- Durante la crisis las desigualdades en España han crecido hasta límites inadmisibles.
- Los gobernantes han incumplido su obligación de velar por el bienestar de los ciudadanos.
La tendencia natural
del sistema capitalista es la de crear desigualdades. La búsqueda del beneficio
privado, que es el motor del sistema, conduce a que la riqueza producida
socialmente se concentre cada vez en menos manos. Si se deja que el mercado se
desenvuelva sin trabas, esa distribución
primaria de la renta (la que tiene lugar en el proceso económico) se hace
más desigual.
La
única fuerza capaz de contrarrestar dicha tendencia es el Estado, cuya razón de ser es atender los intereses de la
colectividad, y a tal fin se ordena el “Contrato Social” en que se fundamenta
la democracia. Los poderes públicos disponen de instrumentos diversos para lograr
una cierta redistribución de la riqueza,
en lo que se llama distribución
secundaria de la renta: una fiscalidad progresiva que hace pagar impuestos
a los que más tienen (los impuestos “directos”: Renta, Patrimonio, impuesto de
Sociedades sobre los beneficios de las empresas, impuesto de Sucesiones…), y primar
el gasto público social (educación, sanidad, pensiones, cobertura de desempleo,
servicios y asistencia social). Allí donde exista mayor desigualdad, más
decidida debe ser la política redistributiva del Estado.
El reparto de la riqueza producida por la sociedad no es, pues, una
cuestión “técnica”, sino que tiene un carácter político y dependerá, en última
instancia, de la correlación de fuerzas entre la élite económica y la mayoría
social trabajadora.
En
la década de los 80 se registró el proceso más intenso de reducción de la
desigualdad de los últimos cuarenta años en España. Tras la breve pero intensa
recesión de 1992-1994 las cosas ya no volvieron a ser como antes, y las fases
posteriores de crecimiento económico no tuvieron un reflejo directo en los
indicadores de desigualdad.
Durante
la crisis iniciada en 2007 las
diferencias de renta entre los ciudadanos españoles han crecido hasta límites
inadmisibles. En pocos años se ha esfumado buena parte de los avances
anteriores, hasta convertir a España en uno de los países de la Unión Europea
con un reparto más injusto de la riqueza
y con una mayor extensión de la pobreza.
Los datos son concluyentes:
·
El nivel de
desigualdad en España respecto a la media de la Unión Europea casi se ha
triplicado entre
2007 y 2016, según el Coeficiente de Gini (indicador más aceptado para medir el
grado de desigualdad). Como refleja el gráfico, únicamente Bulgaria, Lituania y
Rumanía ostentan un índice de desigualdad más alto. Aunque desde 2015 se asiste
a una cierta recuperación de la economía, la desigualdad, lejos de atenuarse,
empeora, destacando especialmente la pronunciada caída de las rentas más bajas
y el incremento de población en esos estratos. Según un informe de la OCDE de 2017 el
20% de las familias españolas con mayor renta disponible supera en un 761% al
20% más pobre.
DESIGUALDAD DE RENTAS EN LA UE EN 2016
(según coeficiente de Gini)
·
Los salarios pierden
peso respecto a las ganancias empresariales: en 2016 la contribución de éstas a
la Renta Nacional superó el valor de 2008, en tanto que los salarios están un 6%
por debajo del nivel de aquel año.
·
Las
diferencias entre salarios bajos y
medios se estrecha, en tanto aumentan las que existen entre los medios y los
altos. Como exponía Miguel Toro en este blog, el cambio tecnológico aumenta las
desigualdades salariales en perjuicio de los trabajadores menos cualificados.
·
Precariedad laboral. Se
han generalizado abusivamente los contratos temporales y los bajos salarios. La proporción de
trabajadores pobres (aquellos que aun teniendo empleo no pueden cubrir con sus
ingresos las necesidades básicas de su familia) se ha elevado hasta el 13,2%
(dato que solo empeoran Rumanía y Grecia).
·
España es el 4º país de la OCDE que
menos empleo ofrece. Son particularmente graves las cifras del desempleo
entre los jóvenes: la cifra de
ocupados entre los 16 y los 30 años ha caído a la mitad en los diez años de
crisis. Casi medio millón ha optado por emigrar al extranjero en busca de
trabajo.
