Juan M. Valencia Rodríguez
2 de marzo de 2021
Tras un año de inestabilidad política continuada y dos elecciones generales, el acuerdo de gobierno alcanzado por PSOE y Unidas Podemos permitió la investidura de Pedro Sánchez como presidente el 7 de enero de 2020 por una exigua mayoría y en segunda votación: 167 votos a favor y 165 en contra. Por primera vez desde la II República un gobierno de coalición tomaba las riendas de la política en España, y por primera vez se integraban en el Ejecutivo fuerzas a la izquierda del PSOE. Se abría la esperanza de un giro social favorable a la mayoría de la población, que revirtiese la tendencia de crecimiento brutal de las desigualdades de las últimas décadas.
Desde sectores de izquierda se criticó desde el principio la tibieza de las actuaciones gubernamentales y la participación de Unidas Podemos en la coalición, a lo que Pablo Iglesias contestaba; estar dentro permitirá cambiar cosas. No se trataba desde luego de un gobierno revolucionario, pero, desde los resultados electorales, ¿alguien tenía una opción mejor para provocar un viraje político que mejorase la vida de la población? Si queremos un gobierno más de izquierda, tendremos que convencer a nuestros conciudadanos para que voten por esas opciones y además se movilicen en su apoyo para cambiar las cosas.
Transcurrido algo más de un año, ¿qué valoración podemos hacer de la actuación del gobierno de coalición progresista? ¿Está satisfaciendo las ilusiones que muchas personas pusieron en él?
Contexto general
El marco de referencia para la acción gubernamental era el acuerdo suscrito entre PSOE y Unidas Podemos, y el protocolo adicional con mecanismos de seguimiento y control para medir el ritmo y grado de cumplimiento de las políticas acordadas. Sin experiencia reciente de este tipo, gestionar los acuerdos para el ejercicio conjunto del poder no era tarea sencilla, pues se trataba de un “matrimonio de conveniencia” en el que los “novios” habían tenido graves desavenencias anteriores. Unidas Podemos, como parte minoritaria del Ejecutivo, siente el peligro de convertirse en un apéndice poco relevante en el ejercicio real del poder. El PSOE por su parte no quería verse inclinado a políticas demasiado radicales para su costumbre. La desconfianza recíproca entre los socios de gobierno era el punto débil que los adversarios políticos iban a tratar de aprovechar.
Una pandemia terrible vino a trastocarlo todo. Las posibilidades de hacer realidad el programa de gobierno suscrito se veían enormemente reducidas.
Un segundo elemento del panorama, este más previsible, residió en la oposición feroz de la cerril derecha y ultraderecha española, de una intensidad próxima a la conspiración para un verdadero golpe de Estado. En el intento se unieron a la derecha política no solo las fuerzas conservadoras (el poder económico, el poder judicial, el poder mediático, la Iglesia, núcleos influyentes de las fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas), sino antiguos dirigentes del PSOE (Felipe González en especial) alineados ya claramente con la oligarquía.
Se acusaba de ilegítimo al gobierno constitucionalmente elegido en sede parlamentaria. A la montaraz derecha española no le gusta compartir el poder, y para recuperarlo estaba dispuesta a crear un clima de crispación y odio permanentes; no alberga ningún sentido de país ni de Estado. Todo vale con tal de derrocar al gobierno o al menos destruir la coalición progresista: campañas mediáticas llenas de mentiras, bloqueo en la renovación del Consejo del Poder Judicial, rechazo a la prolongación del estado de alarma... Afloran aquí y allá los profundos residuos del franquismo, consecuencia del fracaso de la ruptura democrática en la transición, que dejó intactos muchos poderes del pasado.
En ese horizonte cargado de dificultades formidables la actuación del gobierno progresista ha tenido luces y sombras, avances apreciables junto a rémoras importantes.
Luces
Ante el reto descomunal de la pandemia, el Gobierno, pese a sus vacilaciones y cambios de criterio, ha antepuesto las necesidades sanitarias sobre los intereses económicos, con toda justicia.
