LOS PRESUPUESTOS PARA ANDALUCÍA: SUS PRIORIDADES Y LAS NUESTRAS

Carmen Yuste Aguilar

5 de diciembre de 2023

A punto de terminar el año, se debaten en el Parlamento de Andalucía los presupuestos de nuestra comunidad autónoma. Se trata de la ley sobre la que se sostienen todas las demás políticas, pues decidir cuáles serán los gastos e ingresos públicos define toda la actuación de gobierno y condiciona la vida de quienes nos vemos afectados por ella.

En el proyecto de presupuestos presentado por el gobierno para el próximo año, se siguen reduciendo los ingresos provenientes de impuestos sobre el capital y sobre transmisiones patrimoniales, por lo que las arcas públicas dejarán de ingresar, solo por estos conceptos, 654.758.425 euros. Este es un dato fundamental, pues las reivindicaciones de la comunidad educativa chocan reiteradamente con el muro de la limitación presupuestaria argüido por el gobierno. Si no hay dinero, es porque se está llevando a cabo una política de reducción de impuestos a quienes más tienen, lo que supone que no se cuenta con la financiación suficiente para ofrecer una Educación Pública, con toda la calidad que debería.

ENSEÑANZA PÚBLICA Y LAICA. (II) Hay que cambiar el rumbo

- Los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, que amparan la inclusión de la enseñanza religiosa confesional en los centros públicos, deberían ser suprimidos

- Solo la red pública garantiza la función social y emancipadora de la educación

- La enseñanza laica favorece la formación de niños y jóvenes en la libertad de conciencia

Juan M. Valencia Rodríguez (Doctor en Historia, profesor en Institutos de Enseñanza Secundaria, jubilado)

21 de febrero de 2020

NOTA.- Este artículo es continuación del publicado el pasado martes 18 de febrero, “ENSEÑANZA PÚBLICA Y LAICA (I). La anomalía de la enseñanza concertada

La enseñanza de la religión en los centros públicos

La Iglesia y sus diferentes congregaciones acogen a siete de cada diez estudiantes (70 %) de la red concertada, casi un millón y medio de alumnos en toda España.

La Constitución no ampara el sostenimiento público de la enseñanza privada confesional. Donde sí se habla de ello es en los acuerdos con el Vaticano firmados en 1979 por el entonces Gobierno de la UCD. En su artículo I se establece que “la acción educativa respetará el derecho fundamental de los padres sobre la educación moral y religiosa de sus hijos en el ámbito escolar. En todo caso, la educación que se imparta en los centros docentes públicos será respetuosa con los valores de la ética cristiana”. A tal fin, los planes educativos en los niveles de Primaria y Secundaria “incluirán la enseñanza de la religión católica en todos los Centros de Educación, en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales”. En el artículo III de los acuerdos se estipula que la enseñanza religiosa será impartida por personas propuestas por los Obispados.

Es decir, además de la anomalía que supone dedicar fondos públicos a sostener centros privados (enseñanza concertada), el sentido de lo público se rompe también a través de la inclusión en el currículo oficial vigente de la enseñanza religiosa confesional, impartida por profesores no seleccionados como el resto en un proceso público y transparente, sino designados directamente por la autoridad religiosa. Además, las clases de Religión se establecen como alternativa a las asignaturas de “Valores sociales y cívicos” o “Valores Éticos”, de manera que se les veda a los alumnos asignados a la asignatura de religión la posibilidad de formarse en los valores cívicos, universales y laicos que se abordan en esas materias. 

Contenidos educativos del pacto de gobierno PSOE-Unidas Podemos

ENSEÑANZA PÚBLICA Y LAICA. (I) La anomalía de la enseñanza concertada.

- La Educación es un derecho básico de todas las personas y es obligación del Estado satisfacerlo.

- La enseñanza concertada (privada pero sostenida con fondos públicos) y su dimensión es una anomalía de nuestra democracia que no debería perpetuarse.

- Los centros públicos son los verdaderos garantes de la “libertad de enseñanza”.

Juan M. Valencia Rodríguez (Doctor en Historia, profesor en Institutos de Enseñanza Secundaria, jubilado)

18 de febrero de 2020

La Educación: un derecho básico, responsabilidad del Estado

La educación constituye uno de los pilares esenciales del Estado del Bienestar. Sin ella es imposible avanzar hacia una sociedad más justa y avanzada. Es un instrumento indispensable para promover la igualdad real y el progreso económico y cultural.

Es obligación del Estado, por tanto, organizar un sistema educativo que garantice a toda la población el acceso a una educación de calidad, y dotarlo de los recursos económicos necesarios para su sostenimiento, ampliación y mejora continuada, en todos los niveles educativos: Infantil, Primaria, Secundaria y Universidad.

Las monarquías de épocas pasadas no asumían dicha obligación, eso solo se produce en la Edad Contemporánea, con los Estados surgidos de las revoluciones liberales y más tarde con los Estados democráticos. Hoy se entiende que forma parte indispensable del Contrato Social entre gobernantes y gobernados que da legitimidad al Estado.

En España el panorama de la “Instrucción Pública” era desolador hasta que llegó la II República. En el primer bienio de la misma se desplegó una hercúlea tarea de extensión y dignificación de la enseñanza pública y de construcción de centros educativos, en especial de Enseñanza Primaria, en lo que fue el mayor esfuerzo educativo que ha conocido la historia de nuestro país, al punto de forjarse el merecido apelativo de “la República de los Maestros”.