Francisco
Casero Rodríguez
11 Julio 2019
El
cambio de signo político en la Junta de Andalucía se nos anticipaba como un
hito crucial en el devenir de nuestra tierra. Las expectativas generadas por la
incorporación de nuevas personas, las anunciadas ideas de reforma, generaron en
muchos una atención que, estamos comprobando, no eran para tanto.
En
primera instancia porque los preacuerdos de gobierno carecían de contenido a
aspectos fundamentales para Andalucía. No contemplaban un claro contenido y
medidas decisivas para el medio rural andaluz y su biodiversidad. El medio
ambiente quedaba desaparecido como se pudo comprobar a continuación en la
redefinición de las competencias de las consejerías.
Poco
nuevo bajo el sol. Los ciudadanos, las empresas, el sector terciario funcionan
en una inercia en la que trata de toparse lo menos posible con la
administración. Y cuando lo hace, es para seguir encontrándose con la
burocracia y la falta de solidaridad, comprensión y compromiso.
La
realidad del nuevo gobierno andaluz es que parece no saber cuales son los
problemas acuciantes de las andaluzas y los andaluces. A comienzos del verano
de 2019 estamos a las puertas de la necesidad de declaración de sequía, con
comarcas enteras en las que los agricultores y ganaderos se encuentran en una
situación angustiosa. Seguimos sin reconocer el estrago que está causando el
despoblamiento de las zonas rurales, con una sangría que no cesa y que está
mermando la capacidad de gestión del territorio y está condenando a cientos de
miles de hectáreas a la desertización o los incendios forestales.
Los
científicos ya tienen constancia que Andalucía es de los territorios del mundo
donde los efectos del Cambio Climático provocado por la actividad humana va a ser
mayor, está siendo mayor, pero el gobierno andaluz hace caso omiso, relega la
importancia del área de medio ambiente y mete en un cajón la ley de Cambio
Climático aprobada el año pasado y de la que tanto esperábamos.
Su
postura ante el creciente conflicto de Doñana no permite ser más optimista,
haciendo declaraciones que solo alimentan el enfrentamiento, teniendo una
actitud irresponsable al considerar que los recursos hídricos parecieran
inagotables. Pareciera que la toma de decisiones pensando en el medio y largo
plazo, tratando de compatibilizar progreso económico y social con conservación
de los recursos naturales, no fuese de su responsabilidad.
El
espectáculo en las sesiones plenarias del Parlamento Andaluz se suceden.
Refriegas dialécticas que lamentablemente suelen acabar en el “y tú más” que
es, de facto, un insulto a los ciudadanos. Gobierno y oposición parecen seguir
más atentos a sus intereses de partido que a las necesidades y urgencias de los
andaluces.
Las
medidas que permitan corregir nuestra posición de divergencia europea, las
insostenibles tasas de paro estructural, el fortalecimiento del tejido
empresarial, las tasas de abandono escolar, los bochornosos índices de pobreza
y desigualdad parecen ser sólo un rumor que los parlamentarios entierran en los
sótanos de sus propios intereses. Quienes se prometían grandes avances, tendrán
que seguir buscando.
El
gobierno andaluz no está sabiendo dar respuesta a los retos a los que los
andaluces y andaluzas se enfrentan, como en estos días sucede con el sector del
olivar y el precio del aceite con consecuencias graves para la economía de
muchas familias, donde muestra una pasibilidad como si no fuera con ellos. No
está logrando mejorar los indicadores socioeconómicos más allá de lo que
repercute por los efectos macroeconómicos y políticos. No está sabiendo
identificar y acometer las cuestiones que resultan cruciales, necesarias,
importantes y urgentes. El tiempo no es gratuito, la legislatura avanza. Menos
gratuita es la angustia con la que viven demasiados andaluces y andaluzas, en
ellos debemos pensar todos cada día, el gobierno, el primero, es su
responsabilidad.
