Carmen Yuste Aguilar
21 de octubre de 2025
Publicado
originalmente en El Diario de la
Educación del mes de octubre de 2025 [i]
Como cada año,
en la primera quincena de septiembre, la apertura del curso escolar acaparó por
unos días las conversaciones y también absorbió la agenda mediática. Los
titulares de prensa, televisión y radio se llenaron con los manidos reportajes
sobre la vuelta al cole: los nervios de las niñas y niños en los primeros días
de clase; el alivio de las familias por el reinicio de las clases en una
escuela entendida como mecanismo necesario para la explotación laboral; el
coste de la educación para las familias (sobre todo para las que
incomprensiblemente han decidido pagar cuotas y uniformes, en lugar de optar
por la educación pública de calidad y gratuita) y demás tópicos.
Para quienes nos dedicamos a la educación, el arranque de cada curso es más complicado: en unos pocos días hay que reiniciar una compleja maquinaria que supone mucho trabajo de coordinación docente, reparto de grupos, materias y horarios, puesta al día de aulas y mobiliario (sí, también nos toca a veces), una maraña de trabajo burocrático que incluye una parte no pequeña que intuimos prescindible… Y tan puntual a la cita como los reportajes a la puerta de colegios e institutos, las novedades normativas de última hora, improvisadas y chapuceras siempre.
Unas instrucciones
inaplicables
En el inicio de
este curso en Andalucía, el protagonismo lo ha tenido el enorme descontento y
la confusión generadas en torno al horario docente. Desde el primer día de
septiembre, corrieron por los claustros informaciones contradictorias sobre las
implicaciones que podría tener un acuerdo firmado en julio, entre la Consejería
y algunos de los sindicatos de la Mesa Sectorial. El problema es que este
documento no es más que una declaración de intenciones pactada entre el
gobierno andaluz y los sindicatos CSIF, ANPE y UGT, sin ninguna validación y
sin el desarrollo normativo que permitiría su aplicación. Así es que el 5 de
septiembre, deprisa y corriendo, la Consejería emitió unas instrucciones que
más que aclarar, contribuyeron a extender el desconcierto entre equipos
directivos, claustros y familias.
El papel todo
lo resiste, pero el acuerdo y las instrucciones chocaron con la realidad desde
el primer momento. Como han señalado públicamente docentes, equipos directivos
e incluso algunas voces de la inspección educativa, las instrucciones presentan
contradicciones con la normativa vigente y chocan con el principio de autonomía
pedagógica, de organización y de gestión de los centros educativos.
Si vamos al
contenido del acuerdo plasmado en las instrucciones, no se hace ninguna mención
a la Formación Profesional o las enseñanzas de régimen especial; en Secundaria
no se superarán las 18 horas lectivas; sobre “Educación Especial” se hacen
referencias a optimizar la distribución de recursos sin más concreción; en
Educación Infantil y Primaria se reducirá el horario de 25 a 23,5 horas
lectivas.
En Secundaria y
Bachillerato los horarios quedan exactamente igual que ya estaban sin ningún
matiz en absoluto. La realidad de Infantil y Primaria es que para reducir de
verdad el horario lectivo docente se necesitaría, como es lógico, la ampliación
del número de maestras y maestros, pero la medida a aplicar se limita a la
rotación en la vigilancia de los recreos. Ni la administración educativa ni los
sindicatos firmantes han contemplado siquiera las circunstancias de los centros
rurales, los centros de personas adultas o las residencias, donde esta medida
es, sencillamente, inaplicable. Tampoco parecen haber pensado en cómo resolver
circunstancias como días de lluvia, ausencias puntuales de profesorado u otras
que hacen inviable su puesta en práctica.
Pues si no es
en el horario lectivo, pensarían los firmantes del acuerdo, vendamos la
reducción del horario no lectivo, por la vía del trabajo telemático. Y la
cuestión es que el trabajo en remoto ya se venía aplicando en los centros
educativos de Andalucía y del resto del Estado desde la pandemia, con algunas
salvedades que no han mejorado sustancialmente las condiciones de trabajo
docentes y, en cambio, han provocado la protesta de las familias. Este es el
caso de las tutorías, que según las recientes instrucciones serán telemáticas,
salvo petición expresa.
