Antonio Martínez (aprendiz de buena persona)
1 de diciembre de 2023
Aquel inicio del Preámbulo de la Carta de la ONU, … Nosotros los Pueblos de las Naciones Unidas…, fue una gran esperanza para erradicar el horror de la guerra, pero, 79 años después, seguimos siendo testigos del horror de las guerras, ocupaciones militares y violentas de países y territorios, prácticas coloniales, genocidios, y un largo etcétera. Ocho décadas después, siguen sin cumplirse las expectativas abiertas con la fundación de la ONU, y ya se sabe: la esperanza es un buen desayuno, pero una pésima cena.
El órgano encargado de velar por la Paz y la resolución de conflictos, el Consejo de Seguridad, está instalado en un funcionamiento perverso, donde de los quince miembros que lo componen, hay cinco (los miembros permanentes) y cualquiera de estos cinco puede vetar una decisión tomada por otros 14.Se siguen produciendo
crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, crisis humanitarias, explotación
colonial y depredadora de potencias del norte rico sobre países del sur global…
Existen múltiples conflictos enquistados desde largo tiempo a los que no sólo no se les da respuesta dentro de la legalidad, sino que están instalados en el llamado status quo, sibilina manera de blanquear un horror: La razón de la Fuerza está por encima de la fuerza de la Razón (Mayor Zaragoza).
En febrero de 2022 se
produce la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Esta invasión contraviene la
legalidad internacional, pero la potencia ocupante tiene derecho al veto de las
resoluciones en el Consejo de Seguridad.
El 7 de octubre el Estado israelí
(ocupante en Palestina), ante una acción totalmente reprobable de Hamás,
responde de manera absolutamente desproporcionada. El ocupante y sus apoyos
tratan de blanquear este horror aludiendo al legítimo derecho de defensa,
legítimo derecho a la defensa que se le niega al pueblo ocupado.
En
estos días se cumplen tres años de vuelta a la guerra en el Sáhara Occidental.
Aunque sea una guerra invisibilizada por los medios de comunicación, el Polisario,
tras múltiples Resoluciones de la ONU[1], y después de 29 años trabajando
por la resolución pacífica de lo que por justicia le pertenece, en el marco de
Naciones Unidas; tres décadas de paciencia que terminan por la acción militar del
ejército de ocupación contra civiles saharauis que realizaban una protesta
pacífica en territorio liberado al este del muro de la vergüenza que exigía la
autodeterminación, bloqueaba una carretera ilegal frente a la brecha ilegal de
Guerguerat. El 13 noviembre de 2020 el Frente Polisario dio por roto el Alto el
Fuego y, por más que Marruecos y los medios tratan de ocultar su existencia,
existen operaciones diarias con víctimas por ambas partes. El ejército saharaui
ha realizado más de 3.457 operaciones militares contra más de 992 objetivos
marroquíes; hay víctimas civiles entre saharauis, argelinos y mauritanos,
además de los soldados contendientes saharauis y marroquíes, incluido un israelita
instructor de vuelo de drones marroquíes.
Quienes
violan habitualmente el derecho internacional seguirán haciéndolo, como hasta
ahora, pero ni Putin, ni Netanyahu, ni Mohamed VI tienen capacidad para hacer
legal lo que no lo es.
El derecho internacional
establece la obligación de todos los Estados de no reconocer una situación
resultante de una violación grave de una norma imperativa como la imposición de
un régimen de ocupación por parte de otro Estado; también es imperativa la
obligación de todos los Estados de no contribuir a su consolidación. Reconocer
la soberanía de un Estado sobre un territorio ocupado viola la Carta de la ONU,
constituye una grave violación del derecho internacional.
El caso del Sáhara
Occidental interpela a España especialmente como nación causante
del sufrimiento y de la vergüenza por su abandono del pueblo saharaui en 1976,
incumpliendo nuestros compromisos legales, históricos, éticos y hasta
estéticos, pues como Potencia Administradora somos la encargada de descolonizar
la última colonia de África.
El 16 de octubre de 1975 la
Corte Internacional de Justicia dictaminó que el territorio del llamado Sáhara
Español pertenecía al pueblo saharaui y que este tenía derecho a la
autodeterminación. Sin embargo, Marruecos no aceptó esta resolución. Hasán II
anunció entonces que Marruecos lanzaría la Marcha
Verde para ocupar el Sáhara.
El 6 de noviembre de 1975 se
inicia la invasión marroquí del Sahara español, nombrado por Marruecos como la “Marcha
Verde”, y “Marcha Negra” por el pueblo saharaui: 350.000 civiles (entre los que
estaban incrustadas unas decenas de miles de militares marroquíes) cruzan la frontera,
ocupan el territorio presionando a España para que lo abandone.
El 14 de noviembre de 1975,
con el dictador Francisco Franco agonizando, se firman en el Palacio de la
Zarzuela los llamados “Acuerdos de Madrid”, por los que España, incumpliendo
sus obligaciones internacionales, dejaba el territorio en manos de Marruecos y
Mauritania.
