martes, 17 de noviembre de 2026

ELECCIONES 29/11: PROGRESO O RETROCESO

 

El adelanto de la convocatoria electoral por el Gobierno de coalición progresista es la expresión del momento crítico de quiebra del sistema democrático que se está viviendo por todo el mundo y con especial énfasis en España, causado por las derechas y ultras contra el Gobierno y sus políticas que buscan mejorar las condiciones de vida y la igualdad de las mayorías sociales, con el añadido de las importantes movilizaciones que han protagonizado amplios sectores de la sociedad en defensa de sus derechos.


Manuel Armenta

17 de noviembre de 2026.

Estas elecciones se convierten en un referente clave no sólo de España sino de Europa, porque somos uno de los países que ejercen, en estos momentos tan críticos, un liderazgo político-económico-social de progreso y libertad en la UE y contra el imperio occidental reaccionario que lideran los EEUU. También son un referente esencial las luchas, movilizaciones, paros y huelgas de los trabajadores y la sociedad española, que ahora han de confluir con el poder de su voto en las urnas el 29/11.

Los poderes fácticos de la sociedad actual están consiguiendo dañar las condiciones de vida de la población, sus derechos y los avances en igualdad de las mayorías sociales por todo el mundo, con sus políticas armamentísticas y guerras. Las corrientes políticas liberales y dictatoriales implementan sistemas de IA que confunden a una gran parte de esas mayorías sociales, tan necesitadas de políticas de progreso económico, social e igualdad, como se está poniendo en evidencia básicamente en los EEUU, la UE y Sudamérica, de forma global en todos sus Estados. Sin embargo, en algunos de ellos se imponen las políticas de progreso, como ocurre en España (con su gobierno de coalición progresista), en Brasil (en sus recientes elecciones) y en los propios EEUU (en donde los republicanos han perdido la mayoría en las 2 Cámaras del Congreso, con presencia de parlamentarias afroamericanas, indígenas y de origen latino); en Israel, una mayoría de fuerzas políticas (incluso árabes) se alían contra Netanyahu.

En España, después de siete años de mejoras estatales en muchos órdenes de la vida, está rota la confluencia y unidad de las mayorías sociales receptoras de esas políticas de progreso. Las comunidades autónomas y municipios gobernados por las derechas y ultras imponen con sus poderes institucionales recortes y restricciones en políticas y servicios públicos básicos: vivienda, sanidad, educación, fiscalidad, políticas sociales y de igualdad. Con ello perjudican a los más necesitados de tales servicios públicos y benefician a los poderes económicos privados.

En los regímenes democráticos, y con más énfasis los que avanzan por vías de progreso social (caso de España), la IA es utilizada para propagar noticias falsas que impiden distinguir la verdad de la falsedad e impedir la confluencia y unidad de las personas con necesidades e intereses comunes, sociales, económicos y políticos, y esos bulos tienen efectos directos también en los procesos electorales. 

Las próximas elecciones se están viendo afectadas por todo tipo de acciones del eje reaccionario PP/VOX contra el gobierno de coalición progresista y muchas de sus políticas básicas que han beneficiado a las mayorías sociales, los servicios públicos y al modelo de democracia que España sustenta en la búsqueda de derechos, condiciones de vida dignas e igualdad. La convocatoria electoral marcará en las urnas la voluntad y poder popular para avanzar o retroceder.

España está inmersa en una crisis profunda que daña a las mayorías sociales, a pesar de las mejoras implementadas, y miles de organizaciones y movimientos protagonizan movilizaciones en las calles, huelgas en empresas y centros públicos en defensa de sus intereses, dañados por los poderes económicos y algunos institucionales. Movilizaciones unitarias del nuevo poder popular hoy imprescindibles, si queremos recuperar y avanzar en derechos y condiciones de vida que nos recortan, o no terminan de llegar. Precisamente, las dos últimas disposiciones aprobadas por el Gobierno en materia de vivienda pretendían evitar desahucios, caducidad de contratos que se utilizaban para incrementos los alquileres, impedir lanzamientos judiciales y permitir accesos asequibles al alquiler o compra de viviendas… El rechazo a dichas medidas por PP/VOX y sus aliados es una de las causas que forzaron el adelanto electoral al 29/11/26. No obstante, el Gobierno ha podido sacar adelante uno de los dos decretos a través de la Diputación Permanente del Congreso.