Pero no solo
las familias, también docentes y equipos directivos se preguntan si
determinadas tareas de coordinación docente son igual de eficaces a través de
una pantalla y, en algunos casos, si son siquiera factibles. Pero es que,
además, para que tenga algún sentido realizar estas tareas desde casa, éstas
deben colocarse al principio o al final de la jornada, dejando un margen de una
hora, entre la entrada o salida del centro y el comienzo de la reunión. Esto
supone que la elaboración de horarios debe priorizar estas condiciones, por
encima de los criterios pedagógicos que deberían regir la vida de colegios e
institutos en todos sus aspectos. En algunos casos casar condiciones laborales
y perspectiva didáctica será posible, pero en otros no tanto, creándose así un
agravio comparativo entre profesionales que trabajan en centros con diferentes
condiciones.
En este tema,
los planteamientos del gobierno andaluz no difieren de los planes del gobierno
estatal que hemos conocido en los últimos días, a raíz de las informaciones
sobre las negociaciones del Ministerio con las organizaciones sindicales en
torno al estatuto docente. Por lo que sabemos, las medidas del gobierno estatal
se van a quedar en los mismos parámetros que la andaluza, si no incluso por
detrás.
Un acuerdo con el que
no se puede estar de acuerdo
El acuerdo al
que nos venimos refiriendo carece, en estos momentos, del más mínimo desarrollo
normativo, no solo en la cuestión de los horarios, sino en otros aspectos
incluso más relevantes, como es el de las ratios máximas, que es la
preocupación fundamental de la comunidad educativa. En Educación Infantil, el
documento pactado plantea la reducción paulatina en tres alumnos/as por aula,
de aquí a cuatro años. En Primaria, el objetivo es aún menos ambicioso y se
limita a cupos de refuerzo que además no pueden emplearse en la creación de
unidades escolares. No se plantea reducción alguna de las ratios en las etapas
de Secundaria y Bachillerato y, una vez más, la Formación Profesional y las
enseñanzas de régimen especial son olvidadas.
No se habla en
el acuerdo de atención a la diversidad ni de inclusión educativa, sino de
“Educación Especial”. Más allá de los planteamientos ideológicos que subyacen
en ello, esto supone que quedan excluidas las reivindicaciones de la comunidad
educativa relacionadas con el establecimiento de ratios máximas para las
especialidades de Orientación, AL y PT o con la presencia de profesionales de
Orientación en los CEIP y de PT y AL en todos los centros educativos. Tampoco
da respuesta a las reivindicaciones de quienes trabajan en este ámbito, ni
siquiera en lo tocante a itinerancias y compartición de centros.
También en lo
que se refiere a ratios máximas parece haber una perfecta sincronía entre el
gobierno central y el andaluz, pues las medidas anunciadas por el Presidente
del Gobierno recogidas en la documentación de las negociaciones sobre el
estatuto docente no son muy esperanzadoras: no hay intención de aplicar una
bajada de la ratio generalizada, sino refuerzos puntuales en centros de
especiales características. En Andalucía ya sabemos de qué va esto.
El acuerdo de
julio no se entiende sin la existencia de un decreto que aún se encuentra en
fase de elaboración y que regulará el funcionamiento de los centros educativos
en las llamadas Zonas con Necesidades de Transformación Social (ZTS). Se trata
de un invento de la administración educativa andaluza que trata de desactivar
la reivindicación de la comunidad educativa de un aumento sustancial y
estructural de las plantillas. La feliz idea surgió como respuesta a las
movilizaciones sostenidas a lo largo del curso 2023-24 -que incluyeron una
huelga general docente- y se sustenta sobre dos pilares fundamentales. El
primero es la idea -compartida, al parecer, por el gobierno estatal- de que no
es necesario un aumento generalizado de las plantillas, sino solo un
reforzamiento circunstancial en aquellas zonas con determinadas características
que nadie ha sabido o querido explicar. El segundo pilar que apuntala el
proyecto ZTS es su financiación mediante fondos sociales europeos, lo cual es
una negación del carácter estructural de este refuerzo docente y lo hace
depender de la continuidad de unos fondos que en absoluto está garantizada.
