Juan Manuel Valencia Rodríguez
14 de julio de 2026
Asistimos en la actualidad a una aparente contradicción: la oligarquización de unas sociedades que se pretenden y declaran democráticas.
A lo largo de la Historia humana el
poder ha estado casi siempre en manos de minorías que lo han utilizado en su
propio beneficio, pero la generalización de las sociedades democráticas parecía
abrir la posibilidad de romper esa dinámica.
Tal día como hoy de 1789 una milicia
popular protagonizó el famoso asalto a la Bastilla, la Prisión Real odiada
por el pueblo porque simbolizaba la arbitrariedad y el despotismo de la
Monarquía Absoluta. El hecho iba a suponer
el inicio de la Revolución Francesa, y marca una fecha germinal en la historia
del republicanismo laico y de las libertades ciudadanas. Lo que allí se mostró,
en un espectáculo impresionante y sobrecogedor, fue la fuerza del pueblo, el
poder del pueblo como se ve en pocas ocasiones. En ninguna revolución anterior
fue tan evidente, tan efectivo, tan decisivo ese poder popular.
Ya
nada iba a ser lo mismo:
frente a la monarquía absoluta y teocrática se hizo la revolución de la nación,
la soberanía de los ciudadanos sustituyó a la de los reyes, se forjó la idea de
un Estado que debía representar a todas las personas, desaparecieron casi todos
los privilegios de unos pocos, la nación se regía por leyes aprobadas por sus
propios representantes.
Tras el Estado liberal surgido de aquellas revoluciones, que aún restringía
el ejercicio de los derechos a una minoría, el empuje del pueblo trabajador fue
imponiendo, en unos países antes que, en otros, la democracia, que extendía las libertades y derechos al conjunto de
la ciudadanía.
Sin embargo, en las últimas décadas se
multiplican las evidencias de un retorno al dominio oligárquico del poder
efectivo, más allá de la apariencia formal de nuestras democracias,
notoriamente degradadas. Las decisiones claves se toman en círculos cada vez
más opacos y restringidos.
A escala mundial observamos en los
últimos tiempos una novedad: los oligarcas salen de sus escondrijos; ya no son
el habitual poder en la sombra que deja la gestión de sus intereses en manos de
políticos a su servicio. Ahora irrumpen, cada vez con más frecuencia, en el
primer plano de la escena y asumen directamente los hilos del poder
multimillonarios como Silvio Berlusconi, pionero en esta tendencia, Trump y su
secuaz Elon Musk, Michael Bloomberg, los presidentes chilenos Sebastián Piñera,
ya fallecido, y el actual, José Antonio Kast Rist…
La
relación entre la riqueza y el poder político ha cambiado, en especial en
Estados Unidos, aunque se mantengan también los antiguos sistemas de intervención indirecta de los
oligarcas en la política, que hoy se conducen sobre todo por dos vías: el
dominio casi absoluto de los medios de comunicación social, tanto los
tradicionales (TV, radio, prensa) como los nuevos (redes sociales); y la
financiación masiva de las campañas electorales de sus candidatos predilectos,
todo un flujo de capital de las grandes fortunas hacia el sistema político que
pervierte de manera evidente los principios democráticos de igualdad (vemos al
multimillonario inmobiliario y petrolero John Catsimatidis y los magnates de
Sillicon Valley financiando a Trump, Peter Thiel ligado a la Argentina de
Milei, Marcelo Claure en Bolivia…).
Lo que subyace bajo esa oligarquización
de los poderes y de las sociedades es sin duda la concentración extrema de la riqueza en manos de una minoría muy
reducida. Ya sabemos que la acumulación progresiva del capital es la naturaleza
propia del sistema capitalista, pero hoy ha llegado a unas proporciones
extraordinarias y brutales, como mostraba el último informe de Oxfam: el 1 % más rico de la población mundial
acumula el 63 % de la riqueza producida desde 2020. En España, 33
personas, milmillonarios, acumulan una riqueza
conjunta igual a la que poseen 18,7 millones de españoles, el 39 % de toda la
población.
La
concentración masiva de la riqueza ha acabado con la libre competencia de la
teoría capitalista clásica y la ha reemplazado por oligopolios que controlan
los mercados en beneficio propio, sin remilgos a la hora de destruir poblaciones
o las bases de la vida en el planeta.
El capitalismo
actual ha destruido el mito de que el sistema produce un progreso para todos, para beneficiar sólo al capital, como ya advirtió Marx como destino
final de la expansión y acumulación capitalista. El modelo neoliberal
instituye la precariedad laboral que genera el miedo permanente, el desempleo
estructural, el declive de las clases medias. La aceptación de esa realidad
neoliberal por la socialdemocracia europea está desmantelando parcialmente el
Estado del Bienestar y provoca un desencanto social generalizado, que abre
camino al populismo y la barbarie de extrema derecha en esta ola reaccionaria
mundial. Y lo que es peor, buena parte de la población ha interiorizado esos
designios neoliberales como una realidad imposible de cambiar; así, el
neoliberalismo, ayudado de sus poderosos medios de comunicación, ha logrado
troquelar una mentalidad social individualista y conformista, que ve a sus
enemigos en los de más abajo, no en los poderosos que realmente son los que
empeoran sus vidas.
