martes, 13 de octubre de 2026

“Fondos buitres” y financiarización del campo español

 Estamos pasando de un proceso histórico de concentración de explotaciones a otro más complejo, en el que pueden concentrarse simultáneamente tierra, capital, tecnología, ayudas públicas, cadena de valor y agua.


Leandro del Moral Ituarte, Fundación Nueva Cultura del Agua/Mesa Social del Agua de Andalucía

13 de octubre de 2026

Aunque conviene formularlo con precisión, las nuevas dinámicas financieras y corporativas han adquirido suficiente entidad en los últimos años como para hablar de un proceso de financiarización de la agricultura española. Sin embargo, conviene distinguir tres procesos relacionados pero diferentes: concentración agraria, que implica menos explotaciones y mayor tamaño medio; corporativización, que se refiere al creciente peso de sociedades y grandes grupos empresariales; y financiarización que apunta a que la tierra y la explotación funcionan como activos gestionados según criterios de rentabilidad financiera, diversificación patrimonial y valorización del capital. La financiarización se apoya en los dos procesos anteriores y generalmente los acelera.

No estamos ante una sustitución generalizada de los agricultores por “fondos buitre”, sino ante una penetración rápida y selectiva del capital corporativo y financiero en determinados segmentos de la actividad agraria, que coincide con un proceso más amplio y estadísticamente más constatable de concentración de las explotaciones, de la capacidad productiva y, en determinados territorios, de la acumulación del acceso al agua.

 1. El proceso de fondo: concentración y financiarización.

España tenía unas 989.800 explotaciones agrarias en 2009 y 784.141 en 2023. La desaparición de 200.000 explotaciones responde a causas diversas: envejecimiento y falta de relevo generacional, escasa rentabilidad de muchas explotaciones familiares, continuados procesos de mecanización, economías de escala, efectos colaterales de la PAC o, directamente, competencia de los mercados internacionales[i]. La financiarización no origina este proceso, sino que se inserta en él y lo acelera en los segmentos agrarios más rentables.

En este proceso participan actores muy diferentes: gestoras de activos, fondos de private equity, vehículos creados específicamente para adquirir tierra, fondos de pensiones, family offices, grandes empresas agroalimentarias y, continuando tradiciones anteriores, grandes agricultores empresariales que reinvierten beneficios y amplían explotaciones. El terreno agrícola resulta atractivo porque es un activo real relativamente protegido frente a la inflación, combina renta productiva y posible revalorización patrimonial y permite diversificar carteras. Pero el interés financiero por este activo es muy selectivo: se dirige especialmente hacia actividades en las que pueden combinarse buenas tierras, aptitud para aplicación de tecnología y mecanización, escala y agua. Se trata fundamentalmente de los sectores del olivar intensivo y superintensivo, almendro, pistacho, cítricos de variedades especiales, aguacate y otros cultivos leñosos de regadío.

 2. Una penetración creciente, pero difícil de medir.

No existe un registro público que permita conocer qué porcentaje de la superficie agraria española está realmente en manos de fondos de inversión. La propia pregunta por la propiedad resulta insuficiente: sociedades, filiales, arrendamientos y otros vehículos pueden separar al propietario formal de quien ejerce realmente el control económico de la explotación. Pero se puede afirmar que la inversión financiera y corporativa en la Península Ibérica ya se mueve en magnitudes de miles de millones. Una investigación publicada por Greenpeace en febrero de 2026 describe una penetración amplia del capital financiero: fondos internacionales, capital riesgo, family offices y grandes grupos agroindustriales. Entre 2022 y 2024 se invirtieron más de 4.100 millones de euros en el agribusiness ibérico, España y Portugal (incluidas decenas de miles de hectáreas conectadas al sistema hidráulico de la presa de Alqueva, en el Alentejo). En 2025 se movilizaron otros 1.200 millones, un 50 % más que en 2024. Las grandes operaciones de olivar y almendro realizadas ese año superaron las 5.000 ha, principalmente en Andalucía y Extremadura. Greenpeace identifica además vehículos que ya gestionan superficies muy considerables; por ejemplo, Beka & Bolschare Iberian Agribusiness aparece asociado a más de 20.000 ha de olivar, aguacate y almendro en producción o desarrollo[ii].

Según CBRE, una de las mayores gestoras inmobiliarias del mundo[iii], los inversores institucionales ya aportan aproximadamente la mitad del capital invertido en el agribusiness ibérico[iv]. Es una cifra significativa porque muestra que ya no estamos hablando exclusivamente de grandes agricultores o empresas agroalimentarias que reinvierten beneficios. Las operaciones empiezan a tener una escala territorial apreciable. Solo las grandes transacciones de olivar y almendro realizadas en 2025 superaron las 5.000 ha, principalmente en Andalucía y Extremadura, con presencia, entre otros inversores, de fondos de pensiones norteamericanos. CBRE identifica además más de 40 operadores que gestionan conjuntamente más de 400.000 ha en Iberia. Esta última cifra no equivale a 400.000 ha propiedad de fondos: incluye operadores y gestión a terceros, pero precisamente por ello es un buen indicador de la creciente concentración del control productivo.

3. De la propiedad de la tierra al control de la producción

Efectivamente, la financiarización no exige necesariamente comprar la tierra, sino que se produce a través de varios modelos:   

               Compra directa. El vehículo financiero compra finca y explotación.

           Compra y arrendamiento (buy/sale and leaseback). Se adquiere la tierra y el antiguo propietario u otro operador continúan cultivándola, pagando una renta.

           Arrendamiento a largo plazo. El inversor controla productivamente cientos o miles de hectáreas sin adquirirlas.

          Compra de empresas agrícolas. Lo que cambia de manos no es formalmente la finca sino la sociedad propietaria.

          Integración vertical. Un grupo controla viveros, plantaciones, produc-ción, almazaras o centrales, comercialización e incluso distribución.

Por tanto, el indicador verdaderamente relevante no es sólo “quién posee la tierra”, sino “quién controla la tierra, la producción, el agua y la cadena de valor”. Greenpeace documenta expresamente estas distintas modalidades de inversión[v].

Por eso, el indicador relevante ya no es solamente quién posee la tierra, sino quién controla la tierra, la producción, el agua y la cadena de valor. La propiedad catastral puede seguir relativamente fragmentada mientras miles de hectáreas quedan bajo una misma unidad de decisión económica. Las estadísticas basadas exclusivamente en propiedad y número de explotaciones pueden, por tanto, infravalorar el grado real de concentración.

