evaluación es muy negativa. Aquí incluyo no solo los funcionarios de la
administración general del estado y administraciones autonómicas, también
incluyo los funcionarios de la sanidad, las universidades, los de la enseñanza
primaria y secundaria, etc. Si queremos convencer a los ciudadanos que sus
impuestos se están usando adecuadamente tenemos que abordar esa evaluación de
los servidores públicos. Esto al principio puede ser difícil, pero hay que
empezarlo.
