Otra
vez están los tractores en las carreteras y en las ciudades. El campo de nuevo
se levanta. Una vez más vemos lo mismo y seguiremos viéndolo en el futuro porque,
en mi opinión, no están haciendo un diagnóstico correcto de sus problemas, no
están teniendo unas alianzas acertadas para defender sus intereses y en sus
luchas no apuntan a los objetivos que les causan esos problemas.
Manuel Lara Castejón
8 de marzo de 2024
De nuevo los agricultores y
ganaderos del Estado han salido a protestar con sus tractores a las carreteras
y ciudades. Las ya conocidas y tradicionales organizaciones agrarias, ASAJA,
COAG Y UPA convocan a estas movilizaciones con la novedad de aparecer en este
conflicto nuevas “organizaciones agrarias” no vinculadas a las tradicionales,
como PLATAFORMA 6F o UNION DE UNIONES, y hasta grupos independientes locales.
En esta ocasión son parte de una ola de protesta de varios países europeos que
reclaman la defensa del campo como medio de vida y de producción de alimentos.
Estas protestas europeas son indicadores de que el campo no va bien y también
de que el campo europeo se ha globalizado, compartiendo los mismos problemas y
soluciones.
En general las reivindicaciones que se plantean por todos se vienen a resumir en los bajos precios pagados a los agricultores, que en muchos casos no llegan a cubrir los costes de producción, a pesar de la Ley de la cadena alimentaria, que obliga a no vender a pérdidas, ley que intermediarios y multinacionales no cumplen, y más si se compara con los altísimos precios que pagan los consumidores de esos mismos productos en los mercados, y los imparables e incesantes altos costes de los medios de producción necesarios para producirlos: maquinarias, repuestos, abonos, insecticidas, semillas, electricidad, combustible, transportes, salarios, préstamos, etc.. A ello se añaden otros motivos de queja: la burocracia creciente, farragosa y costosa, que exige cada vez más Europa para ser un agricultor o ganadero “legal”; la competencia desigual que hay entre la agricultura europea y las de otros países que abastecen con muchos productos el mercado español mediante los Tratados de Libre Comercio con condiciones mucho más favorables para los agricultores de esos países que para los nuestros, pues esos terceros países exigen muchos menos controles sanitarios en los usos de técnicas y manejos agrícolas a sus agricultores y prestan una escasa atención a la preservación del medio ambiente, además de los bajos salarios imperantes en esos países, hasta el punto de llegar a trasladar la producción de los propios agricultores españoles a esos otros países del norte de África para abaratar costes y lograr más beneficios. En concreto se sabe que unos 100 agricultores andaluces están cultivando y produciendo en Marruecos bajo fórmulas de arriendo o compra de tierras en ese país. En demasiados otros casos, surgen grupos y voces dentro del sector que entrelazan otras reivindicaciones ajenas a los problemas del campo con evidente interés político, haciéndolas aparecer como parte de esos programas, tales como la supresión de la Agenda 2030 y las medidas de contenido verde para la lucha contra la contaminación de la tierra y el agua entre otras, con el propósito de desgastar, acosar y derribar al gobierno de turno.
Este escenario que estamos
viendo en estos días, con la falta y tergiversación de información que llega a
la opinión pública del conflicto, que no refleja en estas luchas los reales
problemas y objetivos y las verdaderas causas de los problemas agrarios, crean
una alta confusión en los propios agricultores y ganaderos y mucho más en la
opinión pública, que lo entiende en buena parte como un problema de los
señoritos explotadores del campo que se hacen millonarios con las ayudas de
Europa.
Para empezar, hay que
aclarar que no son los mismos intereses los de los grandes terratenientes y
sociedades mercantiles que los de los pequeños y medianos agricultores. No
quieren lo mismo unos y otros. No son las mismas soluciones válidas para todos
por igual. Y más teniendo en cuenta que en Europa el 3 % de propietarios poseen
el 50 % de la tierra, en una proporción similar a la concentración de tierras
en Colombia, Brasil o Filipinas. La
Europa de los pequeños agricultores está
desapareciendo:
- En España hay 24 millones de Has cultivables.
- Hay 915.000 explotaciones agrícolas.
- De ellas, solo 56.000 explotaciones poseen 14
millones de has. El 6,10 % de grandes propietarios poseen el 58 % de la tierra.