4. Andalucía: tierra, capital y, sobre todo, agua

Andalucía es uno de los espacios donde esta transformación resulta más visible, especialmente en Sevilla, Córdoba y Cádiz. El olivar muestra bien la transición entre tres modelos: del olivar tradicional de secano al olivar intensivo, y de este al olivar superintensivo de regadío. Este último requiere fuertes inversiones iniciales, riego asegurado, mecanización integral y escala, todas ellas características especialmente facilitadoras de la entrada de capital financiero. COAG ha denominado a este proceso “uberización del olivar” y sostiene que entre 1999 y 2020 desapareció el 59 % de las explotaciones olivareras, mientras la producción de aceite aumentó un 65 %. La organización atribuye parte de esta reestructuración al avance del modelo corporativo y financiero[vi].

El activo estratégico no es únicamente la tierra. Una hectárea de secano y una hectárea con garantía de agua son activos económicos muy diferentes. En los cultivos leñosos intensivos, lo que realmente adquiere valor es la combinación: tierra + derecho de agua + infraestructura de riego + tecnología + escala. Una explotación de 1.000 ha que disponga de 2.000–4.000 m³/ha acumula entre 2 y 4 hm³ anuales de agua. Por eso, en determinadas cuencas, el fenómeno debe analizarse conjuntamente como concentración de tierra, que implica concentración de agua y concentración de capital. Hablar sólo de land grabbing puede resultar insuficiente. En determinadas cuencas españolas habría que hablar conjuntamente de land grabbing/water grabbing/concentración de capital.

          

           Fuente: Joan Corominas, 2023 [vii]

5. Un proceso acumulativo que presiona especialmente a la agricultura familiar

El mecanismo tiende a retroalimentarse: desde la disponibilidad de importantes volúmenes de capital, a la adquisición directa o indirecta de tierras, con derechos (o extracción ilegal) de agua, tecnología, mecanización, economías de escala, posiciones privilegiadas en las cadenas de comercialización, lo que aumenta la capacidad de adquirir más tierras o controlar más volúmenes de producción.

A ello se añade un segundo circuito: la entrada de capital puede elevar el precio de los activos agrarios, aumentar las barreras de entrada para jóvenes y agricultores con menor capacidad financiera y favorecer la venta o arrendamiento de pequeñas explotaciones. Entre 2020 y 2024 el precio medio de la tierra agraria española aumentó un 13,8 % nominal, pasando de 9.007 €/ha a 10.248 €/ha [viii]. Esta subida media, que no es grande (está acompasada a la inflación), oculta una realidad muy segmentada: existen mercados concretos donde la presión inversora está influyendo en subidas de precios muy superiores. Greenpeace calcula que el olivar de regadío de Sevilla se encareció un 24,6 % entre 2020 y 2024 [ix]. Estos aumentos no pueden atribuirse exclusivamente a los fondos, pero muestran el contexto en el que se produce la concentración.

Por su parte, la PAC introduce una contradicción adicional. Aunque está destinada a sostener las rentas agrarias y dispone de algunos mecanismos redistributivos, una parte importante de sus ayudas sigue vinculada a la superficie y a la dimensión económica de las explotaciones, lo que favorece su concentración y capitalización parcial en el precio de la tierra. La desigualdad en su distribución resulta significativa: según una explotación de los datos del FEGA realizada por Greenpeace, en 2024 unos 6.900 perceptores privados recibieron casi el 24 % de las ayudas, mientras que más de 370.000 beneficiarios se repartieron menos del 9 %. Estas cifras no demuestran por sí mismas que la PAC favorezca directamente a los fondos de inversión, pero sí ponen de manifiesto cómo una política de apoyo a la agricultura opera sobre estructuras productivas profundamente desiguales, reforzando algunas de esas desigualdades.

 6. Balance y conexión con las propuestas de la Mesa Social del Agua de Andalucía.

No parece correcto afirmar que los fondos hayan “acaparado” el campo español. Persisten centenares de miles de explotaciones familiares y aproximadamente la mitad de las explotaciones españolas tienen cinco hectáreas o menos[x]. Pero tampoco puede considerarse marginal un proceso de inversión que se dirige precisamente hacia los activos agrarios de mayor valor estratégico: buenas tierras, regadío, cultivos permanentes rentables y explotaciones susceptibles de mecanización y escalamiento.

Estamos pasando de un proceso histórico de concentración de explotaciones a otro más complejo, en el que pueden concentrarse simultáneamente tierra, capital, tecnología, ayudas públicas, cadena de valor y agua.

Esta transformación conecta directamente con uno de los planteamientos centrales de la Mesa Social del Agua de Andalucía y con la alianza que en ella mantienen las organizaciones agrarias UPA y COAG con organizaciones sociales, sindicales, ciudadanas y ambientales: la defensa de una agricultura familiar, social y profesional, arraigada en el territorio, frente a procesos que favorecen la concentración de los recursos y de la capacidad de decisión.

En el ámbito del agua, esa defensa adquiere una dimensión específica. El agua es un bien público y un recurso crecientemente escaso, por ello su asignación no puede ser indiferente al tipo de agricultura que contribuye a sostener. En situaciones de reducción de disponibilidades o de escasez estructural aplicar recortes estrictamente proporcionales sobre unas estructuras agrarias ya muy desiguales puede acelerar precisamente los procesos descritos: pérdida de explotaciones familiares, concentración de tierras y transferencia del control del agua hacia operadores con mayor capacidad financiera. De ahí la propuesta de la Mesa de avanzar hacia un reparto social del agua, incorporando criterios sociales, económicos, ambientales y territoriales que permitan proteger la agricultura profesional y familiar, el empleo y el tejido rural, sin menoscabo de los objetivos ambientales y del buen estado ecológico de las masas de agua.

[i] Joan Corominas Masip, 2024. Apuntes sobre la diversidad, y desigualdad de las explotaciones agrarias andaluzas (con datos del censo agrario 2020 y de las ayudas de la PAC 2022), https://fnca.eu/biblioteca-del-agua/documentos/documentos/20240600Explotaciones-agrarias-andaluzas_%20JC.pdf

[vii] Joan Corominas Masip, 2023. Análisis de la explotación de las masas de agua subterránea del acuífero “Almonte-Marismas” declaradas en riesgo cuantitativo, https://fnca.eu/biblioteca-del-agua/documentos/documentos/MaS-Donana.pdf

[viii] Datos provisionales de la encuesta sobre precios de la tierra de cultivo en España 2024,  Mapa Nacional

[x] An overview of Spain’s formally approved strategy to implement the EU’s common agricultural policy (CAP) nationally, as well as information on the process and related documents,  Spain - Agriculture and rural development - European Commission

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martes, 6 de octubre de 2026

El Protectorado

 Generar cuantos más conflictos mejor es un objetivo obvio de las oligarquías o tecno oligarquías fabricantes de armas y de mecanismos de seguridad; el keynesianismo militar es el caramelo que los lobbies armamentistas ofrecen a una parte de la clase obrera, incluso a costa de perecer todos en el intento.


