Miguel Toro
11 de julio de 2025
Publicado originalmente en elDiario.es
el pasado 3 de julio
Estamos
en un momento de muchas urgencias nacionales e internacionales que atraen
nuestra atención: el avance de la corrupción en España, el genocidio de Gaza,
el aumento de los aspectos despóticos del gobierno de EEUU, el cambio
climático, la restricción de los derechos de los colectivos LGTBI, etc. Pero
también debemos mirar a medio plazo. El Estado del Bienestar, su
fortalecimiento o deterioro, es un problema que nos preocupa a muchos.
El Estado del Bienestar surgió en respuesta a las crisis económicas del siglo XX, como la Gran Depresión, se consolidó después de la Segunda Guerra Mundial y se desarrolló como respuesta al atractivo que podía generar en aquellos momentos el bloque soviético. Una revisión de la economía clásica llevó a pensar que el Estado debería asegurar un nivel mínimo de vida para todos sus ciudadanos, a través de políticas públicas y sistemas de protección social. Su objetivo era evitar las flagrantes desigualdades sociales. Hoy, esa política de bloques que dividía al mundo entre capitalismo y socialismo ya no existe, pero sí continúa habiendo conmociones y sacudidas, ya sea en forma de crisis financieras, pandemias o de inflación.
Antes
de nada, hay que entender la magnitud del fenómeno. España se encuentra
tradicionalmente por debajo de la eurozona en gasto sobre el PIB en todas las
partidas tradicionales del Estado del Bienestar, según los datos de la oficina
estadística europea, Eurostat. En sanidad, la media de los países que comparten
moneda se situó en 2022 en el 7,9 % del PIB, un punto porcentual por encima de
España. En educación, la brecha fue algo menor: 4,6 % frente a 4,4 % del PIB.
La misma tónica se registró en vivienda, en protección social y en el
resto de los servicios generales.
Como
vemos el Estado del Bienestar en España ha ido creciendo, pero nunca ha llegado
al nivel europeo. Actualmente las generaciones de jubilados ven la situación de
forma completamente diferente que sus nietos. La tranquilidad que supone para
los jubilados ver cubiertas sus necesidades básicas tras una vida de trabajo convive
con la incertidumbre y la esperanza de sus nietos, que temen que el futuro no
les ofrezca ese grado de estabilidad. El futuro “pinta feo”, dicen los nietos
resignados. A esto se le suma la crisis en la sanidad pública, la falta de
inversiones en universidades públicas y enseñanza pública en general, la falta
de vivienda pública, la falta de atención a la dependencia, etc. La exigencia
de la OTAN de que España aumente el gasto militar hasta un 5 % del PIB hace que
el problema sea mucho mayor. Todos estos mimbres ponen el futuro del Estado del
Bienestar contra las cuerdas. Hay una frustración creciente entre los jóvenes,
que sienten que el Estado del Bienestar no les protege, que no les arropa. Hay entre
los jóvenes percepción de abandono.
¿Ha
tocado techo el Estado del Bienestar? ¿Puede el sistema seguir
sosteniéndose y ofreciendo las mismas garantías o más? ¿Se puede revertir la
sensación cada vez mas extendida entre los jóvenes que han perdido la confianza
y piensan que no van a tener pensiones, que la sanidad pública no los va a
atender, etc.? Si queremos mantener el Estado de Bienestar hay que gastar tanto
o más que ahora y si a la vez debemos corregir el déficit no queda otro camino
que aumentar los ingresos públicos. La viabilidad del Estado del Bienestar es
una cuestión meramente política y se resuelve tomando decisiones políticas: hay
que aumentar los ingresos públicos vía aumento de impuestos y hay que
justificar ante los ciudadanos que sus impuestos están bien administrados y son
usados eficientemente.
Aumentar
los ingresos públicos implica aumentar los impuestos a la riqueza y al patrimonio
de los ricos. Como sostiene Piketty en Le
Monde eso es posible y se ha hecho en el
pasado. Aumentar los ingresos públicos supone aumentar los gravámenes sobre los
beneficios empresariales extraordinarios o establecer un
mínimo global de al menos un 15 % en el impuesto de sociedades. Estas
ideas ya se han explicado de forma amplia por otros autores además de Piketty,
ahora hay que dar el paso y concretarlas. Hay que empezar aumentando los
impuestos a los muy ricos si queremos convencer a las clases medias que sus
impuestos son necesarios. Y ese aumento a los muy ricos debe ser explicado. Esta
es tarea urgente para las fuerzas políticas progresistas si quieren que su
electorado no las abandone.
El segundo aspecto ha sido menos tratado: hay que justificar ante los ciudadanos que sus impuestos están bien administrados y son usados eficientemente. Hay que aumentar la transparencia en el uso de los impuestos y la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones en los servicios públicos. Hay que evaluar los resultados de los servicios públicos frente a los objetivos buscados y los ciudadanos deben participar en esa evaluación.
