Miguel Campillo Ortiz,
director del programa Sintonía Laica,
miembro de Europa Laica
4 de noviembre de 2025
El
proceso de secularización comenzado en el siglo XIX estaba muy
avanzado cuando se proclamó la II República, aunque la religión aún
influía enormemente en el mundo rural. Prueba de esta secularización de la
sociedad eran los informes que cada 5 años remitían los párrocos a sus
obispos sobre el “estado de las almas”, de los que nos habla el historiador
Francisco Espinosa Maestre. En estos informes se decía que las iglesias
estaban vacías, que sólo iban a misa las señoras mayores, que al cura le
trataba la gente como a un hombre cualquiera, que la gente se casaba y
enterraba por lo civil, etc.
Aunque
no fue la única, la experiencia de enseñanza laica más larga y fructífera fue
la encabezada por Francisco Giner de los Ríos: la Institución Libre de
Enseñanza. Fundada en 1876 por un grupo de catedráticos expulsados de la
Universidad Central de Madrid por defender la libertad de cátedra y negarse a
ajustar sus enseñanzas a los dogmas oficiales en materia religiosa, política o
moral (entre los que se encontraban Giner de los Ríos, Gumersindo de Azcárate y
Nicolás Salmerón, ex presidente del poder ejecutivo de la I República, entre
otros). Bajo la influencia de Giner de los Ríos y la Institución se crearon el
Museo Pedagógico y la Junta para Ampliación de Estudios, de la que dependían el
Centro de Estudios Históricos, el Instituto Nacional de Ciencias
Físico-Naturales o la Residencia de Estudiantes.
El
ideario educativo republicano, que recogía las principales corrientes de
innovación pedagógica del momento, se resumía en escuela laica, unificada y
coeducativa. Frente a ello los católicos eran partidarios de una enseñanza
confesional, elitista y segregacionista, siguiendo la encíclica Divini Illius Magistri de Pío XI de
1929.
Los
partidos republicanos y el partido socialista integrados en el Gobierno
Provisional formado tras las elecciones municipales del 12 de
abril estaban, con algunos matices, de acuerdo en que uno de los
principios básicos del proyecto republicano habría de ser la completa
separación de la Iglesia y el Estado.
La
II República comenzó con la aprobación de la libertad de cultos, establecida
por el Estatuto Jurídico del Gobierno Provisional el mismo día 14 de abril.
Y
ese mismo día 14 de abril, antes de la quema de conventos e iglesias
y mucho antes de aprobarse la Constitución, tuvo lugar en la casa en
Madrid de Rafael Benjumea Burín, conde de Guadalhorce, una reunión a la que
asistieron José Calvo Sotelo y José A. Primo de Rivera, entre otros monárquicos
ultra católicos, según publica el ex banquero del BBVA Sánchez Asiaín, en su
libro La financiación de la guerra
civil (ed. Crítica, 2014). El objeto de aquella reunión no era desde luego
deliberar sobre cómo podían contribuir a consolidar el régimen republicano.
La
famosa quema de iglesias y conventos del 11 de mayo estuvo precedida
por las provocadoras pastorales del cardenal Segura del 1 de mayo y
del cardenal Isidro Gomá del 10 del mismo mes. Sostenían que la peor
monarquía era mejor que la mejor república.
Es
muy importante resaltar algo que nos “persigue” hasta hoy en la España de 2025,
en el ámbito del centro izquierda político. Muy resumidamente había dos
posturas:
Una,
que defendía una cierta laicidad moderada (lo que ahora llaman “laicidad
positiva”), que proponía que la iglesia conservara privilegios en enseñanza,
sanidad y servicios sociales, fiscalidad y financiación del clero, postura que
defendían algunos partidos del centro derecha republicano y algunos líderes del
PSOE. Y una segunda, ampliamente mayoritaria en el Gobierno y en el Parlamento
recién formado, que abogaba, en la línea marcada por la Tercera República
francesa, por una real separación del Estado de la religión, aunque con total
libertad de culto de cualquier religión en el ámbito no público. Para ello
proponían que se prohibiera la religión confesional en la escuela (pública o
privada) y en las instituciones del Estado; suprimir el presupuesto estatal
para culto y clero; aprobar como único matrimonio oficial el civil; legalizar
el divorcio; secularizar los cementerios; y disolver las órdenes religiosas
cuyos reglamentos fueran opuestos a las leyes del Estado o no se sometieran al
poder civil, como era el caso en aquella época de los jesuitas.
El
13 de mayo la Dirección General de Enseñanza Primaria emitió una circular
concretando el decreto de 6 de mayo que había declarado como voluntaria para el
alumnado la asistencia a enseñanza religiosa y eximía de impartirla a los
maestros que no quisieran hacerlo.