Carlos Arenas

6 de octubre de 2026

El colapso de Ceuta desde finales del mes de julio obedece a razones más profundas que su identificación como crisis migratoria o con el llamamiento de las redes a tirarse al mar, inducido o no, por falsas noticias sobre fronteras abiertas.

Al menos, en mi opinión, hay otras razones que explican el fenómeno. La primera es de carácter estructural: la enorme pobreza y desigualdad con la que el rey de Marruecos tiene sometidas a las provincias del norte de su país, a las nulas perspectivas de promoción y progreso de su juventud. En el sur, donde está Casablanca y la sede de la corona, la renta per cápita es de más de 90.000 dírhams; en el norte, en el entorno de Ceuta, es de 40.000, –unos 3.000 euros al año, menos de la mitad, y cuatro veces menos de la renta de la provincia más pobre de España-. Medido en producto interior bruto, el norte migrante aporta el 5 % de la riqueza del reino alauita, mientras el sur reúne casi el 60 %.

Es la desigualdad lo que empuja a la gente a emigrar. La situación se agrava por la elevada presión demográfica en los territorios del norte, antiguamente llamados del Rif, en el entorno de Melilla y Yebala, en el entorno de Ceuta. Esa presión no es tanta la causada por la tasa de natalidad –el número por hijos por familia es de las más bajas de Marruecos- como por las migraciones interiores desde las regiones montañosas del Atlas y de las pre-saharianas. Europa es el destino final de este flujo migratorio.

Un segundo motivo es político. Como en cualquier satrapía, el nacionalismo sirve para contrarrestar los derechos democráticos y la lucha de clases, tanto más si ese nacionalismo va impregnado de excrecencias religiosas. Cedido el territorio del Sáhara a Marruecos, el siguiente paso para el nacional-satrapismo de Mohamed VI ha sido el de alimentar la marroquinidad de Ceuta y Melilla, como, salvando las diferencias históricas, lo era para Franco la reivindicación de Gibraltar. El paralelismo de lo ocurrido en julio y lo que ocurrió en 1974 con la “marcha verde” es evidente. El sátrapa utiliza la pobreza que no quiere erradicar como arma de intervención en los asuntos de España.

Un tercer motivo, moviendo todo el engranaje, es geopolítico. El estrecho de Gibraltar, como el de Ormuz, como el de Bab El-Mandeb, como lo es el paso de Groenlandia para atravesar el Ártico son lugares claves en la batalla por la hegemonía global entre USA y Occidente de un lado, y China y sus aliados del Sur Global de otro. Controlar esos estrechos supone regular el paso y los beneficios de la cadena de suministros en el planeta.

La competencia entre la floreciente China y la decadente América ha dejado de ser económica dada la superioridad manifiesta de la potencia económica asiática. Todos los imperios en decadencia se resisten a perder su hegemonía por la vía militar; de ahí la guerra que Occidente alienta en Ucrania, en Irán o en el Golfo Pérsico. Generar cuantos más conflictos mejor es un objetivo obvio de las oligarquías o tecno oligarquías fabricantes de armas y de mecanismos de seguridad; el keynesianismo militar es el caramelo que los lobbies armamentistas ofrecen a una parte de la clase obrera, incluso a costa de perecer todos en el intento.

Uno de los conflictos armados en ciernes es el que se promueve ahora entre España y Marruecos; se trata de un obscuro objeto del deseo del tándem Trump-Netanhayu, tanto monta monta tanto, que tiene por finalidad extender la guerra desde el Índico hasta el Atlántico, para que, entre otras razones, el foco sobre el sionismo genocida contra Palestina y Líbano quede opacado en las noticias de los telediarios. No me extrañaría nada que tanto la CIA como el Mosad, operando en el Estado amigo y fallido de Marruecos, hayan estado involucrados en el asalto a la playa del Trampolín, como estuvieron en 2014 en la “revolución” de la plaza del Maidán que depuso al pacifista Viktor Yanukovich del gobierno de Ucrania o en las algaradas contra el régimen de los ayatolás en Irán a comienzos de 2026, semanas antes de que comenzara la actual guerra.

Si al mismo tiempo se castiga a la díscola España por denunciar el genocidio, y a Pedro Sánchez, el “Yanukovich español”, el “amigo de China”, mejor que mejor, y ahí reaparece el pequeño hombre de la guerra, José María Aznar, llamando a rebato por la invasión de nuestro territorio o apelando al batallón judicial para que empapele a Sánchez por traición a la Patria. A partir de ahí todo engarza sin ningún pudor para ensuciar en lo que se pueda y hacer insostenible la situación en Ceuta, desde agresiones de algunos gorilas, civiles y militares, a los inmigrantes o a los ceutíes que atienden necesidades humanas, hasta la negativa de las comunidades autónomas pepévoxeras, a cumplir con el mandato constitucional de acoger a menores que vagan por las calles de la ciudad autónoma. Toda ignominia sirve para acabar con el gobierno de Sánchez, como también sirve votar en contra de dos decretos que trataban de regular el abusivo mercado de la vivienda.

Preguntándome por una posible salida, me acuerdo de aquel Protectorado español sobre el norte de Marruecos en 1912; en aquella ocasión, el finiquitado imperio español recibió, como regalo de las grandes potencias –Alemania, Gran Bretaña, Francia-, el control sobre la franja norte de Marruecos. Fue un regalo geo-estratégico porque ninguno de los imperios abocados a la Primera Gran Guerra admitía que un potencial enemigo controlara el estrecho de Gibraltar. Durante más de medio siglo, España ocupó y malgastó su presencia en el norte de Marruecos; el compromiso adquirido de pacificar y desarrollar económicamente el territorio asignado fue sustituido por una típica ocupación colonial al servicio de las oligarquías hispanas; una colonia regida por una parte del ejército español que hizo la guerra a las kábilas hasta 1927 y la prolongó, ahora en España, desde el 18 de julio de 1936. El Protectorado español fue el gran cuartel de donde surgió el rancio patrioterismo que hoy abanderan Aznar, Abascal y los suyos.  