La huelga general que convocó para el 11/11/26 el Sindicato de Inquilinas, referente de las movilizaciones y luchas por el acceso a la vivienda, su sostenibilidad y condiciones asequibles de alquiler o compra, movilizó a todos los sectores sociales progresistas de España, con el respaldo de más de 20.000 organizaciones y movimientos: sindicatos de obreros y estudiantes, movimientos vecinales y sectoriales de todo tipo. En realidad, movilizó al conjunto de la población SIN ideario político, movido únicamente por la defensa de acceso a la vivienda digna y las aspiraciones de unidad, derechos e igualdad. Las movilizaciones de feministas, estudiantes, barrios, sanitarios, profesores, pensionistas, y todo tipo de trabajadores que se han desplegado por toda España han supuesto un protagonismo fundamental de la sociedad en la lucha por un régimen de democracia que asegure los derechos y la igualdad de las mayorías sociales, que hoy están llamadas a decidir en las elecciones quien gobierna.

De las elecciones del 29-11 dependen muchos de los objetivos de las luchas que se están produciendo por toda España por unas condiciones de vida dignas, que ya el Gobierno de Coalición viene implementando, y confrontan con las que se aplican en Comunidades Autónomas y Ayuntamientos gobernados por PP/VOX, con los criterios de privatización de lo público que afecta negativamente en lo económico y en la vida social a una gran mayoría de personas y familias, con un potente énfasis en sanidad, educación, vivienda, salarios y servicios sociales (entre otros). Por todo ello, al coincidir luchas y reivindicaciones con un proceso electoral, se hace imprescindible buscar la máxima confluencia entre las demandas reivindicativas y el voto popular, para conseguir el poder institucional del Estado. Y así el voto popular será también CONFLUYENTE con quienes YA han demostrado con hechos y no solo con palabras y discursos, el camino que se debe seguir. Y ahora es un momento determinante y clave para conseguirlo, porque el poder popular se moviliza más unido que nunca en sus reivindicaciones y movilizaciones, con un gran potente apoyo social y laboral, frente a todo tipo de poderes Institucionales.

Aunque el tema de la vivienda haya sido el revulsivo clave para conseguir el nivel de movilizaciones que hoy protagoniza una mayoría social por toda España, ha ido unido a la aspiración de fortalecer los derechos básicos (Sanidad, Educación, Pensiones, condiciones de vida dignas, igualdad y bienestar social), que han ido en bastante sintonía con las políticas que el actual Gobierno de coalición progresista (y las corrientes políticas que lo apoyan) han implementado o comparten en gran medida. Esta situación política abre puertas para mantener la máxima unidad de lucha social y la gobernanza política progresista en las instituciones del Estado, como único camino para mantener la democracia más avanzada posible, frente a la corriente reaccionaria que representan las fuerzas políticas ultra-conservadoras y dictatoriales de PP-VOX, como ya llevan años expresándose por toda Europa, como se viene viendo en las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos que gobiernan en España, en donde aplican, con la potencia que evidencian los datos, la destrucción de los Servicios Públicos básicos, con la vivienda como uno de esos referentes.

Las elecciones del 29-11 en ningún caso deberían reportarle ningún tipo de mayorías a las corrientes políticas derechistas, porque se destruiría el modelo de sociedad que tenemos y la vía de progreso de la actual corriente política que gobierna en España en los últimos 8 años. Y son las luchas y las organizaciones y movimientos que hoy las protagonizan, quienes tienen en sus voces, manos y urnas, el poder de implantar un nuevo gobierno progresista. Y hoy es evidente que todas las condiciones de progreso que las elecciones generen, estarán creadas por la mayoría social que lucha y vota.

jueves, 12 de noviembre de 2026

CULTURA REACCIONARIA Y FRENTES CULTURALES

El ascenso y prevalencia de los discursos del odio y neofascistas contrarios a los valores democráticos y la civitas propias de las sociedades formalmente democráticas nos sitúa ante un reto radical, en términos de disyuntiva, para preservar el futuro de la especie y del planeta en términos de socialismo o barbarie. 


Francisco SIERRA CABALLERO

www.franciscosierracaballero.net

13 de noviembre de 2026

 

El contexto histórico de crisis y colapso del capitalismo en el actual proceso de transformación sistémica que introduce como salida al descenso decreciente de la tasa de ganancia el recurso a las nuevas tecnologías, la IA generativa y los procesos especulativos del capital financiero internacional sitúa el proceso de restauración que estamos viviendo con la ola reaccionaria en el marco de una política de contraofensiva ideológica para el disciplinamiento de clase y la liquidación de los derechos conquistados históricamente por la clase trabajadora en el marco del consenso del Estado de Bienestar.