En estos
momentos, el programa ZTS está funcionando en base a una resolución de carácter
anual, a la espera de la definitiva regulación normativa. El decreto que fijará
el funcionamiento de los centros educativos en las ZTS, entre otras cosas, pone
en cuestión las figuras de compensación educativa y difícil desempeño, lo que
compromete la continuidad de recursos y personal consolidado, como han
denunciado USTEA y otras organizaciones sindicales, a favor de refuerzos
puntuales dependientes de una financiación europea, solo garantizada hasta
2027.
Hay que
referirse de nuevo al acuerdo firmado por el gobierno andaluz con los
sindicatos CSIF, ANPE y UGT, anunciado a bombo y platillo como un logro de
aumento de personal docente. En realidad, el programa ZTS es la exigua fuente
de crecimiento de las plantillas docentes, junto a los Programas de Cooperación
Territorial de Refuerzo de la Competencia Lectora y de Refuerzo de la
Competencia Matemática del Ministerio de Educación, también dependientes de
fondos europeos no garantizados a largo plazo. A estos hay que añadir la
aportación del programa Código Escuela 4.0 financiado, en este caso, con fondos
propios del Ministerio. El acuerdo incluye también una referencia a una futura
ampliación de plantillas, sin dar más detalles sobre plazos, financiación o mecanismos
de aplicación.
Frente a los recortes:
aumento de recursos y plantillas
Así es que en
Andalucía hemos comenzado el curso con un acuerdo fullero y engañoso que hurga
en la herida de los recortes que llevamos años sufriendo. Este curso, el
sistema educativo andaluz cuenta con alrededor de 500 clases públicas menos,
según los cálculos del sindicato USTEA. Con este dato, se alcanza la cifra de
3.000 aulas suprimidas, desde la llegada al gobierno de Moreno Bonilla. El
déficit de plazas públicas de FP ha provocado que cientos de jóvenes queden
fuera de la opción elegida: al menos, el 18 % de quienes lo solicitan, según
declaró la Consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional en sede
parlamentaria. La inclusión educativa es solo bonita palabrería sin la dotación
presupuestaria y de personal que la haría viable. Y mientras los claustros
tiran de voluntarismo para cubrir las brechas que la administración no remedia,
son muchísimos los interinos e interinas que han quedado fuera del sistema,
tras los últimos procesos de “estabilización”.
El modelo
educativo privatizador no se sostiene y mucho menos se puede pretender mejorar
la calidad del sistema público andaluz ni dar respuesta a las reivindicaciones
de su comunidad educativa sin aumentar significativamente los recursos y las
plantillas. Urgen más docentes para bajar las ratios en todos los niveles
educativos. Es imprescindible reducir de verdad el horario del profesorado y
facilitar las tareas de preparación y coordinación docente de calidad,
respetando la autonomía de los centros. Nos faltan manos para mejorar la
atención a la diversidad. Andalucía y el resto del Estado deben aumentar las
plazas públicas de FP para dar respuesta a la creciente demanda y no dejar a
miles de jóvenes atrás. En los colegios e institutos esperamos a las compañeras
y compañeros interinos y también a quienes en estos momentos se preparan para
la enseñanza: en la Educación Pública necesitamos su formación y experiencia.
[i]
https://eldiariodelaeducacion.com/2025/10/03/unas-instrucciones-inaplicables-un-acuerdo-con-el-que-nadie-esta-de-acuerdo-y-mas-recortes-en-el-inicio-del-curso-en-andalucia/
