No
hay casualidad en política. No lo ha sido, la bancarrota de Servicios Públicos y
el desprecio al mundo del trabajo que nos hemos encontrado; mucho menos aún toda
la política española a partir de su entrada en la Unión Europea (UE), antes
Comunidad ECONÓMICA Europea (CEE) y tampoco lo es la agresiva lucha mediática
iniciada por las derechas, en esta crisis del COVID-19.
Antonio Sánchez Rodríguez
3 de abril de 2020
Atendiendo
lo más inmediato he de decir que en el momento más crítico de esta pandemia las
derechas optan por el ataque mencionado, es más que probable que sea al comprobar que la izquierda en el
gobierno está sacando adelante la terrible crisis del coronavirus -pese a posibles errores inebitables que surgen en las situaciones extraordinarias-, sobre todo al estar teniendo
en consideración a toda la población. Frente a estas medidas, se ven hoy con
más claridad los métodos que el PP utilizó para resolver sin éxito la crisis en
el 2011: rescatando a poderosos y recortando derechos y la economía de la clase
media y de los más necesitados. Digo sin éxito porque han dejado una enorme
deuda pública, un pendiente de cobro a los bancos de casi 50.000 milonesl de euros,
todos los recortes de salarios, servicios públicos ya comentados y el mayor
índice de desigualdad de los últimos tiempos.
El
PP y las otras derechas lo hacen creyendo que les será rentable políticamente, y
la aplican ocurra lo que ocurra en ese momento en el país: ya sea un bloqueo de
los presupuestos generales o que la gente esté muriendo a centenares cada día. Es
destacable esta deslealtad al pueblo español porque no ocurre igual en ninguno
de los países afectados. Del mismo modo que lo es resaltar la templanza que está
mostrando este gobierno de coalición, centrado en su responsabilidad, aguantando
los ataques respondiendo que no es momento de entrar en debates que no sirvan
para lo prioritario: frenar la pandemia y respetar el orden de: primero salud y
segundo economía.
No
todo vale en política y esperemos que el pueblo no permanezca ciego, ni
acrítico, que contraste las noticias y que valore los hechos y no los dichos.
Retomando
el hilo con el artículo anterior publicado (31/03/2020), veamos el por qué tampoco ha sido
un cúmulo de casualidades el camino hermanado de España con la Unión Europea
para llegar a donde estamos, sino un convenio interesado y dirigido por el
poder económico neoliberal transformado en leyes..
La conexión de España
y Europa (CEE después UE)
España
deseaba el ingreso en la Comunidad Económica Europea, ya desde la dictadura franquista
que inició en 1959 una “Liberación Económica” y solicitó su ingreso por primera
vez el 9 de febrero de 1962 que le fue denegado el 6 de marzo. Continuó con
nuevas solicitudes, pero no fue hasta el 1986, ya realizada la transición, cuando
entra a formar parte de ella.
A
sabiendas de cómo evolucionaba el capital y la reacción neoliberal en occidente
en la mitad de los 80, podemos decir que no nos tocó la mejor época. El 9 de noviembre
del 1989 cayó el muro de Berlín. Eran tiempos en los que la socialdemocracia había
tocado techo en sus objetivos históricos de su política reformista y aparecía
agotada su meta “Sociedad del Bienestar”. En España copian el modelo de
adaptación a los nuevos tiempos y van cambiando de criterios reinventando una
nueva dirección a la contra de sus principios: descubren el capitalismo,
abandonan el marxismo y se hacen pro-mercado, y encaran sin tapujos las
externalizaciones y privatizaciones, en imagen y semejanza de los neoliberales
europeos. En esas fechas, no tiene pudor para definirse como liberales.
No
hay que olvidar algunos líderes de estas nuevas vías: el expresidente Felipe
González (1982-1996) con sus privatizaciones, creación de las ETT y dos Huelgas
generales; Tony Blair (1997-2007) con su 3ª Vía
o Gerhard Schröder (1998 y 2005)
con su Agenda 2010. Todos cada vez más cercanos en ideología con los
conservadores y simplemente atendiendo sus directrices sin la más mínima
oposición que se conozca.
