Miguel Toro
28 de noviembre de
2025
Este artículo fue publicado originalmente en elDiario.es el
pasado 20 de noviembre
Según
leemos en los periódicos una idea inquietante ha empezado a tomar fuerza en
Francia y Alemania: nos dicen y nos repiten que el estado de bienestar ha
dejado de ser sostenible. Europa presumió durante décadas de haber hallado la
fórmula perfecta para conjugar prosperidad económica con justicia social:
hospitales abiertos a todos, universidades asequibles y jubilaciones dignas
tras una vida de trabajo. Ese pacto entre generaciones, envidiado al otro lado
del Atlántico, se había convertido en la marca de identidad del continente.
En Francia la reciente dimisión del primer ministro Sébastien Lecornu, incapaz de pactar un ajuste presupuestario, resume el dilema: recortar drásticamente o mantener un bienestar cada vez más difícil de costear en un país donde la ciudadanía sigue considerando esos derechos como inalienables. El anterior primer ministro François Bayrou propuso un durísimo plan de ajuste presupuestario para evitar que el país sufra, según sus palabras, una crisis de deuda.
La fragilidad no se limita a Francia.
Alemania, el otro gran sostén histórico de la Unión Europea,
afronta recesión industrial y deterioro de infraestructuras. Friedrich
Merz ha advertido a sus ciudadanos de que "el Estado del
bienestar" de Alemania "ya no es sostenible financieramente". Por
ello ha querido preparar a los alemanes para una oleada de recortes. Los
habitantes se enfrentarían en los próximos meses a unos recortes que
afectarían al gasto social, al acceso a ayudas por desempleo o podrían incluso
reformular la renta básica.
Junto
a esos recortes Alemania ha puesto en marcha un plan de rearme que quiere
convertir el ejército alemán en el más poderoso de la Unión Europea. Alemania
quiere erigirse en el principal vector defensivo del centro y el norte de
Europa, al margen de Estados Unidos.
Un estudio liderado
por el Nobel de Economía Joseph Stiglitz nos informa de que la desigualdad va
aumentando de forma vertiginosa: el 1 % más rico de la sociedad acaparó el 41 %
de la riqueza creada desde el año 2000: el 50 % más pobre solo el 1 %. El
estudio afirma que los países con alta desigualdad tienen siete veces más
probabilidades de experimentar un declive democrático que aquellos más
equitativos y pone el foco en la riqueza heredada y el control de las
tecnológicas.
En España
un macroestudio de Cáritas
afirma que hay una generación atrapada en la precariedad: 2,5 millones de
jóvenes españoles sufren pobreza o exclusión. El estudio resume que,
con las vías de ascenso social cada vez más frágiles, se detecta un “malestar
generacional” que erosiona la confianza en las instituciones. “La juventud
española vive con profundo pesimismo ante su futuro, marcado por la precariedad
laboral, las dificultades de acceso a la vivienda, la dependencia familiar y la
imposibilidad de construir un proyecto vital autónomo”. El ascensor social se avería en España: es uno de los países
ricos con más desigualdad de oportunidades. La OCDE sostiene que, de media, una
cuarta parte de las diferencias socioeconómicas se explica por razones
impuestas o heredadas. En España, la proporción supera el 35 %.
En
esta situación el principal partido de la oposición,
entre otros partidos, pide menos impuestos: en Madrid
siguen bajando los impuestos principalmente de las rentas altas, en Andalucía está
aplicando rebajas de impuestos. En ambas comunidades junto a la rebaja de impuestos
se están llevando a cabo unos importantes recortes en Sanidad, Universidades,
etc. Además se está empezando a introducir una idea peligrosa: Feijóo empieza a
contraponer Democracia contra Prosperidad. El
presidente del Partido Popular español nos está diciendo que en un futuro habrá
que escoger entre democracia y prosperidad. Que para vivir mejor habrá que
rebajar la democracia.
Muchos
jóvenes han crecido escuchando que vivirán peor que sus padres, que el futuro
es más caro y más difícil de lo que esperaban. Muchos argumentan que los
partidos tradicionales no entienden sus problemas, así que algunos han decidido
ser rebeldes, pero esta vez, rebeldes de derecha. Incluso de extrema derecha. El
furor antiimpuestos y
la tolerancia ante el fraude calan entre ellos. Los varones de 18 a 44 años
muestran una visión de Hacienda más negativa que el resto de la sociedad. El
grupo hasta los 24 es el más indulgente ante las trampas fiscales. La
ultraderecha está buscando y ganando el voto de los más jóvenes.
Estamos
inmersos en una batalla cultural: el individualismo frente a la
primacía de una visión colectiva de la sociedad. Una batalla cultural que está
ganando la derecha europea y española. Se está imponiendo la idea del sálvese
quien pueda. Estamos llegando a un individualismo extremo donde lo único
relevante es cada individuo en particular, sin considerar a los demás, a los
que tiene cerca. Piden eliminar impuestos sin tener en cuenta que eso hará
desaparecer el estado de bienestar y votan a opciones que ponen en cuestión la
existencia del estado intervencionista y hasta la misma democracia.
¿Pero
esto es lo que queremos? ¿Esto es por lo que hemos luchado tantos años?
¿Realmente es la única forma de avanzar? ¿Debemos permitir que los ultrarricos
sigan quedándose con la parte más importante del crecimiento económico? ¿El
estado del bienestar es verdaderamente insostenible y sólo una pequeña parte de
la población puede tener derecho a una sanidad de calidad, al acceso a
universidades, a una pensión que les permita vivir, etc.? ¿Es mantenible la
democracia o debemos ceder el poder a dictadores de uno u otro tipo?
