Joaquín Urías, Profesor Titular de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla
19 de diciembre de 2021
Este
trabajo fue dado a conocer originalmente el 11 de noviembre de 2021 en la
primera entrega de “Poder Judicial”, sección del autor en el programa
“Horizonte Republicano” que emite el segundo jueves de cada mes, de las 17 a
las 18 h, el Ateneo Republicano de Andalucía (ARA), en Radiópolis, 92.3 FM, la
radio comunitaria y participativa de Sevilla.
Estamos viviendo una auténtica situación de lawfare, o guerra judicial, que es lo que sucede cuando los jueces utilizan su poder para hacer política y silenciar determinadas opciones.
En España, desde hace unos años, desde la victoria en las últimas elecciones de las fuerzas progresistas, el poder judicial está actuando como un auténtico poder político. Los jueces españoles, la cúpula judicial, está muy inclinada hacia la derecha, y está utilizando su poder para afianzar una derecha que ha perdido en las urnas. Todas las reformas gubernamentales, todos los intentos de acción gubernamental progresistas se encuentran con los jueces del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, que lo bloquean y que haciendo política impiden las políticas de progreso.
El caso más reciente, sin duda, es el del diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez. Alberto Rodríguez fue condenado sin pruebas, por dar una supuesta patada a un policía. Incluso los policías presentes, exceptuando al que lo sufrió, decían que no habían visto nada, que este hombre había sido siempre pacífico. El policía que lo acusaba no fue capaz de aportar ningún parte médico de haber sufrido ningún tipo de agresión y ni siquiera fue capaz de explicar cómo se había dado la agresión.
Sin embargo, pese a esta total falta de corroboración y de pruebas, el Tribunal Supremo lo ha condenado. Y lo ha condenado no solamente por condenarlo, porque es una condena pequeña, son 45 días de suspensión del derecho de sufragio. Lo ha condenado porque sabe que esa condena, interpretada de determinada forma, que ya ellos se han ocupado que lo haga así la presidenta del Congreso, implica echar a ese diputado del Congreso de los Diputados
El mensaje que con eso quieren lanzar los jueces es muy claro: desde el Tribunal Supremo se le está diciendo a Unidas Podemos: cuidado con vuestros diputados; cada vez que yo quiera puedo condenar a uno sin pruebas y obligarlo a que deje la política y echarlo del Congreso de los Diputados.
Es una amenaza terrible que rompe con la separación de poderes. La separación de poderes no es solamente que los jueces no puedan sufrir presiones de otros poderes. También es que el poder judicial no se inmiscuya en el ámbito del poder legislativo. En este caso lo han hecho. Han forzado
Es un antecedente muy grave, que se viene a sumar a muchos otros casos en los que la Justicia no está actuando como el poder moderador sino como el poder democrático. Está sustituyendo al poder democrático real, al que se elige en las urnas, por un poder no elegido que reinterpreta las leyes parlamentarias siempre a su favor.
Es
injusto, porque frente al poder de los jueces los ciudadanos no podemos hacer
nada, no podemos echarlos, si cambiamos las leyes las van a seguir
interpretando como ellos quieran, y nos llevan a una situación muy difícil que
se puede calificar de auténtica crisis del Estado de Derecho.
