EL ESTADO DEBE INTERVENIR MÁS EN LA ECONOMÍA

Miguel Toro

27 de septiembre de 2022

¿Necesitamos más o menos estado? ¿Necesitamos un estado que intervenga en la economía u otro que simplemente deje funcionar las reglas del mercado? ¿Necesitamos más o menos impuestos a los que más tienen? Las respuestas a estas preguntas dependen de los intereses que se pretenda defender. Las respuestas dependen de la ideología con la que queramos ver la realidad que nos rodea. Porque lo que está claro es que no hay una respuesta “objetiva”, es decir satisfactoria para todos.

Desde los años 80 del siglo XX se ha impuesto una visión de la realidad, una ideología, que pretendía convencernos de que la ciencia económica indicaba que hacía falta menos estado. Que era suficiente con dejar funcionar los mecanismos del mercado y el papel del estado era solamente garantizar la propiedad privada. El resto de las cosas no deberían preocupar al estado. En esa visión se debería rebajar el tamaño del estado, rebajar los impuestos que mantienen los servicios públicos correspondientes y dejar, por consiguiente, ese dinero en los bolsillos de los ciudadanos.

Pero la experiencia de las últimas décadas, y en particular de las dos últimas crisis, indica que rebajar el tamaño del estado, rebajar los servicios públicos, rebajar los impuestos recaudados beneficia fuertemente a los grupos con más recursos económicos y aumenta la desigualdad. Además, hay determinados servicios públicos completamente necesarios porque el mercado no es capaz de proporcionarlos. La atención a los ciudadanos en la crisis del COVID 19 del sistema público de salud ha sido buena muestra de ello. El sistema privado se declaró ausente porque no lo consideraba rentable. Llegando, incluso, a cerrar hospitales en medio de la pandemia.

PROPUESTA PARA UN PROCESO CONSTITUYENTE

 

Miguel Campillo Ortiz. Director del programa “Sintonía Laica” de Radiópolis. Miembro de Europa Laica.

23 de septiembre de 2022

 

Avanzar hacia la laicidad del Estado supone la necesidad de cambios legislativos que, de forma inexcusable, pasan por modificar el Art. 16 CE, definiendo España como un Estado laico, en el que todas las confesiones e instituciones de carácter religioso estarán sometidas a la legislación común de asociaciones, sin que el Estado las mantenga, favorezca o auxilie económicamente o con legislación de privilegio. Y también, modificar el Art. 27 CE, estableciendo la prioridad del Estado en la Escuela pública y el Sistema Educativo como laico, y por lo tanto la religión, en su forma doctrinal, no puede formar parte del currículo ni del ámbito escolar. Además, no se subvencionarán, en ningún caso, centros educativos con ideario propio, ya sea de carácter religioso o de otra naturaleza ideológica particular. Como corolario de lo anterior, se derogará o modificará cualquier legislación existente para adaptarla a los principios de laicidad del Estado y a la compatibilidad con el derecho europeo.

ANDALUCÍA 19-J... “como la que más”

En una situación tan crítica como la que vivimos por la Pandemia Covid, la deriva de la guerra Rusia-Ucrania y la reconstrucción progresista que se está acometiendo en España, las elecciones en Andalucía rompen las perspectivas de CAMBIO que tanto esfuerzo costó en 2019 en las urnas y las instituciones del Estado para avanzar en Democracia e Igualdad.

20 de Septiembre 2022

Manuel Armenta

El protagonismo popular en la vida política de Andalucía deja un referente de difícil y compleja comprensión, desde la consideración de la situación que vivimos en ella y en toda España, por las crisis y sus consecuencias, así como por la actitud política de partidos asentados en las instituciones y los movimientos-organizaciones que luchan por conseguir mejores condiciones de vida e igualdad.

Andalucía, ya gobernada por las derechas PP-C´s-Vox, vive una situación social que fomenta el desencanto de su gobierno, si nos atenemos a hechos básicos de la vida:

•  El desempleo en el 1º trimestre de 2022 estaba a unas décimas del 20 %, cuando la media española estaba tocando el 13 %.
•  El PIB per cápita está en el 74,9 % respecto al 100 % de la media española (en 2005 estaba 3 puntos porcentuales por encima), ocupando el puesto 16 con 17.747 €, frente a la media nacional de 23.693 € (la 1ª Comunidad está en los 32.048 €).
•  El número de personas en riesgo de exclusión severa ha pasado desde que el PP gobierna de 600.000 en 2018 a 1.100.000 en 2021. Y sin embargo, el nivel más alto de abstención -con un 90 %- se produce en los barrios más humildes y necesitados.
•  Los Servicios Sociales, a pesar del incremento del gasto en 2020, NO REPERCUTEN en la atención de personas, sino que el porcentaje de los NO atendidos sube del 40,5 % al 62,2 %.
•  En la Educación Pública desde que gobierna el PP se han suprimido 1.381 aulas públicas y se han reforzado conciertos y financiación en la privada, que han generado muchas movilizaciones, protestas y el impulso de una ILP por más de 20 organizaciones sindicales, políticas y otros colectivos.
•  Datos estadísticos de la Sanidad Pública de 2021 sitúan Andalucía en el penúltimo lugar de las 17 CC. AA. con PEORES SERVICIOS, cuando en 2014 se situaba en el 6º. En PRESUPUESTO SANITARIO está en el puesto 14, con 1.388,86 €/habitante frente a 1.809,41 € de la 1ª Comunidad. En CAMAS HOSPITALARIAS -públicas/privadas- se sitúa en el último puesto con 2,19 unid. por cada 1.000 habitantes; y en camas públicas en el penúltimo lugar, con 1,7 unid. por cada 1.000 habitantes. En RATIOS DE PERSONAL Médico y Enfermería se sitúa en el último lugar en Especialistas y Enfermería, con 1,62 y 2,89 personas por cada 1.000 habitantes, y en Atención Primaria el puesto 13 con 0,76 por cada 1.000 habitantes.

LA IGLESIA, GAS INNOBLE

 

                       Fotografía: Luis Alonso Angulo

Miguel Campillo Ortiz. Director del programa “Sintonía Laica” de Radiópolis. Miembro de Europa Laica.

16 de septiembre de 2022

 

Escribí este artículo el 22 de agosto de 2012. Diez años y 2 papas después la corporación católica no ha cambiado, por lo que lo considero de plena actualidad.

El 14 de agosto de 2012 fue inaugurada por el entonces alcalde, Juan Ignacio Zoido, y el arzobispo, Juan José Asenjo, la estatua a Karol Wojtila, para los católicos papa peregrino Juan Pablo II. Veinte metros cuadrados del espacio público y cuatro metros de altura, o sea, ochenta metros cúbicos, albergan el ya cotidiano homenaje en bronce a este personaje. La iniciativa había sido promovida por la asociación Pro Monumento a Juan Pablo II en Sevilla, que curiosamente se autodefine “apolítica y aconfesional”. En la placa reza “Sevilla a Juan Pablo II”, como si toda la ciudadanía sevillana perteneciera a esa asociación.

¿Y qué hizo Wojtila por la Humanidad para ser canonizado por la Iglesia, y para que en Sevilla, además de ser homenajeado con una avenida, también lo sea con una estatua en pleno centro monumental? Recordemos que sucedió a Albino Luciani, autonombrado Juan Pablo I por su deseo de continuar la política iniciada por sus antecesores Juan XXIII y Pablo VI. Este propósito y su enfrentamiento con el todopoderoso arzobispo norteamericano Paul Marzinkus, el “banquero de dios”, no parecen ser ajenos a su prematura y sospechosa muerte.

PROYECTO DE LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA

 

Juan Manuel Valencia Rodríguez

13 de septiembre de 2022

El pasado 14 de julio de 2022 el Congreso de los Diputados aprobó el proyecto de Ley de Memoria Democrática. La norma pasará ahora a ser discutida en el Senado. Valoramos aquí el alcance y las limitaciones de dicho proyecto, que afronta algunas carencias de la ley de Memoria de 2007 aprobada durante la presidencia de Rodríguez Zapatero.

 

Impunidad de los crímenes del franquismo

El franquismo fue un régimen criminal, en su génesis y en su desarrollo. En el plan del golpe de Estado contra la II República diseñado por Mola, cuyo fracaso dio lugar a la Guerra Civil, se preveía la eliminación física de todo opositor. En virtud de ese plan, allí donde llegaban las tropas franquistas se procedía al asesinato, fuera del campo de batalla, de cuantas personas se considerasen hostiles al nuevo régimen. Junto a ese genocidio planificado, se pretendía crear un clima de terror para que los supervivientes quedasen paralizados, incapacitados para cualquier oposición a la dictadura.

Y en efecto, durante la Guerra Civil y tras la misma miles de personas fueron fusiladas y enterradas en cunetas y fosas comunes, 600.000 fueron procesadas en causas militares y casi un millón de hombres, mujeres y niños fueron recluidos en campos de concentración, batallones de trabajo esclavo, cárceles inmundas y reformatorios infantiles. Tan sólo en Andalucía se han contabilizado hasta ahora 45.556 asesinados, que acabaron en 708 fosas comunes, a lo que hay que añadir 50.000 exiliados, unos 100.000 esclavos, el saqueo y robo a 60.000 familias republicanas. Franco estuvo asesinando hasta el final de su vida, y las muertes continuaron durante los años de la Transición a la democracia.

