Las propuestas de reformas para 2019 del Gobierno, imputando a la Seguridad Social déficits que son de otras Administraciones públicas, su olvido de la derogación de las reformas laborales y de pensiones, y el apoyo a la mochila austriaca, pintan el cuadro de lo alejado que está el Gobierno de las aspiraciones expresadas por las reivindicaciones y movilizaciones obreras y de pensionistas.
Juan Miguel
Fernández, Asesor Técnico del Tribunal de Cuentas,
jubilado. Sindicalista de UGT
5 de
julio de 2019
El
30 de abril, dos días después de las elecciones generales, el Gobierno envió a
Bruselas, a la Unión Europea, la Actualización del Programa de Estabilidad
2019-2022 y el Programa Nacional de Reformas de 2019. Daba así cumplimiento a
la obligación de todos los Estados miembros de presentar dichos documentos
básicos para la coordinación de las políticas económicas de la UE.
El Programa de
Estabilidad 2019-2022
Como
ejes del programa se propone garantizar la estabilidad económica y financiera,
reforzar la cohesión social y abordar reformas estructurales como la baja
productividad o el alto nivel de deuda pública.
El
Programa de Estabilidad prevé la reducción paulatina del déficit público hasta
alcanzar en 2022 el equilibrio presupuestario, lo que permitirá al gobierno “acelerar la reducción de la ratio de deuda
pública sobre el PIB, hasta situarse por debajo del 90 %”. En 2019, se
prevé un déficit del 2 %, pues “los
ingresos públicos aumentarán y el gasto publico se reducirá ligeramente, hasta
el 39 % y el 41 % del PIB, respectivamente”.
A
destacar que, al fijarse la distribución del déficit público de 2018, un 2,48%
del PIB entre las diferentes Administraciones públicas, se hace una
distribución engañosa del mismo. Se imputa a la Seguridad Social un déficit del
1,41 % del PIB. Decimos engañosa por la errónea contabilización de la
financiación del Estado a la Seguridad Social, pues según el artículo 109.2 de
la Ley General de la Seguridad Social, tal financiación ha de hacerse por
aportaciones, no por préstamos, y como resultado de esa manipulación aparece la
Seguridad Social indebidamente endeudada y deficitaria, mientras que la Administración
Central del Estado figura con un déficit convenientemente rebajado.
Se
establecen en los ministerios límites para el inicio de nuevos expedientes de
gasto. La parálisis de la inversión pública, necesaria para la creación de
empleo de calidad, es una de las muestras de la lejanía gubernamental de los
problemas reales de la sociedad.
El
plan supone en esencia en reducir gastos para pagar la deuda y, respecto a las
pensiones, consiste en continuar ignorando la obligación de recoger como gasto
del Presupuesto del Estado, no como préstamo, las aportaciones obligatorias del
Estado a la Seguridad Social.
La reforma laboral y
el olvido de su derogación.
El
Programa de Reformas del gobierno no pone en su agenda la derogación de las
reformas laborales aborrecidas por toda la clase obrera y sus organizaciones.
Son
las reformas laborales impulsadas por la Unión Europea las que han facilitado
la ofensiva contra las condiciones de trabajo y los derechos sociales, han
debilitado la negociación colectiva y los salarios, y con la reducción salarial
han arrastrado a la baja buena parte la financiación de las pensiones por su
efecto en las cotizaciones sociales.
Proceso
que obviamente conduce a debilitar a las organizaciones obreras.
La
ultraactividad de los convenios, la prevalencia del convenio sectorial sobre el
de empresa, la derogación de la reforma laboral, la derogación de la reforma de
pensiones, son entre otras las reivindicaciones pendientes.
En
lugar de abordar la derogación de ese legado, el gobierno propone la creación
de un grupo de expertos para llevar a cabo los trabajos y estudios
preparatorios para la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores.
En
el Programa de Reformas para 2019 se dice: “es
necesario combatir la dualidad del mercado de trabajo y la precariedad en el
empleo, para lo cual se proponen medidas para el impulso de la contratación
indefinida y la elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores del Siglo
XXI”.
La derogación de las
reformas de pensiones no está en la agenda del Gobierno.
Nada
se dice tampoco de la derogación de las reformas de pensiones que tanto rechazo
ha concentrado. En el Programa de Reformas se detallan todas las medidas
acometidas por el gobierno desde la moción de censura que tumbó a Rajoy, pero
el conjunto de esas medidas reposaba en el compromiso de la derogación de la
jubilación a los 67 años y la derogación de la reforma de Rajoy, con su índice
de actualización al 0,25% y su factor de sostenibilidad de empobrecimiento de
las pensiones.
