Francisco
Casero Rodríguez
8 de mayo de 2018
Se
debate en estos días el texto de la que está llamada a ser Ley de Agricultura y
Ganadería de Andalucía. Una norma, sin lugar a dudas fundamental si consideramos
el alto porcentaje de nuestro territorio dedicado a ganadería y agricultura, si
tenemos en cuenta la trascendencia estratégica de nuestro sector primario, y,
sobre todo, que la norma va a contener gran parte de las reglas que pueden
permitir una adecuada salud, un futuro digno de nuestro medio rural, nuestro
sustento diario.
Tenemos
que considerar, en primera instancia que, como ley, debe tener vocación de
mejora de nuestra convivencia, de nuestro progreso a la vez que tener
disposición de permanencia. En otras palabras, en Andalucía, una ley de
agricultura es una pieza clave de gestión de nuestro hoy, de nuestro mañana.
El
proyecto de ley de ganadería y agricultura, por tanto, no puede un puñado más
de las miles de hojas que cada año componen el BOJA. Tiene una trascendencia fundamental, no puede
ser una norma más con la que el gobierno engrose el crédito de su gestión. Más
leyes no nos hace mejores, más texto normativo no tiene por qué ser la alfombra
de un mejor futuro. Es fundamental, como premisa básica, considerar que emitir
una nueva ley supone un cambio para miles, cientos de miles de ciudadanos, y merecen
un respeto, sólo si la norma mejora la convivencia, es digna de aprobación.
Para
que la ley de agricultura cumpla ese objetivo, considerando la complejidad de
esta segunda década del siglo XXI, sabiendo que los próximos años pueden
resultar aún más inciertos, la norma tiene que contemplar un modelo de
producción, un modelo de uso del territorio, que considere los efectos del
cambio climático en Andalucía, por ejemplo. La ley tiene que prestar central
atención al sistema de producción ecológico, tiene que considerar el progresivo
y triste despoblamiento que también se está produciendo en nuestras zonas
rurales, tiene que articular mecanismos que permitan a los agricultores y
ganaderos desarrollar su actividad con acceso a rentas dignas, corrigiendo las
prácticas abusivas de los intermediarios y su habitual uso del dumping y los
productos reclamo.
La
ley de agricultura y ganadería tiene que contemplar las nuevas figuras de
acceso y control de la tierra, favoreciendo que todos aquellos que lo deseen
puedan acceder a la tierra, a la vez, que dejen de existir tierras fértiles en
abandono. Tiene, por tanto, la ley de agricultura y ganadería que atacar el
grave problema de falta de relevo generacional, mitigando, por otro lado, los
efectos perversos que la burocracia ejerce sobre los pequeños agricultores y
ganaderos.
El
gobierno, el parlamento andaluz tiene que tener la máxima capacidad de escucha
con las mujeres y hombres, con los agentes sociales, con las empresas cuya
vida, cuya actividad está vinculada, como un cordón umbilical al territorio.
Sus inquietudes, sus opiniones tienen que ser oídas y reflejadas en el texto,
el trámite de audiencia preceptivo en los pasos de estas normas no puede ser un
mero trámite, sería un imperdonable error. Desde luego, la Fundación Savia que
presido, se personará y hará oír su voz, su criterio y su opinión siempre que
le resulte posible, es nuestro compromiso, es nuestra conciencia y es también
nuestro deber en democracia.
Tiene
que ser una ley valiente, que, de una vez por todas hable de discriminación
positiva hacia el medio rural, desarrollando mecanismos que permitan que las
ciudades, que las costas, lugares demandantes netas de recursos básicos
(energía, agua, alimento, aire) que se producen en el medio rural pero por los
cuales, sus habitantes no son suficientemente reconocidos, valorados y
compensados.
Abordar
una ley de esta envergadura exige tener en cuenta éstos, y otros aspectos
fundamentales. Si se comete la torpeza de quedarnos en la superficie de la
situación, estaremos empleando unos recursos valiosos, generando unas
expectativas, perdiendo una oportunidad que no volverá a repetirse. Si el
gobierno andaluz no tiene la intención de abordar esta ley con todas sus
consecuencias, podría bastar con llevar a término la Ley de Desarrollo
Sostenible, aprobada en 2007, una norma valiosa que ofrecería muchos beneficios
al medio rural y a la sociedad si se aplicase adecuadamente.
El
territorio agrario andaluz es una pieza esencial de lo que somos, quizás
nuestro mayor valor. Su fertilidad, su generosidad, es sin lugar a dudas lo que
nos ha permitido llegar hasta aquí tras miles de años, tras decenas de
civilizaciones. Es de justicia que, si nos atrevemos a legislar sobre el mismo,
sobre la gente que cada día lo pisa, lo ara, lo siembra, lo hagamos el máximo
respeto, con la máxima ambición.
