Enrique Cobo
6 de octubre de 2020
Debemos analizar las relaciones que en la Comunidad de Madrid y en el Consejo Interterritorial de Salud se están dando para posicionarnos e intervenir para evitar comportamientos inadecuados de los políticos que los estén cometiendo y para mejorar las relaciones democráticas entre los ciudadano, de las instituciones y de los partidos con unos y otras. Estas tres cartas barajamos: instituciones, partidos políticos y el pueblo titular de la soberanía.
Partamos de datos: El consejo Interterritorial de Salud ha establecido unas referencias estadísticas para que se apliquen medidas que corrijan las tendencias de la pandemia. Conocemos las que son y sabemos, no presumimos, sabemos que están acordes con criterios casi unánimes de los científicos en España y en el mundo. ¿Por qué algunas Comunidades Autonómicas no han aprobado ni las referencias homogéneas en toda España para acordar medidas iguales cuando coincidan los datos? Contesto: unas, como Cataluña, porque no quiere “injerencias” del estado en su territorio, negándose a compartir criterios y medidas que por otra parte viene aplicando y está dispuesta a aplicar con más rigor aún según dicen. Madrid ha rechazado el acuerdo. Perdón, el gobierno de Madrid, no lo ha rechazado porque sus socios de ciudadanos si lo han aceptado. Otra Comunidad Autónoma, Castilla y León, gobernada por el PP en coalición con ciudadanos la ha aprobado con acuerdo entre los socios. Murcia, también gobernada por la dichosa coalición dicen que ha votado en contra pero que en realidad se ha abstenido y en ella no sabemos que es lo que dice ciudadanos. Las comunidades que se han opuesto a consensuar criterios y medidas básicas para todo el estado están gobernadas por el PP pero no sabemos si es una coincidencia o es que EL PARTIDO se lo ha pedido según dicen que ha ocurrido con Andalucía donde ciudadanos no parece estar ni se le espera. ¿El PARTIDO se lo ha pedido-impuesto a las otras? Vete tú a saber.
Lo que a nadie nos cabe dudas, digo yo, es que el desbarajuste de actitudes en el seno del PP, capitaneado por la presidenta de Madrid y seguido por el de España tiene claros motivos partidistas pues no están basados ni en criterios científicos comúnmente aceptados en casi todo el mundo, y no es legítimo que los objetivos señalados por un partido en la confrontación política supongan que haya un muerto más de los que habría si se adoptan criterios que defiendan la salud de los ciudadanos. Entiendo que el PP se siente apoyado por aquellos ciudadanos que, urgidos por sus problemas y objetivos económicos frente a las restricciones que reducen la extensión de la pandemia prefieren menos medidas y “más libertades” aunque la consecuencia sea que mueran “unos cuantos ciudadanos” más.
Por otra parte parecería conveniente, según lo expresado y solicitado por la presidenta de Madrid y por el señor Casado, la colaboración entre el gobierno de España y los de las comunidades autónomas. Pero sin embargo, ahora a la iniciativa de consensuar actuaciones en Madrid se le llama injerencia por los mismos que reclamaban su apoyo. Dicen que eran partidarios de un acuerdo con criterios homologables para cualquier lugar de España e incluso en la mesa de dialogo parecen coincidir en los criterios y medidas a aplicar en Madrid y que sean también los que rijan para actuar en otros lugares pero cuando se pretende lograr en el Consejo Interterritorial se desmarcan de lo que ya habían acordado. Esta conducta merece nuestra reprobación y nuestra exigencia hubieran propuestos otros criterios otros criterios a tener en cuenta y que los hubieran llevado en justa confrontación a su aprobación en la reunión de todas las comunidades autónomas. Si en una reunión, que tanto debe costar en trabajo y en dinero, no se proponen las propias alternativas generalizables es una irresponsabilidad que no debemos soportar sin combatirla.
Si además el señor Casado, se atreve a decir que el intento de consensuar criterios de actuación frente a la pandemia en toda España nace del dogmatismo, de la ideología y no de criterios científicos, y, a la vez no presentan contrapropuesta alguna no merece sino el más profundo rechazo social.
Si, por otra parte, entre el ruido que arman y las graves circunstancias de salud en las que nos movemos presentan y aprueban una “pequeña modificación” de la ley del suelo que permite a los promotores de la construcción, tan disciplinados ellos, que interpreten las normas y por medio de una declaración responsable digan que lo que proponen construir se adecua a las normas y, a continuación, puedan empezar a construir, evitando que las propuestas que presenten sean analizadas por los que han de vigilar el bien común, y a la adecuación a las normas que para ello se hayan dictado y todo ello evitando un debate democrático en la Cámara de Representantes y con la sociedad es porque no respetan la moralidad en la que se basa la democracia cuyo sustento en definitiva está en quien detenta la soberanía del Estado Español, el soberano, el pueblo soberano.
En este caso, sin equidistancia, con mis criterios elaborados con datos y con reflexión digo que en lo que de mi dependa este PP no gobernará y que aplaudiré que el gobierno de Madrid cese de la forma democrática que se pueda sustanciar y a mí me parecería bien que fuera una moción de censura para que el gobierno saliente convoque elecciones a continuación porque, aunque haya de desarrollarse en plena burbuja de la pandemia, pienso que sería más saludable que asistir al juego de declaraciones, recursos judiciales, iniciativas de hondo calado político (como la reforma de la ley del suelo) que producirán un menor deterioro de la democracia y menos muertos que si continúan los actuales gobernantes de Madrid.
Sota, caballo y rey: ciudadano, representantes, instituciones en una relación de lealtad ha de ser la solución de muchos de nuestros problemas. Pienso yo.
