Juan
Manuel Valencia Rodríguez
22 de junio de 2021
En un mes, entre el 17 de mayo y el 17 de junio se han cometido catorce asesinatos machistas, sobre 12 mujeres y dos niñas. Un horror, aunque no es la primera vez que se suceden en poco tiempo múltiples asesinatos de mujeres por el solo hecho de ser mujeres. A veces, entre los objetivos de los asesinos machistas están los hijos, como forma de asegurar a las madres supervivientes un dolor terrible, inhumano y permanente; es lo que hoy ha dado en llamarse “violencia vicaria”.
No hay un único factor que explique esta acumulación de crímenes sobre mujeres, pero algunos expertos apuntan como causa el fin de las restricciones por la pandemia. Durante el confinamiento o las restricciones severas a la movilidad se ejercía una violencia de control sobre las mujeres que no llegaba al extremo del asesinato: se trataba de “ponerlas en su lugar”; ahora que se sale más, el maltratador siente que pierde capacidad de controlar y aumenta el peligro para la mujer.
Los 39 asesinatos machistas cometidos en lo que va de año son la punta del iceberg de la violencia machista, la expresión más extrema y cruel, aunque minoritaria, de una realidad más profunda y extendida: la violencia que de múltiples formas sufren miles de mujeres por la pervivencia en nuestra época de la sociedad patriarcal tradicional, en la que la mujer estaba sometida por completo al hombre.
Los asesinatos machistas no son perpetrados por hombres con patologías psicológicas graves y raras. Estos asesinos son hombres “normales”, pero educados en unos valores tradicionales que otorgan al hombre la supremacía sobre la mujer, que le hacen creer en el derecho a controlar y dominar su vida. Cuando esa pretensión es contestada por la mujer, la respuesta es la violencia machista.
Dicho modelo patriarcal de masculinidad ha estado vigente a lo largo de miles de años de historia, por eso no constituye una mentalidad minoritaria, sino que está ampliamente extendida en la sociedad, se reproduce en el seno de las familias y es la raíz de la violencia contra las mujeres en todas sus formas: desigualdad, discriminación laboral y brecha salarial, agresiones a la libertad sexual, violencia sobre los hijos, asesinatos de mujeres.
La persistencia del modelo patriarcal cuenta aún con notables complicidades sociales que alientan la violencia machista. Un ejemplo extremo y notorio es el del sacerdote canario Fernando Báez Santana, quien ha culpado a “la infidelidad de la madre” del asesinato de las niñas Anna y Olivia a manos de su padre, al que considera otra víctima por la infidelidad y la ruptura matrimonial, sin la cual, ha afirmado, las niñas seguirían vivas, porque "antes el hombre aguantaba a las mujeres aunque se volvieran locas". Asimismo, llega a decir que la madre "recoge lo que sembró", pues entablar una nueva relación de pareja es "robar hijos".
El cura canario reproduce los esquemas mentales patriarcales transmitidos por la Iglesia católica en tiempos pasados, que inculcaban en la mujer la sumisión absoluta al hombre y la hacían creer en su condición inferior. Lo escandaloso es que la Diócesis de Canarias se haya limitado a emitir un comunicado de “rechazo tajante ante las indignas manifestaciones” del sacerdote, pero sin que lo haya apartado de sus funciones, pese a sus reiteradas actuaciones del mismo cariz, y siga diciendo misa e impartiendo catequesis a los niños. Inadmisible la postura de la jerarquía católica, una vez más. La Fiscalía de Las Palmas ha abierto diligencias de oficio tras la denuncia presentada por el Cabildo de Gran Canaria. Sería deseable que la apología del asesinato machista realizada por este sujeto tuviera el castigo penal que merece.
También los medios de comunicación figuran a menudo en estas complicidades sociales de la violencia contra la mujer. La incalificable “periodista” Ana Rosa Quintana, a propósito del asesinato de Wafaa Sebbah (desaparecida en noviembre de 2019 y ahora encontrada muerta) se permitía el siguiente comentario: “Al final era una chica con muchas relaciones y eso siempre es problemático". El mundo vuelto del revés: la víctima, culpabilizada.