Un contrafactual nos ofrece una enseñanza que podemos extraer de aquello. Si la España cívica hubiera conseguido imponer sus criterios sobre la militar en 1912, si se hubiera aplicado en favorecer el bienestar de sus protegidos al margen de lo que pensara entonces el Sultán de Marruecos o el rey de España, si se hubiera excitado la buena vecindad entre poblaciones a ambos lados del Estrecho, tal vez hoy la imagen del moro sería otra que aquella inducida por legionarios o por los moros-amigos que trajo Franco.

 Como entonces, nos encontramos en una situación pre-bélica mundial; como entonces, el asunto de Ceuta pasa por acertar con la estrategia geo-política. Hay dos opciones: una, la de “a mí la legión” que proclaman los tercios de Aznar y Abascal siguiendo las órdenes de los lobbies de la guerra; otra, la de intentar que la Unión Europea, al menos la del frente-sur de la Unión, se involucre en la solución del problema migratorio del Magreb, ofreciendo una especie de protectorado de la población indigente del norte de África, de colchón de seguridad por medio del desarrollo social y económico de aquellas poblaciones, etc. Palo y zanahoria con Marruecos; las ventajas que el sur de Marruecos obtiene de la Unión deben ser fielmente correspondidas por políticas de no agresión; el palo sería romper acuerdos o favorecer la oposición democrática a la satrapía.

El acuerdo bilateral entre Francia y España de 2023 y el renovado de 2026 ofrecen el marco institucional estratégico por el que debería pasar la solución a medio plazo del problema migratorio y de seguridad. No será fácil; de un lado habrá que conseguir que en la dictadura de Mohamed pesen más los acuerdos con Europa que el alineamiento con el trumpismo y el sionismo. De otro, habrá que desplazar hacia el sur el interés belicista con el que Alemania y el Reino Unido, principalmente, llevan a la Unión Europea y la OTAN a un enfrentamiento con Rusia de previsibles y nefastas consecuencias. El partido se juega también en España. En las próximas elecciones generales no sólo se confrontan ideas reaccionarias y progresistas, no sólo políticas neoliberales o socialdemócratas, nos jugamos, sobre todo, la guerra o la paz.

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martes, 29 de septiembre de 2026

ANDALUCÍA SE SUMA AL CICLO DE MOVILIZACIONES EN DEFENSA DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA

 

Las reivindicaciones que recorren el Estado de norte a sur y de este a oeste, son las mismas con las que ya salimos a la calle en la huelga de 14 de mayo de 2024.


Carmen Yuste Aguilar

29 de septiembre de 2026

En todos los niveles de enseñanza y en los distintos territorios, el otoño se presenta caliente en la Educación. Más allá de la polvareda momentánea que levanta el famoso informe y los titulares de prensa que genera, la comunidad educativa sigue empeñada en señalar los verdaderos problemas de la Educación Pública. Las reivindicaciones son las mismas desde hace años, porque las administraciones continúan haciendo oídos sordos a una lista de problemas que no para de crecer. Y aunque las luchas son aún sectoriales y territoriales, sin llegar a confluir, se miran unas a otras dándose empuje mutuo, se animan y retroalimentan.

El ciclo de movilizaciones educativas que arrancó en la primavera de 2025 con la huelga indefinida en Asturias supone un aumento significativo de conflictividad laboral y social, tras años de tensa calma. Lo que comenzó como una lucha localizada, actuó como revulsivo para encender otros conflictos latentes en diferentes territorios: Galiza, Comunitat Valenciana, Catalunya, Madrid… y ahora, Andalucía.

Animadas por la victoria parcial asturiana, las huelgas y movilizaciones se han sucedido por todo el Estado en el último año y medio. En Galiza las movilizaciones tuvieron su punto álgido en seis jornadas de huelga general, entre septiembre de 2025 y abril de 2026. Las convocatorias en la educación catalana se organizaron en un calendario fragmentado de diecisiete días de paros sectoriales y territoriales, entre mayo y junio. También en mayo de 2026, las compañeras y compañeros valencianos iniciaron una huelga indefinida masiva que paralizó los centros educativos durante cinco semanas. Al calor de éstas movilizaciones y de la larga lucha de las Escuelas Infantiles 0-3, la educación pública de Madrid terminó el curso con la convocatoria de una huelga general para este octubre. En Andalucía, el testigo lo ha recogido la Asamblea Andaluza por la Educación Pública que se reunió en Antequera el 18 de julio con la presencia de más de treinta organizaciones y colectivos e hizo un llamamiento al “Noviembre Verde” que incluye una convocatoria de huelga para el 11 de noviembre.

Cada una de estas luchas sostiene reivindicaciones propias y no extrapolables, se desarrolla en un contexto diferenciado y tienen características, ritmos y formas de organización propias. Pero todas ellas se entienden dentro de este ciclo de movilizaciones creciente en el que confluyen una serie de reivindicaciones ampliamente compartidas: aumento de la inversión en educación; blindaje de la educación pública; bajada de ratios; freno al cierre de aulas públicas; mejora de la atención a la diversidad y al alumnado más vulnerable; aumento de plazas públicas de FP para dar respuesta a la creciente demanda y la privatización; mejora de las infraestructuras y climatización de aulas; reducción del horario lectivo; rebaja de una carga burocrática que solo sirve para enmascarar la falta de recursos; abuso de la temporalidad y una solución real para el personal interino o recuperación del nivel adquisitivo.

Si observamos atentamente las reivindicaciones, nos damos cuenta que la mayor parte de las mismas no son estrictamente laborales, sino que se enmarcan en la lucha por los servicios públicos, en un contexto de creciente privatización. Por eso la lucha de las trabajadoras y los trabajadores de la educación pública, como en el caso de la sanidad, tiene un marcado carácter de movilización social. Y por eso también, la belicosidad de los sectores más ultraliberales y conservadores frente a las mismas: desde la salvaje agresión policial a una maestra jubilada, a los llamamientos a recortar el derecho fundamental a la huelga de las trabajadoras y trabajadores de la educación, bajo el pretexto de proteger al alumnado que quiere ir a clase.

En Andalucía, nos encaminamos a una huelga general educativa que se suma al ciclo de movilizaciones inaugurado por Asturias, pero que entronca también con una trayectoria de luchas propia. Las reivindicaciones que recorren el Estado de norte a sur y de este a oeste, son las mismas con las que ya salimos a la calle en la huelga del 14 de mayo de 2024. Para quienes pensaron, en aquella ocasión, que no sirvió de nada, hoy saben ya que fue solo un paso en una lucha de largo recorrido que no ha hecho más que empezar.