- El resto de explotaciones, 859.000, posee 10
millones de has. El 93,95 % de pequeños y medianos propietarios poseen el 42 %
de la tierra.
- 472.000 pequeños propietarios (51,56 %)
tienen menos de 5 has. Y en conjunto poseen solo 909.000 has (3,8 % de la
tierra).
- Los Fondos de Inversión y Sociedades Mercantiles ya poseen 3.360.000 has, el 14 % del total de las tierras.-
¿Es posible que los intereses de los dueños de estas grandes propiedades, Fondos de Inversión y Sociedades Mercantiles, sean los mismos que los de ese 51,56 % (472.000) de pequeños agricultores con menos de 5 has?
Esos grandes terratenientes,
grupos de inversión y Sociedades Mercantiles, tales como Juan Abelló,
industrial y financiero de los más ricos de España, la casa de Alba, Samuel
Flores, familia Botín, José María Aristrain, Mora Figueroa-.Domecq, Nicolás
Osuna, Nestlé, Mercadona, Campofrío, Nutrexpa SL, García Carrión SA, Zumos
Valencianos del Mediterráneo SA, Osborne Distribuidora SA y otros más,
conforman una gran burguesía oligárquica, especuladora, monopolista y
financiera, con intereses económicos repartidos en los grandes negocios
multinacionales que hoy dominan las finanzas y las decisiones políticas a nivel
mundial, compartiendo intereses en los bancos, energéticas, distribuidoras de
la alimentación, canales de transportes internacionales, empresas químicas y
farmacéuticas, militares, etc. En definitiva, son quienes deciden los destinos
del mundo, y entre ellos las políticas agrarias, tanto en Europa y el mundo
como en España.
Por ello no es posible que
la opinión pública entienda con claridad las causas de este conflicto cuando a
sus ojos están, bajo la misma bandera, por un lado los grandes propietarios de
tierra y ricos de España y los poseedores de las mejores tierras productivas, y
por otro los pequeños agricultores que se están arruinando cada día un poco más
y que ven que ya no pueden vivir de sus tierras. Hay que recordar que en 2020
cada día desaparecían 49 de estas pequeñas explotaciones.
Es un error formar esas
alianzas que hoy sostienen el conflicto agrario porque los grandes propietarios
de tierra desvían y ocultan las causas del mismo, que no son otras que las
políticas agrarias que estas burguesías imponen en Europa a través de sus
grupos de presión, que controlan las redes de distribución de los alimentos y
por tanto imponen los precios a los productos en origen al agricultor,
controlan los precios de las semillas, fertilizantes e insecticidas, las
maquinarias y repuestos, los precios de la luz y el gasoil. Tienen acciones en
bancos y grandes superficies y deciden los préstamos y el precio del producto
al consumidor. Y además cada vez poseen más tierra acaparando las de los que
abandonan esa actividad. Los enemigos del campo, de los que luchan por vivir de
él, de la agricultura familiar, de la soberanía alimentaria, del pequeño
agricultor, están dentro del campo.
UPA Y COAG deben buscar
nuevas alianzas que no pasen por los grandes terratenientes de ASAJA, porque
son intereses distintos y encontrados. Es posible tejer nuevas alianzas de
pequeños y medianos agricultores con Asociaciones de Consumidores, Cooperativas
Agrícolas y en especial con el sector jornalero, que en algunas de estas luchas
se ha prestado a apoyar y ha sido rechazado precisamente por estos grandes
terratenientes. Nuevas alianzas pactadas, claro está, sobre principios justos y
consensuados: precios justos de sus productos a los consumidores y cumplimiento
y respeto estricto a los derechos laborales y salariales de los jornaleros. Con
un discurso reivindicativo claro, señalando las causas del problema y exigiendo
soluciones reales y acordes con los problemas del campo.
LA
POLITICA AGRARIA COMUNITARIA (PAC) ESTÁ DISEÑADA PARA CONCENTRAR LA TIERRA EN
MENOS MANOS, PARA EMPUJAR A LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES AL ABANDONO.
Las ayudas que los
agricultores y ganaderos reciben de Europa, lo que se denomina Política Agraria
Comunitaria (PAC), deberían ser un factor importante para mantener las rentas
de los pequeños y medianos agricultores. Sin embargo, estas ayudas están
diseñadas por un lado para empujar a favor de la concentración de la tierra, y
por otro para ir favoreciendo la desaparición de los pequeños agricultores. Ahora
está en fase de desaparición el tramo entre 2 y 5 hectáreas.
