Antonio Raúl Sánchez
Caro
Coordinador
de la Asociación de Memoria Histórica del Partido del Trabajo de Andalucía
(PTA) y de la Joven Guardia Roja de Andalucía (JGRA) y Miembro de la Plataforma
de Memoria Histórica de San Juan de Aznalfarache (Sevilla).
8
de marzo de 2019
- Más de 4.500 personas fueron asesinadas en Sevilla en la brutal represión que siguió al triunfo del golpe de Estado en la ciudad.
- La democracia española debe corregir el olvido de las víctimas y la impunidad de los verdugos.
La
Memoria Histórica es una asignatura pendiente de la sociedad y la democracia
española por todas las injusticias que se cometieron, desde el 18 de julio de
1936 hasta bien entrada la Transición. No se puede mirar para otro lado ante
unas injusticias de esas dimensiones, cometidas contra tantísimas personas.
Al
llegarse a la democracia “por la puerta trasera”, sin ruptura con el régimen
anterior, muchas estructuras y personas del franquismo permanecieron intactas.
Lo más grave de todo es haber cerrado los ojos ante la enorme cantidad de
asesinatos que cometieron los franquistas. Detrás de cada asesinato hay un
asesino, y ninguno de ellos ha pagado por lo que hizo. Todo lo contrario,
siguen recibiendo honores, algunos están enterrados en lugares públicos y
preferentes, y han gozado hasta ahora de total impunidad.
En
cuanto a las víctimas, solo en Sevilla se han contabilizado más de 4.500 en las
ocho fosas conocidas del Cementerio Municipal, algunas de ellas desaparecidas y
otras parcialmente destruidas.
Ha
ido pasando el tiempo y la sociedad no ha corregido el error. Es de justicia
hacerlo, porque en Memoria Histórica está todo prácticamente por hacer, hemos
avanzado muy poco. En los últimos 4 años hemos desplegado en Sevilla muchas
iniciativas, pero hasta ahora el resultado es insignificante si se considera la
magnitud de los hechos. Lo que se consiga en adelante dependerá del esfuerzo y
trabajos que hagamos.
El
Movimiento de la Memoria Histórica ha construido un lema, Verdad, Justicia y Reparación.
Verdad, porque queremos que
se ponga en claro lo que ocurrió, que ha llegado hasta nosotros muy
distorsionado a causa de las mentiras repetidas una y mil veces por el
franquismo.
Justicia, que los asesinos y torturadores del
franquismo paguen por ello, o al menos su memoria, porque la mayoría de ellos
ha muerto tranquilamente en la cama sin que hayan tenido que rendir cuenta de
sus actos. Alguno de esos asesinos y torturadores siguen desarrollando
tranquilamente su vida y para colmo habiendo recibido honores, medallas y
privilegios que siguen disfrutando, incluidas retribuciones extraordinarias.
Ahí están los casos de Emilio Hellín Moro, contratado por la Guardia
Civil y la policía tras ser condenado en 1982 a 43 años por asesinar a la
militante del Partido Socialista de los Trabajadores Yolanda González; o como el célebre y
condecorado torturador de tantos luchadores antifranquistas Antonio González
Pacheco, alias Billy el Niño.
Reparación para las víctimas significa, en primer
lugar, anulación de los juicios sumarísimos y consejos de guerra absolutamente
injustos que se efectuaron en y tras la guerra, y en los procesos del Tribunal
de Orden Público (TOP) franquista. Estos juicios carecieron de toda
legitimidad, y deben por tanto quedar anulados, y los condenados han de ser
reconocidos y reparados en su honor y memoria, tras tanto sufrimiento que quedó
sepultado por la losa del olvido, el desprecio y la represión. Y de otra parte
está la reparación económica. Además de cometer esos asesinatos, los
franquistas comenzaron a robar desde el primer día de su alzamiento. El
Tribunal de Responsabilidades Políticas incautó todos los bienes que tuvo a
mano, una práctica generalizada que llevó a la miseria a muchas familias. Un
caso paradigmático es el de Blas Infante. En 1940, cuatro años después de ser
asesinado, el Tribunal de Responsabilidades Políticas volvió a condenarlo y le
impuso a la familia una multa tremenda. Aquí la única reparación que se ha
hecho ha sido a los partidos políticos y a los sindicatos, a los que se
devolvió solo una parte de las propiedades que en su día les robaron. Pero a ningún
ciudadano particular se le ha devuelto nada.