Toda
Administración moderna necesita una función pública profesional. De ella
depende la calidad en los servicios públicos que recibimos, el cumplimiento de
las normas que nos damos o la lucha contra la corrupción. Sin ella, es muy
difícil el progreso económico y social de un país a medio y largo plazo. La
falta de empleados públicos profesionales y dedicados lastra el desarrollo
económico de buena parte de los países del mundo. Para conseguirlo, es
necesario que sean elegidos conforme a sus méritos y capacidades. Pero, además,
es igualmente imprescindible que su desempeño sea evaluado continuamente. La
evaluación es necesaria para dar responsabilidades e incentivos a los más
capaces y formar a quienes lo necesiten.
Los
funcionarios son completamente necesarios para mantener los servicios públicos,
pero en un amplio sector del funcionariado está establecida la idea de que
mejorar el Estado del Bienestar es mejorar su salario y sus condiciones
laborales. Frente a este sector funcionarial hay un amplio sector de la
población que ve a los funcionarios como una capa privilegiada de la sociedad
por su estabilidad laboral, sus ingresos superiores a la media y, en muchos
casos, una falta de evaluación de sus resultados individuales y de los
servicios públicos en general. Esta sensación de una parte de la población puede
llevar a que se extienda la idea de que los impuestos no están justificados.
Es
tarea de las fuerzas progresistas abordar el problema. Es tarea de las fuerzas
progresistas evaluar el resultado de los servicios y funcionarios públicos,
premiar a los mejores y obligar a los peores a mejorar su desempeño. Es tarea
de las fuerzas progresistas buscar mecanismos para la participación de los
ciudadanos en la toma decisiones en los servicios públicos. Ante estas
propuestas la mayoría del funcionariado se pone a la defensiva, pero son
necesarias para rendir cuentas y para acercar la gestión de los servicios
públicos a la ciudadanía que los mantiene con sus impuestos. Son necesarias para
poner al ciudadano en el centro de los servicios públicos.
Algunas
de estas ideas ya las hemos desarrollado anteriormente en ¿Hay que evaluar a los funcionarios?
Hace
poco Óscar López, ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, ha anunciado una reforma de la
Administración ambiciosa, centrada en los ciudadanos y preparada para el
desafío digital. Pero, debemos preguntarnos, ¿es
suficiente? Mi impresión es que no. Se sigue pensando que mejorar la
administración pública es sólo mejorar las condiciones laborales de los
empleados públicos. Pero se piensa poco en la participación del ciudadano en la
gestión de esos servicios. Se piensa poco en evaluar el funcionamiento y los
resultados de los servicios públicos, para reorientarlos si es necesario. Se
piensa poco en evaluar el desempeño de los empleados públicos, para reconocer y
premiar a los mejores y obligar a los peores a mejorar su desempeño. Se piensa
poco en crear vías de participación de los ciudadanos en la gestión y
orientación de los servicios del Estado de Bienestar.
La
evaluación de los hospitales públicos, de los médicos del sistema público y de
la atención primaria es de gran interés para los ciudadanos: por aumento de las
listas de espera, los días de espera para las citas en primaria, etc. Este es
claramente un problema de falta de inversión, de falta de recursos públicos
dedicados a la sanidad, pero no solo eso. Además, debemos acercar la
administración de la sanidad pública a los ciudadanos que son los que pagan los
impuestos. Hay que crear vías para que eso sea posible: posiblemente en cada
uno de los grandes hospitales y las zonas que atienden deban existir comisiones
con participación ciudadana que evalúen los servicios y los profesionales,
exijan los recursos económicos necesarios de la administración autonómica y se
lo hagan ver al resto de la población.
En
el caso de la enseñanza primaria y secundaria deberían crearse órganos
comarcales para evaluar las necesidades y los resultados de los centros de esa
comarca, para optimizar la distribución del profesorado y evaluar su desempeño.
Estos órganos deberían tener competencias que ahora están en las delegaciones
provinciales de la Consejería de Educación. Estos órganos deben incluir
ciudadanos y no sólo profesionales. La participación de los padres sólo en los
Consejos Escolares es insuficiente.
Hay
muchos más servicios públicos en los que habría que crear mecanismos de
participación: la vivienda pública, la dependencia, el transporte, las
universidades, etc. Al caso de la justicia habría que dedicar más tiempo, pero,
como servicio público que es, debería ser evaluado y en esta evaluación debe
participar la sociedad de alguna manera. La evaluación de los funcionarios del
sistema judicial y de los juzgados debe hacerse y no debe dejarse únicamente en
las manos de los propios jueces. Evidentemente evaluar la justicia y que en esa
evaluación participe la sociedad no es tarea fácil porque los jueces y fiscales
creen que en la justicia sólo deciden ellos. La prueba es la huelga ilegal
promovida por todas las asociaciones menos las progresistas contra las reformas
del gobierno.
En
definitiva, debemos poner al ciudadano en el centro de los servicios públicos
para que sienta que sus impuestos están siendo bien utilizados. Es tarea de las
fuerzas progresistas si quieren que sus votantes no se sientan abandonados.
