martes, 13 de octubre de 2026

“Fondos buitres” y financiarización del campo español

 Estamos pasando de un proceso histórico de concentración de explotaciones a otro más complejo, en el que pueden concentrarse simultáneamente tierra, capital, tecnología, ayudas públicas, cadena de valor y agua.


Leandro del Moral Ituarte, Fundación Nueva Cultura del Agua/Mesa Social del Agua de Andalucía

13 de octubre de 2026

Aunque conviene formularlo con precisión, las nuevas dinámicas financieras y corporativas han adquirido suficiente entidad en los últimos años como para hablar de un proceso de financiarización de la agricultura española. Sin embargo, conviene distinguir tres procesos relacionados pero diferentes: concentración agraria, que implica menos explotaciones y mayor tamaño medio; corporativización, que se refiere al creciente peso de sociedades y grandes grupos empresariales; y financiarización que apunta a que la tierra y la explotación funcionan como activos gestionados según criterios de rentabilidad financiera, diversificación patrimonial y valorización del capital. La financiarización se apoya en los dos procesos anteriores y generalmente los acelera.

No estamos ante una sustitución generalizada de los agricultores por “fondos buitre”, sino ante una penetración rápida y selectiva del capital corporativo y financiero en determinados segmentos de la actividad agraria, que coincide con un proceso más amplio y estadísticamente más constatable de concentración de las explotaciones, de la capacidad productiva y, en determinados territorios, de la acumulación del acceso al agua.

 1. El proceso de fondo: concentración y financiarización.

España tenía unas 989.800 explotaciones agrarias en 2009 y 784.141 en 2023. La desaparición de 200.000 explotaciones responde a causas diversas: envejecimiento y falta de relevo generacional, escasa rentabilidad de muchas explotaciones familiares, continuados procesos de mecanización, economías de escala, efectos colaterales de la PAC o, directamente, competencia de los mercados internacionales[i]. La financiarización no origina este proceso, sino que se inserta en él y lo acelera en los segmentos agrarios más rentables.

En este proceso participan actores muy diferentes: gestoras de activos, fondos de private equity, vehículos creados específicamente para adquirir tierra, fondos de pensiones, family offices, grandes empresas agroalimentarias y, continuando tradiciones anteriores, grandes agricultores empresariales que reinvierten beneficios y amplían explotaciones. El terreno agrícola resulta atractivo porque es un activo real relativamente protegido frente a la inflación, combina renta productiva y posible revalorización patrimonial y permite diversificar carteras. Pero el interés financiero por este activo es muy selectivo: se dirige especialmente hacia actividades en las que pueden combinarse buenas tierras, aptitud para aplicación de tecnología y mecanización, escala y agua. Se trata fundamentalmente de los sectores del olivar intensivo y superintensivo, almendro, pistacho, cítricos de variedades especiales, aguacate y otros cultivos leñosos de regadío.

 2. Una penetración creciente, pero difícil de medir.

No existe un registro público que permita conocer qué porcentaje de la superficie agraria española está realmente en manos de fondos de inversión. La propia pregunta por la propiedad resulta insuficiente: sociedades, filiales, arrendamientos y otros vehículos pueden separar al propietario formal de quien ejerce realmente el control económico de la explotación. Pero se puede afirmar que la inversión financiera y corporativa en la Península Ibérica ya se mueve en magnitudes de miles de millones. Una investigación publicada por Greenpeace en febrero de 2026 describe una penetración amplia del capital financiero: fondos internacionales, capital riesgo, family offices y grandes grupos agroindustriales. Entre 2022 y 2024 se invirtieron más de 4.100 millones de euros en el agribusiness ibérico, España y Portugal (incluidas decenas de miles de hectáreas conectadas al sistema hidráulico de la presa de Alqueva, en el Alentejo). En 2025 se movilizaron otros 1.200 millones, un 50 % más que en 2024. Las grandes operaciones de olivar y almendro realizadas ese año superaron las 5.000 ha, principalmente en Andalucía y Extremadura. Greenpeace identifica además vehículos que ya gestionan superficies muy considerables; por ejemplo, Beka & Bolschare Iberian Agribusiness aparece asociado a más de 20.000 ha de olivar, aguacate y almendro en producción o desarrollo[ii].