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martes, 22 de septiembre de 2026

LA CIUDADANÍA ANDALUZA ENTRA EN EL PARLAMENTO PARA DEFENDER LA SANIDAD PÚBLICA

Tras su admisión a trámite por el Pleno del Parlamento el pasado 26 de noviembre, con cincuenta y ocho mil firmas verificadas de apoyo de ciudadanos y ciudadanas andaluzas, la iniciativa legislativa popular de las Mareas Blancas continúa su tramitación parlamentaria.


Sebastián Martin Recio. Médico. Mareas Blancas de Andalucía

22 de septiembre de 2026

En las próximas semanas este proyecto de ley será debatido en la Comisión de Salud del Parlamento donde los distintos grupos parlamentarios, así como organizaciones sociales, sindicales, profesionales y ciudadanas, convocadas como comparecientes, podrán emitir su opinión y plantear aportaciones al texto de este proyecto. El resultado de estos debates confluirá en el Pleno donde finalmente se procederá a las votaciones correspondientes.

A nadie se le oculta que teniendo el PP y Vox conjuntamente mayoría absoluta tanto en las comisiones parlamentarias como en el Pleno, difícilmente este proyecto de ley saldrá aprobado en su integridad.

El sentido común ante la realidad del deterioro de la sanidad pública andaluza

Sin embargo, nuestra estrategia va más allá de la mera correlación numérica que pudiera darse en el interior del Parlamento. Nuestros planteamientos están imbuidos del sentido común ante la realidad del deterioro de la sanidad pública andaluza. Un sentido común y una preocupación que consideramos comparte la inmensa mayoría de la población andaluza y que se sustenta en la más pura realidad que estamos viviendo: El incremento de la mortalidad evitable, las inmensas listas de espera, la demora asistencial en la Atención Primaria, el abandono real del seguimiento periódico y necesario de muchos enfermos crónicos..., todo esto está generando un enorme sufrimiento de la población andaluza a la que se está sometiendo asimismo a un auténtico chantaje asistencial nunca visto: "Si quieres que esa prueba diagnóstica o esa consulta con el especialista hospitalario, te llegue mucho antes, vete a la privada o contrata una póliza privada de seguro de salud..."

Y el efecto, a todas luces visible, está plasmado en principio en las más de dos millones de pólizas de seguros privados existentes y en el aumento de contrataciones y externalizaciones con las empresas privadas de la sanidad. Y junto a esto, algo realmente muy grave: desde 2019 a 2025 el número de médicos que compatibilizan su trabajo en la sanidad pública con trabajos en la sanidad privada ha pasado de 2.400 facultativos (un 16 %) a 10.700 (un 40 %). Ya vemos la política de Recursos humanos que ha llevado en estos años el gobierno andaluz.

Una política sanitaria que está desmantelado la sanidad pública

Una política sanitaria que ha vaciado en la práctica real de recursos humanos y materiales al sistema público, con un sistema de transferencias presupuestarias al sector privado, un impulso a este sistema sanitario privado generado por el propio deterioro de los servicios públicos y un "traspaso" compatibilizado de profesionales sanitarios, mayormente médicos, facilitado por este gobierno a las empresas privadas de la sanidad. Por cierto, ninguna empresa importante, ninguna entidad financiera, permitiría que técnicos de su plantilla fueran por las tardes a trabajar a otras empresas del mismo ramo...

Cuando el gobierno andaluz públicamente presume de los mayores presupuestos habidos para la sanidad y de contrataciones de personal..., el sentido común nos plantea igualmente: "¿Cómo es posible que con tan ingente cantidad de presupuestos y de contrataciones, esté la sanidad pública cada vez peor?" Hablaríamos, pues, también de una falta de capacidad en la gestión... Con ello, el gobierno andaluz del PP, al mismo tiempo que hace gala publicitariamente de los enormes presupuestos y contrataciones realizadas, se echa tierra encima al constatarse, a pesar de ello, los malos resultados de las políticas aplicadas.

Las estrategias de las Mareas Blancas en este proceso de debate en el Parlamento de Andalucía se basarán precisamente en eso: la realidad y el sentido común. Podrán atiborrar de argumentos llenos de números, podrán descalificar lo que quieran a quienes quieran, pero hay una realidad evidente que nadie puede obviar y es que la sanidad pública está en un proceso de deterioro que puede llevarle a su desmantelamiento real, y que ese proceso está auspiciado por políticas que comienzan con insuficiencia presupuestarias, contrataciones y externalizaciones con la privada en aumento, falta de personal y contrataciones precarias, saturación asistencial, demora en las listas de espera, etcétera.

La política del PP: cambiar el modelo sanitario público y universal

Una política que va dirigiéndose progresivamente a cambiar el modelo sanitario existente. Lo que hemos percibido por parte de las políticas del PP es que no creen en absoluto en lo que es un modelo de sanidad pública, universal, gratuita en el momento del uso y de calidad. Ya Moreno Bonilla dijo en su día que ese modelo era “inviable”. Entonces lo que estamos presenciando es una transición, en algunos casos salvaje, para pasar a un modelo “dual” en el cual los que tengan más recursos económicos, bien a través de una póliza de seguro privada -que irán subiendo de precio, por supuesto- o acudir directamente a consultas privadas con dinero “de su bolsillo”. Y de otra parte una sanidad pública universal, pero empobrecida, deteriorada, saturada, y que, curiosamente, la sanidad privada utilizará cuando le convenga para deshacerse de enfermos crónicos vulnerables, pluripatológicos, con antecedentes de procesos cancerígenos, cardiovasculares, musculo-esqueléticos, neurológicos, pulmonares, etc., de mayor gravedad, que no les resulten “rentables”.

La necesidad de la participación y la movilización social

Por todo esto para las Mareas Blancas es fundamental la movilización ciudadana, la toma de conciencia y de compromiso, la organización ciudadana abierta y transversal en cada pueblo y en cada barrio. Defender la sanidad pública hoy requiere ese apoyo político y social amplio. Y esperamos que, con el apoyo de los grupos de la izquierda y, por qué no decirlo, con la propia capacidad para ceder lo que la realidad y el sentido común vienen exigiendo, el mismo gobierno andaluz asuma lo esencial y prioritario que planteamos en nuestro proyecto de Ley.

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viernes, 18 de septiembre de 2026

Migración a Ceuta y ataque contra el Gobierno

La masiva invasión por la frontera de España y la UE en Ceuta el 30/31 de julio rompe normas y hábitos de las entradas irregulares de migrantes: muertes por ahogamientos y 70/80 mil personas que forzaron todos los sistemas fronterizos habituales, creando una situación crítica en lo social y en la vida política, acentuado por lo que esconde el trasfondo de su organización y la enorme dificultad de una respuesta justa y humanitaria.