A diferencia de la era neoliberal, iniciada en los ochenta con la llamada revolución conservadora, las estrategias de ofensiva ideológica del capital y sus terminales político-mediáticas se distinguen hoy por la vindicación de formas premodernas, autoritarias y neofascistas de organización. Diríamos que del modelo de Estado Corporativo, analizado por Gramsci, durante el fascismo del pasado siglo XX, hemos pasado al gobierno de las Corporaciones sin Estado o con la anuencia activa del Estado, y la persistencia, contradictoriamente, de un discurso y narrativas de la extrema derecha patrióticas o nacionalistas. Esto es, uno de los rasgos distintivos de la actual ola reaccionaria es que no es un fenómeno ni meramente ideológico ni un proceso aislado sino más bien global, al ser una política, como antaño, dirigida por el capital financiero internacional, ahora junto a plataformas hiperconcentradas de intercambio y sistemas de control tecnofeudales que operan a nivel transnacional, y colonizan de forma determinante el cuerpo social y los mundos de vida, además de la economía y la cultura. Se trata, en suma, de una estrategia de recomposición dirigida a contener, por un lado, las intensas contradicciones del sistema de acumulación, al tiempo que garantizar la contención de las vindicaciones de las fuerzas de progreso, desmovilizando a las clases populares en la lucha por los derechos y libertades públicas fundamentales.

miércoles, 11 de noviembre de 2026

11N: Los barrios para vivir, la pública para aprender

 

Concentración por la educación pública en Andalucía frente al Parlamento andaluz. Mauri Buhigas

Carmen Yuste

11 de noviembre de 2026

Artículo publicado originalmente en El Diario de la Educación

A principios de curso, suelo pasar un pequeño cuestionario a mis alumnos y alumnos con algunas preguntas que me permitan conocer un poco de sus vidas, más allá de la información que consta su expediente burocrático. Me interesa cómo les gusta que les llame, si tienen una mascota, sus gustos y aficiones. Les pregunto también por sus materias favoritas y las que no les gustan nada, si tienen costumbre de leer alguna cosa o sobre los lugares donde pasan el tiempo cuando salen del instituto. Una de las cuestiones trataba sobre cosas que les gustaría cambiar Y me llamó mucho la atención la respuesta de un alumno de 3º de ESO: “Me gustaría que me dejaran solo y tranquilo”. Busqué un momento para charlar con él y me contó que vivía en un piso con sus abuelos, su madre, su tía, sus primos pequeños, su hermana mayor con su novio y una sobrinita que acababa de nacer. Sin un espacio propio donde estudiar, leer, jugar o simplemente descansar, cuando necesitaba un poco de intimidad, salía al rellano de la escalera. Ahora sí, comprendí su respuesta en toda su dimensión.

Es importante acercarnos a la realidad del alumnado, no solo porque la empatía es una cualidad imprescindible de nuestra profesión, sino porque las circunstancias materiales tienen un impacto directo en el desempeño académico y el desarrollo personal en la infancia y la adolescencia. Las condiciones habitacionales que me contaba mi alumno no son generalizables, pero dan una idea de la realidad de muchas familias de Andalucía y de otros territorios.

martes, 10 de noviembre de 2026

Nada está escrito

 Decía el bueno de Antonio Machado (a través de su heterónimo Juan de Mairena): «Haced política, porque si no la hacéis, alguien la hará por vosotros y probablemente contra vosotros».



Juan Manuel Valencia Rodríguez

10 de noviembre de 2026

 “Nada está escrito”. Era la célebre frase con la cual el personaje de T. E. Lawrence (Lawrence de Arabia, interpretado por Peter O’Toole en la mítica película de David Lean) se rebelaba contra el fatalismo expresado por el rey Faisal y el líder beduino Sherif Ali. Expresaba así su convicción de que los pueblos pueden forjar, con su voluntad y su lucha, su propio destino, frente a los designios que otros intereses ajenos le tenían preparado.

Viene esto a propósito del desánimo que se puede observar en cierto sector de opinión de la ciudadanía de izquierdas ante las perspectivas electorales del 29N. Desmoralización motivada a mi entender, de una parte, por los vaticinios de las encuestas, a menudo interesadas y falseadas y que influyen de manera considerable en el voto y perturban no poco el ejercicio de la soberanía popular; y de otra parte, por la multiplicación de las listas electorales de la izquierda (a la izquierda del PSOE). No sería la primera vez que los reaccionarios ven quebradas sus esperanzas electorales, ya sucedió en 2023. Nada está escrito.

Ciertamente, hay cosas que se han hecho muy mal, y que demuestran que la relación entre el pueblo (en especial los movimientos sociales) y los partidos de izquierda sigue sin tener una adecuada resolución.

