Lagunas de Doñana (CGH 2025)
Leandro del Moral Ituarte. Miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua y
de la Mesa Social del Agua de Andalucía
16 de junio de 2026
Ocho
años construyendo alternativas para el agua
La cuenca del Guadalquivir se acerca a una
encrucijada. El cuarto ciclo de planificación hidrológica obligará a decidir
cómo repartir un recurso cada vez más escaso, cómo recuperar ríos y acuíferos
degradados y cómo adaptarse a un cambio climático que ya está transformando la
Península. En ese debate está en juego mucho más que la gestión de un recurso
natural: están en juego las condiciones de vida de amplios territorios rurales,
el futuro de la agricultura, la conservación de ecosistemas estratégicos y el
acceso al agua como un derecho básico para toda la población.
En este contexto, la Mesa Social del Agua de
Andalucía acaba de presentar sus observaciones y propuestas al Esquema
Provisional de Temas Importantes para el 4º plan (2028-2033) de la cuenca del
Guadalquivir. Las páginas que siguen ofrecen una síntesis de ese documento,
cuyo interés radica, en primer lugar, en el diagnóstico que realiza sobre la
situación de la cuenca. Frente a discursos que siguen confiando en soluciones
exclusivamente tecnológicas o en el aumento permanente de la oferta de agua, el
documento parte de una constatación incómoda: los límites ecológicos existen,
el deterioro de las masas de agua continúa avanzando y la adaptación al cambio
climático exige cambios profundos en los modelos de producción, consumo y
gestión del territorio.
Pero existe una segunda razón para prestar atención
a este trabajo: el documento demuestra que la Mesa Social del Agua de Andalucía
continúa siendo, ocho años después de su creación, un espacio vivo de encuentro
y elaboración colectiva. No es un hecho menor. En una época marcada por la
fragmentación social y por la creciente influencia de viejos y nuevos intereses
oligárquicos muy poderosos sobre las políticas públicas, sigue funcionando una
alianza que reúne a organizaciones agrarias, sindicatos, colectivos
ecologistas, entidades ciudadanas, empresas públicas de agua, asociaciones de
consumidores y profesionales del ámbito científico y técnico.
Las propuestas que se resumen a continuación nacen
de la convicción de que el agua debe gestionarse como un bien común, que la
transición ecológica sólo será viable si es socialmente justa y que la
respuesta a la crisis hídrica no puede dejarse exclusivamente en manos del
mercado ni de los grandes usuarios del recurso.
Presiones
sobre la cuenca del Guadalquivir
Fuente: CHG, 2025
Un
deterioro que ya no puede ignorarse
La cuenca del Guadalquivir atraviesa una situación
cada vez más preocupante. Tras más de dos décadas de aplicación de la Directiva
Marco del Agua y tres ciclos de planificación hidrológica, los principales
objetivos ambientales siguen sin cumplirse. Los ríos, acuíferos y humedales
continúan deteriorándose mientras aumenta la presión sobre unos recursos
hídricos cada vez más escasos. La combinación de sobreexplotación,
contaminación, cambio climático y deficiencias en la gobernanza del agua obliga
a replantear profundamente las políticas aplicadas hasta ahora. Las propuestas
de la Mesa Social del Agua de Andalucía parten de una idea sencilla pero
fundamental: no basta con gestionar mejor el agua disponible; es necesario
adaptar los usos y las demandas a los límites reales de los recursos
existentes. Los datos disponibles muestran una realidad alarmante. Cerca del 70
% de las masas de agua superficial de la cuenca no alcanzan el buen estado
ecológico exigido por la normativa europea. La situación de las aguas subterráneas
es igualmente grave.
No se trata de un problema coyuntural provocado
exclusivamente por la sequía. El deterioro se ha consolidado durante años y
revela la existencia de desequilibrios estructurales entre los recursos
disponibles y las demandas que se pretende satisfacer. El resultado es una
creciente fragilidad de los ecosistemas acuáticos y una reducción progresiva de
la capacidad de respuesta de la cuenca frente a las sequías y los efectos del
cambio climático. Esta realidad exige abandonar los discursos complacientes. Si
después de tres ciclos de planificación los indicadores ambientales empeoran,
es evidente que las estrategias aplicadas hasta ahora han sido insuficientes.
Democratizar
la gestión del agua
La gestión del agua sigue estando fuertemente
condicionada por los intereses de los grandes usuarios, especialmente los
sectores con mayor capacidad de extracción y consumo. Esta situación limita la
participación efectiva de otros actores sociales y dificulta la incorporación
de criterios ambientales, territoriales y de justicia social en la toma de
decisiones.
El agua no es una mercancía cualquiera. Es un bien
público esencial para la vida, la salud, la actividad económica y la
conservación de los ecosistemas. Por ello, las decisiones sobre su gestión no
pueden quedar determinadas exclusivamente por quienes más agua utilizan. Es
necesario construir modelos de gobernanza más abiertos, transparentes y
participativos, donde tengan voz en igualdad de condiciones las organizaciones
sociales, los pequeños agricultores, los municipios, los colectivos ambientales
y la ciudadanía en general.
La participación pública solo tiene sentido si puede
influir realmente en las decisiones. Un proceso participativo que no permita
modificar las propuestas iniciales se convierte en un mero trámite
administrativo.
