Vientos de Cambio Justo

martes, 7 de marzo de 2023

LA JUSTICIA DE UNOS POCOS

Al parecer, las comunicaciones de Su Señoría con el investigado por delitos de malversación, encubrimiento y contra la intimidad, estaban provocadas por la empatía que le producía ver el dolor de una persona desesperada. Lo único que trataba era de dar consuelo al que sufre. ¡Admirable!


José Antonio Bosch
. Abogado.

7 de marzo de 2023

Ya sé que es una excepción, pero tiene tal tamaño que me duele como si fuese la regla. Que el presidente de la Audiencia Nacional chatee con un investigado por uno de los Juzgados Centrales de Instrucción y le remita información sobre la marcha del proceso me resulta un escándalo de tal magnitud que debería mantener sonrojados, no sólo a los miembros del poder judicial, sino a aquellos que permiten, por acción o por omisión, un sistema de elección de cargos basado en el amiguismo, un poder, el judicial, cuya cúpula se conforma por personas elegidas a dedo.

Por supuesto que Su Señoría cuenta con la protección que le otorga el principio a la presunción de inocencia, que respeto con rigor, y por eso no hablo de delito alguno. Ignoro si su conducta pudiera ser constitutiva de algún delito, pero no es eso lo que me escandaliza. No estoy hablando de conducta penalmente punible, sino, como mínimo, de conducta indecorosa, de comportamiento inaceptable, de una práctica que mayoritariamente sus compañeros de profesión, estoy convencido, repudian.

A estas alturas no sé si me resulta más escandaloso el hecho de que el señor presidente se comunique por WhatsApp con un investigado para ir comentando “minuto y resultado” del proceso, que de las conversaciones tuviese constancia otro magistrado (por cierto, de la misma demarcación) y le resultaran procesalmente intrascendentes, o que no haya habido respuesta ni reacción alguna de ningún poder del Estado ni de ninguno/a de sus integrantes. Pero, seguramente, lo más lamentable es la normalidad con la que se asume en este país la pérdida de papeles de un alto magistrado y la deslegitimación y pérdida de autoridad moral que se ocasiona a uno de los poderes del Estado.

Al parecer, las comunicaciones de Su Señoría con el investigado por delitos de malversación, encubrimiento y contra la intimidad, estaban provocadas por la empatía que le producía ver el dolor de una persona desesperada. Lo único que trataba era de dar consuelo al que sufre. ¡Admirable! En todos mis años de profesión nunca encontré un magistrado tan empático como el señor presidente de la Audiencia Nacional.

No sé si tendrá algo que ver con que la propia existencia de la Audiencia Nacional sea al principio constitucional de tutela efectiva como pulpo a animal de compañía. No sé si tendrá algo que ver que esos tribunales sean los herederos, los sucesores, de los otrora famosos Tribunales de Orden Público. Tampoco sé si tendrá algo que ver que el presidente de la Audiencia Nacional no sea un cargo que se alcance por oposición, concurso, ascenso por escalafón o cualquier otro procedimiento de promoción en base a sus méritos y carrera profesional, sino que se elige a dedo, por el dedo ordenante del Consejo General del Poder Judicial que señala a aquellos que le indican los que a su vez colocaron en el Consejo a sus vocales.

Realmente no entiendo la razón de que en Madrid tengan que existir unos tribunales, los Juzgados Centrales y la Audiencia Nacional, que se reservan para sí unas causas que cualquier otra Sala de cualquiera de las audiencias provinciales de España podría atender. No entiendo que tengan que existir seis Juzgados Centrales de Instrucción en Madrid para acometer la instrucción de delitos que se podrían instruir en cualquiera de los Juzgados de Instrucción de España, porque no se olvide que los magistrados que están al frente de los Tribunales, tanto de los de Madrid como de los del resto de España, tienen la misma titulación y han superado la misma oposición. Y todo esto sin entrar a comentar las constantes sustituciones de los magistrados titulares de los Juzgados Centrales que se marchan a otros destinos, algunos muy atractivos, en comisión de servicio.

Cuando se concentra mucho poder en pocas personas y además esas personas carecen de los debidos controles democráticos en sus nombramientos, se corren muchos riesgos. Se corre el riesgo de que quien ayudó al nombramiento reclame, cuando menos se espere, que hay que agradecer los servicios prestados con pequeños favores “sin costo alguno” salvo la nimia tontería de la pérdida de credibilidad y confianza que sufre el sistema. Se corre el riesgo de que un órgano, que debería servir de control del ejecutivo, aplique varas de medir diferentes a los ciudadanos poderosos que a los desposeídos.

A veces, cuando contemplo a la Dama de la Justicia con sus ojos vendados, más que representarme el símbolo de las decisiones objetivas e imparciales, ausentes de toda influencia positiva (dinero, poder, fama…) y negativa (infundios, venganzas…), me sugiere una ausencia de visión o miopía grave de un poder en el que sus integrantes deberían de ser ejemplo y guía para todos los ciudadanos. No se olvide que es un poder en el que sus miembros tienen la función de sancionar a aquellos/as que de una u otra forma incumplen una norma, dedicados, en esencia, a solucionar conflictos mediante la imposición del cumplimiento de la Ley.

Soy consciente de lo poco que les importa en general a los ciudadanos la Justicia, su organización y funcionamiento, pero más nos vale que nos vayamos ocupando en serio si queremos mejorar la salud democrática de este país. No se puede tolerar que cargos caducados sigan rigiendo el órgano de gobierno de los jueces. Hay que cambiar la elección de todos aquellos cargos que hoy se escogen por dedazo y amiguismo. Hay que buscar soluciones que permitan el acceso a la carrera judicial a jóvenes procedentes de todas las clases sociales. No hay razón para seguir manteniendo la existencia de la Audiencia Nacional ni de los Juzgados Centrales. Hay que impulsar un pacto de Estado en pro de la independencia real del poder judicial y, entre tanto, si es posible, que Sus Señorías sigan con el procedimiento escrito, pero a través de LexNet, no de WhatsApp.