Miguel Ángel Mancheño
13 de noviembre de 2020
Mientras cada día son más las personas y familias que no disponen de un lugar para vivir, ni de recursos para proveerse de él, cientos de miles de viviendas continúan vacías en manos de las entidades financieras (o sus sociedades inmobiliarias instrumentales, o la SAREB) que han recuperado la propiedad tras dejar de pagar sus hipotecas quienes perdieron el empleo a finales de la década anterior.
Y, a pesar de que no se recuerda una situación tan grave (e injusta), nadie es capaz de dar un puñetazo sobre la mesa e inventar o instrumentar un camino para lograr la recuperación de un contingente mínimo de viviendas vacías en poder de los bancos que permita ponerlas al servicio de políticas públicas, de ofrecerlas para el alquiler social.
Las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, con clara competencia y responsabilidad en el asunto, critican esta situación y se rasgan las vestiduras, pero concluyen su lamento afirmando: “… No tenemos capacidad económica; no disponemos de herramientas o instrumentos legales, no existen procedimientos coercitivos que habiliten para hacerse con el uso de las viviendas vacías…; estamos atados de pies y manos”.
Cuando el sistema y la acción política fracasan, cuando la búsqueda de soluciones a este gravísimo problema definitivamente estructural fracasa, cuando el poder económico-financiero no hace otra cosa que acaparar propiedades, cuando el poder judicial blinda el Derecho de Propiedad sin considerar la obligada defensa de su Función Social, es necesario regresar a la acción directa.
No se trata ya de expropiar, se trata, lisa y llanamente, de recuperar viviendas (por la vía del derecho o por la de los hechos) para ponerlas a disposición de las familias que no tengan un lugar para vivir.
A día de hoy sólo parece existir, de momento, una forma de hacerlo.
Vamos a llamarlo “Ocupación por Derecho (OPD)”. Hablar de organizar la OPD es mentar a la bicha en la actualidad. Los medios de comunicación, los sectores más conservadores de la sociedad y las empresas de seguridad entre otros, han logrado confundir a la opinión pública y a la ciudadanía, asimilando ocupación de viviendas vacías propiedad de los bancos, que permanecen ociosas, con allanamiento (entrar en casas habitadas pero sin sus titulares dentro de manera temporal).
La sociedad, debido al estado de opinión creado, ya no distingue entre quienes ocupan viviendas para implantar o desarrollar actividades ilegales en las casas ocupadas, aquellas personas que no respetan las reglas básicas de convivencia, de aquellas otras personas que ocupan una vivienda vacía para poder darle cobijo a su familia, ciudadanos y ciudadanas que han pasado de tener un trabajo y un salario a no tener nada, que tienen que vivir de los Servicios Sociales o de la caridad.
Nadie distingue entre ocupantes “regularizables”, que han actuado movidos por un verdadero estado de necesidad y ocupantes que se hacen merecedores del lanzamiento inmediato por su conducta antisocial.
Hay una gran diferencia entre quienes pueden y quieren pagar un alquiler social ajustado a sus mínimos ingresos (25/30% de lo que perciban, sea poco o muy poco) pero no encuentran alquileres que se ajusten a su capacidad económica y quienes han decidido vivir al margen de las más elementales reglas de convivencia, abusando de su fuerza.
Existe una manera de invertir esta situación sin forzar para nada la legalidad. Basta dirigir la mirada a la SAREB, a la eufemísticamente llamada “Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria”.
Esta entidad, que realmente no es un banco, pues se trata de una sociedad anónima que compra a los bancos sus activos con problemas ligados al sector inmobiliario para sanear sus balances y permitir que “fluya el crédito”, podría ayudar a paliar el problema del que hablamos.
Desde sus orígenes, la SAREB está participada en un 55% por capital privado, y en un 45% por capital público a través del FROB (Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria).
Parecía que podría ser así, porque actualmente, su Departamento de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), se ocupa de proponer a las entidades locales la suscripción de convenios de cesión de uso de viviendas vacías para destinarlas al alquiler social. Tal iniciativa supuso inicialmente un soplo de esperanza. Pero, al poco tiempo, pudimos comprobar que esta aparente buena iniciativa era, realmente, una actividad claramente residual que planteaba la cesión de algunas viviendas aisladamente, localizadas en los cascos urbanos de las localidades, nunca en lugares donde se localizan promociones inmobiliarias deshabitadas que, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, quedaron sin ocupar, muchas inacabadas y abandonadas a su suerte.
Pasarán años hasta que estas viviendas puedan destinarse a la función residencial para las que fueron concebidas y construidas. Mientras tanto, muchos municipios soportan desalentados y estupefactos, la existencia en sus territorios de urbanizaciones “fantasma” que permanecen vacías, que se deterioran con todos los efectos perversos asociados a ese abandono.
Y ha llegado el momento de retomar la protesta y decir: o se produce una razonable cesión remunerada de viviendas por parte de la SAREB y las entidades financieras a los ayuntamientos para dar respuesta a las necesidades perentorias e inaplazables existentes en sus municipios (proyectando y promoviendo conjuntamente iniciativas sociales favorecedoras de la ocupación legal de casas vacías), o se deberán promover y alentar, con nuevas fórmulas imaginativas, ocupaciones selectivas, no indiscriminadas o dañinas para el conjunto social que habite esos “no lugares”.
Ha de exigirse de forma inmediata al Ministerio de Economía, vía FROB, que se admitan y articulen proyectos de reutilización de multitud de promociones deshabitadas para dar cobertura a miles de personas (con protagonismo principal de las personas jóvenes) y familias que, aun empobrecidas, pueden seguir estructuradas y favorecer la vida de estos lugares sin provocar distorsiones a quienes allí habitan.
Si se entiende esto y se propicia, toda la sociedad ganará, incluidas las entidades financieras e inmobiliarias.
Si no se entiende, para muchas personas y colectivos será tiempo de diseñar y apoyar acciones ciudadanas que se ocupen de recuperar viviendas vacías para ponerlas a disposición de quienes las necesitan imperiosamente. Con fórmulas nuevas, más atrevidas, imaginativas y radicales, apoyadas en las estructuras sociales e incluso institucionales, manejando un nuevo concepto de combatividad y lucha social.
Antes
de llegar a esto, se debería trabajar conjuntamente desde los Servicios
Sociales comunitarios municipales y el departamento de RSC de la SAREB, para materializar
proyectos sociales que sumen.
Hace no más de sesenta años, las ciudades se desarrollaban bajo el modelo de Ciudad Mediterránea (compacta, densamente poblada, más eficiente e interclasista)”. Si hoy trabajamos sólo un poco en recuperar parte de ese espíritu, de ese modelo, extrapolándolo hasta donde sea posible a los llamados “no lugares”, es seguro que todos ganaremos. Si no, “cada palo, que aguante su vela”, que diría aquel.