Las
desregulaciones financieras y comerciales, las normas en materia de
remuneración de directivos y las políticas de reducción de impuestos a los más
ricos han contribuido a preservar estas fortunas.
Los superricos dedican una
parte sustancial de su riqueza a controlar medios de comunicación y redes
sociales, sin que los gobiernos de las naciones sean capaces de impedírselo. Más
de la mitad de las grandes empresas de medios del mundo y la totalidad de las
principales plataformas de redes sociales están en manos de
milmillonarios.
En resumen, las élites económicas están
utilizando sus inmensos recursos para “capturar” el poder político y asegurar
así la conservación e incremento de sus fabulosas fortunas.
El dominio oligárquico se extiende hoy
incluso a las manifestaciones más genuinas del gusto popular. Grandes magnates
dominan los clubs de fútbol, antes más ligados a los “hinchas” del equipo, hoy
subordinados al dinero creciente que genera el espectáculo. Los muy ricos se han
hecho los dueños, y los aficionados ya únicamente exigen que se gasten mucho
dinero en el equipo para que lleguen los triunfos. Se mire por donde se mire,
las decisiones se alejan de la soberanía popular.
Los poderes democráticos deberían haber
puesto en marcha medidas para combatir esa desastrosa e inadmisible
distribución de la riqueza socialmente producida, pero no se atreven a hacerlo
en ningún país.
En la UE, las decisiones más importantes
que afectan a nuestras vidas se toman por élites no surgidas de la soberanía
popular, que imponen austeridades contrarias a la mayoría social, desarrollan políticas
cómplices con el genocidio palestino cometido por Israel frente al clamor
popular en contra de esta barbarie, o sepultan en el Mediterráneo los valores
del humanismo y los derechos humanos con salvajes medidas anti inmigración. La
integración europea ha devenido en un proceso de oligarquización neoliberal que
ha debilitado la democracia tanto en las instituciones europeas como en sus
Estados miembros, algunos de los cuales fueron obligados a introducir cambios
en sus constituciones en aras de una política de recortes decidida en opacos
círculos de decisión sin legitimación democrática. Para cumplimentar el proceso
antidemocrático, los dirigentes europeos han renunciado a una política de
defensa propia para ponerse en manos de la OTAN, es decir, de los EE. UU., rinden
viajes de vergonzosa pleitesía a Washington y firman onerosos pactos a espaldas
de la ciudadanía europea.
En España la oligarquía tradicional,
forjada a partir de la Restauración borbónica tras el aplastamiento militar de
la I República, se conformó con un carácter profundamente reaccionario. Se
habituó a ejercer su dominio mediante el uso de la fuerza, en regímenes
carentes de libertades y derechos para el conjunto de la población, y a
parasitar el Estado y sus recursos en su exclusivo beneficio, como ha desvelado
el profesor Carlos Arenas (El Estado
pesebre. Una historia de las élites españolas, 2025). Esta tónica se
perpetúa en el presente mediante el control que esta oligarquía ultra
reaccionaria ejerce sobre palancas de poder tan poderosas como la judicatura y
los medios de comunicación, con la complicidad siempre disponible de los
jerarcas de la Iglesia católica.
Como se puede comprender, revertir la
deriva oligárquica del poder y la descomunal desigualdad en el reparto de la
riqueza es extremadamente complicado. La lógica del sistema es esa. Teje unas
redes laberínticas de relaciones e influencias que es muy difícil romper.
Intentarlo requiere una acumulación de
fuerzas de superior cuantía, unas mayorías sociales y electorales en las que
tenga peso considerable la izquierda con voluntad transformadora, que debería
tomar conciencia de la situación y poner manos a la obra para articular una
unidad popular organizada, extensa, sólida y duradera, y no envolverse en
trifulcas, purismos y egos castradores y suicidas. Es hora de aunar esfuerzos
en esa tarea hercúlea de cambiar el rumbo oligárquico de los tiempos, no de
acentuar las diferencias que existen. Los motivos para unirse están a la vista
de todos: defensa radical de los derechos y libertades, lucha contra las
desigualdades, defensa de lo público, defensa del medio natural.
En torno a esos objetivos, debe impulsar
todas las mareas, plataformas sociales y colectivos que se oponen a que las oligarquías se apoderen de las
instituciones y se apropien la riqueza material producida entre todos, que rechazan
la destrucción del medio natural, que defienden lo público. Dichos movimientos son
la base indispensable para que cambie el rumbo oligárquico de la sociedad, en
favor de una democracia profunda con base en lo común.
Aquel episodio de la Bastilla nos
recuerda una verdad que la experiencia hace evidente una y otra vez: junto a la
conquista de cotas de poder en las instituciones, que es asunto importantísimo,
el protagonismo, la movilización del pueblo, es imprescindible para que se
produzcan cambios reales.