La política
practicada por los gobiernos durante la crisis económica ha efectuado recortes
considerables en el gasto educativo, a la vez que se incrementaban los fondos
públicos destinados a centros privados concertados.
España está a la cabeza en número de plazas concertadas, de las cuales la Iglesia concentra el 60 %
España está a la cabeza en número de plazas concertadas, de las cuales la Iglesia concentra el 60 %
Juan M. Valencia
Rodríguez - 29
de mayo de 2018
El
acceso universal y gratuito a la educación, al saber y la cultura, es una de
las grandes conquistas de las clases trabajadoras de la sociedad contemporánea,
que no pudieron tener las poblaciones de épocas anteriores. La exigencia social
hizo que el Estado liberal primero, y en especial las democracias en un momento
posterior, asumieran como propia la
tarea de la “instrucción pública”.
En
España, ese formidable logro tuvo uno de sus hitos más importantes en el primer
bienio (1931-1933) de la Segunda República, en el que se produjo un esfuerzo
mayúsculo de alfabetización y de construcción de centros escolares públicos. El
retorno a la democracia tras la dictadura de Franco abrió nuevas esperanzas y
posibilidades para el desarrollo de la enseñanza pública en nuestro país. La
Constitución de 1978 sancionó el derecho de todos a la educación al establecer
la enseñanza básica como obligatoria y gratuita.
La
educación es un derecho universal, una prioridad humana y un bien público. Permite
a las personas desarrollar las capacidades intelectuales para hacerse su propia
idea de la vida y del mundo, adquirir la formación necesaria para ganarse el
sustento con dignidad y también para disfrutar de las creaciones culturales y
artísticas de la Humanidad. Hacer realidad tal derecho exige medios económicos,
una financiación suficiente y adecuada. Cada colectividad debe preguntarse qué
cantidad de la riqueza socialmente producida, es decir, qué porcentaje del
Producto Interior Bruto (PIB) debe asignarse al gasto en Enseñanza pública, a
través de la parte correspondiente de los impuestos recaudados por el Estado.
En
este asunto la realidad española deja mucho que desear, porque a nuestro atraso
secular se une la política seguida por los gobiernos durante la crisis
económica, de recortes considerables en el gasto educativo (iniciados en los
dos últimos años de gobierno de Zapatero y agravados en los gobiernos de Rajoy):
de un 4,94 % del PIB en 2009 se pasó al 4,1 % en 2015, y sigue bajando: en el
Programa de Estabilidad remitido por el Gobierno de Rajoy a Bruselas se
contempla que España rebaje el gasto educativo en 2020 al 3,67 %.
Andalucía
es tras Extremadura la comunidad autónoma que más gasta en Educación en % de su
PIB (5,1 % en 2017 por un 4 % del total de España). Sorprende sin embargo que
el PSOE (que ha abandonado el pacto educativo estatal por no aceptar el PP un
gasto mínimo en Educación del 5 % del PIB), en Andalucía haya rechazado, junto
a Ciudadanos y el PP, la admisión a trámite de una Proposición de Ley
presentada por Podemos e Izquierda Unida, y apoyada por los sindicatos de
Enseñanza CGT, USTEA, CCOO, UGT y CSIF, para reformar la Ley
de Educación de Andalucía de 2007, al objeto de garantizar un gasto mínimo del
5 % del PIB andaluz en la educación no
universitaria (ahora está en el 3,93 %).
Al
reducirse con la crisis el gasto educativo público miles de docentes fueron despedidos
y el resto vio aumentadas sus horas docentes y empeoradas sus condiciones de
trabajo, mientras aumentaba el alumnado y la ratio de número de alumnos por
profesor, y se recortaron drásticamente
los programas compensatorios que ayudaban con dotación adicional de profesores
a la atención del alumnado con mayores
necesidades educativas. Estos recortes contribuyen a un incremento de
las desigualdades sociales existentes y sitúan a la población más desfavorecida
en peores condiciones para desenvolverse, justo cuando las cosas vienen mal
dadas en el trabajo y la economía.
Paradójicamente,
iba creciendo con fuerza el gasto público en centros privados “concertados”, es
decir, sostenidos con fondos públicos. La
existencia de dichos centros se quiso justificar en razón de la “libertad de
enseñanza”, pero tal derecho está garantizado en los centros públicos. Su
profesorado, en el que está presente todo tipo de ideologías, tiene la
obligación de defender unos valores cívicos y democráticos de aceptación
general, y es seleccionado a través de oposiciones los funcionarios y el
interino mediante bolsas de trabajo públicas regidas por un baremo razonado.
Quien desee para sus hijos una enseñanza confesional o adscrita a una
determinada ideología, debe pagársela de su propio bolsillo.
España es el cuarto país de Europa donde menos escuela pública
hay en Secundaria y el tercero en Primaria. Solo un 69% de los alumnos
españoles de Secundaria acuden a centros públicos (68% en Primaria), como puede
verse en el gráfico correspondiente de abajo, cuando la media europea es del 81
%. España está a la cabeza en número de plazas concertadas, de las cuales la
Iglesia concentra el 60 %. En Andalucía el alumnado de los centros concertados,
subvencionados con fondos públicos, alcanzó el 20,2 % en el curso 2015/2016
(por debajo del 25,6 % de la media en España). Pero siendo una Comunidad que
siempre ha estado gobernada por el PSOE, sería deseable que se hubiera
practicado una política de reducción progresiva de los centros concertados, con
plazos razonables para su supresión y ofreciendo la posibilidad de
transformación de los mismos en centros públicos, en vez de
la política de cierre de aulas públicas que se está haciendo.
Los
datos ofrecidos revelan el desprecio hacia la enseñanza pública y hacia la
mayoría social por parte del Gobierno del PP. Entretanto, este partido ha sido
ya sentenciado por los jueces como culpable de una corrupción sistemática y por
tanto de un uso delictivo del dinero público. Pese a lo cual Rajoy,
beneficiario directo en sobres ocultos a Hacienda de esa corrupción, no tiene
al menos la vergüenza de presentar su dimisión, algo difícil de entender en
Europa. Este Gobierno no puede seguir machacando ni un día más los intereses de
la inmensa mayoría de la población, hay que echarlo del poder. Si quienes
pueden hacerlo desde el Congreso de Diputados no lo hacen tendrán que dar
cuenta a la ciudadanía.
Anexos
Como
puede comprobarse en los gráficos de abajo, España se encuentra entre los
países de la Unión Europea (UE) que menos dinero público destinan a la
Educación, tanto si se considera en % del PIB (4,4 % frente a la media del 5,1
% de la UE en 2014) como en gasto por alumno (en España 5.983 € por alumno en
Primaria frente a los 7.350 € de la UE-22, y en Secundaria 7.328 € en España
por los 8.647 de la media europea, datos de 2013).
