Manuel Armenta, Miguel Toro
14
de mayo de 2018
Hace ya una década que comenzó la crisis.
Ahora, 2018, el crecimiento económico en España es positivo y por ello nos
dicen que la crisis ya pasó. Pero el escenario al que hemos llegado no es
similar al que había antes de la crisis. Han conseguido llevarnos a un nuevo
escenario donde las ideas neoliberales han renacido con fuerza. Han conseguido
llevarnos a un escenario con un desempleo muy alto, donde ha aumentado de forma
alarmante el infratrabajo, la precariedad
y la desigualdad. Cada día se pone en cuestión la viabilidad del Estado
de Bienestar y la viabilidad de las pensiones por una parte y por otra se bajan
los impuestos para las rentas altas y no se persigue adecuadamente el fraude
fiscal.
Con la crisis, y las decisiones tomadas al
comienzo de la misma, se evidenció una gran desconfianza de importantes
sectores de la sociedad hacia los partidos que habían detentado el poder en la
época democrática. La crisis también mostró una gran corrupción en las
instituciones públicas con la colaboración fundamental de la estructura
organizativa del partido en el gobierno. Se vieron cada vez más claras las políticas de clientelismo y amiguismo.
Políticas que, al anteponer el interés de los partidos al de las mayorías que
decían representar, hicieron que una gran parte de la sociedad no se sintiera
representada.
La situación anterior dio lugar, durante el
año 2013 y 2014, a un aluvión de iniciativas políticas que cristalizaron en
algo que parecía imposible: la aparición de Podemos en las elecciones europeas
de 2014 y la creación de Ciudadanos como un contrapeso de centro derecha. Se
llamaron los partidos del cambio. De dos partidos se pasó a cuatro partidos con
opciones. Ciudadanos rápidamente demostró su colaboración con el PP en el
mantenimiento del statu quo. El PSOE ha mostrado una posición contradictoria:
del no es no al gobierno del PP pasó a no pero sí. Muchas esperanzas se
depositaron en Podemos por parte de los sectores progresistas que querían
quitar al PP, y su red de corrupción, del gobierno.
Estamos en 2018. La corrupción que desgasta
al PP es aprovechada por Ciudadanos para ir ocupando progresivamente su lugar.
El PSOE sigue en un desgaste continuado. Podemos es una realidad, pero las
decisiones políticas que ha tomado le han imposibilitado, por ahora, construir
una alternativa para quitar al PP. Esto
ha generado una nueva ola de desilusión en amplios sectores progresistas. Por
ello, los partidos que aspiren al cambio deben emprender transformaciones, en
su estructura y en sus programas, que lo hagan posible.
La primera actividad del partido político que
pretenda servir a los intereses de las mayorías ciudadanas debe estar centrada
en los espacios naturales y los ámbitos en que se desenvuelve la vida social:
trabajos, poblaciones y ámbitos de convivencia, educación, cultura,
infraestructuras y un largo etc., implicando a su militancia activa en esos
espacios, con el objetivo de comprenderlos, animarlos y fusionarse con ellos.
La otra debe estar centrada en conseguir la
máxima representación en las Instituciones del Estado que hagan posible la
defensa de las políticas y derechos de las mayorías sociales. Y el eje central
de esta representación es que se fundan en las listas electorales, las personas
militantes con los líderes de la sociedad organizada o no.
Aquí proponemos algunos cambios que
consideramos necesarios.
1. No duplicidad de cargos orgánicos y de representación política. La representación política, en parlamentos, ayuntamientos, etc., y la vida interna de un partido tienen dinámicas muy diferentes. Cada una tiene unas prioridades, unos tiempos y requiere dedicación a tiempo completo. Los mecanismos y los ámbitos de elección de ambas responsabilidades deben ser diferentes. Quien esté al frente del grupo parlamentario no puede ser el mismo que se encargue de mantener la estructura del partido.