Creo que buena parte de la izquierda sociológica sin partido, en la que me encuentro, veníamos emitiendo un mensaje nítido: “Para defender con eficacia lo que la mayoría queremos y necesitamos (vivienda pública, defensa de los servicios públicos –Sanidad, Enseñanza, Dependencia…-, de los derechos y libertades, de la Paz, del medio natural, buenos sueldos y pensiones, combatir la desigualdad social y territorial, Estado laico, Memoria Democrática…), uniros en coalición electoral, porque queremos que tengáis una representación parlamentaria fuerte, no testimonial, y defendáis esas demandas sociales. El sistema electoral D’Hondt condena la división del voto. Debéis tener la suficiente fuerza parlamentaria para, primero, impedir el gobierno de la derecha cerril coaligada a la ultraderecha, y después, condicionar al PSOE para firmar y cumplir un programa de Gobierno audaz de políticas sociales. Estamos muy, muy cansados de vuestras peleas, de vuestros estrechos criterios partidistas”.

Esto hemos estado pidiendo desde las elecciones de 2023, trabajando por un frente unido del pueblo, pero no nos han escuchado. Algunos han trabajado más por la unidad, otros han considerado y dicho que era hora de tomar distancias y diferenciarse. Ha faltado altura de miras y la generosidad para alcanzar la alianza electoral que requería la gravísima amenaza de involución autoritaria, reaccionaria, que nos puede llegar en caso de victoria de la derecha cerril y su socio de la extrema derecha, que podría significar muchos perjuicios para la gran mayoría de la población… Una ceguera que puede ser suicida.

Una alianza, recordemos la historia, que sí se logró en febrero de 1936 con el Frente Popular, que coaligaba no sólo a las fuerzas de la izquierda obrera y al republicanismo de izquierda, sino también al republicanismo de derechas (Martínez Barrios y otros), que optó de manera consecuente por defender la democracia republicana ante el manifiesto peligro fascista, que muy pronto se concretó. Aquella situación no era idéntica a la de ahora, pero se le parece, y bueno es tomar nota.

Que cada cual asuma la responsabilidad que le corresponda en el asunto. A cada uno lo suyo: los partidos tienen su parte, los movimientos sociales y las personas progresistas la nuestra. Decía el bueno de Antonio Machado (a través de su heterónimo Juan de Mairena): «Haced política, porque si no la hacéis, alguien la hará por vosotros y probablemente contra vosotros».

En todo caso, lo hecho, hecho está, y al menos de momento hay que olvidarlo y que cada uno dé todo lo que pueda para que las candidaturas de la izquierda real (a la izquierda del PSOE), con voluntad de transformar las cosas en beneficio de la mayoría social, consigan el máximo de diputados posible, logren impedir la formación de un gobierno reaccionario y pongan en marcha las políticas que demandamos.

La otra tarea esencial sigue pendiente: articular desde abajo hacia arriba la organización del pueblo unido en torno a sus necesidades y reivindicaciones, con el apoyo y trabajo de las fuerzas de izquierda y sindicales. Porque, como han puesto de manifiesto la lucha por la vivienda, la movilización social sigue siendo una condición imprescindible para cambiar las cosas. Nada está escrito. La fuerza del pueblo puede cambiarlo todo.


viernes, 6 de noviembre de 2026

La IA puede socavar la democracia

 ¿En qué dirección política nos empuja la IA? ¿Hace que el mundo sea menos democrático y más autoritario y, si es así, quiere decir que estamos indefensos?


Miguel Toro

6 de noviembre de 2026

Estamos viendo cómo el PP ha lanzado una ofensiva en redes sociales contra el PSOE con un vídeo en el que suplanta con inteligencia artificial (IA) la identidad, entre otros, de Begoña Gómez, José Luis Rodríguez Zapatero y Santos Cerdán. La jurisprudencia española y la europea, según algunos juristas, han establecido unos enormes márgenes para el desarrollo de la libertad de expresión, aún más amplios en el debate político. Es la ley actual, pero ¿esta es la democracia que queremos, usar la IA para propagar noticias falsas? Aunque en este caso se indique que han sido generadas con IA siempre queda la duda. ¿Qué derechos tiene aquel al que se ha suplantado su identidad y se le han atribuido ideas para intentar manipular el voto? ¿Todo vale con tal de dejar mal al rival? 

Si llegamos a un punto en el que ya no sea posible distinguir la verdad de la falsedad la democracia está desapareciendo: peor aún, es exactamente lo que necesita el totalitarismo. En la medida en que la IA contribuye a crear esta situación, por ejemplo, al aumentar la cantidad de desinformación, debilita la democracia y contribuye, en última instancia, a crear las condiciones para el auge del totalitarismo.

No hay duda de que la IA puede conllevar efectos positivos para la democracia. Por ejemplo, puede ayudar a los votantes a tomar decisiones al informarlos mejor; a detectar el fraude y la corrupción; y se puede utilizar contra el sesgo en sus diversos aspectos. Pero hoy día está ampliamente reconocido que existen problemas serios con sus usos. Fenómenos como la manipulación de las elecciones, la desinformación, los filtros burbuja, los gobiernos que utilizan la IA para socavar el imperio de la ley, los sesgos contra algunas categorías de ciudadanos, y las asimetrías de poder entre las grandes tecnológicas y los ciudadanos ordinarios.

