Juan
Manuel Valencia Rodríguez
19 de octubre de 2021
La crispación política no cesa ni va a terminar, porque en España tenemos una derecha cerril y cavernícola, asociada a una extrema derecha fascista, que no saber actuar de otro modo en “la cosa pública”. Es lo que tiene la Historia, que deja huella: en nuestro caso, la conformación de un gran capital tan retrógrado que casi siempre defendió sus intereses con el palo, con la fuerza, porque no sabía ni quería hacerlo en libertad, por no abrir camino a los anhelos de las clases trabajadoras.
Este es, pues, un dato seguro con el que el gobierno ha de contar. Que no espere de esta derecha asilvestrada y montaraz el más mínimo sentido de Estado, de país, de esa España con la que se le llena la boca. Su líder Pablo Casado es capaz de decir las mayores mentiras y burradas aunque atenten directamente contra los intereses y la imagen internacional de España, que según él “camina hacia el abismo y la bancarrota”, una falsedad mayúscula. Con pandemia y sin pandemia, al Gobierno progresista, ni agua: ni políticas sociales para combatir la pandemia, ni subida del SMI de tan solo 15 euros al mes, ni Ley de la Vivienda para proteger a los más débiles, ni medidas para controlar la voracidad de lucro de las eléctricas, ni renovar las instituciones judiciales, etc.
El peligro que representa ese frente ultraconservador que acosa al Gobierno, desde que se constituyó, no puede ser soslayado. Tampoco su capacidad electoral, como se vio en Madrid y auguran algunos encuestadores interesados.
Debemos tomar nota de ello, y proceder en consecuencia, todos los interesados: el Gobierno de coalición, los aliados políticos que lo apoyaron y la mayoría social para la cual debe trabajar este gobierno.
El gobierno de coalición ha de responder a sus promesas y al programa de gobierno que suscribieron las dos formaciones que lo integran, PSOE y Unidas Podemos. Como dijo la vicepresidenta Yolanda Díaz, debemos demostrar con quién estamos. Ella misma ha escrito, con toda razón: “la gestión pública es eficaz sólo cuando es socialmente justa”. En ese sentido, determinadas actuaciones del Ejecutivo han ido en contra de los intereses que ha de defender: como permitir la absorción de Bankia por la Caixa (en detrimento de los intereses de los consumidores y sin que antes se haya devuelto la enorme suma que recibió Bankia para evitar su quiebra); o que Unidas Podemos haya sumado su firma a las recomendaciones del Pacto de Toledo, que ponen en peligro no ya el sistema público de pensiones, sino el modelo mismo de Seguridad Social; o que no se hayan atajado ya a las insaciables eléctricas; o que no se haya despejado la posibilidad de que la lucha contra el cambio climático sea un terreno más en el que las grandes empresas –algunas de ellas muy contaminadoras- se nutran de los fondos públicos europeos para sanear sus cuentas de resultados.
El PSOE ha de advertir lo que le ha pasado a la socialdemocracia europea en varios países: ceder ante las presiones de los poderosos y defraudar las esperanzas de la mayoría social, en especial los sectores más desfavorecidos, los conduce a la nada política. Se quiera lo que se quiera, la solidez del Gobierno va a radicar sobre todo en que sea consecuente y decidido en su política social.
Cuando ha transcurrido casi la mitad de la legislatura, los ministros de Unidas Podemos han de ser exigentes y no ceder en las cuestiones esenciales fijadas en el programa de coalición, tanto en política social como en el reforzamiento de la democracia y en la lucha por preservar el medio natural, venciendo para ello las reticencias de los ministros socialistas más conservadores (Escrivá, Calviño, Marlaska):
§
Elevar
el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en la cuantía y a los plazos acordados.
§
Garantizar
y mejorar el modelo de Seguridad Social y de Sistema Público de Pensiones,
amenazado por las apetencias de la Banca y los planes del ministro Escrivá. El
problema no son las pensiones, sino el paro, los bajos salarios, la precariedad
laboral, el fraude laboral y fiscal.
§
Derogar
de inmediato la contrarreforma laboral de Zapatero y de Rajoy.
§
Poner
en marcha una reforma que asegure la Justicia Fiscal.
§
Poner
coto a los apetitos desmedidos de beneficios de las grandes empresas del
sector: hay que intervenir de inmediato para bajar significativamente el precio
de la electricidad, en defensa de la mayoría de la población y de las pequeñas
y medianas empresas.
§
Actuar
con decisión para transformar el modelo energético imperante, hacia una
alternativa responsable y respetuosa con la Naturaleza, con los territorios despoblados,
con la población.
§ Derogar la llamada Ley Mordaza.
§ Renovar conforme a la ley y democratizar la Justicia y las altas instituciones del Estado (CGPJ, Tribunal Constitucional, etc.)
Los aliados políticos del gobierno de coalición, en especial ERC y PNV, sin abandonar sus aspiraciones, no deben poner en peligro al actual gobierno con pretensiones particulares que pueden obstaculizar la satisfacción de las necesidades sociales y democráticas más perentorias para la mayoría de las personas.
El sector más consciente en política de la mayoría social no tiene hoy día mejor opción política real que sostener a este Gobierno de coalición. Por un lado, con un apoyo sin fisuras ante una derecha y ultraderecha soberbias y envalentonadas tras su éxito electoral en Madrid. Por otro, con una presión social permanente sobre el Gobierno para que responda a sus obligaciones: la de emprender una política social decidida, favorable a la mayoría social, frente a los intereses egoístas de las grandes corporaciones; y profundizar en nuestra democracia, eliminando los instrumentos legales e institucionales que la deterioran.
A mi modo de ver, tanto abandonar al Gobierno frente a sus enemigos como dejar de exigirle mediante la movilización social que responda a sus compromisos son una inclinación al suicidio.
