Miguel
Toro
15
de septiembre de 2020
En
el pasado mes de junio pensábamos con ilusión que ya había pasado todo.
La curva de infectados por el virus bajó. Entrabamos en la nueva normalidad.
Pero aquí estamos en septiembre. Continúan el aumento de los casos de coronavirus
en España. Todavía no hay hospitales colapsados como los hubo en el pico de la
epidemia. Pero la incertidumbre sobre el regreso de los niños a los colegios,
la apertura de las universidades es muy grande. Y también es muy grande la
incertidumbre sobre el futuro de los ERTES,
elemento muy importante para que no se hunda la economía. La esperanza está en
una vacuna que, según parece, no llegará de forma generalizada a la población
hasta finales de 2021.
¿Pero
que hemos aprendido en este tiempo? Una cosa ha estado muy clara: la salud
pública es un bien público de enorme interés social. Sin unos buenos servicios
de salud pública se puede colapsar la vida de las sociedades. Pero hemos
aprendido más cosas: no teníamos un sistema público de salud preparado para una
pandemia. En los momentos críticos se han visto las enormes carencias en los hospitales
y se siguen viendo las carencias en la atención primaria.
Por
otra parte hemos visto como la pandemia ha supuesto un impacto enorme sobre la
actividad económica. El número de parados se ha disparado y el número de
negocios pequeños y medianos que han cerrado o tienen dificultades para
continuar es enorme. El gobierno ha reaccionado adecuadamente apoyando con
fondos públicos los ERTES e impulsando medidas como el Ingreso Mínimo Vital.
Pero
claro todo lo anterior supone muchos recursos económicos. Como ya es sabido las
prestaciones económicas que está poniendo en marcha el Gobierno dispararán el
déficit público. El dinero procedente de Europa, aunque ayudará, solo resolverá
una parte del problema y habrá que devolverlo. Además, si no queremos ignorar
las lecciones aprendidas en el anterior pico de la curva de contagios, si
queremos estar preparados para el futuro, hay que reforzar el sistema público
de salud.
Ahora
bien los servicios públicos, las prestaciones económicas del estado se
sostienen y pagan colectivamente mediante los impuestos. Parece que lo
razonable sería aumentar impuestos a los que pueden pagarlos. Ahora, además, se
están discutiendo los presupuestos del estado. Aquí es donde se tienen que
priorizar los gastos públicos y la procedencia de los ingresos para pagarlos.
Hemos
de tener en cuenta adicionalmente que la riqueza en España creció durante los
años de la burbuja inmobiliaria como en ningún otro país. Sin embargo, que
creciera la fortuna nacional no significa que se alterara su reparto. Según los
cálculos Piketty y colaboradores en 2018, el 10% de los españoles más
ricos acumulaba en 2013 el 57% de la riqueza personal del país, mientras que el
50% más pobre sólo poseía el 7% de la riqueza nacional. Los autores aseguran
que esta distribución no ha cambiado en los últimos 30 años. Uno de los
factores que explican esta persistente desigualdad es la herencia.
Según
Bernie Sanders, “la pandemia enriquece todavía más a los ricos y ha
llegado la hora de que paguen más impuestos”. Esta denuncia parece que al estar
situada en EE. UU. nos cae muy lejos, pero en España se ha publicado que la
fortuna de los 23 españoles más ricos ha crecido un 16% desde el 18 de marzo.
Esto ha ocurrido también en diversos porcentajes con el segmento del 1% más
ricos.
¿Ante
esta situación que posición están teniendo los partidos políticos? Claramente
el PP ha sido y es el principal defensor de la bajada indiscriminada de
impuestos y la consiguiente privatización progresiva de los servicios públicos.
Su punta de lanza, el gobierno de la Comunidad de Madrid es el que más ha
bajado los impuestos haciendo, incluso, dumping fiscal al resto de comunidades.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha denunciado en alguna ocasión
que la Comunidad de Madrid "ejerce dumping fiscal" al bajar los
impuestos que gestiona, y así arrastra a otras autonomías a reducir también su
fiscalidad, aunque luego algunas de ellas piden recursos al Gobierno".
En
el impuesto del patrimonio los millonarios de Madrid se han ahorrado casi 6.000
millones solo en el impuesto de Patrimonio desde 2011. Madrid la región más
rica de España es la única que bonifica al 100% este impuesto. Esta es la
política del PP. Las consecuencias de esta reducción de impuestos y la política
de privatización de servicios públicos de salud se han visto claramente en los
momentos críticos de la pandemia.
La
posición de Ciudadanos en este tema es similar a la del PP. Ciudadanos defiende
que la propuesta de subir impuestos es improcedente. Según ellos habría que
bajarlos. Ya los vimos como responsables de la eliminación práctica del
impuesto de sucesiones en Andalucía con el apoyo del PSOE.
Por
otra parte Pablo Iglesias ha afirmado recientemente que el proyecto de presupuestos
para 2021 incluirá "una revisión de la fiscalidad en un sentido
progresista y redistributivo". Iglesias ha reconocido ser consciente de
que "el momento es particularmente difícil para algunas empresas"
pero cree que eso tiene que ser "compatible con una revisión de la
fiscalidad" fundamentalmente para que el Estado tenga los recursos
necesarios para afrontar desafíos que tiene el país. En todo caso era lo que se
suscribió en el acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos.
¿Y
el PSOE? ¿Qué piensa Pedro Sanchez sobre el particular? ¿Por qué está tan
dubitativo en la decisión de subir impuestos? ¿Por qué la ministra de Hacienda
“enfría” cualquier propuesta sobre impuestos a las grandes fortunas, subida del
IRPF a rentas superiores a 120,000 euros, etc.? ¿Apoyará
el PSOE unos presupuestos sin "una revisión de la fiscalidad en un sentido
progresista y redistributivo" justificándolo en que necesitan a Ciudadanos
para apoyarlos? Veremos. Ya la vicepresidenta Carmen Calvo ha declarado que lo
que hace falta son presupuestos sin insistir en que tipo de presupuestos.
Claramente
aquí, en los presupuestos, en la fiscalidad, se está debatiendo sobre el tipo
de sociedad que queremos, sobre la importancia de los servicios públicos, sobre
el tipo de sociedad más o menos inclusiva que se quiere construir. Soy de los
convencidos que hace falta una revisión progresiva de la fiscalidad, de la
necesidad de recuperación, reformulación y centralización estatal de impuestos
cedidos a las comunidades autónomas como el impuesto del patrimonio y de
sucesiones.
Sigo
convencido que el gobierno actual, con el pacto entre PSOE y Unidas Podemos, es
el mejor gobierno posible en estos momentos de pandemia y recesión. Pero el
PSOE, Pedro Sánchez, está teniendo una postura excesivamente dubitativa en el
tema de los impuestos aunque se comprometió de una forma clara en el pacto de
gobierno. La ocultación al resto del gobierno de la fusión de Bankia y Caixa
Bank, poniendo al frente de la operación únicamente a la ministra Nadia
Calviño, augura un horizonte difícil para la causa progresista aunque, después
de algunos rifirrafes, Sánchez e Iglesias hayan pactado negociar un borrador de
Presupuestos antes de dialogar con Ciudadanos.
La
causa progresista necesita más claridad y determinación por parte del PSOE en
temas tan importantes como este de los impuestos.