Eso nos lleva a la pregunta: ¿en qué dirección política nos empuja la IA? ¿Hace que el mundo sea menos democrático y más autoritario y, si es así, quiere decir que estamos indefensos? ¿Es inevitable el tecnoautoritarismo? Estamos convencidos que la relación entre la tecnología y las formas de organización social y política no es determinista. La tecnología no conduce necesariamente al poder centralizado, a la opresión y a la violencia, pero, aunque podamos ser conscientes de ello hay que ser activos para que la tecnología se oriente hacia dónde queremos.

El insulto ya no es un accidente en el discurso político. Hace tiempo que dejó de serlo. Antes había exabruptos en un debate caliente en el debate político y pensabas que había sido un error, una expresión no calculada, no pensada. Ahora es otra cosa: es el recurso, como bien ha mostrado en su visita a España Javier Milei, presidente de Argentina. Y a veces da la impresión de que es el único argumento que le queda. Las redes sociales potenciadas por los algoritmos de la IA han ayudado mucho.

La IA interviene también en la democracia mediante la vigilancia de los ciudadanos. Vigilancia que ha sido muy bien descrita por Shoshana Zuboff en su libro La era del capitalismo de la vigilancia. Google demostró que la información obtenida, que tanto había enriquecido a muchos mediante la personalización de la publicidad, podía ayudar también a los candidatos a ganar elecciones. Según el New York Times, ya en el 2012 el equipo de campaña de Obama conocía «por su nombre, su dirección, su raza, su sexo y su nivel de ingresos a todos y cada uno de los votantes indecisos del país a quienes necesitaba convencer de que votaran a Obama», y había averiguado cómo hacer anuncios televisivos dirigidos a esos individuos como público diana.

La injerencia de la IA en la democracia sigue en aumento. En las elecciones brasileñas Lula, el presidente brasileño, ha acusado al gigante tecnológico estadounidense Meta, empresa matriz de Facebook e Instagram, de interferir en las elecciones presidenciales del país a favor de su rival de derecha, Flavio Bolsonaro.

Mientras tanto los grandes oligarcas tecnológicos discuten sobre si la IA debe acelerarse o ralentizarse. Algunos han planteado la necesidad de ralentizar el desarrollo de los llamados modelos de frontera, apelando a los riesgos asociados a sistemas cada vez más potentes. Según Ramon López de Mántaras, la cuestión, sin embargo, no debería ser simplemente frenar la IA, sino preguntarnos hacia dónde queremos que avance.

Según Acemoglú en Desarrollando IA en favor de los trabajadores, el enfoque central del campo de la IA es la Inteligencia Artificial General (IAG), es decir, construir máquinas que superan todas las capacidades humanas. Este objetivo reduce la probabilidad de que las empresas destinen recursos al desarrollo de innovaciones de IA que beneficien a los trabajadores. No es responsabilidad de las empresas individuales garantizar que nuestro futuro, intensivo en IA, funcione bien para los trabajadores, pero es de interés colectivo asegurar que esto suceda.

La tecnología de IA y las redes sociales están en manos de muy pocas personas que son las únicas con dinero suficiente para poder construirlas y la están usando para propagar ideologías de ultraderecha. Si no actuamos la IA producirá una concentración aún mayor de la propiedad y la capacidad de decisión que esto produce. Para defender la democracia necesitamos limitar su poder y revisar la forma en que éste se distribuye actualmente en la sociedad.

Sin embargo, los llamamientos en favor de más democracia y cambio político suenan a menudo como si el cambio social fuera solo cuestión de voluntad y acciones de los individuos. Consideremos el «yes we can» de Obama o el activismo climático contemporáneo, que apela a la (buena) voluntad de políticos individuales. Este énfasis en los individuos y en los humanos es engañoso. La clave del cambio social no es solo el voluntarismo y el activismo humano e individual (a pesar de que es necesario algún tipo de liderazgo), sino fundamentalmente el cambio de las instituciones políticas y, especialmente, la orientación de las tecnologías. Y el cambio de las instituciones políticas se alcanza con mayorías parlamentarias que a su vez se consiguen organizándose políticamente con objetivos a medio y largo plazo. Si realmente queremos democracia, será mejor que creemos tecnologías más democráticas. Necesitamos una «IA democrática» e, incluso, una «IA para la democracia».

Como en democracia hay que obtener consensos amplios para reformas de calado, las múltiples trampas ideológicas y buro­cráticas bloquean los intentos de reforma amenazando con el caos. Y nadie quiere caos. Porque podría llevar al fascismo. La provocación neofascista, financiada por las élites globales en las redes y en la sociedad, puede llegar a desvirtuar el cambio induciendo a la violencia, la madre de todas las derrotas. Es tiempo de una política serena y valiente, y que a la vez se atreva a conectar con los problemas de la gente.