·
Se
ha producido un crecimiento de la
pobreza sin parangón en los últimos cuarenta años: un 15,3% de la población tiene una renta que no llega ni al 50 % de la
media del país, y un 30% vive en riesgo de exclusión social. El porcentaje de
hogares con todos los activos en desempleo, que antes de la crisis era del 2,5%
del total, superaba en 2014 el 11%. Y no olvidemos la proliferación de desahucios.
En suma, España destaca en todas las
brechas de desigualdad económica: entre hombres y mujeres, mayores y
jóvenes, personas con o sin estudios, una gran desigualdad regional. La experiencia de
anteriores fases recesivas indica que, si no lo impedimos, este incremento de
la desigualdad puede convertirse en crónico en el largo plazo.
Los recortes en el
gasto público han agravado las desigualdades
En
los últimos tiempos y en especial desde el estallido de la crisis los gobernantes españoles, que deberían
velar por el bienestar general, han incumplido
sus obligaciones con los ciudadanos, sobre todo con los hogares más
vulnerables. Asumieron
sin rechistar, como alumnos obedientes y aventajados, las políticas neoliberales
de austeridad dominantes en la Unión Europea y auspiciadas por el gran capital,
con consecuencias sociales desastrosas. Han recortado con dureza el gasto
social, mientras dedican ingentes cantidades de dinero público a convertir
deuda privada (de entidades bancarias) en deuda pública.
Las reformas tributarias practicadas desde mediados de los años 90 (reformas de Aznar en 1998, de Zapatero en 2007, y las posteriores de Rajoy), que han reducido los impuestos a las empresas y a las rentas más altas, han mermado los ingresos públicos, disminuyendo así la capacidad del Estado para redistribuir la riqueza. En 2011 el gobierno del PSOE llegó a un acuerdo con el PP para aceptar las obligaciones que le imponían desde la UE y el capital financiero internacional, entre ellas la modificación del artículo 135 de la Constitución, para dar prioridad al pago de los intereses de la deuda pública sobre cualquier otra inversión social o pública. A pesar de ellos la deuda se ha disparado, en tanto los servicios públicos sociales (sanidad y Educación en particular) han quedado infra financiados, y la hucha de las pensiones vaciada desde 2012 por el PP.
La precariedad laboral y la baja de los salarios ha tenido un punto de apoyo fundamental en la reforma laboral iniciada por Zapatero y profundizada intensamente por el PP, cuyas medidas han beneficiado al mundo empresarial y debilitado y desprotegido a los trabajadores.
Las reformas tributarias practicadas desde mediados de los años 90 (reformas de Aznar en 1998, de Zapatero en 2007, y las posteriores de Rajoy), que han reducido los impuestos a las empresas y a las rentas más altas, han mermado los ingresos públicos, disminuyendo así la capacidad del Estado para redistribuir la riqueza. En 2011 el gobierno del PSOE llegó a un acuerdo con el PP para aceptar las obligaciones que le imponían desde la UE y el capital financiero internacional, entre ellas la modificación del artículo 135 de la Constitución, para dar prioridad al pago de los intereses de la deuda pública sobre cualquier otra inversión social o pública. A pesar de ellos la deuda se ha disparado, en tanto los servicios públicos sociales (sanidad y Educación en particular) han quedado infra financiados, y la hucha de las pensiones vaciada desde 2012 por el PP.
La precariedad laboral y la baja de los salarios ha tenido un punto de apoyo fundamental en la reforma laboral iniciada por Zapatero y profundizada intensamente por el PP, cuyas medidas han beneficiado al mundo empresarial y debilitado y desprotegido a los trabajadores.
Es este un reflejo más de lo que expone el Nobel de Economía Stiglitz en El precio de la desigualdad: una inequidad tan grande
como la que hoy existe supone la ruina
de la democracia, porque las decisiones esenciales se inclinan siempre
hacia los intereses de una reducida y riquísima élite, y para evitar resistencias,
se recortan decisivamente
los derechos políticos, sociales y laborales de la inmensa mayoría de la
población.
En conclusión, ES NECESARIO INVERTIR EL PROCESO DE CONCENTRACIÓN DE
RENTA Y RIQUEZA. Hay alternativas, otra política es posible, si la
ciudadanía pudiera contar con un gobierno decente. Para llegar a tenerlo son
indispensables la conjunción de las fuerzas progresistas y la movilización
social. De ello trataremos otro día, en la segunda parte de este artículo.
Juan Manuel Valencia
