Antonio Aguilera Nieves. Fundación Savia.
10 de junio de 2022
El sistema alimentario
global parece estar en jaque. La guerra en Ucrania ha traído a primera página
los graves problemas estructurales de producción y distribución de alimentos.
Algunos de ellos han visto disminuir su oferta, bien porque no pueden
producirse, bien porque no se pueden hacer llegar a los puntos de consumo. Esta
situación es una evidencia de la fragilidad de un sistema que debería funcionar
con carácter de esencialidad pero que hemos globalizado, lo que genera una
interdependencia de zonas geográficas muy distantes para acciones que deben ser
cotidianas, sencillas, esenciales.
La inseguridad que generan
los conflictos internacionales tiene como efecto inmediato el acaparamiento de
recursos, y eso, acto seguido, por las leyes básicas de la oferta y la demanda lleva
a un aumento de los precios que acaba extendiéndose al resto de la cesta de la
compra y con ello a una escalada de la inflación. En eso ya estamos en
Andalucía, aunque las bombas no hayan llegado aquí.
La inflación tiene un efecto claramente nocivo en las clases trabajadoras que ven cómo sus condiciones de vida se empobrecen, esto es, suben los precios de los productos esenciales mientras se tiene el mismo sueldo con lo cual, se pueden comprar menos cosas. Un sueldo que, debido al estrechamiento de los márgenes comerciales y beneficios de las empresas, no va a subir a corto plazo.
La cadena de consecuencias
malignas puede continuar. Puede agravarse. La historia nos muestra el proceso
repetido una y mil veces y que podría resumirse en un contundente flash: cuando
suben los alimentos, caen los gobiernos. Cuando suben los alimentos, se
disparan las revoluciones, caemos en una gran inestabilidad global. En directo
podemos seguirlo ahora en Sri Lanka.
Sin embargo, los gobiernos
en épocas de bonanza suelen prestarle poca atención al sistema alimentario. Tan
poca que una cuestión tan esencial acaba dejándose de facto en manos de
compañías privadas. En el sistema alimentario andaluz, estatal y global es un
pequeño puñado de corporaciones el que toma las grandes decisiones. Basten unos
pequeños datos: casi el 80 % de la alimentación está basada en cinco productos
esenciales: trigo, maíz, soja, patata y arroz. Pues bien, las semillas, la
maquinaria y sistemas de producción, la distribución de ellos está en manos,
casi en exclusiva, de tres grandes compañías (Bayer, Syngenta, Dupont).
Cuando se traspasa el poder
del modelo alimentario al sector privado se produce una consecuencia crucial:
los alimentos dejan de tener la vocación de cubrir necesidades básicas para la
vida y se convierten en otro producto mercantil, esto es, disminuye el peso del
criterio de abastecimiento de la población y gana peso la idea de que lo
importante es que se compre y se venda para generar economía y PIB. Lo
importante es que se compre y se venda, que se transporten, que generen
movimiento económico, no es tan importante que se consuman. Desde luego aquí
tenemos una posible y clara explicación de por qué acaba en los vertederos más
del 30 % de los alimentos producidos o por qué algunos fomentan ese mito de que
hay que seguir aumentando producción para alimentar a la gente, escondiendo que
ya, hoy, producimos alimentos suficientes para abastecer la población que habrá
en el 2050.
La crisis social y económica
derivada del COVID19 deja en evidencia las falacias del sistema. En un informe
elaborado por Intermon Oxfam, se pone de manifiesto que durante la pandemia 573
nuevas personas se convirtieron en multimillonarias, muchas de ellas con
negocios en la alimentación o la energía, y a la vez, 263 millones de personas
más se están viendo abocadas a la pobreza extrema (casi un millón más por cada 33
horas que pasan).
Fortalecer la gobernanza
alimentaria tiene que ser un objetivo básico en todo programa de gobierno.
Recordemos que esta idea fue una de las impulsoras de la Política Agraria Común
cuando se puso en marcha en la década de los cincuenta del siglo pasado.
Andalucía es una tierra privilegiada, orgullosa de su sector primario. La
fertilidad del suelo, su clima, el buen hacer de sus pescadores, agricultores,
ganaderos así lo demuestra. No sólo para abastecernos sino también para hacer
llegar productos excelentes a los mercados más exigentes del mundo. El VAB del sector
primario andaluz supone el 36,9 % del total del Estado español.
