Antonio Aguilera Nieves
17 de marzo de 2026
Cuando
se evalúan y valoran los costes de la crisis climática, los costes del
aceleramiento del cambio climático provocado por la actividad humana, se presta
atención en gran medida a las repercusiones ambientales. Se habla así de la
pérdida de biodiversidad (la Sexta Extinción global), la desertización, el
efecto de las emisiones de gases de efecto invernadero, el aumento de las
temperaturas medias…
En
menor medida, se valoran las repercusiones sociales, aunque Naciones Unidas,
hable, desde hace unos años, de migrantes climáticos. Según el Centro de
Monitoreo de Desplazamiento Interno, 17,2 millones de personas tuvieron que
abandonar sus casas en 2024, debido a desastres naturales. En un ámbito más
local, la crisis climática está entre las causas claras del despoblamiento
rural del interior peninsular y andaluz.
Sin embargo, demasiado poco se habla de las repercusiones económicas de la crisis climática. De un lado, del coste de las medidas de mitigación y reversión del cambio climático, procedentes en su inmensa mayoría de la administración pública, ni de los costes que suponen los desastres naturales que ya se están produciendo, así como todo el catálogo de medidas complementarias que nos permitan caminar hacia la necesaria transición ecológica.
El
acuerdo final de la COP30 de 2025 celebrada en Belém, Brasil, generó
inconformidad en varios países tras excluir las demandas sobre eliminación
gradual de los combustibles fósiles y la reducción de emisiones, pero sí que en
ese acuerdo final se incluye un llamado para que las naciones ricas tripliquen
al menos el financiamiento desde los 34.700 millones de euros anuales para
2035, para ayudar a los países vulnerables a adaptarse a un clima extremo cada
vez peor.
La
propuesta de la Comisión Europea fija un presupuesto de 1,98 billones de euros
para combatir el cambio climático en el periodo 2028-2034 y eleva el techo de
gasto hasta alrededor del 1,26 % de la renta nacional bruta de la UE. El Plan
Nacional Integrado de Energía y Clima del Estado español tiene una inversión
prevista de 308.000 millones de euros hasta 2030. El presupuesto destinado a
sostenibilidad y medio ambiente en Andalucía para 2026 alcanza una cifra de
673,6 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 34 % respecto a
2018.
A
tenor de los resultados alcanzados, este esfuerzo presupuestario está muy lejos
de ser suficiente. En gran medida porque el cambio se volverá real cuando se
incorporen al mismo el sector privado y la sociedad. Sin embargo, aunque la
conciencia sobre la crisis climática sigue creciendo, esta inquietud no se
traslada a las actuaciones en la vida diaria de empresas y ciudadanos.
Según
datos de Oxfam Intermon, la crisis climática está afectando claramente a
nuestro territorio y está resultando clave en el aumento de las desigualdades.
Según su último informe publicado, el 70 % de la población española vive en
municipios donde la temperatura ha aumentado ya 1,5ºC. En más de la mitad de
ellos, las rentas por hogar se sitúan por debajo de la media. El 0,1 % más rico
de la población contaminó hasta 55 veces más que una persona perteneciente al
50 % con menos ingresos en 2022. Las
empresas del IBEX35 son responsables del 30 % de las emisiones directas de CO2
en España. Tan solo cinco de ellas generan más de una cuarta parte del total
nacional.
Seguimos
siendo uno de los territorios que más inciden en la aceleración del cambio
climático. Según Greenpeace, España, junto con otros cinco países de la Unión
Europea, acumulamos alrededor del 66 % de las emisiones de todos los gases de
efecto invernadero del continente.
Según
el Plan Andaluz de Acción por el Clima (PAAC), el litoral podría perder entre 5
y 25 metros de playa seca antes de 2050, y hasta 65 metros para finales de
siglo. El cambio climático está favoreciendo la expansión de virus como la
gripe aviar, al alterar los equilibrios ambientales. Las aguas del Atlántico se
calientan y las sardinas de Huelva emigran hacia Portugal, donde encuentran
temperaturas más frías. El calor y la falta de agua están obligando a los
agricultores a modificar las cosechas tradicionales y buscar especies más
resistentes. Las lluvias son más escasas y la evaporación mayor, lo que reduce
las reservas y complica el abastecimiento. Las altas temperaturas y la sequía
alargan la temporada de fuego en zonas como Doñana o la Sierra de Huelva. En
provincias como Almería, Granada o Jaén, el suelo fértil desaparece, amenazando
la agricultura y los ecosistemas. Sevilla, Córdoba o Málaga sufren cada verano
temperaturas extremas, con impacto directo en la salud y la mortalidad. El
aumento de las temperaturas, los incendios y la falta de agua están alterando
los hábitats naturales. Especies emblemáticas como el lince ibérico, el
camaleón común o algunas aves migratorias tienen cada vez más dificultades para
sobrevivir. Doñana, según datos oficiales, se está africanizando.
A
todo ello es necesario añadir el importe de la factura sobre todo humana, pero
también económica de los desastres naturales que ya estamos sufriendo. La
devastadora DANA de Valencia de octubre de 2024, se estima que supuso una
pérdida económica de 17.000 millones de euros, más del 2 % del PIB de España
del 4º Trimestre. O el reciente tren de borrascas que ha sufrido especialmente
Andalucía en las últimas semanas, suponen unas pérdidas para el sector agrario
de más de 3.000 millones de euros, y el coste de las reparaciones en
infraestructuras aún está por evaluar, cuestión que ha hecho que el gobierno de
Andalucía se haya lanzado a solicitar ayudas económicas del Estado y a pedir
que se active el fondo de solidaridad europeo.
El
impacto económico de la crisis climática seguirá creciendo y es muy probable
que lo haga exponencialmente en los próximos años. Según algunos análisis su
efecto puede ser devastador para la economía, suponiendo un coste en 2049 de 38
billones de dólares anuales, lo que supondrá un descenso del PIB mundial del 19
%, con el agravante de que ese impacto será desequilibrado, por lo que
aumentarán las desigualdades, haciendo que los países pobres sean cada vez más
pobres. Sectores básicos como la alimentación se verán cada vez más afectados,
lo que influirá en el precio de los alimentos, incluso en la seguridad del
acceso a los alimentos a cada vez más personas.
La
escalada de tensión y guerra que se vive en los últimos meses en distintas
partes del mundo tiene un claro componente de puja por el acceso a los recursos
naturales y las materias primas. Los conflictos bélicos, más allá de la
terrible repercusión directa para las personas y países afectados directamente,
tiene una clara implicación global que hace que cada día la factura de la
crisis climática lamentablemente crezca sin control.
La
Economía y Ecología tienen el mismo origen y finalidad. Las dos palabras
comparten su raíz etimológica “eco”, que significa “casa” en griego. El sufijo “nomía”
deriva de otra palabra griega: “némein” que es “administración” u ordenamiento,
mientras que el sufijo “logía” proviene de “logos” que es “conocimiento”.
Así,
atendiendo al corazón de ambas ciencias, es donde podremos encontrar las
soluciones al mayor reto global al que se ha enfrentado la humanidad: parar y
revertir la crisis climática. Quizás solo tengamos que atender a la idea de que
la economía se ocupa de administrar la casa, pero para ello, lo primero que hay
que hacer es conocerla, estudiarla. En otras palabras, solo conociendo a la
Madre Tierra, sus dinámicas, sus procesos, sus límites, podremos valorarla y
gestionarla adecuadamente. Nuestra Casa Común.