Carmen Yuste Aguilar
31 de enero de 2023
Desde el inicio de la legislatura, el actual gobierno de la Junta
estableció que, en el sector de la Educación, la Formación Profesional sería
una de sus prioridades. Tanto es así que el nombre actual de la administración
educativa andaluza es “Consejería de desarrollo educativo y FP”. En Andalucía,
sufrimos un escandaloso déficit de plazas públicas que debería cubrirse con una
oferta pública y gratuita suficiente que además afronte estas enseñanzas, no
solo como mera capacitación laboral, más o menos especializada, sino como una
formación técnica integral.
La Formación Profesional está viviendo un auge espectacular en todo el
Estado y también en Andalucía, donde se da un fuerte desajuste entre una
demanda creciente y una oferta estancada de plazas públicas. Entre el curso
2018-19 y el pasado curso 2021-22, es decir, tan solo en la última legislatura,
el número de estudiantes en ciclos de grado medio o superior de FP en Andalucía
pasó de 123.558 a 173.701, un crecimiento del + 40´3 %. Pero el crecimiento no
ha sido igual en la Educación Pública (+ 36 %) que en la enseñanza privada (+ 50
%). Así, el porcentaje relativo pública-privada en la FP andaluza se está
decantando paulatinamente en beneficio de la enseñanza privada, concertada o
no. Pero si hay un dato que llama la atención es el del rápido y acusado
crecimiento de los ciclos superiores estrictamente privados, que han pasado de
12.077 matrículas a 23.835, lo que supone un crecimiento del 98 %, o lo que es
lo mismo, se ha duplicado en tres cursos.
A principios de este curso, USTEA mantuvo una reunión con la Consejera Patricia del Pozo, en la que pusimos sobre la mesa la urgente necesidad de ampliar la red pública de FP. Se nos informó entonces del plan de la Junta para crear 20.000 plazas de FP públicas en los próximos años, un 30 % de las cuales será de FP Dual (una modalidad que combina la formación en los centros educativos y en empresas). En primer lugar, llama la atención que las nuevas plazas previstas no llegan ni siquiera a cubrir la demanda que en este momento se ha visto derivada a centros privados. En segundo lugar y más alarmante, la ampliación de la red pública de FP se va a hacer a medida de las necesidades empresariales y a espaldas de la comunidad educativa.
En los últimos días, hemos conocido a través de la prensa y las redes
sociales, que la Consejería ha puesto en marcha las “Mesas Andaluzas por la FP
Dual”, con representación de organizaciones y federaciones empresariales y
cámaras de comercio. La administración educativa andaluza ni siquiera ha
informado a la comunidad educativa y a sus representantes de la creación de
estos foros. La presencia de la comunidad educativa en estas mesas se limita a
la invitación a determinados centros, elegidos por la Consejería con criterios
que no se han hecho públicos. Serán estas mesas, en las que la Consejería se
sienta con el sector empresarial, las que definan y diseñen la futura red
pública de FP.
En el momento en el que escribo este texto, la Consejera del Pozo ya se ha
reunido con la Confederación de Empresarios de Andalucía y se han
constituido las Mesas por la FP Dual con las organizaciones y federaciones
empresariales de Córdoba, Jaén y Sevilla. Paralelamente las delegaciones
territoriales de la Consejería desarrollan este trabajo a escala provincial y
así, por ejemplo el Delegado de Educación en Málaga ha arrancado los contactos
para la extensión de la FP Dual con la Asociación de
Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol. En
cambio, ni la Consejería ni sus delegaciones territoriales han mostrado signo
alguno de querer conocer las posiciones e ideas de la comunidad educativa en un
asunto tan fundamental como este.
La comunidad educativa debe ser parte activa en el diseño del sistema educativo, que debe responder a los intereses e inquietudes de la juventud andaluza y no solo a las necesidades empresariales. Docentes, familias y estudiantes deben participar en los foros en los que se está realizando el diagnóstico de la situación actual y planificar la ampliación de la red pública de FP. Si no logramos que se escuche la voz de la comunidad educativa en el diseño del sistema educativo público, el futuro lo escribirán los responsables de un presente de precariedad y temporalidad.