En este escenario, Andalucía
parece formar parte de una huida hacia adelante en el sector primario. Dos
motores nos llevan rápido hacia el abismo, la productividad y la
intensificación. Unos patrones de trabajo que están llevando, entre otros
males, a exprimir Doñana, a reventar el sector tradicional olivarero, a esquilmar
las tierras del Altiplano Granadino y Los Vélez, o arrinconar a la ganadería
extensiva.
Algunos insensatos siguen
reclamando un aumento del número de hectáreas de regadío. Es un hecho
constatado: no hay agua. Flaquísimo favor que le estamos haciendo a nuestra
gente, a nuestra tierra. A la de ahora, a la que vendrá. Los cambios de uso de
suelo, la esquilma de los acuíferos, la especulación sobre el uso y el precio
del suelo, el uso intensivo de fertilizantes, herbicidas, fungicidas sólo
responde al patrón del cortoplacismo, uno de peores tumores que sufrimos todos.
Cualquier gobierno
resultante de las próximas elecciones andaluzas tiene en el sector
agroalimentario, la gestión del territorio, el despoblamiento rural y la crisis
climática, quizás sus mayores retos para la próxima legislatura. Porque la subida
media de las temperaturas, la sequía, la tensión en el mercado global de
alimentos, va a ponernos en el frontispicio nuestra dependencia del medio
rural, del sistema de producción de alimentos que es en gran medida de lo que
depende nuestra calidad de vida, sobre todo en el espacio urbano y la costa, en
los que, no olvidemos, no se generan los recursos imprescindibles para su
subsistencia.
Irán cobrando cada día más
relevancia y trascendencia otras formas de estructurar la cadena de valor alimentaria.
Es cuando trataremos de refugiarnos en modelos y sistemas que están llamados a
ser nuestro patrón de conducta en el futuro, ojalá que próximo. Tendremos que
reforzar el sistema de producción ecológico (demandado ya por la Unión Europea
a través del Pacto Verde y las Estrategias de Biodiversidad y de la Granja a la
Mesa). Se potenciarán los canales cortos de comercialización, buscando la
cercanía entre producción y consumo, aumentando en peso los criterios de
productos de temporada, autóctonos, ecológicos. Se evidenciará la necesidad de
defender las explotaciones agrarias familiares, precisamente las especializadas
en el abastecimiento de las personas.
En la Fundación Savia venimos
elaborando propuestas en este sentido: defender la dehesa y la ganadería
extensiva, el modelo de producción ecológico, los canales cortos de
comercialización. Solicitamos una planificación del territorio para evitar la
competencia entre sector alimentario y energético. Denunciamos el carácter
abusivo de la ganadería industrial. Proponemos a los ayuntamientos que se
incorporen a los preceptos del Pacto de Milán. Fomentamos la conciencia y el
conocimiento sobre el consumo responsable. Animamos a las administraciones
públicas a desplegar medidas que favorezcan el mercado interno de productos
ecológicos. Hemos solicitado reiteradamente que el Parlamento de Andalucía
reconozca la emergencia climática, estamos demandando que se desarrolle el
concepto de parque agrario y rural…
El próximo gobierno andaluz tiene
en estos asuntos su clave de bóveda para los próximos años. No podemos seguir
creciendo en volumen, es absurdo, necio, insensato, ignorante. El progreso se
encuentra en la optimización de los recursos y la mejora del valor añadido. En
el desarrollo de los mercados cercanos. En la continuidad de los trabajos y
actividades agrarias a lo largo del año. La diversificación, la transformación.
El futuro está en lograr una conceptualización integrada del concepto de
economía circular y sostenibilidad. Porque es ahí donde estos conceptos
despliegan sus bondades.
Que todos tengamos acceso a
una alimentación sana, equilibrada, a precios accesibles, que sea producida,
transformada y distribuida atendiendo a criterios económicos, pero también
sociales y ambientales, es un reto colectivo de máximo nivel. Alimentarnos es
un derecho, no puede ser un lujo para las personas en situación de
vulnerabilidad. El sistema alimentario tiene la obligación de ser resiliente
con el territorio y su gente, nos va el futuro en ello.
Este cambio de paradigma acabará produciéndose en la cadena de valor alimentaria. Será, o no seremos. Esa no es la cuestión, la clave, como en las mejores melodías, es el ritmo, esto es, el grado de convencimiento que tenga el próximo gobierno andaluz de hacerlo, de ello depende la intensidad y rapidez de las medidas. Para que, lo lamentaríamos todos, no lleguemos demasiado tarde.
