La universidad tiene que rendir cuentas a la sociedad y no solo ante sí misma. Tiene que convencer a la sociedad que sus egresados están alineados con lo que la sociedad necesita.
Miguel Toro
31 de octubre
de 2023
Este artículo fue publicado
originalmente el 24 de octubre de 2023 en elDiario.es/Andalucía
La Ley
Orgánica Universitaria (LOSU) es la que rige la gobernanza de las
universidades españolas. Es una ley del actual gobierno progresista de España a
propuesta del Ministerio de Universidades que dirige Joan
Subirats. Las universidades españolas han cambiado mucho desde los años 80 en que
se publicó La ley de Reforma Universitaria (LRU) impulsada por
el ministro de Educación socialista José María Maravall y el PSOE de Felipe
González en 1983. Estuvo vigente entre 1983 y el 13 de enero de 2002, en
que entró en vigor la LOU. Recientemente se ha publicado la LOSU.
Las
universidades españolas han mejorado muchísimo en calidad desde los años 80. En
particular la investigación ha crecido de forma indiscutible: hoy somos el 11º
país del mundo en número de publicaciones en revistas indexadas. Sin embargo sigue
sin conseguirse la transferencia al sector productivo (siempre alrededor de la
30ª posición en los rankings de innovación). Según ha señalado el Ministerio de Ciencia e Innovación la
transferencia de conocimiento se trata de un asunto prioritario porque, aunque
España ocupa la posición número 11 en producción científica a nivel mundial, se
sitúa en el puesto número 29 en los rankings de innovación. Por tanto, hay un
desequilibrio entre la producción científica y el sistema innovador de este
país.
La docencia universitaria sigue sin ser una actividad prioritaria. Y sigue sin serlo porque no impacta decisivamente en el currículo del profesorado universitario. La actividad docente se valora atendiendo casi exclusivamente al volumen de clases impartidas, considerando que el tiempo en el aula contribuye automáticamente a aumentar la calidad de la docencia. Prácticamente no se tiene en cuenta la coordinación entre asignaturas, la innovación docente o la actualización de temarios y adecuación de estos a la realidad social que nos rodea.
En estos
momentos necesitamos repensar el sistema de acreditación, y nada mejor para
ello que alinearlo con las propuestas de CoARA, la
Coalición para el Avance en la Evaluación de la Investigación, que propone dar
paso a sistemas cualitativos de evaluación que reconozcan los logros
científicos y docentes conseguidos, utilizando los indicadores cuantitativos de
forma auxiliar, no central, y reconociendo una amplia diversidad de
contribuciones académicas y perfiles. En definitiva, un sistema que reconozca
el esfuerzo por profundizar en la ciencia y mejorar la docencia, por encima de
la acumulación de ciertos ítems. En La necesaria
reforma de la acreditación del profesorado universitario se
hace un análisis detallado de la situación actual.
El objetivo
que se perseguía, la calidad docente e investigadora de profesores y
profesoras, ha sido sustituido por un coleccionismo de méritos en el ánimo de
muchos aspirantes.
Por otra
parte España es el país del mundo donde menor compromiso, participación y
responsabilidad tiene la sociedad en la gobernanza, transparencia y
rendición de cuentas de su universidad, a pesar de que, obviamente, la financia
muy mayoritariamente con sus impuestos. Esto sigue siendo así desde la LRU y
continuó con la LOU.
Sin sociedad
comprometida en su gobernanza y rendición de cuentas, la introspección
universitaria ha generado excesivo corporativismo y endogamia, lo que se
ha traducido en excesivas distancias entre academia y sociedad. El aislamiento
de la universidad y el desinterés de nuestra sociedad con ella ha pasado una
importante factura en términos de excelencia universitaria, cooperación universidad-empresa
y, consecuentemente, bienestar social.
Estaba claro
que hacía falta una nueva ley de universidades en España. Publicada la LOSU nos
debemos preguntar: ¿es esta la ley que necesitan las universidades españolas en
este momento, o es una oportunidad perdida para acercar la universidad a las
necesidades de la sociedad?
La LOSU se
presenta como una ley inacabada que va a requerir un despliegue normativo largo
y laborioso, de modo que la transición entre la situación actual y la prevista
como horizonte tendrá que extenderse a lo largo de varios cursos. La ley aborda
muy tímidamente algunas de las problemáticas descritas arriba, como la
necesaria reforma del sistema de acreditación. Las concreciones de la nueva ley
pueden ser diversas en cada comunidad autónoma, con los problemas que ello
puede generar. Pero lo más preocupante, desde mi punto de vista, es que no
aborda el problema central de las universidades españolas: la gobernanza
universitaria. Más bien fija, como la LRU y la LOU, que la comunidad
universitaria siga eligiendo el Rector y su equipo de gobierno. No da a los
Consejos Sociales ningún papel nuevo en el control de las universidades y de su
gobernanza. Esto solo puede provocar más corporativismo y endogamia de la que
ya hay, que es mucha.
