La crisis sistémica y pandémica, que con tanta dureza ha golpeado a las mayorías sociales, abre puertas para avanzar en el camino del cambio, de fin de los recortes y de logro de unas condiciones de vida dignas, derechos, igualdad, salud.
Manuel Armenta
Sevilla 18 de Enero 2022
A pesar de que la pandemia COVID no deja de mostrar diferentes caras y agresiones que impiden una convivencia serena y sosegada en todos los órdenes de vida, sí afrontamos signos de cambio que nos pueden permitir avanzar en la reconstrucción de una sociedad más justa, igualitaria y democrática, cuya posibilidad las elecciones de 2019 y el nuevo gobierno de coalición progresista establecieron.
Muchos y dispares han sido los acontecimientos vividos en estos dos años forzados por la pandemia, con el paradigma de unas reglas de vida desconocidas, y que además han sido activadas por la confrontación de corrientes políticas ultraconservadoras y sectores de población adictos a sus ideales, para contrarrestar posibles avances en la salud y las reglas de convivencia restringida e imprescindible que soportamos. Esta consideración política y social de confrontación en torno al “bicho covid”, es una consideración básica para el futuro de reconstrucción que se viene implementando y que este año se tiene que abordar en profundidad.
Desde la investidura del nuevo gobierno de coalición, y a pesar de la pandemia, se han desarrollado el 42,7 % de los 1.800 compromisos acordados, que han afectado a mejoras en derechos, igualdad y condiciones de vida, de los que cabe destacar:
- Incremento
del salario mínimo, Reforma laboral y Ertes, consiguiendo subir la cifra de
empleo y bajar la de parados a nivel de años anteriores al 2007.
-
Un
Ingreso Mínimo Vital y Ayudas Sociales para los más desfavorecidos.
-
Incentivos
para la Formación Profesional.
- Medidas contra la Violencia de Género y el derecho a la Eutanasia.
Y el consiguiente añadido de ser el primer país de Europa en recibir ayudas económicas relacionadas con Fondos Next Generation, por los avances en medidas contra el Covid.
Y como los Servicios Públicos esenciales y la eficiencia de su gestión son la única forma de garantizar la sostenibilidad del bienestar humano, 2022 va a ser el año clave para recuperar lo más dañado de servicios como la SANIDAD PÚBLICA y la EDUCACIÓN, no solo por el bicho covid, sino por Comunidades Autónomas mal gobernadas que han destruido de forma desproporcionada la Atención Primaria, Centros Hospitalarios y Educativos y en consecuencia, la salud y la igualdad de las personas.
Los referentes de partida de la Sanidad Pública son que el gasto dedicado a la Atención Primaria fue en el 2007 un 15,5 % del gasto total, en 2010 un 15,2 %, en 2015 un 14,2 % y en 2019 un 14,8 %, y que con la Pandemia todo cayó en picado para la atención general de las personas produciendo un fuerte crecimiento de los Seguros Sanitarios Privados.
Contra esta tendencia tan negativa, el Consejo Interterritorial del SNS ha aprobado un Plan de Acción para la Atención Primaria en el 2022/2023, que aunque carece de una necesaria concreción en la mejora de infraestructuras, plantillas y médicos, sí apuntala la necesidad de incrementos en las partidas presupuestarias y en los profesionales (reduciendo la temporalidad por debajo del 8 %), los sistemas digitales y de información y consolidar el rol de la Enfermería familiar.
Estas medidas desde los órganos del Estado pueden y deben ser de vital importancia en la reconstrucción y mejora, no solo de los Servicios Públicos, sino también en los valores de igualdad de gasto por persona en las diferentes CC. AA., que en sus Presupuestos de 2022 marcan desigualdades increíbles. Siendo en el conjunto de las 17 CC. AA. la media de gasto por persona de 1.679,26 euros, once de ellas superan dicha media, destacando Euskadi y Asturias con un gasto por persona de 1.991,21 y 1.932,83 euros respectivamente (le siguen Navarra y Extremadura), y seis de ellas inferior, destacando Andalucía y Madrid con un gasto por persona de 1.388,36 y 1.300,55 euros.
Y precisamente esto ocurre cuando los Presupuestos Generales del Estado para 2022 prevén invertir en la Sanidad Pública un 11 % más que en 2021, con partidas relevantes para la Atención Primaria, Salud Mental, Servicios de Salud Bucodental, Equipamientos Tecnológicos, la implantación de la Protonterapia, un fondo de compensación a victimas del amianto y prestaciones para el cuidado de menores con cáncer, así como la creación del Centro Estatal de Salud Pública, que consideramos será el ente de futuro progreso y eficiencia de gestión en las Comunidades Autónomas.
