Miguel Toro
2 de noviembre de 2021
Llevamos varios años sin que se renueve el Consejo General del Poder Judicial. Es una institución muy importante porque se encarga, entre otras cosas, de regular los ascensos de jueces y magistrados y nombrar cargos importantes en el Tribunal Supremo y en los Tribunales Superiores de Justicia.
En estos momentos PSOE y PP están llegando a acuerdos para renovar el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional y otros. La renovación del Consejo General del Poder Judicial se está posponiendo.
En el proceso de renovación hay argumentos que se están poniendo encima de la mesa y que es conveniente meditar. El PP está defendiendo claramente que el Consejo General del Poder Judicial debe ser elegido por los propios jueces. Pablo Casado afirma que la Constitución “dice claramente” que los vocales del Consejo de extracción judicial, refiriéndose al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), “tienen que ser elegidos directamente por los jueces”. ¿Pero esto es así? Y desde otro punto de vista, ¿esto debería ser así si queremos tener una democracia amplia?
Podemos responder a la primera pregunta indicando que la Constitución no establece en ninguno de sus artículos que sean los jueces los que elijan a los vocales del CGPJ, sino que remite a la ley orgánica que lo regula. Pese a que en 1980 sí se decidió que a 12 miembros los eligieran los propios jueces, la ley se cambió cinco años después, en 1985, para que fuera el Parlamento el encargado de hacerlo. El PP recurrió la ley, pero el TC desestimó el recurso. Aunque perdió el recurso el PP sigue insistiendo en que el Consejo General del Poder Judicial debe ser elegido por los propios jueces. Está convencido que de esta manera colocará más jueces afines en esta importante institución del Estado.
Hay un segundo elemento que debemos tener en cuenta: en la actualidad el Consejo General del Poder Judicial se elige por el Congreso y el Senado por una mayoría de tres quintos. Una mayoría cualificada que solo permite la renovación si hay un acuerdo entre los dos partidos mayoritarios. Una mayoría que da derecho de veto a cualquiera de ellos. ¿Es esto razonable? Parece que no. Porque no representa la pluralidad que los ciudadanos han decidido escoger y que está representada en las Cortes. Esta mayoría cualificada es la primera causa del actual bloqueo y debería cambiarse por una mayoría simple. Pero, en su momento, esta mayoría cualificada convenía a los dos partidos mayoritarios para reservarse el control de la renovación de este órgano.
Pero
ante la situación actual cabe hacerse una pregunta más general: ¿Deben ser los jueces,
o los profesionales de la justicia en general, los que elijan el Consejo
General del Poder Judicial? Esta pregunta se puede hacer en otros ámbitos:
¿Deberían ser los médicos únicamente los que decidieran la política sanitaria
por ser los expertos en el tema?. Responder a esta pregunta en un sentido u
otro es muy relevante para escoger el tipo de sociedad que queremos, la calidad
de la democracia a la que aspiramos. Muchos profesionales del ámbito del
derecho pueden pensar que si ellos decidieran la justicia iría mejor. Muchos
profesionales de la sanidad pensarían, de forma similar, que, si ellos
decidieran, la sanidad pública funcionaría más eficientemente. Estos
profesionales defienden que deben decidir ellos, los profesionales, porque “son
los que saben” y que su opinión experta no puede estar supeditada a mayorías políticas
de ningún tipo. Son estos sectores los que desprestigian a la política y a los
políticos con el argumento de que los políticos no saben.
Ya hemos comentado en otro artículo anterior que hay otros ámbitos donde el gobierno de los expertos se vende como “lo natural” y “lo mejor”. Uno de ellos es el campo de la economía, de las decisiones económicas estratégicas del país, del modelo fiscal, etc. Se nos intenta vender que la economía es una ciencia neutral y objetiva y que por lo tanto las decisiones de los economistas deberían ser seguidas a pie juntillas. La experiencia nos viene demostrando que no es así. La economía y los economistas tienen en muchos casos modelos justificativos de la realidad. Modelos de la realidad que justifican la necesidad de la reforma laboral, de que no se suban los impuestos en estos momentos y que se bajen las pensiones. Son las ideas que propugna un experto económico que asume ser neutral y objetivo: el director del Banco de España. Abundando en este tema el PP propone que sea una comisión de expertos la que decida el reparto de los fondos que se van a recibir de la Unión Europea.
Un caso que es menos discutido de la problemática anterior es el de la Universidad. Yo soy profesor universitario. Aquí hay una distorsión importante: los órganos de gobierno de las universidades los elegimos en gran medida los profesores universitarios y en un pequeño porcentaje el personal de administración y servicios y los alumnos. La Universidad debe formar profesionales y producir conocimiento que es necesario para el progreso de la sociedad. La sociedad que espera ese conocimiento, esos profesionales, ideas y desarrollos innovadores, no participa en la elección de los órganos de gobierno de la universidad, que solo son elegidos mayoritariamente por los profesores universitarios. ¿Es eso coherente o se están primando los interés corporativos de los profesores universitarios?
Pero
estamos en una democracia y queremos profundizar en la misma. Queremos que las
instituciones públicas, la Justicia, la sanidad pública, la Universidad, las
grandes decisiones económicas, estén al servicio de la mayoría. Y la mayoría se
expresa en las urnas y elige a unos representantes en las Cortes que tienen la responsabilidad
de decidir a qué expertos ponen al frente de la sanidad pública, qué
profesionales de la justicia son los más adecuados, en qué sentido orientar las
universidades, etc. A los políticos elegidos podemos y debemos pedirles cuenta
en las elecciones. Los profesionales respectivos deben asumir que deben dar
cuentas al gobierno elegido democráticamente.
Reivindico la
necesidad de la política y de los políticos. Los políticos no son ni buenos ni
malos, cada uno de ellos representa intereses de parte de la población y esos
intereses están en contradicción unos con otros. Si un político no representa
los intereses de sus electores hay que esforzarse en quitarlo para poner a otro
que sí lo haga. Los expertos, los buenos, deben ofrecer opiniones fundadas,
pero luego deben estar abiertos a la discusión democrática y finalmente aceptar
que la decisión la tomará el gobierno democrático.
Es el gobierno
elegido, tras consultar con los expertos que considere conveniente, el que debe
elegir a los miembros de las grandes instituciones del Estado. La justicia es
un caso particular. El gobierno debería tener un papel relevante en la elección
de los órganos de gobierno de las universidades. El gobierno debe tener la
última palabra en las grandes decisiones económicas y no escudarse en expertos
para abordar
la reforma fiscal en un sentido u otro, aunque los consulte.
Evidentemente un buen
gobierno debe asesorarse bien si quiere llevar adelante planes realistas.
Claramente sus decisiones pueden y deben ser criticadas si no se ajustan a los
intereses de sus electores por una parte y por otra deben someterse al control
periódico de la mayoría del Congreso de los Diputados. Pero dicho esto es el
gobierno elegido democráticamente quien debe elegir a los responsables de las
instituciones del Estado y tomar las grandes decisiones que planifiquen el
futuro del país.
