Miguel Toro
29 de
marzo de 2019
Como ya hemos comentado en
artículos previos (primero, segundo) hay que hacer una apuesta
decidida por lo público, su valor, su respeto y su
cuidado. Esto requiere recolectar los impuestos adecuados para mantenerlo cada
vez con mejor calidad, en beneficio de la mayoría de los ciudadanos. Pero
también conseguir servicios públicos eficientes a juicio de la mayoría de la
sociedad y justificar sus costes. No es suficiente que las administraciones
públicas hagan las cosas bien desde un punto de vista normativo, sino que un
buen gobierno en el sector público debe buscar aumentar la transparencia y la
rendición de cuentas en la gestión, fomentar la cultura de ética pública,
gestionar los impactos sociales, ambientales y económicos que se producen por
la actuación de la Administración, y avanzar en la profundización democrática
mejorando la participación de los usuarios y la población en general.
Participación de los
ciudadanos en la gestión de los servicios públicos
Es muy importante diseñar
mecanismos de gestión, de toma de decisiones en los servicios públicos
independientes del partido político que esté en el gobierno. Hace falta un
rumbo de los servicios públicos con un horizonte mayor que una legislatura.
Para que eso sea posible es necesario que las decisiones de inversión a medio
plazo, de gestión del personal, de promoción, se tomen por comisiones que
integren a los profesionales del sector correspondiente, a los ciudadanos junto
a la representación directa de los partidos políticos. La participación de
ciudadanos elegidos directamente para la gestión del servicio público, junto
con los profesionales respectivos, en la toma de decisiones es clave en los
servicios públicos.
Los mejores profesionales,
tal como acrediten las evaluaciones llevadas a cabo al respecto, son los que deben
estar en las comisiones que estamos proponiendo para dirigir los servicios
públicos. La representación de los profesionales no es la representación
sindical. Esta se encarga de defender los intereses del personal adscrito a los
servicios públicos, pero no de establecer su dirección, no de establecer los
mecanismos de evaluación de los servidores públicos.
El sistema de prestación de
servicios públicos, combinando eficiencia de gestión y servicio público, deberá
depender institucionalmente de un instrumento de poder y gestión mixto:
gobiernos, sectores profesionales (implicados en cada campo de actividad) y representación
social de elección directa. La unión de estos tres mundos es imprescindible
para dotarlos de contenido social, profesional y dotar de más democracia a todo
el sistema.
La propuesta anterior hay
que concretarla en cada servicio público y cada ámbito geográfico: municipal,
autonómico y estatal. También hay que incluir muchos aspectos del sistema
público bajo la perspectiva de servicio público y actuar en consecuencia. Un
par de ejemplos en esta línea es el de la Justicia como servicio público y el
sector energético. El primero está regido por el Consejo General del Poder
Judicial. Desde la perspectiva anterior una parte de este debe ser elegida por
los ciudadanos directamente. Posiblemente entre profesionales del sector.
Actualmente la norma que regula su composición y funcionamiento depende de los
poderes políticos de los partidos mayoritarios y por ello se convierte en un
órgano dependiente de los mismos.
El sector energético no está
considerado como servicio público. Las grandes decisiones, la política de
precios las acaban imponiendo las grandes empresas del sector.
En educación hay que crear
instrumentos para la toma de decisiones a nivel municipal, autonómico y
estatal. Instrumentos que tengan delegadas la mayor parte de las competencias
que actualmente residente en el ejecutivo. Competencias para establecer las
estrategias, para fijar las prioridades, para diseñar los mecanismos de
evaluación de los funcionarios públicos, etc. Instrumentos formados por una
representación de los partidos políticos, de los profesionales más competentes
y ciudadanos elegidos directamente para ese cometido.
Algo similar debe hacerse en
el caso de la sanidad, la dependencia, etc. Estas ideas son importantes en la
gestión de las universidades, de los hospitales, de la enseñanza primaria y
secundaria, del poder judicial, del sector energético, la política de viviendas,
la gestión de la dependencia, la gestión de la renta de inserción, etc.
