Ciertamente, el Estado está legitimado para el ejercicio de la violencia física, pero existen dos principios fundamentales que regulan su uso: el de necesidad, conforme al cual debe constituir el último recurso ante una resistencia real, y el de proporcionalidad, que exige que la intensidad de la respuesta del agente sea proporcional a la gravedad del peligro o de la resistencia de la víctima.
José Antonio
Bosch. Abogado
3 de noviembre de 2026
Recientemente
estamos conociendo actuaciones policiales (en la Universidad de Madrid, con los
enseñantes madrileños, en desalojos de inmuebles...) que, a quienes tenemos
algunos años, además de evocarnos recuerdos pretéritos, nos ponen los pelos de
punta. Estos días he hecho el ejercicio de poner en la pantalla las imágenes de
algunas cargas policiales sin sonido, mientras escuchaba la canción El
emigrante, de Juanito Valderrama, y, sin más trámite, he vuelto a mis
diecisiete años.
Hubo un tiempo
en este país, lamentablemente poco estudiado y peor recordado, en el que, como
consecuencia de una concepción autoritaria del poder, las fuerzas de orden
público, conformadas por la Policía Armada, la Guardia Civil y el Cuerpo
General de Policía, funcionaban como un instrumento más de control político y
su misión fundamental era la represión de los enemigos internos del régimen.
Incluso en los estertores de la Dictadura, la célebre frase de «la calle es
mía» [i] constituye una muestra palpable del concepto que se tenía
en relación con las libertades democráticas y de cuál era el papel de las
fuerzas policiales en la represión de cualquiera que osara «subvertir» el orden
establecido.
Diez años
después de pronunciarse aquella histórica frase, en marzo de 1986, vio la luz
la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que,
en palabras de su exposición de motivos, «por encima de cualquier otra
finalidad, la Ley pretende ser el inicio de una nueva etapa en la que destaque
la consideración de la policía como un servicio público dirigido a la
protección de la comunidad, mediante la defensa del ordenamiento
democrático». Con la entrada en vigor de esta norma, las policías fueron
desmilitarizadas y/o sus mandos sometidos a la autoridad civil.
Así pues, los
españoles entendimos, unos más que otros, que, como ya recogía nuestra
Constitución en su artículo 104, «las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, bajo la
dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de
los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana». La policía
dejaba de ser un aparato destinado a imponer un orden autoritario y reprimir a
quienes osasen desafiarlo para convertirse en un instrumento al servicio de la
ciudadanía, destinado a garantizar el libre ejercicio de los derechos y
libertades.
Sin embargo,
con demasiada frecuencia presenciamos en los medios de comunicación actuaciones
policiales que, lejos de proteger el libre ejercicio de los derechos y
libertades democráticas, resultan represoras y constituyen un manifiesto
obstáculo para su ejercicio. Desde la autoridad civil, la Subdelegación del
Gobierno ofrece disculpas o manifiesta incomprensión ante algunas actuaciones,
anunciando «investigaciones internas».
Amparado en la
sabiduría popular, condensada en aquello de que «perro no come carne de perro»,
me siento muy desconfiado respecto de la eficacia de las investigaciones
internas. Pero, desde luego, si quieren investigar sobre el uso
desproporcionado o extralimitado de la fuerza física por parte de algunos
miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, no solo tienen supuestos
suficientes para ocuparse una larga temporada, sino que, al margen de la
responsabilidad disciplinaria, disponen de un Código Penal donde encontrar
diversos tipos delictivos en los que podrían haber incurrido algunos de estos
funcionarios públicos.
Ciertamente,
el Estado está legitimado para el ejercicio de la violencia física, pero
existen dos principios fundamentales que regulan su uso: el de necesidad,
conforme al cual debe constituir el último recurso ante una resistencia real, y
el de proporcionalidad, que exige que la intensidad de la respuesta del agente
sea proporcional a la gravedad del peligro o de la resistencia de la víctima.
Y, por encima de todo, la actuación debe tener como finalidad proteger el libre
ejercicio de los derechos y libertades, no reprimirlos.
¿No tenían los
antidisturbios en la manifestación de los enseñantes madrileños, por ejemplo,
que estaban ejerciendo su derecho de manifestación y expresión, otro recurso
que el de liarse y ensañarse a golpes contra ellos? ¿Realmente la respuesta
policial fue proporcional a la actitud y al peligro que representaban las
víctimas?
Las respuestas
son sencillas: se extralimitaron en el uso de una fuerza que ni era necesaria
ni venía exigida por la situación. Me cuesta mucho trabajo pensar que toda
aquella violencia no tenía otra finalidad que la de «despejar el camino» a la
presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Y en la intervención de la Universidad
de Madrid, golpeando a diestro y siniestro contra unos manifestantes que
sostenían una pancarta como única arma? ¿Qué finalidad tenía aquel derroche de
violencia?
Ignoramos si,
en las recientes actuaciones policiales, la extralimitación ha sido ordenada
por el jefe del operativo, por los mandos superiores o si, simplemente, es
fruto de decisiones individuales de algunos agentes. Pero si con un presunto
gobierno progresista y de izquierdas la policía golpea e impide a los
manifestantes el ejercicio de sus derechos, no quiero ni pensar lo que se nos
puede venir encima con un gobierno de derechas conformado por «personas de
orden».
Nos costó
mucho, y algunos amigos y camaradas lo pagaron con sus vidas, lograr, entre
otras muchas cosas, poder salir sin miedo a la calle para manifestarnos; poder
«quitarle la calle» a quienes la proclamaban como propia para consentir ahora
que los funcionarios a quienes los ciudadanos y ciudadanas pagamos su salario,
sus armas, sus porras, sus escudos y sus cascos empleen su fuerza contra
quienes tratan de ejercer libremente sus derechos.
Esos
funcionarios, y quienes los mandan, así como quienes mandan a estos últimos,
deben aprender y asumir que el uso legítimo de la violencia pierde su
legitimidad cuando impide el ejercicio de derechos y libertades o cuando, en su
aplicación, se incurre en el abuso y la extralimitación. La calle tampoco
es de los violentos que destrozan, intimidan y saquean en algunas de nuestras
ciudades. La calle es de y para las ciudadanas y ciudadanos y no debemos
consentir que violencia de signo alguno nos expulse de nuestra calle.
[i] Frase del
vicepresidente del Gobierno y ministro de la Gobernación, Manuel Fraga,
pronunciada en 1976 para dejar clara la posición del Gobierno frente a las
manifestaciones del 1 de mayo.