El
21 de mayo un decreto declaraba obligatorio el título de maestro oficial para
ejercer la enseñanza, ya que los frailes y monjas que impartían las clases
carecían del mismo. Ello enfadó mucho a la cúpula eclesiástica.
Una
Comisión nombrada por el Gobierno Provisional y presidida por el jurista
católico liberal Ángel Ossorio Gallardo redactó un primer anteproyecto de
Constitución en el que la solución dada a la “cuestión religiosa” respondía a
los principios de la laicidad (positiva), en donde se establecía la separación
del Estado de la religión pero, sin embargo, se reconocía un estatus especial a
la Iglesia Católica al considerarla “Corporación de Derecho Público”; también
se reconocía la libertad de conciencia, de religión y de cultos. No se
planteaba la financiación del culto y el clero, ya que se daba por hecho que
seguiría todo igual, lo mismo que con la Enseñanza.
La
Iglesia católica oficial obcecada contra la II República, no reparó en la
benevolencia y suavidad de estas primeras propuestas y las rechazó
virulentamente.
Ante
esta postura de tozuda intransigencia eclesial y por sus propios principios,
también una mayoría política de la izquierda republicana y del partido
socialista las rechazó; claro que por motivos totalmente opuestos.
Mientras
todo esto ocurre, al margen de las Cortes, el presidente del Gobierno
Provisional, el republicano católico y liberal Alcalá Zamora, y el ministro de
Justicia, el socialista Fernando de los Ríos, alcanzaban el 14 de
septiembre, después de difícil negociación, unos “puntos de conciliación” con
el nuncio del Vaticano el cardenal Tedeschini y con el cardenal Vidal
Barraquer, que encabezaban el sector “posibilista” de la jerarquía
eclesiástica, que estaban dispuestos a aceptar, como máximo, la no confesionalidad
del Estado y una renuncia progresiva a que el Estado financiara el “culto y
clero”, a cambio de la firma de un “Concordato” o de una especie de ‘modus
vivendi’ entre la Iglesia y el Estado, en donde aparecieran exenciones fiscales
y, por supuesto, que no fueran disueltas las órdenes religiosas y se aceptase
la “libertad de enseñanza”, es decir, que los colegios religiosos pudieran
continuar como hasta entonces.
Estos
acuerdos de conciliación se rechazaron porque la mayoría del Gobierno y de las
Cortes, opinaron que consistían en seguir privilegiando fuertemente a la
iglesia católica. Vamos, nuevamente “laicidad positiva”.
Hubo
enconados enfrentamientos parlamentarios y en el seno de la sociedad, la
prensa, etc., sobre todo con el debate del artículo 26 de la Constitución, así
como los debates sobre cuestiones de derechos y libertades cívicas como el
divorcio, el voto de las mujeres, etc.
La
Constitución republicana y laica fue aprobada por una mayoría aplastante de los
constituyentes el 9 de diciembre de 1931. Por vez primera en la historia de
España se implantaba un Estado laico, estableciendo un proyecto de convivencia
laicista y por tanto, democrático, en cuanto a derechos cívicos y a una real
separación del Estado de las religiones, en la línea que se venía desarrollando
en diversas democracias modernas de la época.
Hoy,
sin embargo, la confesionalidad está muy presente en el ámbito institucional y
político español, a pesar de que la secularización de la sociedad es mucho más
profunda que lo era entonces, sobre todo entre la población más joven. Nuestros
políticos, hoy, no parece que tengan en sus planes instaurar un Estado laico.
Asuntos de Estado como por ejemplo el de las inmatriculaciones episcopales, con
el expolio monumental del patrimonio histórico artístico público que han
supuesto lo evidencian. La inclusión del catolicismo, el islam y demás
religiones en la escuela pública delatan la intención de instaurar un Estado
multiconfesional, que no laico.
Estas consideraciones se
basan en las publicaciones de los historiadores Francisco Espinosa Maestre
y José Mª García Márquez, y de Francisco Delgado Ruiz, ex presidente de Europa
Laica.
Para
profundizar en este tema sugiero la escucha de la charla que mantuvimos con
estos historiadores sobre su libro Por
la religión y la patria. La iglesia y el golpe militar de julio de 1936, Ed.
Crítica, 2014, disponible en los podcats nº 214 a 216 de julio de 2015
en www.sintonialaica.blogspot.com :
https://sintonialaica.blogspot.com/2015/07/sintonia-laica-214-090715-por-la.html
https://sintonialaica.blogspot.com/2015/07/sintonia-laica-215-160715-por-la.html
https://sintonialaica.blogspot.com/2015/07/sintonia-laica-216-230715-por-la.html
