Las
experiencias vividas en los 16 meses de Pandemia han revolucionado los efectos
y consecuencias de la crisis que ya veníamos arrastrando, y nos emplazan a una
profunda reflexión de las prioridades políticas y sociales.
Manuel Armenta
Sevilla 29 de Junio de 2021.
La nueva legislatura del Gobierno de coalición que surge como alternativa de Cambio a las políticas de recortes en derechos políticos, sociales y económicos, la corrupción y los órganos y políticas obsoletas de instituciones del Estado –Monarquía y Poder Judicial-, obligan a tener que afrontar el proceso de reconstrucción respetando la diversidad institucional territorial y competencial, pero con el especial añadido de un único control del destino y uso que se harán de los recursos dirigidos a esas políticas fundamentales que nos harán avanzar por el buen camino de la Justicia Social y la Igualdad.
La confrontación de los partidos ultra-conservadores se ha radicalizado desde todos los ángulos institucionales y territoriales para impedir a toda costa al Gobierno de España y las fuerzas progresistas y de izquierda que lo respaldan, recuperar y reconstruir los derechos y condiciones de vida dignas perdidos por el Covid-19 y los recortes que desde hace 14 años nos han venido imponiendo los gobiernos de turno.
La disponibilidad de recursos económicos y políticas de reconstrucción que la CEE reportará a España, abre puertas en nuestra historia para dar saltos importantes en corregir deficiencias y avanzar en derechos e igualdad que la sociedad tanto necesita y las personas demandan. Entre otras muchas políticas cabe destacar el mundo laboral, la crisis climática, la cohesión territorial desde sus diferentes ángulos y los principios de igualdad de las personas y las estructuras económicas y sociales.
En el mundo laboral, la precariedad, temporalidad y fluctuación, requieren importantes cambios para combatir desigualdades y abusos empresariales de todo tipo. La reforma laboral de 2012 se debe derogar para acabar con los recortes y restricciones que impuso: 165 millones de contratos temporales desde el 2012, que nos han situado en la cota más alta de la UE, la 2ª más alta de paro y la primera con más personas desempleadas y con precariedad laboral. Necesitamos más igualdad en los sistemas de contratación y subcontratación, suprimir la modificación unilateral de las condiciones de los contratos protagonizada por las empresas y derogar la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los sectoriales. Hay que acabar con la experiencia vivida en 2019 de más de 6 millones de contratos con menos de 7 días de duración, agravados en los perfiles de mujer, jóvenes y menos cualificados. Y sería necesario que estas políticas se hagan realidad no solo con la participación de los sindicatos, sino a través de sistemas directos de diálogo social con los trabajadores.
En el ámbito de la Transición Ecológica, que recibirá importantes recursos de los Fondos Europeos de Reconstrucción, y de acuerdo con el Comité Europeo de las Regiones (CDR) que insiste en la necesidad de acelerar la modernización de edificios públicos y privados para avanzar en la neutralidad climática en el 2050, con el añadido de las consecuencias de la crisis sanitaria que ha amplificado la necesidad de mejorar nuestros edificios para erradicar la pobreza energética que afecta en la UE a unos 40 millones de personas: los edificios representan el 40 % del consumo energético, y el 36 % de las emisiones de gases de efecto invernadero. El CDR concluye que el 75 % de los edificios europeos se consideran ineficientes desde el punto de vista energético, y se necesitan políticas claras y contundentes de reconstrucción en todos los países de la UE, para así frenar la crisis climática.
Desde esta perspectiva, el Gobierno debe impulsar una estrategia integral en todas las comunidades autónomas para la rehabilitación energética de viviendas en todos los aspectos, con las necesarias prioridades de hogares con bajos ingresos, y hacer que la ola de renovación sea un pilar crucial del Pacto Verde Europeo contra el cambio climático. Sin olvidar en esta dirección que en los próximos diez años vencen los contratos de más de 30 centrales hidroeléctricas con una potencia superior a los 700 megavatios, lo que capacitaría al gobierno en una actuación más directa y pública, en las políticas de Transición Ecológica.
La profunda crisis sanitaria y sistémica ha puesto en más evidencia las desigualdades de las personas y los territorios en todos los órdenes de la vida. Sin menoscabo de derechos y libertades de cada comunidad autónoma, diputaciones y ayuntamientos, disponemos de una única Constitución que marca un único camino de igualdad en derechos básicos de las personas y en las entidades y servicios públicos. Tomemos como referentes los sistemas públicos: sanitarios, educativos, vivienda, servicios públicos a dependientes, derechos laborales y fiscalidad, y comprobaremos que la realidad de España es de desigualdad y precariedad extrema en las diferentes comunidades territoriales, en el mercado laboral y en los sectores de población más necesitados y con menos recursos.
Con los referentes de Reconstrucción y Gobierno progresista de que España dispone, son posibles y necesarias políticas que primen valores y medidas de igualdad que:
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Refuercen
y fortalezcan las estructuras de instituciones
públicas y la gestión de servicios que se privatizan sin descanso, como se evidencia
en la Sanidad y Educación, manipulando el dinero que se destina a ellos en
favor de la privada.
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Legislen
nuevas leyes y normativas que definan a las instituciones autonómicas como los
entes responsables de que los derechos básicos constitucionales de las personas se hagan efectivos, mejorar y ampliar las estructuras y servicios
públicos en tiempo real o que, en su defecto, asuman la responsabilidad
jurídica.
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Que
la fiscalidad directa e indirecta
sea única y progresiva en todo el
territorio español para las personas y
cualquier tipo de actividad empresarial, financiera, económica y movimientos de
capitales.
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Diversificar
territorialmente las estructuras de
los servicios públicos, gestión y administración de instituciones del Estado y
Comunidades Autónomas, para que aporten
mejores condiciones de trabajo y actividad más igualitaria en el conjunto de
ámbitos municipales con especial necesidad, o creando Mancomunidades de
Municipios entre los más de 5.000 municipios de menos de 1.000 habitantes que
existen en España y son de los más necesitados en trabajos y servicios
públicos.
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Fomentar
desde las Administraciones Públicas la actividad
empresarial directa y participada con el sector privado, y así poder conseguir el doble
objetivo de: sostenibilidad económica y redistribución territorial del mundo
laboral.
Una clave de especial importancia para el futuro de progreso que España necesita será la de conseguir que las políticas y medidas de la Reconstrucción a que la singular crisis nos emplaza, sea entendida y asumida por las mayorías sociales en los próximos procesos electorales y así conseguir que la coalición de gobierno progresista sea sostenible y lo suficientemente duradera en el tiempo, en su consolidación y arraigo de objetivos.