Según CBRE, una de las mayores gestoras inmobiliarias del mundo[iii], los inversores institucionales ya aportan aproximadamente la mitad del capital invertido en el agribusiness ibérico[iv]. Es una cifra significativa porque muestra que ya no estamos hablando exclusivamente de grandes agricultores o empresas agroalimentarias que reinvierten beneficios. Las operaciones empiezan a tener una escala territorial apreciable. Solo las grandes transacciones de olivar y almendro realizadas en 2025 superaron las 5.000 ha, principalmente en Andalucía y Extremadura, con presencia, entre otros inversores, de fondos de pensiones norteamericanos. CBRE identifica además más de 40 operadores que gestionan conjuntamente más de 400.000 ha en Iberia. Esta última cifra no equivale a 400.000 ha propiedad de fondos: incluye operadores y gestión a terceros, pero precisamente por ello es un buen indicador de la creciente concentración del control productivo.

3. De la propiedad de la tierra al control de la producción

Efectivamente, la financiarización no exige necesariamente comprar la tierra, sino que se produce a través de varios modelos:   

               Compra directa. El vehículo financiero compra finca y explotación.

           Compra y arrendamiento (buy/sale and leaseback). Se adquiere la tierra y el antiguo propietario u otro operador continúan cultivándola, pagando una renta.

           Arrendamiento a largo plazo. El inversor controla productivamente cientos o miles de hectáreas sin adquirirlas.

          Compra de empresas agrícolas. Lo que cambia de manos no es formalmente la finca sino la sociedad propietaria.

          Integración vertical. Un grupo controla viveros, plantaciones, produc-ción, almazaras o centrales, comercialización e incluso distribución.

Por tanto, el indicador verdaderamente relevante no es sólo “quién posee la tierra”, sino “quién controla la tierra, la producción, el agua y la cadena de valor”. Greenpeace documenta expresamente estas distintas modalidades de inversión[v].

Por eso, el indicador relevante ya no es solamente quién posee la tierra, sino quién controla la tierra, la producción, el agua y la cadena de valor. La propiedad catastral puede seguir relativamente fragmentada mientras miles de hectáreas quedan bajo una misma unidad de decisión económica. Las estadísticas basadas exclusivamente en propiedad y número de explotaciones pueden, por tanto, infravalorar el grado real de concentración.

4. Andalucía: tierra, capital y, sobre todo, agua

Andalucía es uno de los espacios donde esta transformación resulta más visible, especialmente en Sevilla, Córdoba y Cádiz. El olivar muestra bien la transición entre tres modelos: del olivar tradicional de secano al olivar intensivo, y de este al olivar superintensivo de regadío. Este último requiere fuertes inversiones iniciales, riego asegurado, mecanización integral y escala, todas ellas características especialmente facilitadoras de la entrada de capital financiero. COAG ha denominado a este proceso “uberización del olivar” y sostiene que entre 1999 y 2020 desapareció el 59 % de las explotaciones olivareras, mientras la producción de aceite aumentó un 65 %. La organización atribuye parte de esta reestructuración al avance del modelo corporativo y financiero[vi].

El activo estratégico no es únicamente la tierra. Una hectárea de secano y una hectárea con garantía de agua son activos económicos muy diferentes. En los cultivos leñosos intensivos, lo que realmente adquiere valor es la combinación: tierra + derecho de agua + infraestructura de riego + tecnología + escala. Una explotación de 1.000 ha que disponga de 2.000–4.000 m³/ha acumula entre 2 y 4 hm³ anuales de agua. Por eso, en determinadas cuencas, el fenómeno debe analizarse conjuntamente como concentración de tierra, que implica concentración de agua y concentración de capital. Hablar sólo de land grabbing puede resultar insuficiente. En determinadas cuencas españolas habría que hablar conjuntamente de land grabbing/water grabbing/concentración de capital.

          

           Fuente: Joan Corominas, 2023 [vii]

5. Un proceso acumulativo que presiona especialmente a la agricultura familiar

El mecanismo tiende a retroalimentarse: desde la disponibilidad de importantes volúmenes de capital, a la adquisición directa o indirecta de tierras, con derechos (o extracción ilegal) de agua, tecnología, mecanización, economías de escala, posiciones privilegiadas en las cadenas de comercialización, lo que aumenta la capacidad de adquirir más tierras o controlar más volúmenes de producción.