1. No duplicidad de cargos orgánicos y de representación política. La representación política, en parlamentos, ayuntamientos, etc., y la vida interna de un partido tienen dinámicas muy diferentes. Cada una tiene unas prioridades, unos tiempos y requiere dedicación a tiempo completo. Los mecanismos y los ámbitos de elección de ambas responsabilidades deben ser diferentes. Quien esté al frente del grupo parlamentario no puede ser el mismo que se encargue de mantener la estructura del partido.
2. No profesionalización de ningún liderazgo en los órganos
del partido o en la representación Institucional. La responsabilidad
interna en la organización y en las Instituciones Públicas no puede ser
coincidente, ni ejercida, en la suma de ambos espacios, por más de dos
legislaturas o periodos electos. La profesionalización y acumulación de cargos
ha sido una de las causas de la corrupción institucionalizada, el clientelismo
y el amiguismo.
3.
La mitad de las
listas electorales deben de estar formadas por personas externas al partido. Las nuevas
organizaciones políticas han llevado a cabo importantes avances en honestidad,
transparencia y de servicio a la ciudadanía. Pero, siguen vivas formas de
actuar en la representación Institucional, que debido al funcionamiento interno
de los partidos impiden el acercamiento más profundo entre los que protagonizan
las reivindicaciones sociales, con sus representantes en las Instituciones. A
los líderes sociales hay que proponerle estar en las listas para que defiendan
las necesidades de los ciudadanos en los parlamentos. Además, hay que incluir
en las listas profesionales con la capacidad técnica de estudiar y proponer
alternativas viables. Profesionales que gocen de reconocimiento por parte de
sus colegas de profesión.
4.
Las
listas electorales deben formarse con Igualdad de Género.
5. Los órganos de control y transparencia del partido deben
tener una mayoría cualificada de personas no militantes e igualdad de género en
su composición. Es
la forma de no caer en justificaciones partidistas imposibles de explicar ante
la sociedad.
6.
Se debe mantener un
sistema participativo inclusivo de la sociedad en las Instituciones Públicas. Se debe incentivar
la participación y el control de la ciudadanía en las decisiones públicas:
enseñanza, sanidad, organización de la ciudad, etc. Los órganos representativos
de la sociedad en las Instituciones deben ser dotados de competencias con
capacidad de influir en las decisiones y no solamente de ser consultados.
7.
Los partidos del
cambio deben dotarse de un Código Ético y Deontológico. Un código que comprometa pública y jurídicamente
a los elegidos con sus votantes a que sus actuaciones y actos se
corresponderán en todo momento con lo prometido y con las leyes vigentes, y en
su defecto tendrían que abandonar el cargo o responsabilidad.
8.
Los programas
electorales deben ser simples y de alcance básico. Propuestas y
programas que incluyan reivindicaciones sociales que puedan ser visualizadas
por amplias capas de la población. Programas electorales construidos por las
personas que conformen las listas electorales y posteriormente sometidos a
consultas ciudadanas. Desde este punto de vista, las organizaciones políticas
de cada ámbito territorial solo necesitan asumir la responsabilidad de
configurar las listas de militantes y personas ajenas al partido.
9.
La
implantación de cualquier medida que afecte negativamente a las condiciones de
vida básicas de la población debe ser consultada a la sociedad mediante
referéndum, como debió hacerse con la modificación del artículo 135 de la
Constitución.
Los Ayuntamientos son los entes territoriales
de mayor cercanía, porque se vive en directo por el conjunto de la población en
el día a día, y, en consecuencia, son los ámbitos territoriales donde se puede
producir la más estrecha colaboración, participación y protagonismo de la
ciudadanía, a través de las listas electorales que concurren para la formación
de sus gobiernos.
Las Elecciones Municipales están cerca y la
sociedad necesita Ayuntamientos del Cambio para avanzar en la conquista de derechos
y condiciones de vida dignas, con otros Vientos de Democracia Justa.