Ocho
mil mujeres, como mínimo, que se han visto interpeladas, acosadas, insultadas,
intimidadas, coaccionadas, limitadas en su derecho a la salud…
José Antonio Bosch
Abogado
8
de octubre de 2019
Recientemente
un gran número de medios de comunicación se hizo eco de las presiones y
coacciones que sufren las mujeres que acuden a algunas clínicas de interrupción
de embarazo en España. En las proximidades de las clínicas, en las puertas, se
sitúan personas que, amparadas en las libertades propias de un Estado de
derecho, se dedican a vulnerar los derechos de los demás; personas que se
empeñan en imponer su moral tratando de impedir a las mujeres que acuden a estos
centros ejercer sus derechos.
Los
medios facilitaban unos datos conservadores sobre el número de mujeres
afectadas señalando que, desde la entrada en vigor de la Ley de salud sexual y
reproductiva y de interrupción voluntaria de embarazo a mediados del año 2010
hasta principios del presente año, más de ocho mil mujeres se habrían visto
afectadas por las acciones de los grupos anti-elección. Sólo durante el
presente año se ha organizado una procesión (con autoridad eclesiástica
incluida presidiendo la misma) una cuaresma en las puertas de una clínica, se
ha instalado durante semanas una ambulancia en las puertas de otra clínica, se
han convocado “cuarenta días de oración” en las puertas de dos clínicas y ello
al margen de las pintadas con insultos o con vivas a “Cristo Rey” en las
paredes de las clínicas, la utilización del mobiliario urbano cercano con fines
propagandísticos o los daños a las fachadas de los centros sanitarios.
Lo
más increíble de esta historia no es que haya fundamentalistas, fanáticos religiosos
que traten de imponer sus normas morales a toda la sociedad. Esta es una subespecie
cada día más extendida que podemos encontrar en diversas partes del mundo. Lo
auténticamente increíble es que, en un Estado social, democrático y de derecho,
autoridad alguna haga nada. Y decimos que es lo más increíble porque no piensen
que las acciones en las puertas de las clínicas, las vulneraciones de los
derechos de las mujeres y del personal que trabaja en las clínicas son
actuaciones sorpresa de unos “comandos” que aparecen cuando nadie los espera;
nada más lejos de la realidad, sus acciones se anuncian con antelación, con convocatorias
indicando lugar, fecha y hora en las que se producirán y, oh sorpresa, a
ninguna autoridad le importa lo más mínimo.
Ocho
mil mujeres, como mínimo, afectadas por diferentes ilícitos parece que no es un
número suficiente de víctimas como para que autoridad alguna se ocupe de dar
solución a un problema al que en nuestro entorno geográfico ya se le ha puesto
remedio. En Francia se tipificaron como delictivas aquellas conductas que
obstaculizan, impiden, restringen, limitan o entorpecen el acceso de la mujer a
la interrupción voluntaria del embarazo; en Austria, Alemania o Reino Unido se
han establecido “perímetros de seguridad” en el entorno de las clínicas para
que nadie pueda abordar a las mujeres que acuden a ellas; pero en España,
nuestros regidores prefieren hablar del “conflicto de derechos” entre la
libertad de expresión y de manifestación de los/as fundamentalistas y el derecho
a la intimidad, a la integridad física y moral de la mujer y su derecho a la
salud. Esta es la permanente excusa para justificar su absoluta y lamentable inactividad.
Ocho
mil mujeres, como mínimo, que se han visto interpeladas, acosadas, insultadas, intimidadas,
coaccionadas, limitadas en su derecho a la salud… y las que continuarán
sufriendo este tipo de ilícitos anunciados y publicitados con la suficiente
antelación como para que pudiesen ser evitados, no son suficientes para que los
responsables de garantizar una prestación sanitaria reconocida por la ley
faciliten el acceso a la misma en condiciones de calidad y seguridad.
Ocho
mil mujeres, como mínimo, que han visto vulnerado su derecho a la integridad
moral y su derecho a la intimidad reconocido por nuestra Carta Magna y por la
normativa sanitaria; que se han visto increpadas por hacer uso de su derecho a
decidir libremente; que se han visto perjudicadas por intentar hacer uso de su
libertad y por acceder a una prestación sanitaria reconocida por la ley, no
parece que sea un número suficiente de perjudicadas como para que los
responsables del orden público, los responsables de garantizarnos el libre
ejercicio de nuestros derechos, se ocupen de poner freno a un problema cuya
solución no les requiere ni siquiera imaginación, simplemente copiar lo que ya
hicieron nuestros vecinos.
La
inactividad de los poderes públicos ante esta cuestión no es neutral, sino que
es una toma de partido por la sinrazón, por el fundamentalismo, por posiciones
teocráticas… Una inactividad a la que cada día me cuesta más encontrar una
razón o justificación diferente a aquella de que creo que en el fondo (y en la
superficie), cuando nuestros regidores se encuentran con ocho mil mujeres
perjudicadas tienen claro que, al fin y al cabo, solo son mujeres.