Somos conscientes de que
estas propuestas requieren importantes cambios legales, incluidos cambios en la
Constitución. Pero son cambios necesarios para avanzar en la profundización de
la democracia.
Priorización de las compras
públicas
Las compras públicas
constituyen un factor decisivo para el desarrollo de un país. Sus efectos son
varios: por un lado, impulsan la actividad económica a través de la demanda
agregada y, por otra parte, contribuyen a mejorar la eficiencia del proceso
económico a través de nuevas infraestructuras y servicios. Éstas están sujetas
a un doble equilibrio: por un lado, el de la eficiencia, que potencia la
economía y el empleo, y por otro, el del reequilibrio, que busca impulsar el
crecimiento en las zonas de menor renta relativa. La transparencia completa de
las compras de material, y de la contratación en general, es completamente
necesaria.
El sector público es un gran
cliente de las empresas, en algunos sectores el principal cliente. En el
mercado alimentario, por ejemplo, se estima que la administración pública
destina entre 2.000 y 3.000 millones de euros al año a compras de alimentos, el
13% del PIB. Si esas compras las realizase con criterios de proximidad, de
sostenibilidad, sería la mejor noticia posible para el sector agroalimentario
local.
El sector público como
cliente tiene una enorme responsabilidad. Decide a quién le hace los encargos
y, por tanto, dónde se va a generar la riqueza y el empleo. Esta circunstancia
ya ha sido estudiada y constatada por la propia Unión Europea. El Parlamento
Europeo ya publicó una directiva, que impulsa la compra pública responsable. Se
pueden priorizar los aspectos sociales y medioambientales en las licitaciones,
e ir más allá del precio.
Es urgente que la
administración pública incorpore estos criterios de creación de empleo a los
pliegos de contratación, priorizando a aquellas empresas que generen puestos de
trabajo dignos y estables en el territorio, que adquieran los productos y
servicios intermedios en empresas locales, que tengan un claro compromiso
social. Pliegos adjudicados a empresas ajenas al territorio acaban siendo
ejecutados, mediante subcontratas, por organizaciones locales sobre las que recae
la verdadera responsabilidad del proyecto y sin embargo no tienen ningún
reconocimiento posterior.
Hay que reconocer las buenas
prácticas empresariales. Empresas que generan empleo local, contratan
colectivos desfavorecidos, tienen programas de integración social y laboral,
desarrollan programas de crecimiento a sus empleados, que se implican en
proyectos con su comunidad. Empresas que instauran la equidad en su cultura y
minimizan el impacto medioambiental de sus actividades
Minimización de la
burocracia
El incremento de la densidad
regulatoria por parte de la Unión Europea, de las CCAA y de los entes locales,
junto con la del Estado, ha contribuido al sobredimensionamiento de la
burocracia en España. En muchos casos con la aparición de normas que se solapan
y en algunos casos se contradicen.
La simplificación
administrativa es un componente clave para el mejor funcionamiento de los
servicios públicos. Hay muchas razones que justifican la importancia de abordar
la simplificación administrativa:
- Eliminar unos costes que actualmente soportan los ciudadanos y que no aportan beneficios.
- Eliminar desplazamientos reiterativos
- Eliminar documentos y requisitos innecesarios, lo que facilita la iniciación electrónica de los procedimientos. Dicho de otra forma, la administración electrónica será posible si la hacemos simple.
- Dar satisfacción al derecho ciudadano de no aportar documentación que ya obra en poder de las administraciones públicas.
Algunas vías son:
- Eliminar la solicitud de requisitos y documentos no incluidos explícitamente en los procedimientos administrativos
- Posponer la presentación de documentación a la finalización de los procedimientos administrativos
- Reducción de la documentación requerida o sustitución por declaraciones responsables.
Lo
primero que se necesita para simplificar es un impulso político. Lo cual exige
una implicación política directa y al máximo nivel en los procesos de
simplificación.