Este
cambio de ruta deja un estrecho margen entre la socialdemocracia y la del liberalismo,
en la que los aspectos económicos son demasiados parecidos y sólo en los sociales
permanecen algunas diferencias, pero los avances sociales se nutren de
programas específicos que se van a desarrollar por SSPP que evidentemente
requieren ser económicamente dotados, por tanto si la fiscalidad y los
impuestos se acortan los programas se reducirán o desaparecerán de los
Presupuestos del estado. De ahí que se diga “dame un presupuesto y te diré la
ideología”.
A
continuación se muestra la secuencia concertada para transformar España en un estado
servidor y fiel cumplidor de los programas de los estados más ricos y potentes
de esa Europa neoliberal que se estaba creando.
Proceso histórico de
las leyes en Europa y España que han influenciado en la privatización de los
SSPP (No otras)
Insisto
en que lo que ocurre en un momento determinado en política, no es nunca un acto
fortuito, casual ni improvisado, la dinámica histórica es la que va
determinando dichos momentos, de manera que llegar hasta la situación actual ha
requerido concebir un objetivo y llevarlo a cabo pese a la resistencia del
mundo del trabajo.
Por
ello, aunque de manera sintética, es recomendable ver las implantaciones de
unas leyes tanto europeas como propias que han materializado el flujo histórico
neoliberal contribuyendo plenamente a que la situación actual sea la que es, en lo relativo a las privatización,
enflaquecimiento del estado y recortes de los SSPP en nuestro país.
Resulta
sorprendente comprobar como para que las leyes que facilitan la privatización
no sean entorpecidas por otras más de carácter funcional y propias se cambian
al mismo tiempo, para que el aparato funcione como un juego de engranajes bien
lubricado, por ejemplo, la Ley de contratos o la del EBEP, modificación de las
estructuras de las Administraciones Públicas, etc. Por otra parte se comprobará
que si el período Aznar fue muy productivo comprobamos que el año 2007 de
Zapatero no se quedó atrás ajustando y abriendo los caminos. Finalmente y
aprovechando la crisis, remata Rajoy.
·
Tratado del funcionamiento de la Unión Europea (antes
Tratado de la Comunidad Europea y en su versión original Tratado de Roma de
1957 (arts. 85 a 94) con la introducción de la doctrina norteamericana de la libre
competencia.
·
En consecuencia en el 1963 se
dictaría en España la primera ley sobre defensa de la competencia, una materia antes desconocida. A partir de aquí la cruzada por la libre
competencia no es ya compatible con un modelo de servicios públicos económicos,
en que el monopolio concesional era la regla.
·
En
1977 se presentó la demanda de adhesión de España a la Comunidad Económica
Europea. (Entra en el 1986)
·
La
Constitución de 1978 en su art. 128
ha de repartirse en dos apartados para recoger las influencias europeas, por lo
que refleja en su apartado 2. la aceptación de la participación de las empresas
privadas.
·
En el año 1983 el Gobierno del PSOE comienza la escalada de privatizaciones
en nuestro país. Las más reseñables fueron SEAT (1983), ENASA-Pegaso (1990),
ACESA-Concesionaria de autopistas (1987), en el campo de las energéticas se
privatizó un 26% del capital de REPSOL (1989), también lo fueron parcialmente
ENDESA (1988) y GESA (1986), y ENCE en el sector de pasta de madera y papel.
Además de las anteriores, la
privatización parcial de TELEFÓNICA fue pionera en Europa, pues fue de las
primeras empresas de telefonía en salir a los mercados, mucho antes que por
ejemplo British Telecom.
