- Muchos ancianos no han tenido la atención médica necesaria durante la pandemia
- La mayoría de las residencias de mayores actuales son privadas
- Si queremos que nuestros mayores estén bien cuidados y atendidos, hay que cambiar el modelo hacia una mayor intervención y control de lo público.
- Las residencias de ancianos deben quedar englobadas en el Sistema Nacional de Salud
Juan M. Valencia Rodríguez
9 de junio de 2020
Cuando yo era niño en las casas de mi pueblo
había muchas mujeres, que estaban casi siempre en casa. En ese marco de familia
extensa las personas mayores estaban en general rodeadas de compañía, cariño y
atenciones, tenían con quién hablar, estaban bien cuidadas. Era muy frecuente
que alguna de las hijas quedara sin casar; ella entonces se hacía cargo del
cuidado de los padres en su vejez y se quedaba con la casa familiar.
Hoy día en la mayor parte de las familias son
pequeñas, nucleares: madre, padre y los hijos, pocos casi siempre. La mujer se
ha incorporado al trabajo fuera de casa, y está muy bien que sea así, porque es
condición indispensable para que tenga la independencia necesaria para decidir
por sí misma qué hace con su vida.
Este cambio de situación de la estructura
familiar, especialmente acelerado en España, de la familia extensa a la familia
nuclear de muy pocos miembros, genera situaciones de dificultad en el cuidado y
atención a las personas mayores que ya no pueden valerse por sí mismas. Con
todo, en España el papel de la familia es afortunadamente mayor, y la mayoría de
los ancianos dependientes sigue viviendo, como es el deseo más frecuente, con
algún familiar, con lo que eso supone de un entorno más cálido y cercano.
Pero en bastantes familias no hay medios
económicos ni posibilidad personal (en ciertos casos tampoco voluntad) para
atender a las personas mayores dependientes, y solo queda la opción de
llevarlas a una residencia. El notable envejecimiento de la población española produce
además una necesidad creciente de establecimientos geriátricos.
La pandemia del COVID-19 ha situado en el
centro de atención las residencias de mayores por la enorme mortandad y las
situaciones dramáticas y desastrosas que en ellas se han vivido.
Un
lucrativo negocio asaltado por los “fondos buitre” de inversión
El panorama de las residencias de mayores es
complejo. El sector sigue caracterizado por un elevado número de entidades de
pequeña dimensión, pero en los últimos años el desembarco de poderosos fondos multinacionales
de capital riesgo y de grandes capitales españoles, atraídos por la alta
rentabilidad de un apetitoso mercado que en 2018 movió unos 4.500 millones de
euros, ha producido una concentración empresarial considerable. Los datos esenciales
más recientes, referidos al 3 de abril de 2019 son estos:
. El
total de camas en centros geriátricos españoles era de 372.985, lo que supone
una ratio de 4,1 por cada 100 personas mayores de 65 años (el 19,3 % de la
población), y de 13 camas por cada 100 personas de 80 o más años (6,1 % de la
población). Los grandes inversores del sector estiman un déficit actual de
100.000 plazas respecto a la demanda existente.
. El
73 % de las plazas son de titularidad privada (de ellas un 18 % corresponde a
entidades sin ánimo de lucro), y el 27 % de titularidad pública, pero de estas casi
la mitad (44 %) se ha cedido a la gestión privada, de manera que casi el 85 %
de la gestión final de las plazas están en manos privadas.
. Sin
embargo, la financiación pública llega al 55,7 % de las plazas, sumadas las de
centros públicos y las concertadas con residencias privadas.
. La
cuota de mercado de las 10 empresas mayores alcanza el 30,9 %. Entre ellas hay
algunos fondos multinacionales, en los que es difícil conocer a los propietarios
reales del dinero invertido. Destacan Domus Vi, propiedad del fondo ICG con
sede en Londres (138 residencias con 21.988 plazas), la multinacional Orpea,
Vitalia, Sanitas, Colisée, la francesa Amavir y las españolas Ballesol y Clece
(filial de la ACS de Florentino Pérez). En el llamado “tercer sector” de
entidades sociales y sin ánimo de lucro sobresalen Mensajeros de la Paz (110
residencias), Fundación San Rosendo, Gerón y la cooperativa GSR (de la
Corporación Mondragón). Las grandes empresas inversoras reconocen márgenes de beneficios
del 20 al 25 %, y hay quien llega al 50 %.
