Carlos Arenas
24 de
febrero de 2026
En
2026, Andalucía está a la cola en cuanto a renta per cápita entre las regiones
españolas; sólo supera a Ceuta y Melilla. De igual manera, Andalucía es la
comunidad autónoma con mayor porcentaje de población en riesgo de pobreza y
exclusión social, un 37,5 %, once puntos por encima de la media española y veintiún
puntos más que el País Vasco. Así podríamos seguir con cualquier variable que
mida el nivel de bienestar y desarrollo humano.
Esto viene siendo así desde más de un siglo. Podríamos detenernos en las causas históricas de ese atraso relativo, pero acabaríamos repitiendo para cada época un mismo argumento: en Andalucía, tanto el capital material como el inmaterial están desigualmente distribuidos; el capitalismo andaluz es un capitalismo extractivo, y no sólo porque los recursos naturales, agua, suelo, minerales, playas, sol, etc., aporte la base de su modelo productivo, sino, sobre todo, porque desde la propiedad hasta el poder están en manos de una élite contraria a cambiar el estado de cosas descrito sucintamente más arriba.
Los
economistas ponen el foco del atraso andaluz en la endeblez de una estructura
productiva de escasos valores añadidos en la que predomina el sector servicios
–el 67 % del PIB y el 74 % del empleo- y, dentro del mismo, el comercio de
distribución y el turismo con toda su cohorte de actividades colaterales. En el
resto del producto, destacan dos sectores: la construcción y la agricultura,
que representan cada una de ellos el 5 % del PIB y el 7 % del empleo. Los
sectores de mayor valor añadido como la industria, la investigación o la
intermediación apenas alcanzan al 20 % del producto andaluz. Un modelo
productivo de estas características solo es viable si se presionan los salarios
a la baja con altas proporciones de paro, empleo precario, monopsonio
compartido del mercado de trabajo por empresas que no necesitan cualificaciones,
ni negociación colectiva, interesadas objetivamente por políticas que degraden
la formación de las clases populares, por dirigirlas hacia identidades banales,
por alejarlas de la política.
Otra
característica de la economía andaluza es su estrecha dependencia de los ciclos
y coyunturas económicas; Andalucía crece más que otras en momentos de buen
desarrollo de la economía española y global, y se deprime más que otras en
época de recesión; promediando momentos expansivos y recesivos, el PIB de la
comunidad autónoma no pasa del 13 % del español, siendo la comunidad el 18 %
del territorio y de la población española.
La
economía y la sociedad andaluza son muy vulnerables a factores externos que no
controla. Pongamos datos concretos: en los días que ha estado suspendida la
comunicación por AVE entre Madrid y Andalucía, el sector turístico andaluz ha
perdido 500.000 euros diarios; con el temporal y las inundaciones de las
pasadas semanas se ha perdido el 20 % de la producción agraria.
Pero
esos fenómenos están lejos de ser episódicos. Al menos dos son los escenarios
que pueden agravar e incluso hacer colapsar en los próximos años la economía
andaluza tal como hoy la entendemos: uno es el del cambio climático; el otro es
la situación geopolítica. Los efectos negativos del cambio climático sobre el
turismo tienden a ser permanentes y se manifiestan en períodos de sequías,
calor extremo, cortes de suministros básicos, inundaciones, torrenteras,
colapso de infraestructuras costeras, etc. Basta que las noticias de estas
deficiencias se propaguen, para que los tour-operadores globales, propongan
destinos alternativos. Por otra parte, el cambio climático afecta también a que
los recursos públicos se destinen a reponer lo dañado en detrimento de otras
inversiones y gastos sociales.
Tan
preocupante o más es la previsible situación geo-política; asistimos en
Occidente a la reinvención del militarismo que condujo a la humanidad a dos
guerras mundiales y a un sinfín de guerras periféricas. No hay que elucubrar
demasiado para imaginar los negativos efectos que la guerra tiene sobre la
movilidad de las personas y, por consiguiente, sobre el turismo, el principal
motor de la economía andaluza.
No
hace falta que el conflicto a escala europea o planetaria termine estallando
como parece en estos momentos; basta que el militarismo reclame su prioridad en
la distribución del presupuesto, como está sucediendo, para que se resienta
todo el programa de cohesión social y territorial conocido hasta ahora en una Unión
Europea fragmentada entre Estados más o menos belicistas. Piénsese que en torno
al 40 % de la renta neta de los agricultores andaluces depende de las
subvenciones de Bruselas a través de la Política Agraria Comunitaria (PAC),
siendo Andalucía, mejor decir los terratenientes andaluces, la comunidad
española que más recibe por un capítulo al que hay que unir los fondos europeos
provenientes de otros subsidios y compensaciones.
Podemos
relacionar la vulnerabilidad andaluza con otras decisiones que se toman por las
instituciones europeas –la firma del acuerdo Mercosur, los acuerdos pesqueros,
etc.-, o por los grandes grupos de presión e intereses empresariales que ocupan
la parte más “moderna” de la economía andaluza: la gran banca, las grandes
superficies mercantiles, las energías renovables, las cadenas hoteleras, las
empresas sanitarias o los servicios y obras públicas, entre otros. En la mente
de todos está la privatización de los recursos públicos andaluces, la sanidad,
la educación pública, las universidades, etc. La economía andaluza es una
máquina de transferir rentas hacia sectores y empresas que toman, en última
instancia, las decisiones políticas. Es de temer que en momentos críticos, como
los que se avecinan, las decisiones de esas corporaciones y élites incrementen
su capacidad extractiva -pongamos el símil de los pozos de agua en el entorno
de Doñana- o deriven sus inversiones y oficinas en regiones con mayor capacidad
de presión política sobre las instituciones nacionales y supranacionales.
La
poquedad económica, la desigualdad social y la vulnerabilidad del modelo
productivo andaluz reclaman cuanto antes un viraje radical de sus fundamentos.
En los momentos actuales es altamente improbable que eso se produzca. Se
intentó en los años setenta y ochenta, cuando Andalucía quiso pesar
políticamente con sus movilizaciones y con el Estatuto de Autonomía de 1980 y
proponer un modelo económico que no coincidía en absoluto con el modelo
neo-liberal que terminaría por imponérsele.
Un
nuevo modelo productivo que ponga a los andaluces, no a las oligarquías, en el
centro de decisiones requeriría, entre otros muchos aspectos que no caben aquí,
revisar las relaciones con la banca “nacional” en favor de una banca de
proximidad, de las grandes superficies con los productores locales, acabar con
chiringuitos como los de las corporaciones privadas que dominan la sanidad, la
enseñanza o las obras públicas; rehacer un sistema educativo que sirve a los
intereses hosteleros al tiempo que segmenta y discrimina la sociedad y
reproduce todas sus lacras pasadas, etc., etc. Sería necesario fomentar y
coordinar empresas, inversiones, infraestructuras, mercados, recursos
autóctonos, cooperaciones; es decir, dotar a las empresas andaluzas de los
recursos de poder que hoy como en el pasado monopolizan las élites andaluzas en
connivencia extractiva con el capital foráneo.
La
herencia dejada por más de un siglo de atraso es difícil de revertir, pero algo
hay que hacer. Obviamente, ninguno de los cambios necesarios será posible
mientras se mantenga en el gobierno andaluz una clase política, sea del color
que sea, que sirve y ha servido, como lacayos, a los intereses extraños en
detrimento de la mayoría social y del rol que debe ocupar Andalucía en España y
en Europa.