·
Tratado de Maastricht de 1992: el artículo 104 del
Tratado de Maastricht consagró la
prohibición de que los Bancos centrales financiaran a los gobiernos. Una
condición completamente absurda desde el punto de vista económico y financiero,
que solo beneficia a la Banca privada. También estableció otra medida
igualmente carente de fundamento científico: la independencia de los Bancos
centrales que, en realidad, simplemente ha sido el procedimiento que permite
que actúen con total libertad al servicio de la Banca privada. Este tratado es
el responsable original de que los Estados europeos estén maniatados a la hora
de hacer política económica. Maastricht fue, por eso, la primera y más clara
alerta de que los constructores y beneficiarios de la Europa neoliberal que
allí se ponía en marcha no necesitaban democracia, sino todo lo contrario y
que, por tanto, con el Tratado comenzaba su desmantelamiento real.
·
En los años 93 y 94, con los socialistas todavía en el
poder, el Estado perdió definitivamente la mayoría de acciones de las grandes
empresas: REPSOL, ARGENTARIA, ENDESA y TABACALERA. Para entonces TELEFÓNICA ya
estaba privatizada en un 65%. En total, hasta 1996 se completaron dieciséis
Ofertas Públicas de Venta de acciones (OPVs), que produjeron unos ingresos de
más de 10.200 millones de euros (1,7 billones de pesetas). Mientras el Estado hacía caja y algunos un
gran negocio, los EREs se multiplicaban y miles de trabajadores eran enviados
al paro.
·
Sobre aquella primera piedra de 1957 se construye, con
el actual art. 86 del Tratado del Ámsterdam de 1997, la política actual que va
directamente a sustituir el servicio público tradicional por el régimen de las public utilities (Un tipo de organización
que
mantiene la infraestructura de un
servicio público y que también hace referencia al conjunto de los servicios prestados por estas organizaciones al ciudadano como los
de: electricidad, gas natural, agua y aguas residuales,
incluso los servicios telefónicos). (Párrafo de José Ramón Parada. Catedrático de derecho
Administrativo de la UNED)
·
El 5 de mayo de 1996 entra en el gobierno José Mª Aznar, a partir de este año se
dictan leyes en clara aplicación de la política marcada por Europa en la línea
de Servicio de Interés Económico General con o sin carácter comercial,
iniciando el proceso de desvirtuación del régimen de SSPP económicos con las
siguientes leyes (en paralelo al Tratado de Amsterdam y después de él):
·
Tratado
de Amsterdam de 1997. Con Maastricht y el presente tratado por el Pacto de
Estabilidad y Crecimiento se cumple el objetivo central de la Comisión Europea
de institucionalizar la competitividad, como regla básica del funcionamiento
del Mercado para la expansión de la economía y el beneficio privado.
·
Ley
6/1997, de 14 abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado (LOFAGE). En su Capítulo III trata de las Entidades Públicas
Empresariales.
·
Ley
15/1997 de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del
Sistema Nacional de Salud.
·
Ley
54/1997 de 27 de noviembre sobre el sector Eléctrico
·
Ley
11/1998 de 24 de abril. Ley general de las telecomunicaciones
·
Ley
24/1998 de 13 de julio. Ley del Servicio Postal Universal y de Liberalización
de los Servicios Postales.
·
Ley
34/1998 de 7 de octubre. Ley de Hidrocarburos.
·
Tratado de Niza de 2001 (Reparto del poder de los
estados europeos)
·
El 17 de abril de 2004 recupera el PSOE (Zapatero) el gobierno sin mayoría
absoluta y sigue potenciando la estructura de las AAPP con la Ley 28/2006 de 18
julio sobre Agencias estatales para la mejora de los servicios públicos.
·
ACUERDO de 7 de junio de 2005, de Consejo de Gobierno,
por el que se aprueba el Plan de Innovación y Modernización de Andalucía
(2005-2010). Atendiendo las recomendaciones del tratado de LISBOA que desea
convertir la UE “La economía del conocimiento más Competitiva y dinámica del
mundo” y no olvidando que la palabra “Modernización” era un subterfugio.
·
Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público (EBEP) (se prepara y adapta la Función Pública para lo que se
nos viene encima.)