Si hubiéramos tenido que afrontar la crisis económica causada por la pandemia con un gobierno conservador y sus consiguientes políticas neoliberales, los resultados habrían sido sin duda desastrosos para los sectores más frágiles de la población. El Gobierno progresista ha dirigido sus prioridades a esos colectivos más castigados por la Covid-19, para erigir un escudo social que los protegiese en la medida de lo posible. A este fin se tomaron varias disposiciones: la subida del Salario Mínimo Interprofesional decretada al comienzo de su mandato (950 € mensuales por 14 pagas), el Ingreso Mínimo Vital, los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) y las ayudas a empresas y autónomos, que han permitido salvar cientos de miles de puestos de trabajo amenazados por la pandemia y situarse en mejores condiciones para la reconstrucción futura.
La nueva Ley de Educación, la LOMLOE, conocida como Ley Celaá, muy moderada por mucho que vociferen la Iglesia y los sectores conservadores, ha permitido al menor derogar la nefasta y reaccionaria LOMCE, la Ley Wert.
La Ley de Eutanasia recién aprobada nos libera al fin de tutelas morales ajenas al poder civil y nos reconoce el derecho a morir con dignidad.
La exhumación de los restos de Franco y el proyecto de Ley de Memoria democrática (no exento de aspectos poco aceptables) constituyen un avance en la supresión de los vestigios de la dictadura.
Aunque el conflicto con Cataluña persiste y es difícil llegar a una solución perdurable, al menos el Gobierno está tratando de reconducir la situación por la vía del diálogo político.
La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado con una mayoría muy superior a la de la investidura (189 votos a favor), ha supuesto un éxito del gobierno de coalición, que ha logrado ampliar su base de apoyo parlamentario en este asunto decisivo para el quehacer gubernamental: por fin se cuenta con unos presupuestos para la reconstrucción social.
El Gobierno ha contribuido de manera decidida, junto con Italia, a la aprobación del plan de recuperación de la UE (con un fondo de 750.000 millones de euros, de ellos 140.000 para España, la mitad a fondo perdido y la otra mitad en créditos). Se ha virado a una política expansiva y de endeudamiento público dirigida a paliar los efectos de la crisis generada por la pandemia, justo en sentido opuesto a la política de austeridad y recortes sociales con que se afrontó la crisis de 2008, con tan nefastos resultados.
Sombras
El protocolo adicional de seguimiento del acuerdo de gobierno establecía que las dos partes integrantes de la coalición debían conducirse conforme a principios de lealtad, cooperación y estabilidad, mediante el diálogo, la búsqueda del consenso, la negociación y la buena fe, y que las discrepancias que surgieran debían resolverse con la máxima discreción. Es evidente que ninguna de las dos partes de la coalición ha respetado ese compromiso, lo que ha facilitado la labor de zapa de sus adversarios en su intento permanente por romper la coalición y derribar el Ejecutivo progresista.
Las discrepancias son inevitables entre dos fuerzas que mantienen posiciones distintas en algunos temas importantes y no todas deben acallarse, pero es imprescindible que no vayan tan adelante que pongan en peligro la estabilidad gubernamental y el cumplimiento del programa de gobierno acordado, que es el marco en el que deben resolverse las diferencias.
Entre los ministros del PSOE hay algunos que promueven políticas desfavorables para la mayoría social. Calviño se ha opuesto frontalmente a una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional, y Escrivá ha impulsado unas recomendaciones del Pacto de Toledo (con el inexplicable apoyo de Unidas Podemos) que socavan el Sistema Público de Pensiones e introducen elementos que conducen a romper nuestro modelo de Seguridad Social, y que han encontrado la oposición frontal de los movimientos de pensionistas.