El criterio básico para
percibirlas es el “pago único”. Se paga una cantidad por hectárea. Es todo lo
contrario de un criterio de reparto justo basado en la solidaridad para apoyar
la supervivencia de la pequeña propiedad y la familiar, de ligar la población a
sus lugares de origen, de asegurar unas rentas dignas a los pequeños campesinos
y ganaderos y de nivelar y regular las desigualdades en las zonas rurales y los
mercados. Llevando esta lógica de pago de ayudas al terreno de la realidad,
resulta que esos 472.000 agricultores que decíamos antes que tienen menos de 5
has y que representan el 51,56 % de propietarios, y que solo poseen 909.000 has
del total español, cobrarían cada uno de ellos no más de 1.000 euros de ayuda
por año. Esta ridícula cantidad descalifica por sí sola esa declaración de
intenciones de garantizar rentas dignas a los agricultores. Sin embargo, 34.107
grandes explotaciones perciben 2.266.666.000 de euros del total de las ayudas
PAC. Un 3,8 % de perceptores cobran un 48 % de toda la ayuda que llega a
España. El 45 % recibe como ayuda una media de 526 euros/explotación. Mientras
los máximos perceptores reciben, como media, 916.000 euros. Las mismas
multinacionales distribuidoras de la alimentación son las que cobran las
mayores ayudas que vienen a España.
Revertir esta lógica del
reparto de ayudas obliga a poner tope al cobro de las ayudas PAC mediante
nuevos criterios más justos que beneficien al pequeño y mediano propietario. Esta
reivindicación es vital para garantizar la viabilidad futura de la mayoría de
agricultores.
Una presión más que empuja
hacia el abandono de tierras es la enorme burocracia que establece la propia
Unión Europea para acreditar que se es agricultor y para poder acceder a cualquiera
de las ayudas. Cualquier agricultor tiene que recurrir a gestores y técnicos,
lo que supone un gasto adicional que muchos no pueden hacer. Todas estas
políticas agrícolas conforman un entramado tejido desde Europa bajo presión de
multinacionales, grupos de inversores y grandes intereses económicos de forma
premeditada. Políticas diseñadas para que a lo largo del tiempo el campo deje
de tener agricultores y pase a manos de firmas anónimas y fondos de inversión.
Entonces la alimentación mundial será un arma de control poblacional para
decidir quién come y qué es lo que se come[1].
LOS
PROTAGONISTAS DE ESTAS LUCHAS, ¿QUIENES SON?
Hace semanas que las
organizaciones agrarias COAG, UPA Y ASAJA, animadas por las movilizaciones de
los agricultores franceses y alemanes, se sumaron a estas protestas con
reivindicaciones similares. Después de esto han ido surgiendo otros nombres,
algunos de ámbito local y desconocidos hasta ahora, que sin previo aviso han
sacado sus tractores.
Es conocido que COAG y UPA
representan, relativamente, el sector más progresista del campesinado. Todo lo
contrario que ASAJA, que agrupa a la gran propiedad agrícola, con una ideología
conservadora y retrógrada y cada vez más de ultraderecha, aunque también es
cierto que pertenecen a ella muchos pequeños y medianos agricultores.
En los últimos años y en
estas movilizaciones se están dando a conocer nuevos grupos tales como
PLATAFORMA 6F, cuya cara más conocida es la valenciana Lola Guzmán, de
profesión enfermera pero perteneciente a familia de agricultores de cítricos.
Su escasa vida pública está ligada al partido político VOX.
UNION DE UNIONES ha tomado
ahora algo más de protagonismo y presencia pública. Su dirigente es el
extremeño Luis Cortés, personaje ligado desde hace tiempo a las luchas
campesinas. Fue expulsado de COAG en 2005 al ser procesado en tres ocasiones
por fraude de ayudas europeas, falsificar documentos y estafar a 250 agricultores.
Ha estado en la cárcel desde el 2010 al 2013, cumpliendo varias condenas, una
de 1 año y 6 meses, otra de 4 años y 2 meses y una tercera por contratos
ficticios con propósito de enriquecerse, de 2 años y 9 meses.