·
Andalucía, siempre socialista, sigue inmediatamente el
modelo de la anterior ley para reordenar sus cerca de 360 Agencias de todo
tipo, con la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de
Andalucía, con una respuesta a la contra importante al Decreto Ley 5/2010 hijo
de esta Ley que condujo a la reformar de la misma con la 1/2011.
·
Ley 30/2007 de 30 de octubre sobre contratos públicos
(Todo tiene que encajar y la Ley de
contratos debió adaptarse, encomiendas de gestión, etc.).
·
Tratado de Lisboa del 1 de diciembre de 2009 que
refunde el tratado de la Unión Europea (que a su vez recoge los tratados de
Maastricht, Amsterdam y de Niza) y el tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea (antes Tratado de la Comunidad Europea o de roma)
·
Ley 1/2011 de 17 de febrero, de reordenación del
sector público de Andalucía que reforma la 9/2007.
·
Ley
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local.
Dicho
lo anterior dejo sin entrar en más detalles los ‘Mantras’ que se han utilizado
ante la población para justificar las externalizaciones, las privatizaciones de
los SSPP con la creación de la conocida como “Administración paralela”, y que
seguro les suenan:
1.- El Outsourcing, o
Subcontratación o externalización. Realmente lo que permite
es la temporalidad y reduce las plantillas fijas.
2.- La rentabilidad
de los SSPP. Ningún Servicio Público debe ser enfocado como
un negocio, la rentabilidad exigida a los SSPP es únicamente la rentabilidad social.
3.- Las AAPP van a
funcionar como una empresa privada. Nunca los objetivos de un estado son los de
una empresa y por tanto su funcionamiento es totalmente dirigido a los
ciudadanos no al negocio.
4.- El que consume
paga: Es
el mantra más insolidario. Los servicios públicos no demandan un precio por el
servicio recibido, sino que se nutren de los impuestos recibidos por el estado.
Finalmente
dejo los resultados de este estudio encargado por la propia UE, pero no muy
extendidos por ser demoledores para las políticas llevadas a cabo por la misma
UE. En los procesos de privatización estudiados en el informe PIQUE:
1. Se
transforman monopolios públicos en privados, disminuyendo el número de
operadores. Este hecho va directamente en contra de la razón principal
esgrimida para abrir los Servicios Públicos al libre mercado; que es favorecer
la libre competencia para mejorar la calidad y abaratar los precios para los
usuarios a través de la multiplicación de los proveedores
2.
Se
demuestra una anti-correlación entre privatización y el nivel y calidad del
empleo. Esto ocurre también en las empresas públicas antes de su privatización
para hacerlas más atractivas de cara a su posicionamiento en el mercado. Al
mismo tiempo empeoran las condiciones laborales, de forma directa así como por
la sustitución de puestos de trabajo fijos con temporales, y por la utilización
masiva de la subcontratación.
3.
Se
reduce el poder de negociación de los sindicatos; lo que a su vez contribuye,
aún más, al deterioro de las condiciones laborales.
4.
No
se garantiza el acceso universal, ya que aumentan los precios y se restringe el
derecho de acceso a los sectores más rentables
5.
Empeora
la calidad de los servicios (“Servicios de alta calidad necesitan trabajo de
alta calidad”, se dice en el informe final de Estudio PIQUE)
6.
El
Estado no ahorra costes, ya que:
a)
tiene
que pagar más para las medidas de regulación de empleo (por los menos ¡en los
Estados que tienen una red de protección social contra el desempleo!);
b)
paga
más para la modernización de las infraestructuras que sirven para que las
empresas a privatizar sean más atractivas;
c)
en
caso de quiebra tiene que recuperar el servicio a su coste
7.
Crece
la influencia del sector privado sobre las administraciones locales
8.
Disminuye
el nivel de productividad y de I+D después de la privatización
9.
Los
usuarios no están satisfechos, y exigen una mayor intervención del Estado
10.
Los
servicios gestionados por las administraciones locales pasan a ser controlados
por empresas transnacionales, que no conocen las necesidades de las comunidades
a las que en teoría sirven
