Editorial
Grupo Vientos de Cambio Justo: Antonio Aguilera, Manuel Armenta, José Antonio Bosch, Francisco Casero, Antonia Corona, Enrique Cobo, Rosario Granado, Sebastián Martín Recio, Leandro del Moral, Antonio Sánchez, Miguel Toro, Juan Manuel Valencia, Carmen Yuste
10
de enero de 2023
En estos momentos, tras la
paralización de las decisiones del Senado por parte del Tribunal Constitucional,
tenemos que empezar preguntándonos: ¿es España una democracia? La pregunta
surge inevitablemente como reacción ante la situación inédita de un Tribunal
Constitucional (TC) entrando en el Parlamento para impedir que se legisle. A
ojos de todos los españoles, todas las costuras de nuestra Constitución han quedado
al descubierto, o lo que es lo mismo, los agujeros de la transición han quedado
de manifiesto.
La ciudadanía ha asistido
atónita a la transgresión simultánea por parte del Tribunal Constitucional de
tres artículos explicitados en la Constitución: “La justicia emana del pueblo”
(Art. 177), “la soberanía del pueblo
reside en las Cortes” (Art.1.2) y “Las
Cortes son inviolables” (Art 66.3)…
¿Es España una democracia? Sin duda, en España hay democracia formal, pero, según algunos eminentes juristas, no ha habido nunca un minuto de democracia real. No la habrá hasta que haya una efectiva separación de poderes. En 2019 Bartolomé Clavero, en la presentación de su libro Constitución a la deriva, tras reiterar que “…el Tribunal Constitucional toma primero una decisión política y después la argumenta jurídicamente…”, dijo explícitamente: “…El Tribunal Constitucional, el Supremo y la Audiencia Nacional son elementos tóxicos, corruptores del sistema constitucional español…” Vivimos en una democracia, sí, pero una democracia imperfecta.
El Congreso de los Diputados, donde reside la soberanía popular, aprobó con 184 votos (nueve sobre la mayoría de 175) las reformas legales que trataban de eludir los obstáculos puestos por el PP y los sectores conservadores de la judicatura a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional (TC). No es esta una renovación caprichosa: el CGPJ lleva cuatro años con mandatos de sus miembros caducados, y el TC, seis meses. Tras eso el TC adoptó una medida inédita: dejar en suspenso la tramitación de dichas reformas, que debía culminar en el Senado. El TC admitió una medida cautelar pedida por el PP, que supone la intromisión del poder judicial en la labor del legislativo, y que contraviene sin disimulo la potestad legislativa de las Cortes: una acción insólita en democracia.
El Tribunal Constitucional
ha vulnerado la letra y el espíritu de la Constitución. Ha traicionado al
Estado de Derecho y la separación de poderes. Y lo ha hecho sólo por mantener
unos meses más el control del Partido Popular sobre la institución.
La excusa ha sido el recurso
de amparo interpuesto por un grupo de diputados populares que alegaban que se les
habían lesionado sus derechos como parlamentarios. Los populares no tienen
mayoría en el Congreso, pero tampoco les hace falta si la tienen en el Constitucional.
El sector progresista del Consejo
General del Poder Judicial decidió el día de Nochebuena conceder una victoria
pírrica a los conservadores: dejar que impusieran a los dos magistrados del
Constitucional a cambio de que se cumpliera la Constitución y el Tribunal
volviera a tener mayoría de magistrados de sensibilidad progresista. El
Tribunal Constitucional cuenta ahora con una mayoría progresista de siete
magistrados contra cuatro conservadores. Pero el bloqueo en el poder judicial
continúa por la negativa del PP a renovar el órgano de gobierno de los jueces.
La situación de bloqueo no
tiene visos de resolverse en lo que resta de legislatura, por lo que Feijóo
habría completado la misión que inició Casado: hurtar una legislatura completa
de representación de la soberanía popular en el gobierno de los jueces.
La derecha tiene que
aguantar un año más para lograr su objetivo. Algo en lo que son expertos,
porque esta misma situación ya ha ocurrido en el pasado, pues la actual no es
la primera situación de bloqueo que sufre el Poder Judicial. De hecho, es la
tercera. Y en todas las veces el PP ha sido protagonista, y beneficiario
directo.
Para acabar con este secuestro
de la democracia por parte del PP y los sectores conservadores son necesarias algunas
reformas de los mecanismos de elección de los miembros del Poder Judicial por
parte del Parlamento. La primera es la mayoría necesaria para elección de los
candidatos al Poder Judicial. Actualmente es necesaria una mayoría de 3/5 que
fue aprobada en la transición por el PSOE y el PP para mantener esta elección
bajo su control. Es necesaria una mayoría simple y no puede existir derecho a
veto por parte de nadie. Se deben establecer sanciones penales si no se renueva
el Poder Judicial y los miembros de este deben dimitir automáticamente una vez
terminado su mandato. El Poder Judicial, la administración del Estado y en
particular los altos funcionarios públicos deben dar cuenta de su gestión ante
los ciudadanos y ser sancionados si no cumplen con sus funciones.
La gravedad de la crisis
institucional no debe ser minimizada. Ante la insólita decisión de paralizar la
actividad legislativa de las Cortes sin ni siquiera oírlas, una eventual
mayoría militante del TC podría, a partir de ahora y a petición de un diputado,
interrumpir el ejercicio de la potestad legislativa. Para evitar tentaciones
futuras, es preciso que en la nueva iniciativa parlamentaria que el Gobierno o
los grupos que le apoyan vayan a presentar, incluyan una reforma más de la Ley
del Tribunal Constitucional: que la facultad de suspender por vía cautelar
actos o decisiones recurridas en amparo no pueda afectar a la actividad
legislativa.
Es curioso, igualmente, el
papel relevante que está jugando la mayoría de los medios de comunicación, en
manos del poder económico más retrógrado. Asuntos tan sumamente relevantes para
el bienestar general como la subida de las pensiones el 8,5 %, que el
crecimiento de la economía en 2021 haya sido del 5,5 % y las previsiones para
el 2022 se sitúan alrededor del 4,5 %, o que la temporalidad en los contratos
de trabajo se haya recortado en más de cuatro puntos respecto a la media
europea, pasan casi desapercibidos. Sin embargo, cualquier decisión tomada por
el gobierno progresista que no guste al sector conservador tiene un eco
atronador, como si el país se fuera a romper o estar a punto de la catástrofe.
Toda la legislatura ha sido
una muestra clara de cómo algunas fuerzas parlamentarias y no parlamentarias se
oponen a la existencia de un gobierno progresista. Fuerzas que incluyen al PP,
Vox, Ciudadanos e importantes medios periodísticos, mediáticos y económicos.
Fuerzas que consideran que el país es suyo. Que el actual gobierno progresista
es ilegítimo porque no es suyo. Y como no es suyo usan todas las armas legítimas
e ilegítimas para intentar destruirlo y desacreditarlo.
Un sector que ha manifestado
con claridad su falta de neutralidad, su oposición frontal al actual gobierno,
ha sido la mayoría conservadora del sector judicial. Con el apoyo del PP, Vox y
Ciudadanos este sector está siendo capaz de saltarse la ley y mantener un
Consejo General del Poder Judicial caducado. Y quiere mantenerlo porque pretende
situar a los juristas de su forma de pensar en los órganos principales de la
judicatura, el Tribunal Constitucional entre otros, para que se opongan a las
leyes emanadas del actual Parlamento.