La pandemia ha planteado un desafío sin precedentes a todos los gobiernos del mundo. El Gobierno actuó como debía al priorizar los criterios sanitarios, pero su gestión ha adolecido de improvisaciones, retrasos y cambios de criterio, sin duda comprensibles por enfrentarse a un virus desconocido y letal. Tampoco le ha favorecido la deficiente política de comunicación. Lo cierto es que las cifras de contagios y fallecidos son peores que las de otros países próximos, aunque las razones no están claras. Claro que llovía sobre mojado: la pandemia nos pilló con un Sistema Nacional de Salud gravemente perjudicado por las privatizaciones y recortes efectuados desde 2008.
Las ayudas del llamado escudo social se han quedado cortas y en algunos casos se han gestionado de manera lenta y muy restrictiva, como ha sucedido con el Ingreso Mínimo Vital. Sigue sin cumplirse el compromiso de derogar la reforma laboral de 2012. Y algunos ministros del PSOE se resisten a cumplir el compromiso de regular los precios del alquiler, en colaboración con autonomías y ayuntamientos, en aquellas zonas tensionadas por el mercado (punto 2.9.3. del programa de coalición).
Se ponen de manifiesto en estos días los déficits democráticos que arrastramos desde comienzos de la Transición, y que al ser explicitados por el vicepresidente Iglesias han provocado una polémica llena de hipocresías. La llamada Ley Mordaza, que debía ser sustituida por una nueva Ley de Seguridad Ciudadana, no ha sido derogada, lo que se traduce en ataques a la libertad de expresión como el que ha significado el encarcelamiento del cantante Pablo Hasél.
El punto 5.11 del acuerdo de gobierno dice: “Haremos las modificaciones legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes inmatriculados indebidamente por la Iglesia”. Al día de hoy no se han dado pasos efectivos en esa dirección, tan solo, y tras mucha demora, se ha publicado un catálogo incompleto que no recoge ni la mitad de los bienes que la Iglesia se ha apropiado indebida y deshonestamente, y cuya reclamación se deja a los particulares.
Aunque el tema no forma parte del acuerdo de gobierno, sonroja que ante la crisis de la de la monarquía el PSOE, cuya base y electorado son mayoritariamente republicanos, se haya convertido en la práctica en un partido monárquico, sostén imprescindible de una institución considerada por muchos el tapón que impide a nuestro sistema político evolucionar en un sentido más democrático, moderno y progresista.
Balance
Aun teniendo en cuenta las sombras que hemos comentado, la valoración global de este primer año de gobierno de coalición progresista la estimamos positiva, máxime si tenemos en cuenta las formidables dificultades adicionales que ha producido la pandemia en la gestión de lo público.
Pese a las presiones mediáticas inspiradas por la derecha cerril y sus acólitos, las notables divergencias políticas surgidas no han puesto en peligro hasta ahora la continuidad de la coalición gubernamental. No obstante, los integrantes de la alianza tienen ante sí la obligación de incrementar su capacidad para gobernar juntos sin tanto ruido interno y volcarse en lo esencial, la política de reducción de las desigualdades y mejora de la cohesión social del país.
Los retos por delante son muchos: derogación de la reforma laboral y elaboración de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, asegurar el sistema público de pensiones y el modelo de Seguridad Social cerrando el paso a los intentos privatizadores, subida inmediata del SMI, lucha contra el Cambio Climático y creación de un nuevo modelo energético, garantizar que las ayudas del Plan de Reconstrucción de la UE tengan un uso social y ecológico, las leyes de Igualdad, de Vivienda, de Seguridad Ciudadana, de Memoria Democrática… Desatascado al parecer el nombramiento del Consejo de RTV, persiste el bloqueo por el PP a la renovación del CGPJ, que el Gobierno no debe consentir por más tiempo.
Para resolver de manera favorable estos dilemas, continúa siendo vital e imprescindible el apoyo social al gobierno de coalición. Un apoyo crítico, que exija las políticas precisas y al ritmo de cambios necesario y posible, pero consciente de que no tenemos otra opción mejor de gobierno si queremos reducir las desigualdades, y mejorar la vida de la mayoría, empezando por los colectivos más vulnerables. Contribuir al acoso y derribo de este Gobierno impulsado por los reaccionarios sería estúpido y suicida.