A ello se añade un segundo circuito: la entrada de capital puede elevar el precio de los activos agrarios, aumentar las barreras de entrada para jóvenes y agricultores con menor capacidad financiera y favorecer la venta o arrendamiento de pequeñas explotaciones. Entre 2020 y 2024 el precio medio de la tierra agraria española aumentó un 13,8 % nominal, pasando de 9.007 €/ha a 10.248 €/ha [viii]. Esta subida media, que no es grande (está acompasada a la inflación), oculta una realidad muy segmentada: existen mercados concretos donde la presión inversora está influyendo en subidas de precios muy superiores. Greenpeace calcula que el olivar de regadío de Sevilla se encareció un 24,6 % entre 2020 y 2024 [ix]. Estos aumentos no pueden atribuirse exclusivamente a los fondos, pero muestran el contexto en el que se produce la concentración.

Por su parte, la PAC introduce una contradicción adicional. Aunque está destinada a sostener las rentas agrarias y dispone de algunos mecanismos redistributivos, una parte importante de sus ayudas sigue vinculada a la superficie y a la dimensión económica de las explotaciones, lo que favorece su concentración y capitalización parcial en el precio de la tierra. La desigualdad en su distribución resulta significativa: según una explotación de los datos del FEGA realizada por Greenpeace, en 2024 unos 6.900 perceptores privados recibieron casi el 24 % de las ayudas, mientras que más de 370.000 beneficiarios se repartieron menos del 9 %. Estas cifras no demuestran por sí mismas que la PAC favorezca directamente a los fondos de inversión, pero sí ponen de manifiesto cómo una política de apoyo a la agricultura opera sobre estructuras productivas profundamente desiguales, reforzando algunas de esas desigualdades.

 6. Balance y conexión con las propuestas de la Mesa Social del Agua de Andalucía.

No parece correcto afirmar que los fondos hayan “acaparado” el campo español. Persisten centenares de miles de explotaciones familiares y aproximadamente la mitad de las explotaciones españolas tienen cinco hectáreas o menos[x]. Pero tampoco puede considerarse marginal un proceso de inversión que se dirige precisamente hacia los activos agrarios de mayor valor estratégico: buenas tierras, regadío, cultivos permanentes rentables y explotaciones susceptibles de mecanización y escalamiento.

Estamos pasando de un proceso histórico de concentración de explotaciones a otro más complejo, en el que pueden concentrarse simultáneamente tierra, capital, tecnología, ayudas públicas, cadena de valor y agua.

Esta transformación conecta directamente con uno de los planteamientos centrales de la Mesa Social del Agua de Andalucía y con la alianza que en ella mantienen las organizaciones agrarias UPA y COAG con organizaciones sociales, sindicales, ciudadanas y ambientales: la defensa de una agricultura familiar, social y profesional, arraigada en el territorio, frente a procesos que favorecen la concentración de los recursos y de la capacidad de decisión.

En el ámbito del agua, esa defensa adquiere una dimensión específica. El agua es un bien público y un recurso crecientemente escaso, por ello su asignación no puede ser indiferente al tipo de agricultura que contribuye a sostener. En situaciones de reducción de disponibilidades o de escasez estructural aplicar recortes estrictamente proporcionales sobre unas estructuras agrarias ya muy desiguales puede acelerar precisamente los procesos descritos: pérdida de explotaciones familiares, concentración de tierras y transferencia del control del agua hacia operadores con mayor capacidad financiera. De ahí la propuesta de la Mesa de avanzar hacia un reparto social del agua, incorporando criterios sociales, económicos, ambientales y territoriales que permitan proteger la agricultura profesional y familiar, el empleo y el tejido rural, sin menoscabo de los objetivos ambientales y del buen estado ecológico de las masas de agua.

[i] Joan Corominas Masip, 2024. Apuntes sobre la diversidad, y desigualdad de las explotaciones agrarias andaluzas (con datos del censo agrario 2020 y de las ayudas de la PAC 2022), https://fnca.eu/biblioteca-del-agua/documentos/documentos/20240600Explotaciones-agrarias-andaluzas_%20JC.pdf

[vii] Joan Corominas Masip, 2023. Análisis de la explotación de las masas de agua subterránea del acuífero “Almonte-Marismas” declaradas en riesgo cuantitativo, https://fnca.eu/biblioteca-del-agua/documentos/documentos/MaS-Donana.pdf

[viii] Datos provisionales de la encuesta sobre precios de la tierra de cultivo en España 2024,  Mapa Nacional

[x] An overview of Spain’s formally approved strategy to implement the EU’s common agricultural policy (CAP) nationally, as well as information on the process and related documents,  Spain - Agriculture and rural development - European Commission

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