Manuel Armenta

18 de septiembre de 2026

 Desde el primer momento y emergencia de actuar, el Gobierno de España trató que el Gobierno de Ceuta dispusiera todos sus recursos unidos a los que el Estado tomó desde el primer minuto: formalmente se acordó, pero no movió un dedo. Solo inició la estrategia de censura y protesta contra el gobierno de España y su presidente.

Desde el 31 de julio Ceuta duplicó sus habitantes: 84.208 residentes habituales y un número muy parecido de ocupantes ese día. Una parte de la población ceutí vive en condiciones de vida dignas, aunque los datos sean muy distantes de la situación que se vive en España: hay un 22,41 % de tasa de paro, 15.005 personas cobran el Ingreso Mínimo Vital y 36.325 están en riesgo de pobreza/exclusión social. Ceuta está gobernada por el PP desde los últimos 25 años, y España por el Gobierno de Coalición progresista los últimos 8 años. Hay que destacar que la ciudad de Ceuta es un territorio aislado del resto de España, que necesita blindar su frontera, y que en 2014 el gobierno del PP (presidido por M. Rajoy) preparó un proyecto para ampliar 40 metros el Espigón de Tarajal, y se abandonó, y que en 2024 el PP rechazó la ampliación de los Espigones, y su Alcalde (Vivas) votó en contra de la misma en 2025.

La migración de Marruecos y otros países africanos hacia España y Europa es frecuente y forzada para sus protagonistas por sus condiciones de vida, pero este formato masivo y la diversidad de personas con riesgo de muertes e inviabilidad, NO resulta admisible por la forma y tipo de invasión producida. Solo cabe marcar como referente de lo ocurrido dos aspectos: la génesis de su impulso y organización responde a un carácter político nacional e internacional dirigido contra el Gobierno de España, y hay un menosprecio absoluto por la vida de las personas.

La carencia de Ceuta de espacios de alojamiento provisionales de migrantes provocó una fuerte confrontación con la ciudadanía por las calles, convertidas en asentamiento de personas que buscan comida y acomodo mínimo de vida… Situación que el Gobierno de España supo afrontar en las primeras 48 horas, con importantes refuerzos de militares y policías para retornar a Marruecos en torno a 60.000 personas, y entre unos 25/30 días, otros 5.300 más también han sido retornadas de forma voluntaria. Hablar de la defensa de la ciudadanía ceutí y su territorio, fue y sigue siendo uno de los referentes de hechos del Gobierno del Estado. 2.100 menores sin respaldo familiar y personas que se ajusten a la ley de migración deberían ser acogidas.

Las competencias fundamentales del Gobierno de Ceuta ante la migración siempre han sido: la Protección de menores, la Asistencia Social, los Servicios Públicos y la Gestión Urbana. Y aunque en este caso, la forma masiva rompa moldes y normas, no se pueden cambiar las leyes ni el Derecho Humanitario, ni manipular al conjunto de la ciudadanía de España con el eslogan de “invasión y desalojo”, “defensa del pueblo ceutí” y contra las políticas humanitarias del Gobierno de España que priman al pueblo ceutí y buscan devolver la tranquilidad a sus miembros, gestionar la atención a los recién llegados y esclarecer los hechos ocurridos... Porque quien tenga derecho al asilo lo tendrá y quienes NO serán devueltos… Solo así se trabaja por y para Ceuta y su ciudadanía.

El Gobierno de España, que en la primera semana de septiembre ya ha habilitado en el Puerto de Ceuta fórmulas protegidas de alojamiento para 4.500 plazas y en pocos días llegaran a 6.000, así como comprometido con Ceuta más de 300 millones de euros para reactivar el tejido económico, la seguridad y la frontera, así como recursos de todo tipo para mantener la calma posible, los procedimientos administrativos y unas condiciones de vida dignas para quienes tengan que soportan el procedimiento legal. También Bruselas desbloqueará 115 millones de euros en fondos de emergencia para ayudar a gestionar la situación y reforzar FRONTEX.

La ciudadanía de Ceuta ha sido agredida y necesita volver a su vida cotidiana en todos los órdenes de la vida, aunque dadas las circunstancias en esta ocasión, todo el trabajo pueda alargarse más, por la amplitud del procedimiento selectivo y reparto de quienes se acojan a la legalidad migratoria. Todas las zonas urbanas se necesitan libres (unas 1.000 personas que pernoctaban en calles ya están en un dispositivo temporal), aunque siga siendo imprescindible mantener mayor vigilancia policial. Y para ello, también se necesita que las comunidades autónomas que se están negando a recibir a los migrantes menores y los que sean legalizados, cambien el paso para que los traslados puedan agilizarse sin ningún tipo de confrontación política. La ciudadanía ceutí, a la que tanto se dice defender, también lo necesita.

España y su Gobierno han vivido, con importante protagonismo territorial de Ceuta y su ciudadanía, una mezcla invasiva de movimiento migratorio inusual, con la intención de ocultar el acto de ataque deliberado al presidente Sánchez y su Gobierno y a las democracias europeas, en el contexto de la crisis geopolítica de primera magnitud que el mundo vive, con guerras y todo tipo de confrontaciones. España y su Presidente ya es uno de los referentes que se quieren destruir, porque protagonizan el modelo progresista que más se necesita para unas condiciones de vida dignas y la igualdad.

Esta operación invasiva afecta a un flanco débil de la frontera europea. España, sin vínculos directos territoriales, siempre ocultará el respaldo real a dicha operación por los países o voluntades de tipo político que la hayan promovido, porque el objetivo contiene actos delictivos, por sus consecuencias en muchas de las personas migrantes necesitadas (muertas, vivas o dañadas) que han protagonizado el paso por mar o tierra, como víctimas, y el ajuste al derecho internacional. Los partidos políticos más conservadores y ultras, no solo de España, no paran su guerra contra el Gobierno de España y contra las políticas que se mantienen para poder acoger a migrantes necesitados ajustados al Derecho, y las condiciones de vida dignas del pueblo ceutí, España y Europa. Tampoco parece aceptable la petición reciente de MARRUECOS a España, del regreso de todos…

La guerra política, institucional y en todos los órdenes de la vida contra el Gobierno de España y su Presidente no parará, porque todo el conflicto/guerra se promueve para conseguir el objetivo básico de ella. Lo secundario es la migración, como ya se evidencia con las nuevas estrategias de errores de eficiencia en la gestión, retrasos de actuaciones y hasta comisión de delitos contra el Gobierno.
La confrontación radical suscitada contra el Gobierno para convertirlo en responsable de una invasión que daña al pueblo ceutí y a toda España, soportada en los relatos de que se conocía la invasión (horas antes de producirse), más masiva aún, aclara con más contundencia que la forma de proceder del Gobierno ha sido la más objetiva que se podría realizar en horas, para evitar agresiones y muertes en línea con el concepto “guerra”, que tampoco podrían haber evitado daños imprescindibles con Marruecos, y el Derecho Humanitario y Migratorio de menores y personas con respaldo legal para cruzar fronteras. Este tipo de invasión y estrategia oculta de sus promotores era difícil de resolver sin acabar en guerras, actos de violencia y atropello de los Derecho Humanos.  

