Vientos de Cambio Justo

martes, 24 de abril de 2018

EL INACEPTABLE CRECIMIENTO DE LAS DESIGUALDADES EN ESPAÑA (II): Alternativas y respuesta social.



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La mayoría social necesita otra política, basada en el aumento de los ingresos del Estado para incrementar el gasto social
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La movilización ciudadana y la unidad de las fuerzas políticas progresistas en torno a estos objetivos, los dos factores fundamentales para hacer posible un cambio a corto plazo  
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17 de marzo: Multitudinaria manifestación en Sevilla, a pesar de la lluvia, en defensa de las pensiones públicas. (foto: AGUS ROMERO)


Juan M. Valencia Rodríguez - 24 de abril de 2018

En nuestro artículo anterior mostrábamos con datos inapelables el inadmisible crecimiento de las desigualdades en España, y concluíamos afirmando la necesidad y posibilidad de invertir ese proceso en beneficio de la mayoría social, si pudiéramos contar con un gobierno decente.

Desde el poder y los medios de comunicación a su servicio se nos dice una y otra vez que las políticas neoliberales de austeridad y recorte social son el único camino, y si no se suben más las pensiones y el gasto social en su conjunto, es porque no hay más recursos. Eso es falso. ¿Cómo va a ser la única política posible aquella que engorda los bolsillos de los más pudientes a costa de sufrimientos enormes de la población común? Los recursos aparecen para lo que le interesa a la oligarquía rica dominante, como salvar bancos y cajas con dinero público. ¿Qué se hace porque son imprescindibles para que funcione la economía? Muy bien, pues entonces que sean nacionalizados, y entonces el dinero de todos estará bien empleado: se dispondrá de una banca pública que funcione al servicio de los intereses de la mayoría, y no para el beneficio de unos pocos. Intentan hacernos creer que eso es lo que hay, para impedir que exijamos otras cosas. No es que no sepan hacerlo mejor, no es cuestión de saber técnico, es que no quieren, porque gobiernan para la ínfima minoría más acaudalada y poderosa.

Por más que lo repitan, el discurso neoliberal no contiene más que falsedades, como han denunciado prestigiosos economistas (entre ellos Premios Nobel como Stiglitz o Krugman) que demuestran cómo las políticas de austeridad llevan a la economía al desastre y la creciente desigualdad engendra más crisis, es su causa principal. Hay que detener esta salvaje política neoliberal que masacra los intereses de la población.


La política que beneficia a la mayoría social iría justo en el sentido contrario a las medidas neoliberales que se están aplicando: fortalecer el sector público y elevar los salarios, porque aumentan la demanda y dinamizan la economía, en tanto que bajarlos genera más crisis. No es este el lugar para desglosar con detalle las medidas que conformarían un programa económico y social posible y beneficioso para la mayoría de la sociedad, solo expondremos sucintamente sus ejes principales, y algunas de las medidas concretas por medio de las cuales podrían ponerse en marcha.

Ampliar el sector público significa incrementar los ingresos del Estado, tanto mediante el estímulo de la actividad económica como mediante la subida de los impuestos directos fundamentales, que gravan a los que más tienen, y que deben tener los mismos tipos en todas las Comunidades Autónomas: aumento del IRPF a las rentas más altas, recuperación para las grandes empresas del 35 % en el Impuesto de Sociedades que había antes, restablecimiento del Impuesto de Patrimonio y el Impuesto de Sucesiones con tipos exentos razonables. Incremento de las cotizaciones sociales a las medianas y grandes empresas. Además, perseguir de manera más eficiente el fraude fiscal, suprimir las SICAVS y prohibir la actuación en España de los fondos de inversión radicados en paraísos fiscales.

Un instrumento financiero vital sería la creación de una banca pública mediante la nacionalización de las cajas de ahorro y su puesta al servicio de la economía social, no para que actúen como los bancos.

El gasto social, elemento indispensable para la redistribución de rentas, debe incrementarse de inmediato hasta igualar al menos la media de la Unión Europea, de la que hoy estamos muy alejados, en Educación, Sanidad y Protección Social (capítulo en el que hay que incluir la defensa del sistema público de pensiones, con retribuciones dignas, garantizadas por los Presupuestos Generales del Estado y que cubran el aumento del IPC; la mejor dotación en la cobertura del desempleo, prestaciones familiares, exclusión social y Dependencia).

El Estado debe promover el empleo estable (comenzando por las propias Administraciones Públicas) y eliminar las ayudas al empleo precario, e impulsar con vigor la investigación y nuevas actividades productivas (energías renovables, nuevas tecnologías, reciclaje y medio ambiente, cultura, agricultura ecológica), porque nuestra economía no puede seguir tan dependiente de la construcción y el turismo.

Es preciso conseguir un reparto más equitativo de la riqueza producida por la sociedad, con crecimiento de los salarios y moderación de los beneficios empresariales. Hay cosas que el Estado puede establecer por sí mismo: subida notable del Salario Mínimo, prohibición legal de diferencias salariales de género, promoción de la negociación colectiva. Con carácter de urgencia hay que proceder a la derogación de la legislación laboral regresiva impuesta en los últimos años y reforzar la protección de los derechos sindicales, para dar a los trabajadores mayor capacidad de defender sus intereses. Pero también los trabajadores están obligados a vencer el miedo y luchar por lo suyo, aun a costa de sacrificios (siempre los hubo). A este respecto es evidente que se requiere un sindicalismo más directo y representativo, sin olvidar una gran verdad: el peor sindicato es el que no existe.

El sector financiero español debe ser objeto de una regulación y control más estrictos, y es ineludible trabajar a escala europea e internacional para el control de los movimientos de capital y la imposición de tasas a las transacciones especulativas.

Es necesario asimismo paralizar la lacra social de los desahucios y obstaculizar la especulación inmobiliaria.

La profundización de la democracia es otro objetivo clave para que no se hurten las decisiones económicas principales a los órganos democráticos representativos y a toda la ciudadanía. Hay que consagrar en la Constitución esta política social, derogando el cambio introducido en su artículo 135, en el que se debe priorizar el gasto social respecto al pago de la deuda, y modificar en el mismo sentido la Ley de Estabilidad Presupuestaria, suprimiendo la regla de gasto.

Solo con una política como la que apuntamos, antagónica a la que se está practicando, es posible avanzar en un sentido favorable para la mayoría. Es una política perfectamente viable, pero no podemos esperar que nos venga caída del cielo. La experiencia demuestra que las poderosas élites económicas no están dispuestas a dar su brazo a torcer, a menos que se les obligue a ello.

El primer e ineludible factor para conseguirlo es la movilización ciudadana, la presión social. En esta problemática no hay salvadores, tenemos que serlo nosotros mismos. La ciudadanía tiene que volver a rearmarse para invertir la marcha de las cosas. La fuerza está en la gente, en las personas decididas a actuar y defender sus derechos y sus intereses.

El segundo y también imprescindible factor es que esta política llegue a las esferas del poder. El PP y Ciudadanos están de manera clara y decidida del lado de la política neoliberal que defiende los intereses de las élites económicas. Necesitamos un gobierno decente, que ponga en marcha una política en sentido contrario a la actual. La única manera de llegar a él, en un plazo no demasiado largo, es mediante la unión de todas las fuerzas progresistas, incluyendo al PSOE, siempre que esté dispuesto a desembarazarse de las connivencias con las políticas neoliberales en las que incurrió y asuma una política transformadora.