Las fuerzas progresistas tienen que atreverse a desafiar el poder de las grandes tecnológicas. Es muy relevante la propuesta de Bernie Sanders. Según él, «La IA no puede ser solo para que tres multimillonarios sean más ricos. Si la pagamos todos con nuestros datos y trabajo, las ganancias deben ser para todos: menos horas, más salud, más democracia». Su programa en este tema se puede resumir en: romper monopolios y que la IA beneficie a trabajadores, no solo a multimillonarios.

De todas formas, algo va cambiando. Mark Zuckerberg tiene motivos para preocuparse. El fundador y consejero delegado de Meta lleva varios días discutiendo con su empresa si se va de California para evitar el impuesto a los ultrarricos que se prepara en el estado. Si prospera la iniciativa demócrata, los contribuyentes que tengan un patrimonio superior a los mil millones de dólares, como Zuckerberg, deberán pagar el 5 % del total de sus bienes. Además, muchos tribunales estadounidenses están llevando a cabo una ofensiva judicial contra la empresa por causas muy diversas. La última sentencia de un juez de Nuevo México obliga a Meta a pagar 25.000 millones de dólares por engañar a los usuarios sobre la privacidad de sus datos, ya que permitió que la información recopilada por Facebook fuera utilizada por la consultora política Cambridge Analytica en la primera campaña de Trump.

Debemos pedir a los partidos progresistas que se atrevan a desafiar a las grandes tecnológicas americanas y que pongan en marcha un programa público para desarrollar estas tecnologías Europa.

Nota: algunas ideas se han tomado de Astrolabio uno de los newsletters de El País.


martes, 3 de noviembre de 2026

LA CALLE ES MÍA

Ciertamente, el Estado está legitimado para el ejercicio de la violencia física, pero existen dos principios fundamentales que regulan su uso: el de necesidad, conforme al cual debe constituir el último recurso ante una resistencia real, y el de proporcionalidad, que exige que la intensidad de la respuesta del agente sea proporcional a la gravedad del peligro o de la resistencia de la víctima.


José Antonio Bosch. Abogado

3 de noviembre de 2026

Recientemente estamos conociendo actuaciones policiales (en la Universidad de Madrid, con los enseñantes madrileños, en desalojos de inmuebles...) que, a quienes tenemos algunos años, además de evocarnos recuerdos pretéritos, nos ponen los pelos de punta. Estos días he hecho el ejercicio de poner en la pantalla las imágenes de algunas cargas policiales sin sonido, mientras escuchaba la canción El emigrante, de Juanito Valderrama, y, sin más trámite, he vuelto a mis diecisiete años. 

Hubo un tiempo en este país, lamentablemente poco estudiado y peor recordado, en el que, como consecuencia de una concepción autoritaria del poder, las fuerzas de orden público, conformadas por la Policía Armada, la Guardia Civil y el Cuerpo General de Policía, funcionaban como un instrumento más de control político y su misión fundamental era la represión de los enemigos internos del régimen. Incluso en los estertores de la Dictadura, la célebre frase de «la calle es mía» [i] constituye una muestra palpable del concepto que se tenía en relación con las libertades democráticas y de cuál era el papel de las fuerzas policiales en la represión de cualquiera que osara «subvertir» el orden establecido. 

Diez años después de pronunciarse aquella histórica frase, en marzo de 1986, vio la luz la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que, en palabras de su exposición de motivos, «por encima de cualquier otra finalidad, la Ley pretende ser el inicio de una nueva etapa en la que destaque la consideración de la policía como un servicio público dirigido a la protección de la comunidad, mediante la defensa del ordenamiento democrático». Con la entrada en vigor de esta norma, las policías fueron desmilitarizadas y/o sus mandos sometidos a la autoridad civil. 

Así pues, los españoles entendimos, unos más que otros, que, como ya recogía nuestra Constitución en su artículo 104, «las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana». La policía dejaba de ser un aparato destinado a imponer un orden autoritario y reprimir a quienes osasen desafiarlo para convertirse en un instrumento al servicio de la ciudadanía, destinado a garantizar el libre ejercicio de los derechos y libertades. 

Sin embargo, con demasiada frecuencia presenciamos en los medios de comunicación actuaciones policiales que, lejos de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades democráticas, resultan represoras y constituyen un manifiesto obstáculo para su ejercicio. Desde la autoridad civil, la Subdelegación del Gobierno ofrece disculpas o manifiesta incomprensión ante algunas actuaciones, anunciando «investigaciones internas». 