Lo determinante en este conflicto HOY para sus promotores es llevar a la gran mayoría de la ciudadanía española a censurar al Gobierno y poder derribarlo. Esta guerra no tendrá fin, porque también las puertas están abiertas a que sea el actual Gobierno y su presidente, el que consiga transmitir y convencer con hechos y palabras a esa mayoría social que decidirá con apoyos y votos que el gobierno-Sánchez se mantenga en las próximas elecciones generales de España, para que sigan prevaleciendo los Derechos Humanos y Condiciones de vida Dignas para el conjunto de la ciudadanía por todo el mundo, con MÁS DEMOCRACIA Y LIBERTAD.

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martes, 15 de septiembre de 2026

El derecho de las personas a ser necesarias

 


... uno de los derechos más valiosos, uno de los bienes fundamentales de las personas, de cada individuo, es ser necesario.

Enrique Cobo Fernández

15 de septiembre de 2026

Motivado por al tremendo ruido que grita que “libertad” es el derecho que tienen los poderosos a hacer lo que se les antoje a costa de lo que sea; en respuesta a la campaña infinitamente potente de legitimación de todas las violencias habidas y por haber para que unos pocos puedan ejercer su “libertad” de poseer bienes, de imponer sus normas, de matar, de secuestrar, de dictar la normas que les allanen el camino a sus ambiciones de tener y a su deseo de poder, es necesario replantearnos algunas de nuestras “convicciones”, y empezar a pensar que estamos ante una situación prerrevolucionaria, dadas las profundas insatisfacciones de los desposeídos y el malestar, la grave neurosis de los poderosos.

Hoy quiero hacer una aportación -no novedosa, pero si olvidada- a lo que debe contener esa forma de convivir los pueblos que es la democracia, el poder de los pueblos, la soberanía popular: el derecho de las personas a ser necesarias.

 Estamos acostumbrados a referirnos al derecho de la persona a acceder a aquellos bienes y servicios que vienen a satisfacer las necesidades que tenemos para vivir dignamente. Al repasar la lista de la DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE, echo en falta uno que creo importantísimo: el derecho de la persona a ser necesaria.

Considero que una de las más crueles agresiones a cualquiera es cuando se le condena a que no pueda ejercer su derecho a ser necesaria para la comunidad en la que vive y, ni siquiera, para las personas para las que desearía ser necesaria. He comprobado que no hay peor insulto a alguien que hacerle sentir que no sirve ni para que le exploten, que la peor agresión a una persona en paro, expulsada del mercado de trabajo, es hacerle sentir que no puede aportar nada que tenga valor para alguien.

El problema no está solamente en que el reparto de lo que haya, sean bienes o sean servicios, se haga de tal manera que unos tengan mucho más de lo que necesitan y otros muchísimos no tengan lo mínimo que necesitan para vivir. Que lo es.

También es problema más grave que le hagamos sentir a alguien que no tiene nada que aportar que tenga valor para alguien en concreto y para todos.

Para que ese sentimiento no nos destruya estamos dispuestos a casi todo: a que nos engañen, a que nos exploten, a que nos pisoteen, si para alguien somos necesarios. Es el día a día de la vida de un trabajador.

 Somos generosos por naturaleza, esencialmente generosos, somos una especie animal singular en la que cada individuo ha de ser y tiene que sentir que es necesario.

Si una persona siente - se le hace sentir- que ni puede, ni sabe, ni “quiere” hacer algo útil para los demás estamos propiciando la expresión más cruel de la insolidaridad y poniendo en peligro la paz. Una sociedad agrede, mata, ningunea, si hace que alguien se sienta impotente para hacer algo que valga la pena, algo que sea valioso para otros. Creo que esta es una de las agresiones generalizadas en la sociedad de hoy.

Esas historias que nos han contado de que el desarrollo de la libertad de crear, de producir, de comprar, de vender, de ganar, de intercambiar; esa historia de que la libertad de producir, comprar y vender en un ambiente de libertad total para los que producen, compran y venden, para las personas que “emprenden”, tendrá como fruto la JUSTICIA , un reparto justo de los bienes y un acceso a los servicios que todos necesitamos y, nada más y nada menos que se nos regalará, como consecuencia, LA PAZ, son “historias para no dormir”.

 Esos relatos que nos contaron y nos siguen gritando hoy, como que libertad para producir y apropiarse de lo ajeno, que la libertad para los mercados y los mercaderes, nos traerán la justicia y la paz a todos, visto lo visto, ya no se lo cree nadie. La libertad para producir y mercadear no trae la paz y la justicia universales como estamos comprobando. Y es que no queremos que alguien produzca lo que necesitamos y nos lo eche al comedero, porque todos y cada uno de los seres humanos queremos ser necesarios, nuestra naturaleza nos lleva a comer, a reproducirnos y a SER NECESARIOS.

Los explotados hemos sido convencidos de que somos simples receptores de lo que se caiga de la mesa y justifican cualquier cualquier negocio, cualquier agresión al medio ambiente, a la ciudad, a otros trabajadores, a la vida incluso…, porque, “crea puestos de trabajo” y alimenta los fondos de reparto de una Seguridad Social concebida como beneficencia…, y ya está.

Nos quitan hasta la libertad de desear y de participar en la ciudad que queremos en nombre de los beneficios que trae la libertad del mercado.

Hay algo que nunca les preocupó porque no entraba en los mecanismos del mercado de una forma que se pudiera dominar, ese algo es el derecho fundamental de cada persona a sentirse necesario y a lograr ser necesario para otros, a ser respetado y necesitado.