Los partidarios del franquismo muertos en el campo de batalla o asesinados fuera del mismo fueron enaltecidos, colmados de honores y sus familiares recompensados con múltiples prebendas. Por el contrario, las víctimas leales al legítimo régimen republicano fueron escarnecidas, sus familiares perseguidos, sus patrimonios expoliados. Se impuso así un relato de los hechos en que la verdad fue sepultada junto a los miles de asesinados por el franquismo enterrados en cunetas y fosas comunes.

POR QUÉ AHORA EL GIRO SOBRE EL SAHARA OCCIDENTAL (II)

Antonio Sánchez Rodríguez

6 de septiembre de 2022

Termina el verano, pero no terminan con él las obscuras tensiones globales, no sólo no se irán, sino que todo apunta a que crecerán con el otoño y llegarán al límite con el frío y con todo ello el problema del pueblo saharaui se vuelve aún más crítico.

El 15 de abril de 2022, hace poco más de cuatro meses nos hacíamos la pregunta ¿Por qué ahora el giro sobre el Sahara occidental?. Para intentar entenderlo en ese momento repasamos muy por encima resoluciones de la ONU, reivindicaciones y posicionamiento del pueblo saharauis, las presiones de Marruecos con el apoyo de sus ‘amigos’ hasta llegar a una Marcha verde negociada que invadió el Sahara Occidental con terribles consecuencias.

En ese momento siguió un compromiso de un siguiente artículo para tratar sobre el resto de los acuerdos que en paralelo se negociaron a espalda de todos, como fue el Acuerdo Tripartito de Madrid y sobre todo ‘sus acuerdos secretos’.

Hoy cuatro meses después, tenemos más información porque han salido a la superficie situaciones que pueden ser consecuencia directa del sorprendente giró que podrían explicarlo, pero ¡ojo! Nunca justificarlo, no existe justificación alguna para enviar la carta del 14 de marzo que Pedro Sánchez remitió al rey de Marruecos en una línea de la que probablemente se acabará arrepintiendo. En cualquier caso siempre tenemos la oportunidad de seguir desentrañando lo que está ocurriendo que debiera ser público. No obstante y respetando el compromiso veamos el peculiar acuerdo, con sus secretos, porque es un método para gobernar por caminos ajenos a los compromisos con los pueblos…

El acuerdo tripartito de Madrid

Ley Orgánica del derecho a la Libertad de Conciencia

Miguel Campillo Ortiz. Director del programa “Sintonía Laica” de Radiópolis. Miembro de Europa Laica.

1 de septiembre de 2022

 

En su Asamblea de 29 de mayo de 2022, la asociación Europa Laica aprobó una actualización de su propuesta de Ley Orgánica del derecho a la Libertad de Conciencia. Ya en 2009 la asociación hizo pública una primera propuesta que ha sido la base para esta nueva redacción.

En la exposición de motivos se nos informa de las normas internacionales ratificadas por España en las que se fundamenta esta propuesta de Ley Orgánica del derecho a la Libertad de Conciencia:

-      Declaración Universal de Derechos Humanos, de 10 de diciembre de 1948, de Naciones Unidas, que en su Art. 18 establece que “toda persona tiene el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión” así como a “cambiar de religión o de creencia”.

En parecidos términos se formulan estas libertades en los siguientes tratados internacionales:

-  Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de 4 de noviembre de 1950, del Consejo de Europa, ratificado por España en 1979, en su Art. 9.

-          Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 19 de diciembre de 1966, de Naciones Unidas, ratificado por España en 1985, en su Art. 18.

-      Declaración sobre la Eliminación de todas las formas de Intolerancia y Discriminación fundadas en la Religión o las Convicciones, de 25 de noviembre de 1981, de Naciones Unidas, ratificada por España en 1983, que en su Art. 1 establece esos mismos derechos, aunque en su título y articulado los menciona de forma genérica como de “religión y convicciones”.

-       Carta de Derechos Fundamentales, de 12 de diciembre de 2007, de la Unión Europea, en su Art. 10.

-     Convención sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989, de Naciones Unidas, ratificada por España en 1990, que declara al menor como titular pleno de derechos, progresivamente ejercientes, así como el criterio de respeto al interés superior del menor. En este sentido, la Observación General nº 22 del Comité de Derechos Humanos, de Naciones Unidas, sobre el Art. 18 del Pacto Internacional mencionado establece que la educación obligatoria a los menores no debe incluir ningún adoctrinamiento en una religión o en cualquier creencia particular.