La ley abre
el camino definitivamente a las universidades privadas. Esto no parece un
camino adecuado en términos de igualdad de oportunidades para los españoles.
Pero este tema lo abordaremos en otro momento.
Frente a lo
propuesto por la ley creo que hay que cambiar la gobernanza universitaria dando
un mayor papel a la sociedad. Los universitarios, profesorado, alumnos y
personal de administración y servicios, exclusivamente no deberíamos elegir al
rector y su equipo de gobierno sin la participación mayoritaria de la sociedad
que nos financia con sus impuestos. La universidad tiene que producir buenos
profesionales, buena ciencia, buena ingeniería en beneficio de la sociedad y no
simplemente, en el mejor de los casos, alimentar los currículos de sus investigadores.
España es el único país del mundo donde la gobernanza universitaria queda en
manos solamente de los universitarios.
En este
punto, sobre todo en la comunidad universitaria, siempre se plantea la misma
pregunta: ¿y eso cómo se hace? La comunidad universitaria tiene miedo de que el
partido político gobernante le imponga el qué hacer. Y efectivamente ha habido
muchos ejemplos perversos en comunidades autónomas donde el poder político ha
tenido una implicación indeseable en la universidad. Frente a eso, claramente,
la universidad debe ser autónoma: tiene que ser libre para pensar en soluciones
y alternativas a los problemas científicos, tecnológicos y sociales. A un
profesor no se le pueden imponer ideologías y doctrinas. Claro que no. La
universidad es el recurso que tiene la sociedad para producir nuevas ideas y
soluciones a los problemas que se van presentando y para conseguirlo tiene que
ser autónoma desde este punto de vista.
Pero la
universidad no puede ser autónoma en el uso de los medios económicos que le
proporciona la sociedad. La universidad no puede poner las prioridades en la
creación de nuevos títulos y nuevas universidades. En la investigación, además
de la investigación básica no orientada, debe haber programas de investigación
con prioridades fijadas por la sociedad. La universidad tiene que rendir
cuentas a la sociedad y no solo ante sí misma. Tiene que convencer a la
sociedad que sus egresados están alineados con lo que la sociedad necesita.
Tiene que convencer a la sociedad que su investigación es útil para la sociedad
y no solamente, en el mejor de los casos, para incrementar los currículos de
los profesores.
Y de nuevo
vuelve la misma pregunta: ¿y eso cómo se hace? Creo que la respuesta más fácil
es mirar la gobernanza de las grandes universidades públicas y privadas de Estados
Unidos y copiarla. O si se quiere, mirar la gobernanza de las grandes
universidades europeas y copiarla. Eligiendo cualquiera de esos modelos
mejoraría mucho la universidad española.
En España
creo que la solución pasa por cambiar el papel de los Consejos Sociales y darle
las competencias para fijar los objetivos globales de la universidad, elegir al
Rector y su equipo de gobierno y pedirle cuentas sobre los resultados obtenidos
por la universidad, sus centros y departamentos. En definitiva convertir al
Consejo Social en el elemento que fija los objetivos y pide cuentas a la
universidad en representación de la sociedad. Una vez elegido al Rector se le
deben dar competencias para la gestión de la universidad; entre ellas, nombrar
directores de centros y departamentos.
Aquí
llegamos de nuevo a la pregunta: ¿y qué composición debe tener el Consejo
Social? De nuevo creo que lo mejor es seguir las experiencias de las
universidades extranjeras. En el Consejo Social, que debe ser un órgano no muy
numeroso, entre 20 o 30 miembros, deben estar representados los profesores
universitarios, los alumnos, pero también los egresados, el gobierno autonómico
y municipal y personas relevantes de la sociedad y de la universidad, tanto
desde el punto de vista económico como social.
Las
universidades públicas necesitan financiación, más que la disponen actualmente
si queremos compararnos con las universidades europeas, pero también necesitan
rendir cuentas a la sociedad. En este segundo aspecto la nueva LOSU ha dado un
paso en sentido contrario. La nueva LOSU es una oportunidad perdida para
acercar a universidad a la sociedad. Habrá que seguir pidiendo una nueva ley.