El
gran problema no es que estas ideas se estén expandiendo rápidamente, el
problema es que las ideas alternativas no se defienden con suficiente
entusiasmo por las fuerzas progresistas. Entiendo que progresista
político es una persona, partido o corriente política que defiende ideas y
actitudes avanzadas frente al conservadurismo en aspectos sociales, culturales
y económicos, es partidaria del progreso social y político, el desarrollo de
las libertades públicas y una mayor intervención del Estado para corregir
injusticias y desigualdades.
Estamos
convencidos de que democracia, prosperidad e igualdad económica van de la mano.
Se tienen que dar las tres la vez. En Europa, aunque no en España, el período
histórico posterior a la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de los 90 del
siglo pasado ha sido un ejemplo de esa afirmación. Fortalecer la democracia
significa impedir la desigualdad que está aumentando. Fortalecer la democracia
significa que la mayoría disponga de un estado de bienestar que le permita tener
una sanidad de calidad, acceso a la enseñanza y a la universidad, atención a
las necesidades de dependencia cuando son necesarios, etc. Para ello es
necesario que los ultrarricos paguen más impuestos, que el Estado intervenga el
mercado en beneficio de la mayoría y no permita que todos los beneficios se
concentren en unos pocos.
¿Pero
cómo conseguimos eso? Las fuerzas progresistas deben elaborar propuestas más
ambiciosas. Propuestas que incluyan la idea de un reparto más equitativo, no
sólo de los nuevos beneficios anuales que produce el progreso. También el
reparto de las propiedades actuales muy concentradas en pocas manos. Eso se
consigue con impuestos sobre los ingresos y con impuestos sobre el patrimonio. Tanto
en Francia como en Alemania los partidos en el gobierno plantean reducir o
eliminar el estado del bienestar, pero no elevar impuestos a los más ricos, no
plantean que el Estado intervenga para reducir el precio de los alquileres, para
asegurar la calidad de los productos alimenticios, para abaratar el precio de
la energía, etc., pero sí usan al Estado para poner en marcha un plan de rearme
de un tamaño inimaginable hasta ahora.
Estamos
convencidos de que una de las causas de la situación actual -expansión de la
ultraderecha, aumento de la desigualdad, pérdida de confianza de los jóvenes en
su futuro, deterioro del estado del bienestar, deterioro de la democracia, etc.-,
es la falta de ambición de las fuerzas progresistas. Es la falta de propuestas ilusionantes
para la mayoría. La falta de propuestas que imaginen un mundo mejor. Parece
como si las fuerzas progresistas hayan aceptado la situación como irreversible.
Por
suerte algunas ideas van apareciendo: Mario Draghi, exjefe
del BCE, afirma: “El Estado del bienestar no es un lastre en Suecia, que tiene
la mayor ratio de gasto social y a la vez las mejores cifras de competitividad.
El Estado del bienestar no es el problema; el gasto social no es el problema”.
España,
Brasil y Sudáfrica impulsan un plan para aumentar la tributación de los
superricos. Los gobiernos impulsores consideran que
la creciente desigualdad está relacionada con la “baja contribución de las
personas con alto patrimonio, que disfrutan a menudo de tasas impositivas
menores que el resto de los contribuyentes”. La declaración considera que, si
no se toman medidas, “la desigualdad extrema seguirá aumentando, socavando el
crecimiento, la sostenibilidad y la confianza pública en la democracia”.
En
Francia se ha discutido, en una sesión maratoniana de la Asamblea Nacional, la tasa Zucman, que
propone un impuesto del 2 % a los patrimonios superiores a los 100 millones de
euros, incluido el valor de las acciones que poseen los empresarios en sus
propias compañías. Finalmente se ha rechazado, pero ya es un importante
comienzo.
¿Por
qué no circulan estas ideas en los partidos progresistas españoles? La
respuesta, ya excesivamente repetida, es que los ricos se llevarán sus recursos
a otra parte y por eso no vale la pena intentarlo. Pero ya hay maneras de
concretar ese impuesto para que eso no ocurra: Piketty, Simon Thorpe,
dan algunas soluciones.
Claramente
debemos pedir una tasa
Tobin, Impuesto sobre las Transacciones Financieras, pero
bien diseñada, que vaya más allá de la que se usa en España y un sistema fiscal
más progresivo. Ideas en esta línea han sido sugeridas por algunos de los Inspectores de Hacienda del Estado.
Pero
hemos de ser conscientes que vivimos y queremos vivir en una democracia y que
para que la subida de impuestos a los ricos sea posible, para que un reparto más
equitativo de los beneficios del progreso sea posible es necesario que la
mayoría de la población lo vea deseable y vote a partidos políticos que
llevando estas propuestas consigan mayorías parlamentarias. Frente a la
corriente anti impuestos que se está extendiendo junto a la expansión de la
ultraderecha no sólo es necesario que los partidos progresistas propongan subir
los impuestos a los ricos. Es muy importante convencer a la mayoría de la
utilidad de estas propuestas. Los progresistas debemos convencer al ciudadano
de que los impuestos son completamente necesarios para mantener el estado del
bienestar. Debemos estar pendientes de que se usan bien, que se usan de la
manera más eficaz posible. Debemos hacer más transparente el destino final de
los impuestos. Debemos convencer al ciudadano de la necesidad de un Estado que
intervenga el mercado en beneficio de la mayoría.
