Leandro del Moral, miembro de Fundación
Nueva Cultura del Agua y de la Mesa Social del Agua de Andalucía
10 de marzo de 2026
La Directiva Marco de Agua (DMA) aprobada en el año
2000 se basa en principios y plantea objetivos muy ambiciosos en lo que se
refiere a la defensa de la calidad de las masas de agua y de los usos
socioeconómicos sostenibles que dependen de ella. La herramienta más poderosa que
la propia DMA ofrece para alcanzar esos objetivos es un modelo de planificación
extraordinario, un auténtico monumento en términos de planificación pública, cuya
importancia va más allá del ya de por si fundamental mundo del agua.
El esquema es el siguiente: aprobada la Directiva
se abrió en cada Estado miembro el proceso de transposición (2003), de
constitución y análisis de las cuencas hidrográficas (en muchos países no estaban
reconocidas como instituciones jurídico-administrativas) y de elaboración del
primer plan de gestión y programa de medidas, con un plazo de aplicación de
seis años (2009-2015). Además del seguimiento anual de su desarrollo, dos años
antes de su vencimiento se realiza, siempre con requisitos de información y
participación pública rigurosos, un análisis actualizado del estado de la
cuenca y a continuación se presenta, fomentando con especial intensidad la participación
pública ‘activa’, un documento clave para preparar el siguiente plan: el
Esquema de Temas Importantes (ETI), esto es, la definición de los problemas y las
diversas alternativas para afrontarlos que tienen que estructurar el plan del
siguiente ciclo (2015-2021). Con los mismos protocolos se desarrolla el plan
del tercer ciclo (2022-2027) y tras él el del cuarto (2028-2033), momento en el
que nos encontramos, debatiendo durante seis meses sobre el ETI (12 o 14 fichas
de temas clave, según cuencas) todavía en fase de documento provisional (ver
gráfico 1).
Es decir, cuando se
aprobó la DMA en el año 2000 sabíamos que 25 años después íbamos a estar en
toda la UE, desde Estonia hasta el Algarve, discutiendo públicamente los
avances, los estancamientos o los retrocesos en el proceso de avanzar hacia el
buen estado de las aguas europeas y la garantía de los usos sostenibles.
Gráfico 1.
Proceso iterativo del modelo de planificación hidrológica establecido por la Directiva
Marco del Agua. Previamente se desarrolló el primer ciclo 2009-2015 y
actualmente se desarrolla el cuarto ciclo 2027-2033.
Fuente. Confederación Hidrográfica del Guadalquivir,
2025
Sin embargo, después de los tres primeros ciclos de
planificación no se han conseguido ni los objetivos ambientales (ver cuadro) ni
la garantía de los usos sostenibles exigidos por la Directiva Marco del Agua. Por
el contrario, desde el plan del tercer ciclo todavía vigente (2021-2027) hasta
los datos más recientes se constata un deterioro generalizado, como se aprecia
de manera especialmente aguda en el caso de la cuenca del Guadalquivir (ver
cuadro 1 y gráfico 2).
Cuadro 1: Porcentaje de
masas que no alcanzan el buen estado global o en riesgo de no alcanzar los
objetivos medioambientales (OOMM) en la Demarcación del Guadalquivir
|
|
Plan tercer
ciclo Memoria (2022) No alcanza buen
estado global |
Documentación inicial
cuarto ciclo (2024) |
|
|
No alcanza buen
estado global |
Riesgo de no alcanzar
OOMM |
||
|
MAsp |
38 % |
69 % |
96 % |
|
MAsb |
52 % |
57 % |
96,5 % |
Fuente: Confederación
Hidrográfica del Guadalquivir, 2025.
Gráfico 2: Masas de agua
superficiales en riesgo de no alcanzar los OOMM.
Fuente: Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir, 2025.