Podemos hacer algunos ejercicios que resultan interesantes. Uno puede ser el de hablar con las personas mayores e intentar escuchar las historias de su vida que nos cuenten, oírnos de qué presumimos. Los más humildes y los más poderosos presumen de lo que han conseguido para los suyos, sus hijos, su pareja e incluso lo que hicieron para que “los otros”, los demás, accedieran a algunos bienes colectivos. Yo he podido comprobar con mis paisanos (explotadores y explotados) que siempre incluyen su participación en movilizaciones para la consecución de las libertades, para la consecución de servicios públicos de calidad, para que la enseñanza fuera accesible a todos, para que el cuidado de la salud fuera un derecho... Hablar serenamente con mis convecinos ya mayores, como yo, y recordar con ellos las movilizaciones sociales en las que participaron y echar de menos las acciones colectivas que ellos vivieron como partícipes necesarios para “las victorias” que se consiguieron es algo común en nuestras comunidades como he podido comprobar.

Esta reflexión creo que es oportuna para que las organizaciones políticas, sociales, las empresas…, para que cualesquiera otras organizaciones sociales tengan en cuenta que ninguna persona es un consumidor y…, ya está, sino que es nuestra esencia ser necesarios y que, por tanto, han de actuar teniendo en cuenta que todas las personas, solas y en grupo, lo que necesitamos más que la libertad sin condicionantes, es ser necesarios, saber y sentir que somos parte de unos conjuntos que pueden hacer milagros como, por ejemplo: sociedades justas, medioambientes sanos, sistemas de producción amables, creativos, respetuosos con los individuos y con el medio ambiente…, justos. Nos gusta cuidar de la salud de todas y cada una de las personas, mantener nuestra ciudades cuidadas, habitables, alegres, que todos tengamos viviendas guapas…, etc., etc.

Para eso solo estorban los que dicen “TODO PARA EL PUEBLO, PERO SIN EL PUEBLO”. Los pueblos no queremos tener lo que nos den, sino que queremos sentirnos y ser soberanos, necesarios, determinantes para construir el futuro de tal manera que cada persona acceda a lo que le corresponda y necesite y pueda aportar.

(El nombre está bien pensado: “Soberanía popular”, que es como le llamamos algunas veces, y “democracia” otras, pero, aunque decimos las mismas palabras, todos no decimos lo mismo).

 Por eso será que cuando ellos dicen justicia yo digo libertad; cuando ellos dicen libertad yo digo democracia; cuando ellos dicen “guerra” nosotros decimos “paz”; cuando ellos dicen “paz”, nosotros gritamos justicia y amor…, cuando ellos dicen orden nosotros decimos “cuidados”, cuando ellos dicen ir a la justicia todos nos echamos a temblar; y así sucesivamente, porque pretenden equivocarnos con palabras que nosotros amamos pero que para ellos son cápsulas en las que encierran veneno.

Lo que estoy intentando expresar es que uno de los derechos más valiosos, uno de los bienes fundamentales de las personas, de cada individuo, es ser necesario.

Quizá ese sea el sentido más radical de la democracia, el ejercicio universal de la soberanía popular, la participación en la construcción de lo común.

Queremos ser protagonistas de la construcción de lo común y no queremos ser receptores de los bienes que “otros” nos procuren, queremos y sabemos que tenemos que ser necesarios, imprescindibles, para lograr que sea posible la justicia y la convivencia.

El derecho a ser necesario es un derecho fundamental de las personas con el que hay que contar para organizarnos y vivir la aventura de crear un mundo nuevo que será democrático o no será.

Esta reflexión quiero que sirva también para ayudar a que las organizaciones para la participación en la construcción de lo común (partidos, sindicatos, asociaciones…) entiendan que sus asociados quieren ser militantes, necesarios, generosos y no tenerles como indigentes que esperan recibir las migajas que se caigan de la mesa del poder.

Seguir por donde vamos, seguir con la cantinela escuchada en los últimos siglos, de que la libertad de los mercados y de la competencia entre ellos para actuar en la economía y en la creación de normas de derecho, como camino hacia la justicia y la paz, es una verdad que los poderosos, los filósofos, los intelectuales, las iglesias, los organizaciones políticas y sindicales, potenciados todos por unos medios de comunicación también sometidos colectivamente a la “libertad de los mercados”, a la “libertad de los que puedan”, sometidos a ellos como actores principales y únicos de los procesos de construcción de bienes, servicios y reglas de convivencia, nos ha traído a donde estamos y amenaza con llevarnos hacia un futuro ya presente de violencia, injusticia, represión y dolor para la mayoría.

Hay un camino para la esperanza si consideramos la posibilidad de que sea verdad lo que quiero afirmar: las personas no deseamos ser sujetos receptores de los bienes y las normas de convivencia que otros nos fabriquen y nos impongan, con voluntad de “servirnos” o con voluntad de explotarnos, da igual, sino que, por el contrario, todos y cada uno de nosotros, los seres humanos, todas y cada una de las personas queremos ser protagonistas de la construcción de futuro, actores principales en la construcción del bien común, participes generosos en la construcción de “lo común”, vigilantes minuto a minuto de su devenir y creadores y correctores de los bienes, de las normas y de la administración de los recursos a poner en funcionamiento, sin sacar más ventaja de esa participación que poder disfrutar de lo necesario para sostener la ilusión de vivir con lo que necesitamos para nuestra supervivencia, en lo que se incluye imprescindiblemente participar generosamente en la construcción de ese mundo.

 Esta perspectiva de la persona es necesario que sea tenida en cuenta y aplicada en profundidad en las organizaciones políticas y sociales y que pasen, en consecuencia, a cambiar su dinámica radicalmente. Cuestión que será objeto de una próxima entrega en este blog.

 Estoy pensando en que tras tanto decir cosas no he caído en que si fuera verdad que uno de los deseos más fuertes del personal es ser necesarios a lo mejor la clave está en cómo organizar esa voluntad para que puedan ejercerla; y el problema es que, tal como está organizada esta democracia, la gente no logra poder llevar a cabo su deseo de ser protagonista sino solamente de delegar en sus “representantes” todas las acciones y por tanto que se le condena a elegirlos de vez en cuando para que deseen por ellos y les procuren el acceso a los bienes y servicios que desean tener o disfrutar, pero va a quedar en casi baldío su derecho a ser necesarios. Si es así hay que cambiar algo y, quizá, esto sea hacer mucho más democráticas las organizaciones que proveen de candidatos y extender los ámbitos para el ejercicio de la democracia, soberanía popular, a instancias institucionales a todos los niveles territoriales, temáticos, institucionales y no institucionales donde “el personal” pueda ejercer su derecho a ser necesario.

Estoy convencido de que llevaba razón don Antonio: “se hace camino al andar”.


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