En este complejo estado de contradicciones y
tendencias, 2022 pretende ser el año de la Atención
Primaria y de las políticas de progreso
e igualdad, con:
-
Financiación
finalista.
-
Que
el 50 % de puestos de trabajo con difícil cobertura se cubran en dos años.
-
Que
las solicitudes de AP se resuelvan en las primeras 24 horas.
- Que
más del 65 % de los MIR y EIR logren contrato fijo en Primaria al acabar la
Residencia.
- Que
los Centros de Salud tengan la tecnología necesaria y desarrollen la nueva
historia clínica digital.
- Planes nuevos para la Salud Mental y el compromiso de contratar más Psicólogos y Orientadores en colegios e institutos.
La Educación Pública también afronta en 2022 un año de relevancia no solo por el covid, sino por las necesarias mejoras y fortalecimiento de las estructuras públicas que tanto daño sufren, a pesar de la derogación de la LOMCE en el 2020, con el objetivo de mejora del sistema y búsqueda de la igualdad, tan resquebrajada para favorecer a la privada. En España, la Educación Pública solo atiende al 67 % de las personas que asisten a centros educativos, mientras que en los grandes países de la CEE atienden en torno al 90 %. Y si buscamos un referente desastroso, es Madrid (capital) que solo atiende al 40 % en centros públicos, y en algunos barrios no se llega ni al 30 %, siendo calificada como una de las regiones con mayor desigualdad y segregación de la OCDE (solo superada por Turquía y Lituania).
Uno de los mayores referentes de la desigualdad, que vivimos como factor ideológico en el conjunto de las políticas democráticas, tiene su raíz en los sistemas educativos que se alinean con las peores tendencias frente a la necesidad del progreso humano, que solo los servicios públicos esenciales pueden garantizar.
Necesitamos que 2022 también sea el año de
avance en la reforma educativa que:
-
Impida
el cierre de aulas públicas, cuando miles de solicitudes NO se atienden.
- Cambiar
la tendencia de que no se construyan
nuevos centros públicos mientras se autorizan y dan conciertos a nuevos centros privados.
- Combatir la baja escolarización en Infantil de 0 a 6 años y en la FP., que tanto daño causan a las familias y personas más vulnerables, que ya están amparadas por nuevas leyes.
Otro factor de vital importancia para el 2022
serán las medidas que afectan al derecho
laboral, tan atacado y destruido por las reformas del 2012, por las
condiciones históricas de precariedad, desigualdad y temporalidad y por las
drásticas medidas que por el covid se han impuesto a empresas y trabajadores.
Todo ello exige medidas emergentes que
básicamente se recogen en la actual Reforma
Laboral, pendiente de aprobación.
A pesar de sus limitaciones, se puede encuadrar como una de las cuatro reformas estructurales vividas,
tras las de 1984, 1994 y 2012. La actual reforma afronta básicamente los
siguientes aspectos:
-
La
negociación colectiva (con referentes básicos en el 2012).
-
Medidas
de lucha contra la temporalidad contractual, precariedad y desigualdad.
- La
implementación de los ERTES o RED como nuevo instrumento de vocación permanente
y que afecta a la estabilidad de empresas y trabajadores.
- El importante crecimiento del salario mínimo ya establecido y el venidero.
En la negociación colectiva, aunque se mantiene la prioridad aplicativa de los convenios de empresa, exceptúa la determinación salarial, que pasa a ser decidida a nivel sectorial. También se recupera la ultra-actividad de los convenios, que se limitó a un año con la reforma del 2012.
Respecto de la temporalidad, se elimina el contrato por obra o servicio y se establece el indefinido (ordinario o fijo discontinuo) como norma general. Se penalizarán más los de muy corta duración y se limitarán los supuestos válidos de contratación temporal, y se elevan las sanciones. Igualmente se eliminan los supuestos de contratas y subcontratas, etc., cuando esos trabajos constituyan la actividad ordinaria de la empresa, y que tanto discriminan a las personas en el mismo centro de trabajo y actividad laboral.
2022 será un importante reto para el Gobierno
de Coalición progresista, porque está en juego avanzar en unas condiciones
difíciles como las que vivimos por el bicho
Covid, por las radicales condiciones
de confrontación con el ultra-conservadurismo del PP-C´s-Vox y por la ineludible
necesidad de confluir y convencer a
las mayorías sociales, con hechos,
de que avanzamos por el camino de progreso en derechos y condiciones de vida dignas, a pesar de que dichas
mayorías sociales demanden MAS JUSTICIA SOCIAL Y DEMOCRACIA, porque es posible.