Amparado en la sabiduría popular, condensada en aquello de que «perro no come carne de perro», me siento muy desconfiado respecto de la eficacia de las investigaciones internas. Pero, desde luego, si quieren investigar sobre el uso desproporcionado o extralimitado de la fuerza física por parte de algunos miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, no solo tienen supuestos suficientes para ocuparse una larga temporada, sino que, al margen de la responsabilidad disciplinaria, disponen de un Código Penal donde encontrar diversos tipos delictivos en los que podrían haber incurrido algunos de estos funcionarios públicos. 

Ciertamente, el Estado está legitimado para el ejercicio de la violencia física, pero existen dos principios fundamentales que regulan su uso: el de necesidad, conforme al cual debe constituir el último recurso ante una resistencia real, y el de proporcionalidad, que exige que la intensidad de la respuesta del agente sea proporcional a la gravedad del peligro o de la resistencia de la víctima. Y, por encima de todo, la actuación debe tener como finalidad proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, no reprimirlos. 

¿No tenían los antidisturbios en la manifestación de los enseñantes madrileños, por ejemplo, que estaban ejerciendo su derecho de manifestación y expresión, otro recurso que el de liarse y ensañarse a golpes contra ellos? ¿Realmente la respuesta policial fue proporcional a la actitud y al peligro que representaban las víctimas? 

Las respuestas son sencillas: se extralimitaron en el uso de una fuerza que ni era necesaria ni venía exigida por la situación. Me cuesta mucho trabajo pensar que toda aquella violencia no tenía otra finalidad que la de «despejar el camino» a la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Y en la intervención de la Universidad de Madrid, golpeando a diestro y siniestro contra unos manifestantes que sostenían una pancarta como única arma? ¿Qué finalidad tenía aquel derroche de violencia? 

Ignoramos si, en las recientes actuaciones policiales, la extralimitación ha sido ordenada por el jefe del operativo, por los mandos superiores o si, simplemente, es fruto de decisiones individuales de algunos agentes. Pero si con un presunto gobierno progresista y de izquierdas la policía golpea e impide a los manifestantes el ejercicio de sus derechos, no quiero ni pensar lo que se nos puede venir encima con un gobierno de derechas conformado por «personas de orden». 

Nos costó mucho, y algunos amigos y camaradas lo pagaron con sus vidas, lograr, entre otras muchas cosas, poder salir sin miedo a la calle para manifestarnos; poder «quitarle la calle» a quienes la proclamaban como propia para consentir ahora que los funcionarios a quienes los ciudadanos y ciudadanas pagamos su salario, sus armas, sus porras, sus escudos y sus cascos empleen su fuerza contra quienes tratan de ejercer libremente sus derechos. 

Esos funcionarios, y quienes los mandan, así como quienes mandan a estos últimos, deben aprender y asumir que el uso legítimo de la violencia pierde su legitimidad cuando impide el ejercicio de derechos y libertades o cuando, en su aplicación, se incurre en el abuso y la extralimitación. La calle tampoco es de los violentos que destrozan, intimidan y saquean en algunas de nuestras ciudades. La calle es de y para las ciudadanas y ciudadanos y no debemos consentir que violencia de signo alguno nos expulse de nuestra calle.

 

[i] Frase del vicepresidente del Gobierno y ministro de la Gobernación, Manuel Fraga, pronunciada en 1976 para dejar clara la posición del Gobierno frente a las manifestaciones del 1 de mayo. 

viernes, 30 de octubre de 2026

EL PELIGRO DE CONVERTIR EL DERECHO A LA VIVIENDA EN UN NEGOCIO. UN CHOQUE DE INTERESES.

 

Manuel Lara Castejón

30 de octubre de 2026

El derecho a la vivienda está dejando de ser un bien social que garantiza techo a las familias y ha pasado a ser considerado un negocio más que genera beneficios. El capitalismo se lanza a acaparar el máximo de viviendas con la ayuda y complicidad de los aparatos del Estado.

Las movilizaciones por el derecho a la vivienda es una manifestación clara de la lucha de clase. Toda la derecha y ultraderecha españolista y nacionalista han rechazado uno o los dos decretos. No ha habido una puesta de acuerdo premeditada entre ellos, simplemente han respondido defendiendo firmemente los intereses de clase de la burguesía. La reacción de trabajadores y capas populares ha sido la misma, cientos de miles de personas, partidos políticos y organizaciones sociales y sindicales han reaccionado llenando las calles y plazas en defensa del derecho a la vivienda, concretado en varias reivindicaciones fundamentales, concisas y claras:

-  Bajada drástica del precio de la renta de los alquileres y su control y acceso a alquileres a largo plazo.

-  Expropiación a los fondos buitres y grandes tenedores de las viviendas que poseen.

-  Impedir que los fondos buitres sigan acaparando la vivienda.

