…quien suscribe no lo
tiene tan claro porque si yo fuera con dieciocho amigos todos los domingos a la
puerta de la catedral a insultar a los que entran a misa y anunciarles males y
dolor eterno si participan en el acto religioso, tengo el convencimiento de que
duraríamos en la puerta menos que un globo en la de un colegio.
José Antonio Bosch.
Abogado. Asesor
jurídico de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción de
Embarazo (ACAI).
9 de julio de 2018
La
Ley Orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción de Embarazo
supuso un auténtico mazazo para los sectores más fundamentalistas de nuestra
sociedad; la Ley reconoce, entre otros derechos, el derecho a una vida sexual
segura, así como la libertad de tener hijos y de decidir cuándo tenerlos y
garantiza el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en las
condiciones más favorable para la protección y eficacia de los derechos
fundamentales de la mujer que solicita la intervención, en particular, su
derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la vida, a la integridad
física y moral, a la intimidad, a la libertad ideológica y a la no
discriminación.
Ni
que decir tiene que, antes, durante y después de la aprobación de la Ley, hubo
sectores que trataron de imponer su personal moral siendo el máximo exponente
de tal aspiración el exministro Gallardón a quien su reaccionario y retrógrado
proyecto de Ley del Aborto para modificar la existente le costó la dimisión o
cese, que nunca se sabe, quedando finalmente la reforma en una modificación parcial
aprobada en verano del 2015 por el Partido Popular, para dar gusto a parte de
su electorado y que lo único que supuso fue crear un problema donde antes no
existía, en relación a las mujeres de 16 y 17 años, a quienes la reforma
dificultó el acceso a la interrupción de embarazo.
Pero
la reforma no supuso el fin de la lucha anti-aborto, no supuso el fin de la
exigencia intransigente de algunos grupos fundamentalistas de que la ciudadanía
se someta a una doctrina o una moral concreta, grupos cada vez más activos que se han aliado en una
cruzada moral contra el aborto, cruzada que se manifiesta en un hostigamiento
permanente desde diferentes ángulos a las clínicas donde se interrumpe el
embarazo así como en la violación de la intimidad, el acoso y coacción de
muchas mujeres que acuden a esos centros a interrumpir sus embarazos.
Así,
organizaciones de juristas autodenominados cristianos denuncian ante los
Juzgados de Instrucción, ante diferentes organismos de la Administración
Pública o demandan ante los Juzgados de Primera Instancia lo que ellos
consideran “graves ilícitos” que supuestamente comenten las clínicas en su
actividad diaria, denuncias que, en el caso de las penales, todas fueron
archivadas y en cuanto a las administrativas sólo prosperan cuando cuentan con
el apoyo institucional de alguna Administración anti-aborto, sirva de ejemplo
la Comunidad Autónoma de Madrid.
Pero
es más, en diversas ciudades de nuestro país, en las puertas de las clínicas se
congregan pequeños grupos de personas (siempre menos de veinte para no vulnerar
le ley reguladora del derecho de reunión y manifestación) que se dirigen a las
mujeres que van a abortar a las clínicas y unas veces les increpan, o bien les
insultan, coaccionan, molestan… o les facilitan información tendenciosa y falsa
sobre el aborto y los males que lleva aparejado, en suma conculcan sus derechos
y les generan una situación de estrés y ansiedad impropias de una sociedad
democrática y de un Estado de Derecho. Ni que decir tiene que el personal de
las clínicas, que tiene que pasar entre los/as mismos/as fundamentalistas, no
se libra de las mismas prácticas por quienes consideran pecado mortal y montan
“guardia moral” en las puertas.
Cuando
se ha acudido a denunciar ante los responsables de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado estas acciones o ante los responsables de los Servicios de Salud,
siempre se ha chocado con una falta de sensibilidad inexplicable y el argumento
de los responsables políticos del respeto a la libertad de expresión de aquellos
que limitan y vulneran los derechos de la mujer que acude a los centros de
interrupción de embarazo y del personal sanitario que allí presta sus
servicios. Al parecer, nuestro Estado no cuenta con recursos legales para
proteger a estas mujeres, aunque quien suscribe no lo tiene tan claro porque si
yo fuera con dieciocho amigos todos los domingos a la puerta de la catedral a
insultar a los que entran a misa y anunciarles males y dolor eterno si participan
en el acto religioso, tengo el convencimiento de que duraríamos en la puerta
menos que un globo en la de un colegio, pero si aceptamos el argumento, si no
existen recursos legales para garantizar el pacífico ejercicio por parte de la
mujeres de los derechos que le reconoce la Ley de salud sexual y reproductiva y
de interrupción de embarazo, habrá que crearlos.
En
realidad, los/as fundamentalistas españoles no son muy diferentes a los que ya actuaron,
por ejemplo, en Alemania, Austria o Francia, aquellos que realizaron las mismas
fanáticas conductas a las que los respectivos legisladores encontraron
soluciones tan variadas como la de imponer una distancia mínimo de metros desde
una reunión/concentración antiaborto hasta las puertas de una clínica de interrupción
de embarazos (al igual que sucede con la Ley Medidas Sanitarias frente al Tabaquismo
con los Centros Escolares, por ejemplo) o penalizar la difusión de información falsa sobre el aborto o la
obstaculización de la interrupción de embarazo; medidas que según el país se
adoptaron desde las normativas municipales de algunos ayuntamientos hasta en el
Código Penal, como es el caso francés.
Como siempre recordamos, la conservación, recuperación
o extensión, en su caso, de los derechos civiles, requiere de nuestra constante
atención; ni se debe ni se puede bajar la guardia porque la reacción no descasa
y no hay más que mirar a Europa para ver como el extremismo reaccionario y en
muchos casos fascista se extiende imparable; por ello, aprovechando los vientos
que parecen soplar en el Congreso, aprovechando un gobierno que parece sensible
a los derechos de la mujer, y sin olvidar el papel de los Ayuntamientos,
debemos impulsar un cambio normativo que, tras ya más de ocho años de vigencia,
garantice de forma plena y eficaz el derecho reconocido por la citada Ley
Orgánica a la Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción de Embarazo de toda
mujer. Y como ya sabemos, algunos cambios normativos sólo se logran con la
movilización social; no debemos seguir ignorando el sufrimiento y maltrato de
aquellas mujeres que cuando acuden a una clínica acreditada para la
interrupción del embarazo tienen que soportar insultos, presiones, coacciones y
falsas informaciones por el sólo hecho de querer ejercitar sus derechos.
