Enrique Cobo
21
de enero de 2020
Son
muchas las declaraciones y los intentos de hacer valer derechos de todas las
personas frente a los poderes públicos, muchos los Tratados Internacionales,
muchas las Constituciones de muchísimos estados, también la nuestra, y, cómo expresión
de mas consenso, la Declaración de los Derechos del Hombre de la ONU.
Los
pactos internacionales de derechos humanos obligan a los estados que los han
firmado a hacerlos valer. Todos van en la misma dirección que se señala en la
Declaración Universal en su “Artículo 1.- Todos los seres humanos nacen libres
e iguales en dignidad y derechos…” Son derechos anteriores a las decisiones de
los gobiernos, es decir son derechos que obligan a los gobiernos y que están
por encima de ellos e incluso de las constituciones de cada país aunque es
verdad que faltan las fuerzas que pudieran exigir su cumplimiento, es verdad
que no hay una instancia internacional en la que poder exigirlos. Más que de
“derechos” habría que llamarles, por ejemplo, “aspiraciones”, “objetivos”, “intenciones”,
“deseos” “sueños”. “Declaración Universal de las aspiraciones a alcanzar por
las personas”, podría llamarse con más propiedad, para no confundir lo que es
un derecho exigible con lo que no lo es.
En
cualquier caso y navegando en la misma dirección de este movimiento
internacional pienso que hay derechos
especialmente básicos cuyo disfrute esta negado a mucha gente y cuya carencia
amarga sus vidas cuya activación podemos y debemos exigir aquí y ahora y para
siempre tanto en el ámbito de España como en el de la Unión Europea, por lo
menos.
La
inmensa mayoría de las personas somos partidarias de que a nadie le falte vivienda, acceso al conocimiento, al alimento,
a disfrutar una vida saludable, a vivir en libertad y libres de sufrir
violencia.
Los
Gobiernos de España y de Europa, deben partir de que sus propuestas tienen que
contener necesariamente e inexcusablemente como objetivo universal y para ahora
mismo la satisfacción de estas necesidades para todas y para cada una de las
personas que viven en la Unión Europea. Hacerlo, convertirlo en el mayor
consenso posible en las instituciones es obligación de este gobierno y de esta
oposición pero en todo caso, con mayor o menor consenso, es exigible a este
gobierno progresista y al de la UE: a) proponer de forma clara y precisa cómo lo
harán realidad y b) no se hará depender su disfrute de que cambien las
circunstancias. Queremos conseguir que no se posponga su realización por
ninguna causa, dado que tanto el Estado
Español como la Unión Europea quieran, deben y pueden hacerlo. Los ciudadanos
estamos aquí para apoyar su consecución y para exigírselo, tanto al Gobierno de
España como al de la UE.
Para
alcanzar otros objetivos ha de cubrirse este mínimo, que todas las personas
podamos vivir dignamente, que cualquier ciudadano, todos los ciudadanos de
España y de la UE se pueda sentir bien como individuos y como comunidad porque
ninguna de ellas carece de lo imprescindible. Esto sería lo mínimo inexcusable
para que cualquier gobierno pudiera ser considerado decente.
A
cómo conseguirlo deben estar dedicadas prioritariamente las políticas fiscales
y de gasto antes de considerar otros aspectos de la vida en común: Cómo hacer
realidad los ingresos necesarios y cómo hacer llegar los recursos a todas las
personas han de ser propuestas que no deben faltar en la acción de nuestro
recién nacido gobierno. La organización administrativa, las políticas
territoriales, las internacionales, las científicas, de defensa, educativas… han
de ser, también y además, políticas instrumentales, subsidiarias de esta política
esencial y prioritaria del disfrute real de estos derechos básicos por cada
persona.
Si
alguna organización pone alguna condición a la satisfacción de estas
necesidades para alguna persona, como que haya nacido acá a allá, o que trabaje
o que haya cotizado o no, o que no haya delinquido o que tenga esta u otra
opción en sus relaciones personales o quiere dejar para cuando “la economía
funcione”, dejar para “mañana” la satisfacción de estas, para cuando el PIB
evolucione más o menos positivamente, para cuando pase esto o lo otro; cuando
alguien posponga por cualquier razón la satisfacción de estas necesidades
deberíamos combatirle porque un país decente y en el que valga la pena vivir
tiene que ser capaz como mínimo de no hacer sufrir a nadie,
cualquier país decente ha de ser capaz
de producir lo necesario para ello y si no lo es será un país fallido, una comunidad
atormentada y violenta y España no lo es y la UE tampoco. Ambas comunidades han
realizado las mejores conquistas en la convivencia de sus pueblos.
La
opción del cómo hacer realidad el objetivo de dar satisfacción universal de las
necesidades básicas y comunes para vivir, puede ser con una u otra organización
de los servicios públicos con formas diferentes de tratar las rentas de capital
y las del trabajo adelantando o posponiendo la realización de determinadas
infraestructuras, relativizando cuanto se destina a la Iglesia. Decidiendo si se
cobra o no una cantidad por determinadas operaciones financieras, facilitándolo
mediante una renta básica incondicionada o proponer otro cualquier medio o
técnica pero dirigiendo las decisiones que se tomen a hacer efectivo de estos
derechos mínimos.
Las
acciones del Gobierno de España y de la UE intentarán ser globales y armónicas
según el parecer de los que hayan de tomar las decisiones pero todas y cada una
han de partir de conseguir producir los ingresos y realizar los cargos
necesarios para hacer reales los derechos proclamados como tales en nuestra
Constitución en los Tratados de la UE y en numerosos acuerdos internacionales
suscritos por España. El disfrute de esos “derechos” proclamados pero no
exigibles ante la Administración de Justicia, ha de hacerse real de forma
preferente a cualquier otra política instrumental o de fondo, han de poder
reclamarse ante la Justicia, han de ser exigibles ante la Administración como
lo es ya el derecho a la propiedad privada, al mismo nivel y con la misma
intensidad con la que se defiende esta.
Deberíamos
exigir al Gobierno de España y al de la UE recientemente constituidos, los que
tantas esperanzas nos provocan, que nos describan con la mayor precisión
posible cuándo y cómo van a desarrollar el disfrute pleno de esos derechos a
todas las personas que vivimos aquí.
Queremos
que todos disfrutemos de otros muchos derechos muy importantes pero debemos
priorizar, es nuestra obligación. No renunciamos a ninguna de nuestras aspiraciones
de libertad y de justicia pero priorizamos este objetivo: el disfrute de estos
derechos por todas y cada una de las personas que vivimos en esta tierra.
Debería
ser el mínimo común compartido por todas las fuerzas políticas. ¡Ese sí que
sería el más importante consenso estratégico! A partir de ese mínimo que cada fuerza
proponga otras prioridades y unas u otras formas de conseguirlas pero al igual
que partimos de un mínimo común en nuestra constitución, deberíamos dar un paso
y compartir que estos derechos que señalo y que están en ella proclamados –pero que no son exigibles
aquí y ahora, pasen a ser exigibles por cualquier ciudadano en cualquier
momento.