-  La vivienda es para vivir las familias y no para ganar dinero ni dedicarlas al negocio turístico.

-  Rechazo a los decretos por considerarlos insuficientes, ya que no solucionan el problema en sus causas. Gobierne quien gobierne la vivienda se defiende.

Estas movilizaciones que acaban de empezar han puesto de manifiesto con absoluta claridad el enfrentamiento de intereses contrarios: por un lado, el capitalismo, fondos buitres y multinacionales, que temen que esos decretos frenen o ralenticen su expansión y obtención de beneficios en su búsqueda de nuevos mercados hasta ahora en manos de los trabajadores como es la vivienda; y por otro la reacción y respuesta de los trabajadores y ciudadanos de impedir la pérdida del derecho a techo que la misma Constitución del sistema capitalista garantiza. Dos bloques nítida y claramente definidos y enfrentados en la defensa de sus intereses. Es la expresión más rotunda y clara que mueve estos intereses irreconciliables que han provocado este conflicto. Cada protagonista de esta lucha está exactamente en su lugar. Veremos quién gana esta batalla.

Es destacable el papel del gobierno socialdemócrata como gestores del capitalismo en su cara más amable, se ha apresurado a proponer algunos parches cuyo fin es desactivar este movimiento de lucha, más que solucionar el problema. Ese es su interés y lo confirma el hecho de que lleven 7 años gobernando y no solo no han solucionado este problema, sino que se ha ido agravando bajo sus gobiernos al dejar total impunidad y el campo libre a los fondos de inversión que han ido acaparando un millón de viviendas hasta la fecha. Actúan como conciliadores en este conflicto proponiendo unas soluciones que saben que no tocan los intereses de los fondos de inversión, como bien han puesto de manifiesto los acampados en Madrid y otras ciudades, pero pueden engañar a muchas gentes y debilitar la lucha y también sacar rédito político en unas próximas elecciones generales que se han apresurado a convocar en un momento favorable. La convocatoria de elecciones generales para noviembre de 2026 no es más que una consecuencia forzada de esta lucha. He aquí el motivo por el que se niegan a desalojarlos como piden desde los centros de poder de la derecha.

El desahucio de Maricarmen ha sido el detonante de hasta dónde ha llegado en este país el problema de la vivienda, ha puesto de manifiesto ante los ojos de la sociedad el nivel de rapiña y criminalidad de estos fondos buitres en su afán de acumular ganancias. El Estado español ha estado a su servicio en ese proceso, bancos y empresas que compran edificios enteros para dedicarlos al turismo y exigen desahucios, jueces que emiten órdenes de desalojo sin tener la más mínima conciencia humana, policías que cumplen esas órdenes a base de golpes y violencia. Y el Gobierno que establece leyes que permiten esto y no lo impiden. Y poderosos medios de comunicación que justifican la barbarie. Todos los poderes del Estado al servicio del capitalismo. Frente a este brutal ataque se ha levantado el poder de los trabajadores y los ciudadanos para impedirlo, ocupando las calles y las plazas. Esta es la fotografía de las causas del conflicto.

En estos días, las calles se han llenado de manifestaciones exigiendo el derecho a la vivienda y en muchas plazas se han instalado los manifestantes en cientos de tiendas de campaña que mantienen la lucha. De aquí ha surgido la convocatoria de una huelga general en España el día 11 de noviembre. El Sindicato de Inquilinos ha pedido a los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT que la apoyen y sean convocantes. Involucrar tan directamente a estos sindicatos en este conflicto tiene sus riegos y ventajas. Indudablemente este apoyo refuerza y aumenta las garantías de éxito de la huelga, pero también tiene un riesgo de desvirtuar los objetivos de esta noble y limpia lucha. Teniendo en cuenta el historial de la trayectoria de claudicaciones y renuncias que estos sindicatos han tenido con los trabajadores y su historial de colaboración con la patronal abandonando los intereses de la clase obrera en multitud de conflictos y huelgas, puede suceder que bajo su supuesto apoyo intenten debilitar y manipular este movimiento de lucha. Es sorprendente su apoyo tan entusiasta a esta huelga general cuando hay tantas y tan poderosas razones para haberla convocado desde hace muchos años por la pérdida constante de derechos laborales, de pérdida de poder adquisitivo de los salarios, de retroceso en las libertades sindicales, de leyes restrictivas y perjudiciales para los obreros, de despidos libres, etc., y no han movido un dedo, teniendo la sensación muchos trabajadores que habían desaparecido. Más nos parece que es subirse a un tren ganador que está sacudiendo los cimientos de tantos derechos perdidos.

Es el momento propicio para que la clase obrera y ciudadanos ocupen su sitio y participen en esta lucha en defensa del derecho a la vivienda.