Los objetivos del
movimiento por la Memoria Histórica son muy pragmáticos. Nuestra prioridad
actual son las fosas comunes del cementerio de Sevilla. Hasta que en 2011 y
2013 se publicaron sendos trabajos del historiador José Díaz Arriaza que marcan
un antes y un después en el conocimiento de estos hechos, ignorábamos su
magnitud. En octubre de 2015 logramos que los grupos municipales de Izquierda
Unida y Participa Sevilla presentaran una moción pidiendo entre otras cosas que
se señalizaran las fosas.
La moción fue
aprobada, y a partir de ahí se realizaron estudios sobre cuatro fosas: la de Pico Reja, fosa que ya se utilizaba
desde antes para pobres e indigentes. Esa fosa se colmató de cadáveres en tan
solo mes y medio, desde el 19 o 20 de julio hasta final de agosto de 1936, y en
ella quedaron sepultadas 936 víctimas de la sublevación franquista, según el
profesor Díaz Arriaza. En esa fosa deberían estar los restos de Blas Infante,
del alcalde y buena parte de la corporación municipal republicana, y de los
integrantes de la columna minera de Riotinto, todos ellos asesinados. Según
parece, esa fosa está tal y como la dejaron en su momento.
Otra fosa es la del Monumento, también conocida como de los
Alpargateros, la que alberga a mayor
número de asesinados, 2.613 según Díaz Arriaza, una de las cuales sería Carmen
Díaz, hermana del Secretario General del Partido Comunista de España, José
Díaz. Según los primeros informes de las arqueólogas que están trabajando en
ella la fosa ha sido reventada en dos ocasiones: la primera, en 1990, durante
el mandato como alcalde del socialista Manuel del Valle Arévalo, destruyó un 4
% de la fosa para construir unos nichos; la segunda destrucción, que afectó al
16 % de la fosa, se cometió entre 2006 y 2008, en tiempos de otro alcalde del
PSOE, Alfredo Sánchez Monteseirín, para construir panteones de lujo, a unos
30.000 euros cada uno. Los restos que sacaron para erigir dichos panteones
fueron alzados con una retroexcavadora y arrojados a un osario vertedero. En
total un 20 % de esta fosa se ha perdido. Habría que exigir responsabilidades a
estos alcaldes por la tropelía cometida.
Otras dos fosas, de
menor entidad para el caso, son la fosa Antigua,
con unos 508 asesinados, y la de la Rotonda
de los Fusilados, con unas 86 personas represaliadas. Estas dos fosas han
desaparecido por completo al ser “limpiadas” en 1960 y perdidos sus restos. En
otras fosas también hoy desaparecidas se enterraron cuatro o cinco guerrilleros
de la Sierra Norte de Sevilla.
Conocidos ya estos
hechos, los objetivos que tenemos son que se diriman las responsabilidades por
las destrucciones perpetradas en las fosas y sobre todo que se inicien las
exhumaciones cuanto antes, para la posterior identificación de los restos, si
es posible. Los trabajos en Pico Reja no han comenzado aún porque el grupo del
PSOE en el Parlamento Andaluz no lo quiso llevar adelante. Por su parte el
Ayuntamiento de Sevilla ha puesto en funcionamiento una Oficina de la Memoria
Histórica que está promoviendo la recogida de muestras de ADN de familiares de
asesinados, para que si se identifican los restos puedan serles entregados. Con
los restos no identificados de los asesinados podría hacerse
un columbario que sirviese de reconocimiento a todas estas personas.
Las víctimas asesinadas
en Sevilla de las que estamos hablando no fallecieron como consecuencia de la
guerra civil, sino como resultado de la brutal represión que siguió al triunfo
del golpe de Estado franquista en la ciudad. De las más de 4.500 contabilizadas
por Díaz Arriaza hay identificadas con sus nombres unas 2.600 personas.
Muchos familiares de
los asesinados participan en la recuperación de la Memoria Histórica. En
Sevilla el movimiento memorialista está bastante organizado, y lucharemos para
que el nuevo Gobierno andaluz de derechas no paralice las actuaciones
iniciadas.
Otro centro de
atención de nuestra actividad es el callejero de Sevilla. En junio de 2018 se
presentó en el Ayuntamiento una moción apoyada por IU y Participa Sevilla para
que desaparezcan 19 nombres de calles, barriadas y centros docentes a las que
les afecta la Ley de Memoria Histórica, como la calle Cardenal Ilundain,
cómplice del golpe de Estado, o la Barriada San Gonzalo, así llamada por el
criminal Queipo de Llano, responsable máximo de la brutal represión franquista
en la ciudad. La moción no salió adelante por la abstención del PSOE y el voto
en contra de PP y Ciudadanos. Recurriremos al Defensor del Pueblo Andaluz,
porque se ha incumplido la Ley de Memoria.