El 18 de noviembre las
Cortes aprobaban la Ley de Descolonización del Sáhara, por la cual se daba luz
verde al Gobierno para iniciar la descolonización del territorio. España
comunicó al Secretario General de la ONU que abandonaría el territorio el 26 de
febrero de 1976. Abandonó el Sáhara, contraviniendo los compromisos
internacionales, pero no transfería ni la soberanía (cosa imposible legalmente ya
que su titular era y es el pueblo saharaui) ni la administración, ya que la
cualidad de Potencia Administradora no es renunciable, desaparece cuando
culmina el proceso de autodeterminación del territorio pendiente de
descolonización.
Según el derecho
internacional, España todavía es la responsable de proteger los derechos del
pueblo saharaui, ya que nunca renunció a su papel como potencia administradora.
De hecho, los Acuerdos de Madrid de
1975 con Marruecos y Mauritania, donde se establecía una gestión tripartita del
territorio, carecieron de validez legal.
El Artículo 73 de la Carta
expresa: Los Miembros de las Naciones Unidas que tengan o asuman la
responsabilidad de administrar territorios cuyos pueblos no hayan alcanzado
todavía la plenitud del gobierno propio, reconocen el principio de que los
intereses de los habitantes de esos territorios están por encima de todo, aceptan
como un “encargo sagrado” la obligación de promover su bienestar (Capítulo
XI de la Carta de las Naciones
Unidas).
España, ante la ONU, sigue
siendo de iure la Potencia Administradora. El 19 de enero de 2002 Hans
Corell, Secretario General Adjunto de Asuntos Jurídicos, envía un documento en
el que indica que el Acuerdo de Madrid no transfirió la soberanía sobre el
Territorio ni confirió a ninguno de los signatarios la condición de Potencia Administradora,
condición que España, por sí sola, no podía haber transferido unilateralmente.
Los Acuerdos de Madrid no abrieron la puerta a la descolonización
obligada, sino a una guerra, y permitieron la ocupación del territorio por
parte de Marruecos y Mauritania, que se retiró en 1979 y cuya parte tomó
Marruecos que, desde entonces, controla el llamado ‘Sáhara útil’, rico en pesca
y fosfatos, y para cuya defensa levantó un muro militar[2] de más de 2.700
kilómetros.
Tras 16 años de guerra —incluidos
los bombardeos con napalm y fósforo blanco[3] a la población que huía de
la ocupación—, el 6 de septiembre 1991 entró en vigor el alto el fuego entre
Marruecos y el Polisario, acordado por Naciones Unidas dentro de un plan de paz
que debía concluir con la celebración de un referéndum de autodeterminación.
El traslado masivo de
colonos marroquíes a territorio saharaui pretende alterar gravemente la
composición demográfica de los territorios ocupados. Pero, desde el punto de
vista jurídico, nada cambia; ni el paso del tiempo ni la modificación
artificial de la composición demográfica del territorio hacen legal la
ocupación militar que es, y seguirá siendo, una grave violación del derecho
internacional. El Tribunal General de la Unión Europea, en dos sentencias de 21
de septiembre de 2021, indica que la población colona marroquí no forma parte
del pueblo al que se dirige el derecho de autodeterminación, es decir, el
pueblo saharaui.
El inexplicado cambio de
posición del Gobierno de España sobre el reconocimiento de facto de la marroquinidad
del Sáhara Occidental no es sino un jalón más en el abandono de la
Legalidad Internacional, que contraviene todos los compromisos éticos,
políticos e históricos como potencia administradora, y que demuestran el
principio “marxista” (Groucho) que lo informan: “Estos son mis
principios y si no le gustan tengo otros”
Vemos como normal algo que
es de todo punto inaceptable.
¡¡Y nada nos sorprende!! …¡¡Qué vergüenza!!
[1] Desde 1975, la ONU ha publicado más de 74 Resoluciones para buscar soluciones. La idea del referéndum ha sido una constante en dichas Resoluciones.
[2] El Muro marroquí del Sahara es un conjunto de ocho muros defensivos de una longitud superior a los 2720 km que divide el territorio de norte a sur, construidos por Marruecos en el territorio ocupado del Sahara Occidental. Es una zona militar con búnkeres, vallas, zanjas y campos minados (existen entre 7 y 10 millones de minas antipersona y anticarro), construida con el fin de proteger el territorio ocupado de las incursiones del Frente Polisario, divide a las familias de un lado (territorios liberados) y el otro (territorios ocupados) y evita la vuelta de los refugiados saharauis al territorio.
[3] La población desplazada hacia el este
por la presión del ocupante se fue refugiando en Um Draiga, donde se formó un
campamento de mujeres, ancianos y menores que fueron bombardeados con napalm y
fósforo blanco; también fueron ametrallados Tifariti y Amgala. Esto ocurría entre
los días 19 y 24 de febrero de 1976; España arrió la bandera el día 26 de
febrero, lo que quiere decir que fueron masacrados nacionales españoles.
