Antonio Aguilera Nieves.
Fundación Savia.
27 de abril de 2023
En Andalucía,
al igual que en el resto de la región mediterránea, estamos sufriendo con
severidad las consecuencias sociales, económicas y ambientales derivadas del
aumento de las temperaturas medias y el descenso de las precipitaciones. Este
último período seco, está a punto de convertirse en la mayor sequía que hemos
sufrido en muchas décadas.
Esta
situación está perjudicando especialmente a las personas y actividades del
medio rural, que tienen una dependencia directa de las condiciones climáticas,
la fertilidad del suelo y la disponibilidad de agua. Las convocatorias de reuniones
en cuencas hidrológicas, comisiones de desembalse, sequía, decretos, bandos, no
dejan de sucederse. A la vez, tristemente, se producen cruces de acusaciones
políticas, como si la escasez de nuestro recurso más valioso hiciera
distinciones.
El hecho trascendental pasa por reconocer y asumir que la que vivimos no es una situación coyuntural, sino estructural. Es decir, la intensificación de las sequías, el aumento de las temperaturas medias, los cambios en los comportamientos, poblaciones y distribución de especies animales y vegetales es, en Andalucía, la manifestación del calentamiento global.
Es
necesario interiorizar la obviedad de que el cambio climático es una realidad
que está afectando al territorio, las especies naturales, a la vida en un
proceso de endurecimiento, empobrecimiento que tiene muy difícil retorno. Y
que, por tanto, es necesario, urgente y prioritario abordar medidas que frenen
y mitiguen los efectos adversos de esta crisis climática, de la que todos
salimos perdiendo.
Es
ineludible y perentorio poner en marcha una estrategia de gobierno que nos
permita afrontar con las mayores garantías el que puede ser el mayor reto al
que nos estemos enfrentando en el siglo XXI. La calidad de vida de las
generaciones futuras dependerá de cómo lo hagamos hoy.
Seguimos
sin hacer frente de forma decisiva a la grave situación que está provocando el
cambio climático. En enero de 2020, el Ministerio de Transición Ecológica
declaró la Emergencia Climática en España. Diversas comunidades autónomas en
una situación menos grave que Andalucía también lo han hecho; sin embargo, y de
forma inexplicable, en Andalucía sigue sin declararse la emergencia climática
como hecho trascendente para reconocer el problema y ponerse, a continuación, a
trabajar de forma clara y contundente en frenar, en mitigar este desastre y
tratar de evitar lo que puede ser un gran fracaso colectivo si no ponemos
remedio a tiempo. La Fundación Savia viene solicitándoselo a los distintos
gobiernos de Andalucía de forma insistente desde hace años.
Seguimos
sin desplegar toda una serie de medidas que permitan una gestión del territorio
consecuente con la realidad que sufrimos. Desde el máximo consenso de todos los
grupos parlamentarios y con una amplia participación de la sociedad civil, debe
articularse un plan de acción que despliegue medidas a corto plazo para frenar la
debacle, y medidas a largo plazo que promuevan que sigamos teniendo un medio
natural y rural vivo, sano, diverso. La propia Unión Europea, con el Pacto
Verde Europeo, está marcando toda una serie de directrices que deberíamos
asumir como objetivos de mínimos.
Sin embargo, con toda honestidad y tristeza,
es necesario admitir que diversas líneas de actuación del gobierno andaluz van
en sentido contrario. El respaldo al ambicioso plan del sector minero, la
intensificación en el uso de los recursos hídricos, el impulso a la
urbanización, la falta de medidas de freno al despoblamiento rural, la falta de
medios en la gestión de los espacios naturales y especies protegidas, la falta
de climatización en los edificios, el inasumible coste de la movilidad, la
reducción de requisitos medioambientales, la declaración de utilidad pública de
proyectos para salvar los estudios de impacto ambiental, son acciones que
benefician solo a un puñado y perjudica a la inmensa mayoría.
Es necesario reforzar los equilibrios
territoriales y lograr que los jóvenes tengan oportunidades y futuro en el
medio rural. Es imprescindible llevar a cabo una reorganización de los usos y
destinos del agua, poner en marcha medidas que frenen el impacto y el deterioro
de nuestra tierra. La última propuesta de ampliación de regadíos en la corona
norte de Doñana es un despropósito, es inviable y puede llevarnos más rápido al
abismo de la desaparición de un patrimonio ambiental mundial único, tal como
han manifestado expertos y organizaciones internacionales. Desde aquí, como lo
han hecho ya numerosas organizaciones, reitero también la petición de que se
retire.
Son cada día más las organizaciones que
solicitan una acción responsable de gobierno en materia ambiental. Quiero hacer
una referencia, como ejemplo de iniciativa cívica, a la Mesa Social del Agua de
Andalucía, una plataforma compuesta por entidades de diverso ámbito y rango de
actuación y que han encontrado en su preocupación por la gestión hídrica y su
futuro un reto en el que aunar esfuerzos, y están trabajando de forma ejemplar
para aportar todo su conocimiento y experiencia en ideas e iniciativas que
permitan mirar adelante con mayor esperanza.
También, el Comité Español de la Unión
Internacional de Conservación de la Naturaleza, del que forma parte la Junta de
Andalucía y de cuyo grupo de trabajo de Cambio Climático soy coordinador, acaba
de aprobar en su última asamblea celebrada en Málaga una declaración que, de
forma clara y contundente, insta a trabajar a todos sus miembros en el freno y
reversión de la crisis climática.
Tiene
que formar parte de nuestra misión y voluntad aportar todo lo que esté en
nuestra mano para mejorar la conciencia de la ciudadanía, definir mecanismos de
transición ecológica, aumentar la implicación del tejido empresarial y resto de
agentes sociales. Tejer redes para que, en la práctica, todos seamos cada día
un poco más parte de la solución. Es nuestra oportunidad para poner en marcha una
verdadera transición ecológica justa basada en la equidad.
