JOSE ANTONIO BOSCH
20 de octubre de 2020
Por si no tuviésemos suficiente con las propuestas y acciones de nuestros fundamentalistas autóctonos, con el final del mes de octubre terminará la campaña, importada desde EE. UU, “40 days for life”, consistente según sus organizadores en rezar durante cuarenta días para poner fin al aborto. Personalmente no tengo inconveniente alguno en que la gente rece a la divinidad que prefiera y que le pida lo que le venga en gana, pero lo que diferencia esta oración de otras es que, en lugar de hacerlo desde el recogimiento y el contacto directo con la divinidad, se colocan en las puertas de las clínicas de interrupción de embarazo para, a la vez que rezan, incordiar, increpar, coaccionar… a las mujeres que allí acuden.
Cuando finalice esta campaña comenzarán a preparar la de los “Santos Inocentes”, y luego la de “Cuaresma” y, entre una y otra, diferentes grupos fundamentalistas de inspiración cristiana se seguirán situando en las puertas de las clínicas, cada uno con su peculiar campaña, ante la desidia de nuestras administraciones y políticos que miran para otro lado. En resumen, durante todo el año, desde hace más de veinte años, muchas mujeres que acuden a las clínicas de aborto, derivadas por el Sistema Público de Salud porque en su cartera de prestaciones sanitarias está incluida la interrupción voluntaria del embarazo, tienen que soportar diferentes numeritos.
Las actuaciones a las que se ven sometidas las mujeres son de todo tipo. Desde la que es abordada en la puerta de la clínica y la invitan a subirse a una ambulancia, hasta la que le regalan unos piececitos de feto o la invitan a que les cuente sus problemas, hasta las acciones más agresivas tales como recibir insultos, impedir que entren en las clínicas o facilitarles información falsa sobre los riesgos sanitarios de su decisión.
Todo vale. Los fundamentalistas actúan siempre guiados por un fin superior, si en el camino de lograrlo hay que vulnerar algún derecho, saltarse alguna norma, coger atajos de dudosa legalidad… todo vale, el fin justifica los medios. Así, si para mayor gloria del Señor hay que generar en la mujer que acude a las clínicas una situación de estrés no adecuada para alguien que se va a someter a una intervención médica, pues se hace si con ello se logra que una mujer abandone su intención de abortar, aunque mortifiquen a miles. Por ello se les asalta en las puertas de las clínicas, se les insulta, se les llama asesinas, se les entorpece el acceso…
Si hay que mentir, pues se miente y se divulga información supuestamente científica anunciando los peores males para la salud de las mujeres que abortan y se les reparten folletos cargados de mentiras desde la foto que utilizan hasta los datos que ofrecen.
Todo vale. Porque amparados en su libertad de expresión y de manifestación se dedican a vulnerar derechos y libertades de las mujeres tales como su derecho a decidir, su derecho a la salud, a la intimidad… y todo ello ante la pasiva mirada de los Servicios Públicos de Salud que, teniendo en sus carteras de prestaciones incluida la interrupción voluntaria del embarazo, como quiera que no se realiza prácticamente en los centros públicos, tienen que derivar a las mujeres a las clínicas acreditadas, a partir de lo cual se olvidan de que son sus usuarias y las condenan a recibir presiones, insultos, amenazas y coacciones de los enemigos de la libertad de los demás.
Evidentemente, ya no hay satisfacción alguna para los cientos, miles de mujeres que sufrieron a lo largo de los años los ataques, insultos, vejaciones; aquellas que se vieron sometidas a la intolerancia y furia de los fundamentalistas y a la inhibición y el desentendimiento de quienes debieron garantizar la prestación del servicio en condiciones similares a la de cualquier prestación sanitaria, pero si podemos impedir, y tenemos la obligación de hacerlo, que otras mujeres tengan que seguir sufriendo esos ataques.
En países de nuestro entorno se han tomado diversas medidas que van desde tipificar el acoso de las mujeres y la divulgación de información falsa como delitos en el Código Penal, hasta el establecimiento de zonas de seguridad alrededor de las clínicas de interrupción de embarazo donde se prohíbe cualquier acción que se pretenda realizar sobre las mujeres que acuden a esas clínicas. Soy consciente que tenemos muchos problemas y necesidades que atender, pero la solución al hostigamiento de las mujeres sólo requiere de voluntad política. El establecimiento de zonas de seguridad no supone gasto alguno y además de posibilitar el respeto a los derechos de cientos de mujeres servirá para que la prestación pública sanitaria de la interrupción de embarazo sea prestada en las mismas condiciones de calidad que el resto de las prestaciones.
No perdamos más tiempo, cada día de retraso será una deuda más de la sociedad con aquellas mujeres a las que preferimos no mirar mientras se vulneran sus derechos.
