Toda modificación normativa que suponga la pérdida de libertad en la elección del tratamiento es un paso atrás por muy de la mano que venga, de buenismos o de signos de progreso. Y lo que más doloroso resulta es que ese retroceso, esa pérdida de libertad, esa reducción de la autonomía de la paciente tenga que ser soportada, casualmente y como siempre, por mujeres.
José Antonio Bosch. Abogado.
23 de febrero de 2021
Recientemente
el Ministerio de Sanidad dio a luz una consulta pública previa del proyecto de
modificación del Real Decreto 831/2010, de 25 de junio, de garantía de la
calidad asistencial de la prestación a la interrupción voluntaria del embarazo.
Tal como se publicó, de forma inmediata fue retirada de la web del Ministerio
sin explicación oficial alguna, pero anunciando, oficiosamente, al igual que el
general MacArthur, “me voy, pero volveré”.
La consulta, planteada con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración normativa, animaba a los/as ciudadanos/as, organizaciones y asociaciones interesadas a hacer llegar opiniones sobre lo planteado en el documento, pero no ha dado tiempo de hacerlo dado que fue retirada inmediatamente después de ser colgada en la web.
Aunque suena a una cuestión muy técnica, en realidad la modificación normativa proyectada se puede resumir en que se pretende estandarizar, y a ser posible imponer, un método de aborto, el farmacológico, sobre otro método, el instrumental, y ello sobre la base de que es mucho mejor el primero que el segundo. Personalmente tengo una opinión clara de los motivos de tal imposición, pero me la reservo para el final de esta colaboración.