La
ruptura del Pacto de Toledo permitió ver claramente la voluntad de la mayoría
de los allí reunidos de cambiar el modelo actual de Seguridad Social y
reducirlo al nivel de pensiones mínimas, para así abrir espacio a los fondos
privados de pensiones. Y ese modelo allí diseñado, cuyo rechazo provocó la explosión
del consenso, recibe ahora los apoyos del gobierno: “Así, la Comisión del Congreso para el Seguimiento del Pacto de Toledo,
cuyos trabajos avanzaron a buen ritmo hasta el anuncio de la convocatoria de
elecciones generales el 28 de abril, y el diálogo social proporcionan el marco
óptimo para abordar este proceso”. Y entre las medidas se cita “la revisión de los gastos” y “la adaptación
de diferentes parámetros del sistema” de la Seguridad Social.
A
pesar de la tan llevada y traída separación de fuentes, para la contratación de
trabajadores se mantienen los incentivos no financiados por la imposición
general sino por las cotizaciones. El Gobierno escribe a Bruselas que: “Uno de los pilares de estas políticas
activas son los incentivos a la contratación, a través de bonificaciones y
reducciones en las cuotas de la Seguridad Social. Estos incentivos, para los
cuales existe un crédito de 2.600 millones de euros en el presupuesto de 2018
prorrogado en 2019, suponen una minoración de los ingresos por cotizaciones
sociales”.
Se
anuncia la asunción por parte del Gobierno del modelo de pensiones diseñado y
rechazado del Pacto de Toledo y se sigue la vieja política de saqueo a las
cotizaciones sociales, financiando con ellas la política de apoyo al empleo que
debe financiarse con los recursos del Presupuesto del Estado y no con los del
Presupuesto de la Seguridad Social.
La mochila austriaca
y la destrucción de los derechos al trabajo estable.
Ya
la anterior ministra de Trabajo del PP, Fátima Báñez, Ciudadanos y la CEOE,
propusieron la aplicación de la llamada “mochila austriaca” como medida de
privatización de las prestaciones. Ahora, es el Gobierno quien asume la
propuesta de canalizar hacia el mercado de capitales las eventuales
indemnizaciones por despido de los trabajadores.
Ante
la situación de segmentación del mercado de trabajo, la reducción de tipos de contratos,
”para contribuir significativamente al
dinamismo laboral”, el Programa de Reformas propone “abordar la implantación gradual de un sistema de cuentas individuales
de capitalización para la movilidad a través de la creación de un Fondo que
permita a los trabajadores hacer efectivo el abono de las cantidades acumuladas
a su favor en los supuestos de despido improcedente, de movilidad geográfica,
para el desarrollo de actividades de formación o en el momento de su jubilación”.
En
Austria en 2003 con el objetivo de reducir “rigideces del mercado de trabajo”
se implantó un sistema por el que cada trabajador tiene una cuenta individual
de indemnización por despido que se nutre de aportaciones del empresario a un
Fondo que invierte en el mercado financiero.
En
caso de despido el trabajador puede disponer de esa cuenta en concepto de
indemnización por despido. Es como un plan de pensiones rescatable en caso de
despido, que también puede servir como un complemento a su pensión.
Las
“rigideces del mercado de trabajo”
que se quieren eliminar constituyen el núcleo de los derechos adquiridos por
los trabajadores: el derecho al trabajo, a la seguridad y estabilidad en el
puesto de trabajo, su rechazo al despido libre, la necesidad de que el despido
de un trabajador cumpla requisitos legalmente establecidos. Se trata de una
propuesta de destrucción de los derechos y garantías arrancados, y un ataque a
las organizaciones obreras levantadas en la lucha por consolidar los derechos
de la clase obrera. La propuesta del gobierno a favor de la mochila austriaca
es un ataque sin precedentes a los derechos de la clase obrera y sus
organizaciones y un nuevo intento de favorecer al sector financiero al
implantar lo que puede considerarse un fondo de pensiones camuflado.
En
conclusión, las propuestas de reformas para 2019 del Gobierno, imputando a la
Seguridad Social déficits que son de otras Administraciones públicas, su olvido
de la derogación de las reformas laborales y de pensiones, y el apoyo a la
mochila austriaca, pintan el cuadro de lo alejado que está el Gobierno de las
aspiraciones expresadas por las reivindicaciones y movilizaciones obreras y de
pensionistas.
Tras
las elecciones se constata que sí hay mayoría para derogar el legado de
reformas heredadas y satisfacer las reivindicaciones obreras y democráticas.