. Los
precios de las plazas, tanto públicas como privadas, y la subvención pública a
las concertadas, varían bastante de una Comunidad Autónoma a otra, y también la
aportación del usuario (en Andalucía suele ser el 75 % de la pensión).
. Las
aportaciones públicas no cubren los costes reales de la asistencia, lo que da
lugar a una precariedad de medios y personal que perjudican la calidad
asistencial.
. La
mayor parte de los contratos que las administraciones públicas firman con
las empresas privadas son de dos tipos: los conciertos,
que financian con dinero público plazas en residencias privadas, y las cesiones de la gestión integral de centros
públicos al sector privado. La empresa o entidad es elegida bien solo en
función del precio, o bien por criterios múltiples.
. Se
exigen pocas mediciones de los resultados y de la calidad de los servicios, y
poca justificación de los precios, o gastos/ingresos que se generan.
España es uno de los países de la OCDE con
mayor proporción de proveedores privados de servicios sociales para mayores. Se
ha producido una “huida del Estado”: los geriátricos de titularidad y gestión
públicas son cada vez menos, la tendencia dominante en el sector público ha
sido la de privatizar o externalizar la gestión del servicio a entidades
privadas.
Sin embargo, la opinión de la ciudadanía casi
en su totalidad muestra su preferencia por la gestión y financiación pública de
estos y otros servicios sociales. Se teme que la mercantilización de estos
servicios públicos haga prevalecer los intereses económicos privados sobre los
del bienestar social. Un miedo justificado: las grandes compañías escatiman en
plantillas, en limpieza y en todo; reconocen gastar un 50 % de sus ingresos en
gastos de personal, cuando las entidades sin ánimo de lucro no bajan del 75 %.
En vez de auxiliares de enfermería prefieren contratar auxiliares de geriatría,
que cobran menos y por convenio están obligados a realizar tareas de hostelería.
El modelo actual de colaboración público-privada favorece a las grandes compañías, no evalúa la calidad de los servicios prestados y rara vez sanciona a los incumplidores. Muchos expertos consideran que la irrupción en el sector de grandes inversores ha deteriorado este servicio.
El desastre de las residencias durante la pandemia
La mortandad extraordinaria provocada por la
COVID-19 en las residencias de mayores no se ha producido solamente en España.
En el Reino Unido del 1 al 24 de abril hubo 5.386 muertes en centros
geriátricos. En Nueva York rebasan también los 5.000 hasta ahora. La mitad de
los 7.200 fallecidos en Bélgica por la pandemia han muerto en residencias. En España
no hay cifras oficiales, pero de los 19.430 fallecidos con síntomas en
residencias, se estima que al menos 15.300 lo han sido víctimas de la pandemia.
Que la epidemia se haya cebado en los más
mayores ha sido, pues, un fenómeno global, y hasta cierto punto inevitable por
razones biológicas. Pero aquí han pasado cosas que no deberían haber ocurrido. Las
residencias no son hospitales, no podían afrontar por sí solas una emergencia
sanitaria de este calibre; pero una de dos: o debían haber sido medicalizadas,
o los residentes enfermos tenían que haber sido trasladados a hospitales. Lo
que es inhumano e indigno es que muchos mayores hayan fallecido sin el
tratamiento correcto. Y ello pese al esfuerzo increíble desplegado por los
profesionales de las residencias, que han cuidado a estas personas sin medios
de protección adecuados, pagándolo con un gran número de infectados. La gestión
de las directivas de algunos geriátricos, especialmente algunos de las grandes
compañías, ha sido nefasta, y absolutamente opaca ante los familiares afectados,
que han tenido que interponer cientos de demandas judiciales, civiles y penales.