Adaptarse
al cambio climático implica cambiar hábitos y prioridades
El cambio climático ya no es una amenaza futura. Es
una realidad presente que está modificando el régimen de precipitaciones,
aumentando la frecuencia e intensidad de las sequías y reduciendo la
disponibilidad de recursos hídricos en amplias zonas del sur peninsular. Seguir
planificando como si las disponibilidades de agua del pasado pudieran
mantenerse indefinidamente conduce a un callejón sin salida. La adaptación
exige reconocer que habrá menos agua y que algunos usos deberán ajustarse a esa
nueva realidad.
Esto implica adoptar medidas inmediatas y no
limitarse a formular escenarios para un futuro lejano. La planificación
hidrológica debe convertirse en una verdadera herramienta de adaptación
climática, coordinando políticas agrarias, urbanísticas, energéticas y
ambientales.
La adaptación no puede hacerse a costa de los
sectores más vulnerables. Los ajustes necesarios deben distribuirse con
criterios de justicia social, protegiendo especialmente a la agricultura
familiar y profesional que sostiene buena parte del empleo y de la vida
económica de los territorios rurales.
La
crisis silenciosa de las aguas subterráneas
Los acuíferos constituyen una de las principales
reservas estratégicas de agua de Andalucía. Sin embargo, numerosos sistemas
subterráneos sufren procesos continuados de sobreexplotación que comprometen su
viabilidad futura. La extracción sistemática por encima de la capacidad de
recarga natural provoca descensos de los niveles freáticos, deterioro de
ecosistemas asociados y problemas crecientes para el abastecimiento humano. En
algunos territorios estas consecuencias ya son visibles.
Resulta imprescindible reconocer oficialmente la
situación de sobreexplotación de muchas masas de agua subterránea y aplicar
planes de recuperación que incluyan limitaciones de extracción, control
efectivo de los aprovechamientos y una gestión transparente de los recursos
disponibles. A ello se suma un problema de creciente importancia: la
contaminación por nitratos procedentes de determinadas prácticas agrícolas y
ganaderas intensivas. En un contexto de menor disponibilidad hídrica, esta
contaminación se vuelve aún más peligrosa porque la capacidad de dilución
disminuye y aumentan las concentraciones de sustancias contaminantes.
La protección de las fuentes de abastecimiento
humano debe convertirse en una prioridad absoluta, y aunque parezca increíble,
no lo es: ni en Los Pedroches, ni en el Altiplano de Granada, ni en la comarca
de Estepa, ni en la Sierra Sur de Sevilla, y una larga lista de casos, se ha
aplicado esta prioridad. Las consecuencias la paga la población local y toda la
ciudadanía, que financiamos las costosas obras de emergencia necesarias para
remediar el desastre de dejar a decenas de miles de personas sin agua potable.
Revisar
el modelo agrícola y el reparto del agua
La agricultura seguirá siendo uno de los pilares
económicos y sociales de Andalucía. Sin embargo, la continuidad de la actividad
agraria exige reconocer los límites físicos de los recursos disponibles y
adaptar el modelo productivo a ellos. La información disponible sobre los
balances hídricos de la cuenca presenta importantes incertidumbres y
contradicciones. Existen indicios de que los déficits reales podrían ser
significativamente superiores a los reconocidos oficialmente.
Por ello es imprescindible disponer de balances
transparentes y completos que permitan conocer con precisión cuánta agua
existe, quién la utiliza y cuáles son los déficits reales. La asignación de
recursos no puede basarse únicamente en criterios históricos o en la capacidad
económica de los usuarios. Debe incorporar criterios sociales, ambientales y
territoriales. No todas las explotaciones generan los mismos beneficios
colectivos ni producen los mismos impactos sobre los recursos hídricos.
También es necesario revisar algunos planteamientos
que durante años se han presentado como verdades indiscutibles. La
modernización de regadíos mejora la eficiencia técnica de las explotaciones,
pero no garantiza automáticamente un ahorro global de agua. En muchos casos ha
favorecido el aumento del consumo efectivo y la expansión de modelos
productivos más intensivos, incrementando la presión sobre los recursos
disponibles.
Doñana:
restaurar un ecosistema estratégico
La situación de Doñana representa uno de los
ejemplos más evidentes de las consecuencias de la sobreexplotación hídrica. La
degradación de acuíferos y humedales amenaza uno de los espacios naturales más
valiosos de Europa. Las medidas actualmente previstas resultan insuficientes
para revertir esta tendencia. La recuperación de Doñana requiere actuaciones
más ambiciosas orientadas a reducir significativamente las extracciones de agua
subterránea y restaurar procesos ecológicos esenciales.
La protección del espacio natural no debe
contemplarse como un obstáculo para el desarrollo económico. Al contrario,
constituye una inversión estratégica para garantizar la sostenibilidad futura
del territorio, preservar servicios ecosistémicos fundamentales y evitar costes
ambientales y económicos mucho mayores en el futuro.
El agua
tiene un valor que debe reflejarse en su gestión
La política del agua no puede ignorar la dimensión
económica. Resulta imprescindible conocer los costes reales asociados a la
captación, distribución, tratamiento y restauración de los recursos hídricos. La
aplicación de tarifas vinculadas al volumen efectivamente consumido constituye
una herramienta necesaria para fomentar el ahorro, mejorar la eficiencia y
avanzar hacia una distribución más justa de los costes.
Quien utiliza más recursos debe asumir una mayor
responsabilidad económica y ambiental. Al mismo tiempo, los instrumentos
económicos deben diseñarse de forma que no penalicen a los sectores sociales
más vulnerables ni comprometan la viabilidad de actividades agrarias con una
importante función territorial y social.