Sin echar por la borda la
potente herramienta de planificación sino, por el contrario, aplicando con
rigor sus grandes potencialidades, es necesario cambiar las inercias de la
política del agua. Hay que empezar convirtiendo los nuevos planes hidrológicos
actualmente en elaboración en verdaderos planes de mitigación y adaptación al
cambio climático. En la documentación preparatoria del plan de cuarto ciclo hay
importantes avances de información y conocimiento. Pero ya no se trata de
establecer escenarios futuros cada vez más preocupantes, sino de adoptar
medidas de corto y medio plazo, que adapten los usos del agua a la mayor
irregularidad y disminución de la disponibilidad de recursos que los mismos
documentos de planificación identifican. Los temporales de las primeras semanas
de 2026 no solo no contradicen sino que confirman los peores escenarios
definidos por la comunidad científica mundial, es decir, adelanto del
calendario e intensificación de las alteraciones climáticas en curso. En un
escenario híbrido de mayor torrencialidad y disminución de aportaciones, el
deterioro cualitativo de las aguas se agrava y necesita
ser abordado con medidas reforzadas de prevención de la contaminación en las
fuentes y la mejora de los caudales ecológicos, no solo los mínimos sino los
que reproducen las avenidas, para regenerar los cauces. En la medida en
que la toxicidad está relacionada con la concentración de las substancias
contaminantes, menores flujos de agua reducen la dilución y, si la carga
contaminante se mantiene constante, la concentración es mayor. La protección es
especialmente prioritaria y urgente en las masas de agua de las que se surten
los abastecimientos de agua potable a la población.
Los planes tienen que
afrontar unos escenarios más problemáticos de los que ya presentan. Las
restricciones de dotaciones, especialmente en el regadío, principal usuario del
agua en Andalucía, son ya hoy más frecuentes y severas que las de hace pocas
décadas. En ese contexto el nuevo mensaje es que estos ajustes se deben
plantear, como corresponde a un recurso de dominio público, con criterios de
justicia, garantizando la supervivencia del modelo de agricultura social y
profesional imprescindible para el mantenimiento de la vida de los territorios.
Es necesario Incorporar al proceso de planificación, en pie de igualdad, a los
representantes del regadío social y arraigado en el territorio, que acumulan el
80 % del total de explotaciones y reciben menos del 20 % del agua (ver gráfico
3). Un sector que plantea nuevas alternativas y reclama mayor protagonismo en
la planificación y gestión de las cuencas.
Gráfico 3. Características de las explotaciones
agrarias andaluzas
Fuente: J. Corominas
(2025), a partir del Censo Agrario 2020, Ayudas de la PAC 2022 y
Macromagnitudes Agrarias 2020
En base al carácter del agua como bien público es obligado
aplicar las medidas necesarias (ajustes de dotaciones, programas de gestión de
acuíferos con reducción de extracciones, medidas económico-financieras) con
criterios de equidad. Es necesario incorporar a la planificación la categoría de
justicia, hoy ausente, incluyendo también la consideración de las condiciones
de trabajo de las personas relacionadas con las actividades productivas
vinculadas a los recursos hídricos.
Es necesario introducir nuevos criterios de gestión
del agua de carácter social y territorial compatibles con una mayor ambición
ambiental y con la necesaria transición ecológica justa. Estos criterios deben
afectar a las reasignaciones de recursos, a las restricciones en las dotaciones
de riego, a la aplicación de las tarifas volumétricas (una de las medidas importantes para garantizar el
ahorro y la recuperación justa de costes) y a la puesta en marcha de los
Bancos Públicos de agua (los centros de intercambio de derechos previstos en la
normativa vigente) que, gestionados por la propia Administración del agua, reasignen recursos y atiendan las demandas que
se consideren más necesarias con criterios sociales, ambientales y
territoriales.
Hemos entrado en una
nueva realidad hidrológica que no se puede afrontar con los enfoques
tradicionales. El magnífico modelo de planificación que establece la Directiva
Marco del Agua, cíclica, participativa y con rigurosos criterios de seguimiento
y evaluación, proporciona una herramienta que no se puede desaprovechar.