Pero tampoco algunas Comunidades Autónomas,
que son quienes tienen la competencia de las residencias de mayores, han
respondido a sus obligaciones. En la Comunidad de Madrid, las autoridades
autonómicas del PP ordenaron que no se trasladaran a ancianos afectados por el coronavirus
a los hospitales, colapsados. Murieron sin recibir la atención médica que
necesitaban. El consejero de Políticas
Sociales de la Comunidad, Alberto Reyero (Ciudadanos), advirtió al de Sanidad, Enrique Ruiz
Escudero (PP), en dos correos del 22 de
marzo, de que no enviar ancianos a
hospitales supondría su muerte en "condiciones indignas", y que
podría incurrirse "en una discriminación de graves consecuencias
legales". El 26 de marzo, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz-Ayuso
(PP), le quitó las competencias sobre geriátricos para transferírselas al
consejero de Sanidad. Este declaró que el protocolo enviado a los centros que
negaba la asistencia hospitalaria a los ancianos con Covid-19 era un borrador
remitido por “error”. Durante las semanas más duras de la epidemia, la
Comunidad de Madrid restringió al mínimo los traslados de los mayores enfermos
al hospital, lo que obligó a las residencias a asumir atenciones médicas para
las que no estaban preparadas. Al final la Comunidad hubo de intervenir al
menos 13 residencias privadas entre marzo y abril.
Hay que
cambiar el modelo y fortalecer el control público
A las vista de los hechos parece evidente que el modelo actual hace aguas y perjudica
a los mayores, en especial a los que están en situación más vulnerable. El
drama que se ha vivido debe abrir un debate
social sobre qué queremos para nuestros mayores. Si estamos
dispuestos a que su vida dependa del negocio de los intereses mercantiles de grandes
inversores, regidos por la búsqueda del máximo beneficio, ahorrando costes de
donde sea, o por el contrario deseamos que prevalezca el cuidado de los mayores
residentes.
Las residencias, para que los mayores estén
bien cuidados, tienen un alto coste de mantenimiento. No hay por tanto margen
para un beneficio empresarial significativo, si no es a costa de tener a los
residentes mal atendidos.
Igual que la pandemia ha hecho del fortalecimiento de la Sanidad Pública una
exigencia incuestionable de la sociedad que nuestros gobernantes no pueden
eludir, otro tanto puede decirse de la expansión del control público en los
servicios sociales destinados a las personas mayores, y en particular en las
residencias. Ir a otro modelo pasa necesariamente por ampliar la presencia
pública en el sector. Si la Sanidad Pública ha demostrado ser la verdaderamente
eficiente en los momentos críticos, otro tanto puede suceder en los servicios
sociales para mayores, residencias incluidas.
Dada la situación existente, con casi un 85 % de plazas bajo gestión privada, sería
irreal e inviable a corto y a medio plazo plantear la eliminación del modelo de
colaboración público-privada. Pero sí hay otras cosas que pueden hacerse desde
ya, como dar prioridad al llamado “tercer sector” (entidades sociales y sin
ánimo de lucro), cuya participación está siendo en general positiva, y a las
entidades de pequeño tamaño, restringiendo el papel que tienen los grandes
grupos de inversión. Las CCAA, que tienen la competencia sobre estas
instituciones, deben fortalecer los mecanismos de control y evaluación,
multiplicar las inspecciones, reforzar las cláusulas sociales y sancionar a los
que incumplan, llegando a la rescisión de los contratos en los casos de
quebranto grave de las condiciones estipuladas.
Hay que impulsar fórmulas de gestión lo más parecidas
al marco familiar, que respeten la intimidad, personalicen el cuidado, eviten
la rotación continua de profesionales. Que propongan a los mayores actividades para
una vida con sentido. Eliminar los macrocentros (los preferidos por las grandes
compañías privadas). Generalizar las habitaciones individuales.
Apoyamos las propuestas de la Coordinadora
Andaluza de Mareas Blancas sobre las residencias de mayores:
·
Efectuar una auditoría de las Residencias de
Ancianos de Andalucía.
· Que la Fiscalía inicie investigaciones de
carácter penal en aquellas residencias que pudieran haber incurrido en
comportamientos delictivos durante la pandemia.
· Que las residencias de ancianos y demás
servicios sociosanitarios para las personas mayores queden englobados en el
Sistema Nacional de Salud, que debe definir los criterios y estándares de
calidad exigibles y garantizar el acceso a los mismos en condiciones de
igualdad.
