“Hay prostitución de menores tuteladas en toda España”. “La mitad de los 35.000 menores tutelados por el Estado viven en centros y sin la supervisión adecuada”. “Red de prostitución de menores tuteladas en Baleares”. “Tres de las menores prostituidas por una red de proxenetas residían en centros de la Comunidad de Madrid”. “Muere un menor, tras ser reducido por guardas de seguridad en Valladolid”.
José Antonio Bosch. Abogado.
15 de marzo de 2022
Ni que decir tiene que cuando interviene la Administración Tutelar y retira a un menor de su entorno debe ser, como mínimo, para propiciarle una mejor atención y cuidado de los que contaba en el seno de su familia, para promover la efectiva integración y desarrollo del menor en la sociedad y, desde luego, para garantizar sus derechos.
Frente a las anteriores afirmaciones, día a día vamos conociendo a través de los medios de comunicación o de las redes sociales sucesos en los que, a juzgar por los resultados de la intervención administrativa éstas se pueden calificar como auténticos fracasos y, desde luego, muestras más que evidentes de que el sistema de protección presenta demasiadas grietas.
Sólo por citar algunos supuestos recientes y utilizando titulares de prensa podemos recordar: “Hay prostitución de menores tuteladas en toda España”, “La mitad de los 35.000 menores tutelados por el Estado viven en centros y sin la supervisión adecuada” , “Red de prostitución de menores tuteladas en Baleares”, “Tres de las menores prostituidas por una red de proxenetas residían en centros de la Comunidad de Madrid”, “Muere un menor, tras ser reducido por guardas de seguridad en Valladolid” “¿Son los centros tutelados un campo de cultivo para las mafias”. Podríamos seguir citando titulares hasta aburrir y eso que la información sobre menores protegidos no suele despertar gran interés en el público, por lo que suele ser escasa.
Con todo, a pesar de la gravedad a la que apuntan los titulares citados, más graves me parecen aún titulares como el muy reciente de “joven tutelada por la Junta Andalucía denuncia que le han retirado a sus cuatro hijos” porque lo que nos pone en evidencia, lo que nos muestra en forma descarnada, es un bucle maldito en el que a jóvenes que fueron “educadas” por el sistema de protección de menores, también se le retiran los hijos e hijas y puedo garantizar que si no se remedia, en breve veremos cómo se les retiran también los nietos y nietas.
Se me podría argumentar de contrario que los titulares que transcribo son una clara excepción y que la regla es la bondad del sistema de protección, pero mucho me temo que tal afirmación es totalmente gratuita, porque hay una ausencia absoluta de transparencia y/o de información real y contrastada sobre los efectos finales de la política de protección de menores.
Permanentemente se ofrecen por las distintas Administraciones datos sobre el número de menores tutelados y, para colmo, se hace mostrando músculo y orgullo de la cantidad de intervenciones y del gran número de menores cuya tutela está en manos de la Administración. Sin embargo, al margen de que el gran número de menores tutelados lo que pone en evidencia es la falta absoluta o la ineficacia de las políticas de prevención en la protección de menores, los números abstractos no indican nada. Ninguna Administración (ni autonómica ni estatal ni municipal) ha elaborado un estudio serio, ni creo que lo elabore nunca, que ponga al servicio del ciudadano y de la propia Administración la información que permitan valorar la eficacia o ineficacia en su caso, de las políticas de protección de menores. Se nos informa del número de menores retirados, pero no se nos dice qué fue de ellos cuando cumplieron dieciocho años, y cuál era su situación cuando alcanzaron los veinticinco o treinta años; no se nos informa de su nivel de formación, de su grado de integración social o de cuestiones tales como cuántos de los menores que pasan por los servicios de protección de menores pasan luego por los Juzgados de Menores y cuántos de estos pasan posteriormente por los Juzgados de lo Penal y la prisión y a cuántos de estos se les vuelve a retirar sus hijos.
No se nos informa de cuánto dinero público real se invierte en menores tutelados y en manos de qué concreta asociación, fundación o empresa se han delegado servicios que debiera prestar directamente la Administración, ni cuál es el nivel de beneficio empresarial que genera este “mercado” sostenido con dinero público.
Sin los anteriores datos, resulta imposible hacer una valoración rigurosa de las políticas de protección de menores, ni en Andalucía ni en ninguna otra parte. A los menores hay que atenderlos en su entorno y todo menor retirado de su familia es una muestra palpable no sólo de un problema familiar, sino del fracaso de una política de prevención y de protección de menores, y cuanto mayor sea el número de los menores declarados en desamparo, mayor será el fracaso de la Administración y de sus políticas de protección.
No deja de ser doloroso que cuando un padre o una madre no cumplen con sus obligaciones se decrete la retirada de sus hijos, pero cuando la Administración que le retiró a los hijos incumple sus obligaciones, fallando estrepitosamente en la atención integral del menor tutelado, todo el mundo mire a ninguna parte y nadie asuma responsabilidad alguna. Si el fracaso llega hasta el extremo de que cuando alcanza la mayoría de edad el menor tutelado y es puesto en la calle, nuevamente la Administración le retira a éste sus hijos, ¿no debería alguien asumir alguna responsabilidad por la retirada de los “nietos” de la Administración?
Por
todo ello, y no sólo por el conocimiento a través de los medios de comunicación,
sino por mi propia experiencia profesional, entiendo que es legítimo afirmar
que el Sistema de Protección de Menores presenta muchos más fallos que los
aceptables en un régimen democrático y social. Soy consciente de que en el
sistema trabajan cientos de profesionales de buena voluntad y mejor intención,
pero no podemos confiar el futuro de nuestros menores a la suerte de que caigan
o no en manos de buenos profesionales. Resulta absolutamente necesario que los Servicios
de Protección de Menores sean sometidos a una auditoria rigurosa e imparcial
porque el paso previo para solucionar un problema es reconocer la existencia del
problema. Lo mínimo que pueden hacer los gestores que les quitan a madres y
padres sus hijos es demostrar que tales decisiones fueron acertadas y que el
resultado de su intervención mejoró la situación del menor o, al menos, que no
terminó creando un problema mayor al que justificó la retirada del menor.