Existen también complicidades políticas que alimentan la violencia contra las mujeres. La extrema derecha –VOX- difunde un discurso que niega o trata de enmascarar la violencia machista. Para amplificarlo cuenta con la complicidad del PP, que con tal de obtener poder no tiene reparos en apoyarse en varias autonomías en la formación ultraderechista, convirtiéndose así en cómplice de sus mensajes antidemocráticos, marcados por el odio, el racismo, la violencia y un negacionismo que niega la realidad más evidente. Porque todos sabemos que las mujeres no sólo no están sobredimensionando el problema, sino que lo minimizan, ya que muchos casos de violencia no se denuncian y por tanto no se detectan. Pese a lo cual el actual portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, afirmaba en junio de 2019 que “uno de los problemas de la violencia de género son las denuncias falsas”. Este embuste desvela cómo el PP difunde los mismos valores machistas, desplaza el foco del problema y pone obstáculos a sus soluciones: sustituye “violencia de género” por “violencia intrafamiliar”, recorta los presupuestos para este capítulo mientras crea ayudas para “hombres maltratados”, etc. Aprovechando la investidura de Isabel Díaz Ayuso como presidenta de Madrid, la portavoz de VOX, Rocío Monasterio, ha exigido la derogación de las “leyes de género” con el argumento de que “son propias de la izquierda más radical”. “Me atrevo a aventurar que sus votantes se lo agradecerán”, le señaló a la presidenta madrileña. La misma Ayuso manifestó hace unos meses que “los hombres sufren más agresiones que las mujeres”, y en su investidura acusó al feminismo de “enfrentar a las mujeres con los hombres”.
¿Hasta cuándo tenemos que seguir con este horror? ¿Es que los ciudadanos no podemos hacer nada más para acabar con la sangría incesante de mujeres y niños? Una acción política y social firme en este ámbito reduciría significativamente el número de estos crímenes y de la violencia machista en su conjunto, aunque no pueda lograrse de la noche a la mañana. La violencia machista es un problema social complejo, es preciso actuar desde todos los ámbitos implicados.
Victoria Rosell, Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, ha declarado que el “Estado debe dejar de esperar a que las víctimas de violencia machista denuncien para protegerlas”, y está impulsando una revisión, aún en fase de diagnóstico, de los procedimientos existentes. Sin duda los protocolos y herramientas creadas a partir de la promulgación de la Ley Orgánica 1/2004 contra la Violencia de Género han salvado muchas vidas. Pero es muy probable que a través del análisis de los últimos hechos puedan establecerse nuevos mecanismos que hagan más eficaz el sistema de detección y prevención de los crímenes.
Las alarmas de los mecanismos del Estado sólo se activan cuando se produce una denuncia. El problema radica en que la mayoría de las víctimas de violencia (más del 70 %, se calcula) no llega a denunciar. Según Victoria Rosell, podría mejorarse la detección de indicios de violencia con una formación especializada del personal de los servicios sociales, educativos y sanitarios de Atención Primaria. Propone, de otra parte, generalizar las pruebas forenses a cargo del Estado para aquellas mujeres que denuncian un trato vejatorio continuado, con consecuencias sicológicas, pues esa violencia sicológica a menudo precede a la física. Y los menores deben incluirse en tales informes.
El Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén: un algoritmo que determina la probabilidad baja, media, alta o extrema de que una mujer sufra violencia de género) funciona aceptablemente, tiene una buena valoración, pero está basado únicamente en las mujeres que denuncian y no incluye los datos de la asistencia social. El problema es que los recursos disponibles son limitados, y en eso es difícil que haya grandes cambios a corto plazo. Los fallos más frecuentes se producen en los casos estimados de riesgo bajo, y en los no detectados.
Respecto a los otros afectados, los niños, la ley estipula la posibilidad de suspender el régimen de visitas cuando hay indicios de violencia machista, y esto supone un gran avance, que los jueces deben empezar a aplicar como norma general. En este ámbito debe mejorarse la formación de los juzgados de familia no especializados en violencia de género.
Rebatir la mentalidad patriarcal, machista, requiere desde luego una decidida acción legislativa y de gobierno. Pero también necesita la intervención enérgica de la sociedad civil. La lucha feminista, es decir, la acción de las mujeres, es desde luego clave. Y también la de los hombres. Los foros y organizaciones de Hombres por la Igualdad llaman a los hombres a incorporarse a la lucha por la igualdad real, a que se movilicen para eliminar en la práctica sus privilegios tradicionales, que perjudican a las mujeres; a forjar un modelo diferente de relación entre hombres y mujeres basado en valores universales; a construir una sociedad en la que mujeres y hombres crezcan en igualdad, tengan las mismas oportunidades y derechos reales; a erigir una masculinidad distinta que nos enseñe a compartir con las mujeres de igual a igual, como compañeros, no como dueños.
A medio plazo, la clave para conseguir esa nueva mentalidad está en la educación en la igualdad, desde la Educación Primaria y, sobre todo, en Secundaria. Es una problemática transversal, que debe abordarse en general por todos los profesores, y además existen en el currículo numerosas asignaturas desde la que deben tratarse los contenidos correspondientes: Área de Valores Sociales y Cívicos, Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos, Valores Éticos, Historia y Ciencias Sociales, Filosofía…