Otro “dirigente” que ha
destacado en estos días es el murciano Diego Conesa, con conexiones con la
PLATAFORMA 6F, líder de la secta Orden Pristina y militante de VOX.
En Salamanca y otras zonas
también han surgido “grupos independientes” similares a estos aquí señalados.
Son estos grupos y líderes ligados al fascismo y grupos políticos de extrema
derecha los que entremezclan parte de las reivindicaciones del campo con otras
de carácter político con el propósito de desgastar al gobierno de turno. Ondean
banderas constitucionales e inconstitucionales del viejo régimen dictatorial y
cuelgan de sus tractores pancartas con mensajes políticos de contenido fascista
que nada tienen que ver con estas movilizaciones. Son los más insistentes en
querer derogar las tímidas reformas de la Unión Europea que se apuntan en la
Agenda 2030 encaminadas a preservar el medio ambiente frente a la contaminación
de productos químicos. Se aprovechan tanto de estas luchas como del sector,
pues saben que es un caldo de cultivo muy favorable para ello, conscientes de
que el campesinado español es uno de los sectores más conservadores del Estado.
Pero además crean una gran confusión en la opinión pública, que cree que todos
los que están en las carreteras son iguales.
REFORMA
AGRARIA Y CONTROL CAMPESINO.
Los problemas que tiene el
campo no se arreglan solo con mejorar la Ley de la cadena alimentaria, que
ninguna multinacional ni distribuidora alimentaria está dispuesta a cumplir. Se
aborda con justicia, con una Ley de Reforma Agraria (tema olvidado, es tabú
hablar de ella en España) que cuestione la propiedad de la tierra como punto de
partida y que empiece a limitar la compra de tierras por Fondos de Inversión y
Sociedades Anónimas y haga una redistribución más justa de la gran propiedad
heredada del feudalismo. Pero además, debe abordar cuestiones como la fijación
de precios en origen y al consumidor, el control de los canales de venta y
distribución de los alimentos, el control de la cadena y los medios de
producción desde la siembra hasta la recolección, el diseño de una nueva
Política Agraria para garantizar la Soberanía Alimentaria de los ciudadanos del
Estado Español, con técnicas de producción respetuosas con el medio ambiente,
no contaminantes ni agresivas con la tierra y el agua, para asegurar por un
lado los alimentos de buena calidad y de otro el futuro del planeta para
nuestros descendientes. En todos estos procesos de toma de decisiones se debe
garantizar la participación real de los agricultores y ganaderos, que son
quienes trabajan y entienden el campo. Una Política Agraria que proteja al
pequeño y mediano agricultor, las explotaciones familiares y las empresas de
economía social. El campo, un sector estratégico de la economía española porque
produce los alimentos que necesitamos cada día, no puede estar en manos de las
decisiones de multinacionales y fondos buitre depredadores cuyo único objetivo
es el lucro ilimitado y el beneficio económico desenfrenado, a costa de
esquilmar la tierra y el agua y sin importarle la vida de las personas.
[1]
A
modo de ejemplo, añado lista de algunas empresas que cobran las ayudas PAC,
todas ellas ajenas al campo, pero que deciden las políticas agrarias en nuestro
país: Zumos Valencianos del Mediterráneo SA (cobra 10.348.401 euros), Productos
Alimenticios Gallo (7.393.346 €), Galletas Siro (7.142.228 €), Nutrexpa SL
(5.552.410 €), L. García Carrión SA (5.458.807 €), Galletas Gullón SA
(3.711.913 €), Bodegas Vega Sicilia SA (3.530.811 €), Nestlé España SA
(2.760.388 €), Mercadona SA (2.599.483 €), Casa de Alba (2.290.632 €),
Campofrio Ali SA (2.250.861 €), Osborne Distribuidora SA (1.486.510 €), Domecq
Wines España SA (896.659 €), Gonzalez Byas SA (777.278 €), Leche Pascual SA
(777.200 €), Quesos Forlasa SA (761.058 €), Gallina Blanca, SA (695.907 €),
Lidl Supermercados SA (691.655 €), Segura Viudas SA (670.843 €), El Pozo
Alimentación SA (617.805 €), Pesquería Isla Mayor SA (580.273 €), Felix Solis
SA (381.260 €), Codorniú SA (362.310 €), Carrefour SA (126.680 €), Puleva Food
SL (64.898 €), Alcampo SA (52.720 €).
