Y
ya se sabe, como decía Confucio, cuando las palabras pierden su significado, la
gente pierde su libertad.
JOSE ANTONIO BOSCH. (Abogado)
15 de diciembre de 2020
Me temo que nuestros ilustres representantes políticos en las Cámaras legislativas españolas no han terminado de entender que la inactividad no es una opción para ellos. Al parecer no asumen que en su salario van incluidas ciertas obligaciones que van mucho más allá del tweet gracioso, sarcástico o mordaz y del discurso en la tribuna destrozando al adversario en busca de un titular llamativo en los medios.
La Constitución es más que un “librito” que sirve para abofetear en la cara al adversario con el artículo que en cada momento nos viene bien, pero que cuando se refiere a nuestras obligaciones podemos interpretar de forma laxa. Así, aunque existe un mandato legal, taxativo, de renovación de determinados órganos o instituciones del Estado, estamos asistiendo al incumplimiento reiterado de tal mandato y, atentos al dato, nada más ni nada menos que en aras de la “libertad” o al menos eso es lo que se dice desde los partidos que se niegan a cerrar un consenso para cumplir con el mandato legal.
El Consejo General del Poder Judicial lleva tres años con sus cargos caducados y lo peor es que no parece que esta situación moleste en exceso a sus miembros quienes siguen adoptando decisiones de gran calado a pesar de la caducidad de sus cargos. Y en dinámica parecida tenemos al Tribunal Constitucional o a la administradora única de Radio Televisión Española, por poner algunos ejemplos de instituciones paralizadas cuyas decisiones son de vital importancia para el funcionamiento democrático de nuestro Estado.
Sin embargo, cuando acudo a los medios para informarme o escucho los discursos de quienes defienden de hecho la paralización de algunas de las instituciones más importantes del Estado español, no deja de sorprenderme la utilización por parte de los protagonistas de algunas palabras que de tanto y tan mal utilizadas han perdido todo su significado. Y ya se sabe, como decía Confucio, cuando las palabras pierden su significado, la gente pierde su libertad.
Así, resulta que tenemos que escuchar que vivimos en una dictadura marxista, comunista, bolivariana, lo que permite a su vez afirmar que el gobierno no es legítimo, por lo que a partir de tales premisas todo está justificado y lo más cómico es que nos lo cuentan miembros de los partidos autollamados “constitucionalistas”.
Y, mientras tanto, pasan los meses, los años y espero que no lleguen los lustros, en los que con la “ayuda” de todos vamos deslegitimando instituciones, socavando confianza, en resumen, minando nuestra democracia. Los ciudadanos debemos de mejorar nuestra capacidad de memoria; debemos tomar nota de aquéllos que, cual un Donald Trump cualquiera, se empeñan en deslegitimar un gobierno conformado por una mayoría obtenida en unas elecciones libres y democráticas. Tenemos que tomar nota de aquéllos y aquéllas que para justificar su inoperancia nos intoxican con nuevos significados de viejas palabras.
Debemos exigir a nuestros representantes el riguroso respeto a las reglas de juego, a nuestra Constitución y que se esfuercen por cumplirla en todos sus extremos. Parece que cuando es otro el que gobierna, la única actividad que sabe hacer la oposición es la de deslegitimar al adversario.
A veces creo que las enseñanzas de la antigua Formación del espíritu nacional siguen aflorando por los poros de muchos de nuestros políticos. Cierto que todos tenemos que madurar; que todos tenemos que mejorar nuestros hábitos democráticos, pero también es cierto que quienes asumieron la obligación de representarnos tienen una mayor carga y que junto con quienes forman parte de esas altas instituciones con sus cargos caducados deberían ser los primeros de mostrarnos el camino del tan reiterado constitucionalismo.
No hay razón alguna para que se sigan incumpliendo los plazos y los mandatos de la renovación del Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional, por ejemplo, pero si quienes tienen que hacerlo se niegan a ello, si quienes tienen la obligación legal la incumplen, sería deseable que esos miembros con cargos caducados tuvieran el decoro de renunciar a sus cargos y no seguir prestándose a intereses políticos y partidistas contrarios a la dignidad y responsabilidad de los cargos que ocupan, forzando así la renovación.
A los ciudadanos nos queda demandar a nuestros representantes que cumplan la Ley. Exigir a nuestros representantes que se ganen dignamente el salario que les pagamos, y que no sigan deslegitimando instituciones tan necesarias de la confianza de los ciudadanos para una convivencia en paz.
